- Cada año en Chile se incautan cerca de 250 toneladas de algas extraídas ilegalmente. Según los expertos, esta deforestación está impactando gravemente a los ecosistemas marinos ya que las algas son el hogar y sustento de muchas otras especies.
- En una pequeña localidad costera en el norte de Chile, hay 11 empresas comercializadoras de algas que están vinculadas entre sí, algunas de las cuales han sido investigadas y procesadas por traficar ilegalmente este recurso.
- Esta es la historia de cómo una de esas comercializadoras intermediarias le vendió alga ilegal a una empresa procesadora cuyo representante legal es miembro del comité que asesora a la autoridad pesquera sobre las cuotas y las medidas de conservación que se deben llevar a cabo para proteger los bosques de algas.
Este reportaje es una colaboración entre Mongabay Latam y El Desconcierto
Durante los primeros días del 2022, fiscalizadores de la Secretaría Nacional de Pesca (Sernapesca) viajaron a una playa remota al sur de Los Vilos, en la comuna de Coquimbo, para atender una denuncia anónima. Les advirtieron que en ese lugar, específicamente desde el área de manejo Palo Colorado —un espacio en el mar que asigna derechos de explotación exclusivos a organizaciones de pescadores artesanales— se estaba extrayendo ilegalmente huiro negro (Lessonia berteorana) y huiro palo (Lessonia trabeculata), dos especies de algas pardas que crecen en bosques bajo el mar o en rocas en la orilla, y que se exportan sobre todo a Europa y Asia. En estos continentes, las algas son altamente demandadas para obtener de ellas el alginato, una sustancia de gran valor comercial que es usada en la industria alimentaria, textil, farmacéutica y cosmética entre otras.
Cