- Los intereses de grupos delictivos y megaproyectos en el noroeste de México están poniendo en riesgo las tierras y la vida de quienes defienden al territorio indígena yaqui, sostiene la lideresa y abogada Anabela Carlón Flores.
En los alrededores del territorio yaqui existe una violencia que, aunque no se genere dentro de las comunidades, siempre alcanza a tocarlas. Loma de Bácum, un pueblo que ha dado diversos ejemplos de resistencia pacífica contra las amenazas externas —pues ha logrado detener mega proyectos a lo largo de su historia reciente—, está sufriendo los efectos de la actividad criminal en el estado de Sonora, al noroeste de México.
Por su defensa del territorio, codiciado por empresas transnacionales, gobiernos sonorenses y el narcotráfico, líderes yaquis han sido amenazados, encarcelados, desaparecidos y asesinados.
“Sí hay un incremento en la violencia, pero no solamente en Loma de Bácum”, asegura Anabela Carlón Flores, abogada y defensora yaqui, originaria de este pueblo, uno de los ocho que integran a esta nación indígena. “Sin embargo, es un pueblo que se ha fortalecido y se ha unido por las batallas que ha emprendido en pro de su territorio y por todos los golpes que está viviendo”, afirma.
Carlón Flores recuerda uno de los ataques más recientes a su pueblo. El 14 julio de 2021, siete defensores y vaqueros yaquis, así como tres ganaderos externos a la Nación Yoeme —como también se le llama a este pueblo indígena—, fueron desaparecidos en una zona cercana a Loma de Bácum mientras trabajaban con el ganado de propiedad comunal yaqui. Un testigo afirmó a las autoridades tradicionales que vio el momento en que fueron emboscados por dos hombres que viajaban en motocicletas y que portaban armas de largo alcance.
En septiembre de 2021, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) anunció el hallazgo de restos óseos humanos en un rancho cercano al territorio yaqui y que estos coincidían genéticamente con siete de los 10 hombres desaparecidos. Sin embargo, sus familias no están convencidas de los resultados forenses, por lo que los trabajos de búsqueda continúan a casi un año de distancia, explica la también colaboradora de la organización Indigenous Peoples Rights International (IPRI) —desde donde monitorea casos de criminalización y de impunidad hacia los pueblos indígenas— y quien además trabaja en apoyo a las familias de los desaparecidos.
Mongabay Latam conversó con Anabela Carlón respecto a la situación de violencia que amenaza al pueblo indígena yaqui en el noroeste de México
—¿Cuáles son las principales problemáticas o amenazas que han detectado en los territorios indígenas del norte del país y de qué forma han afectado a las comunidades?
—Lo que estamos viendo es que hay una combinación de proyectos y mucha violencia. No sabría decir si es una casualidad o es una acción en conjunto, porque cuando hay un nuevo proyecto grande en puertas inmediatamente empiezan a suceder desapariciones y violencias entre grupos delincuenciales. No parece casualidad que eso esté sucediendo.
Hay demasiados enfrentamientos en lugares donde antes no se veían y por gente que es ajena a las comunidades. Nuestras comunidades no pueden adquirir ese tipo de armamento e inmediatamente se escucha que no son armas que tengan poco valor. Esas son las amenazas que estamos viendo para apaciguar o amedrentar a la comunidad, para no tomar acción cuando hay algún proyecto o algún derecho importante que defender a favor de los territorios.
—¿Cómo se han organizado para hacerles frente a estas amenazas?
—Sé que hay una coordinación con la Guardia Nacional (GN), con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con la Secretaría de Marina (Semar) y creo que con las corporaciones estatales también, como la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), cuando hay alguna situación de inseguridad o cuando la gente denuncia; antes nadie denunciaba o eran mínimas las denuncias, pero estamos viendo que ahora sí hay mucha gente que lo hace.
Las autoridades tradicionales también toman acción comunicándose con las corporaciones o acompañándolos en algunos casos, cuando creen que es seguro para ellos o las guardias tradicionales debido a la peligrosidad de ciertos incidentes.
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—En Latinoamérica existen numerosos casos de defensoras y defensores del territorio asesinados, comunidades indígenas desplazadas por la violencia y los proyectos extractivos. En territorio yaqui, por ejemplo, se tiene el caso de los siete defensores desaparecidos en julio del año pasado. ¿Cómo estos hechos están afectando la vida de las comunidades?
—Las desapariciones han estado sucediendo no solamente en julio del año pasado, ya tienen un poco más de tiempo. Las desapariciones son como una forma de castigarnos o de apaciguar a una comunidad que ha sido defensora de sus recursos y sus territorios. Ahora que las organizaciones delictivas están más interesadas en “defender” este terreno, yo veo que hay demasiada violencia y no es una dirigida directamente a los yaquis, pero sí sucede en territorio yaqui.
Además de los desaparecidos, hay violencia casi cada semana: se sabe que hubo un tiroteo o que se enfrentaron grupos criminales en algún pueblo y, cuando los observamos, la mayoría de las personas que están inmiscuidas no son locales. Es una forma de meternos miedo en las comunidades, de decir “que no nos vaya a tocar una bala perdida” o “no iré a tal parte a cazar o a recolectar”, porque también se han soltado mitos en ciertos puntos de los territorios yaquis de que están asentados los grupos criminales y, cuando uno los recorre, tampoco es cierto, no están ahí.
Cada vez hay más gente interesada en la defensa [de los pueblos] pero al mismo tiempo existe el temor, porque ahora ejercer la defensa del territorio y la defensa de los derechos humanos es peligroso, porque inmediatamente eres estigmatizado, “levantado” [privado ilegalmente de la libertad] o privado de tu vida.
—¿Qué significa ser lideresa indígena en ese contexto?
—Aunque una realmente se prepare para hacer algo por su comunidad, una no se prepara para este tipo de situaciones; la situación lo va haciendo a uno. Cuando decidí estudiar en la universidad, yo no me imaginaba todo este panorama, además, pensaba que al estudiar iba a traer muchas mejores ideas y soluciones al territorio yaqui, pero en vez de ello estoy viendo que las agresiones van aumentando.
No hay opción, de todas maneras. No puedo decir que ya no quiero hacerlo porque aquí crecí y aquí voy a morir. Mis ancestros me han dejado un legado tan importante con lo que han hecho, para que yo tuviera una vida de alguna forma más tranquila que ellos.
Aunque hay esta violencia, nuestros ancestros vivieron otra violencia más grave. A veces haces esas comparaciones y, si ellos lo hicieron para que yo pudiera vivir una paz relativa, yo también debo de hacer lo mío, en este momento de la historia, para las generaciones que les toque defender este territorio en el futuro.
—Precisamente, usted tuvo una participación en la COP1 respecto a la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú, que promete justicia, sobre todo, para los defensores del territorio y el medio ambiente. ¿Cuáles han sido sus reflexiones?
—En México sí hay muchas normas o algunas leyes, como la de acceso a la información, pero hay otras con las que no hemos podido acceder a la justicia, aunque ya existan. Hay yaquis que han sido privados de la vida y de la libertad por esa defensa de nuestros derechos y, entonces, reflexionaba que se deben implementar realmente las leyes mexicanas que son efectivas y hay que generar o modificar las que ya no nos sirvan, para que se detengan la criminalización y la estigmatización a los defensores de los derechos humanos.
—¿El gobierno mexicano le está dando prioridad a los proyectos extractivos y a su propia economía por encima de los intereses de los pueblos indígenas?
—Nosotros sí lo vemos así. Hay prioridad más que nada para los proyectos grandes o proyectos económicos. Acá en el norte ya lo hemos visto en tres proyectos: un acueducto, un gasoducto y ahora con la situación del agua, con el decreto del Distrito de Riego.
—¿Qué relación tienen como pueblos indígenas, desde la organización, con el gobierno? ¿En qué grado están siendo escuchados?
—Sí funciona con el gobierno mexicano. Yo siempre he observado que la falla o el punto donde se desconecta o no alcanzan a materializarse los acuerdos, que se hayan tomado con el gobierno estatal o federal, es ya en la implementación, con quienes estaban anteriormente casi a nivel base —presidentes municipales, gente de programas o que tienen que llevar a cabo acciones a nivel local—, es ahí donde he visto las trabas. El presidente puede decir muchas cosas bonitas o tener mucha voluntad, pero no es él quien directamente va a desarrollar o ejecutar el programa. La falla se encuentra en ese punto: como la gota casi llegando al suelo. Creo que la falla no está de nuestro lado porque nuestra organización sigue siendo la misma, de la forma tradicional.
—¿Ha habido hechos positivos gestados desde las comunidades, victorias legales contra el Estado o las actividades extractivas?
—Claro que sí ha habido victorias, muchas, pero no han sido ejecutadas o implementadas por quienes deberían de hacerlo. Los yaquis siempre han exigido ese derecho, el respeto a la sentencia, al convenio, a lo que se firme con el Estado mexicano, pero ahí es donde siempre hemos encontrado la falla. Solamente existían en papel, pero como letra muerta.
Ha sido mucha tarea de algunas generaciones de revisar esas documentaciones y de mencionarlas, de hacerlas valer o, por lo menos, hacer ruido para recordarles a quienes tuvieron la oportunidad de ejecutarlas o de llevarlas a cabo y no lo pudieron hacer.
Es un problema de una cultura de respeto entre las sociedades, eso es lo que estamos necesitando. Últimamente, con las redes sociales, se ha sembrado bastante odio hacia las poblaciones indígenas y más que nada hacia los yaquis por sus manifestaciones que se iniciaron con el acueducto y ahora que algunos pueblos siguen haciendo sus bloqueos.
—¿Qué significa para usted la palabra “territorio”?
—Territorio, en español, no tiene mucho significado para mí, pero es como una forma de traducir el “juya ania”, que ese sí lo tiene. Sería como “territorio” o “mundo natural”, que para mí es mi vida, es el agua, es mi cultura, es la forma en que yo he aprendido a vivir en este contexto, en este clima, en este calor, en este espacio. Eso es lo que significa para mí: está mi creencia en ella, está la música en ella, está mi alimentación dentro de ella.
Sin el mundo natural seríamos más pobres, doblemente pobres. No tendríamos a dónde ir por los recursos que se necesitan para llevar a cabo la cultura. Seríamos pobres económicamente también, seríamos pobres en diversas formas: en ambiente, en nuestro conocimiento tradicional, en historia. Sin territorio, ¿a dónde nos vamos?
Imagen principal: Anabela Carlón Flores, abogada y lideresa indígena yaqui. Foto: Cortesía Anabela Carlón
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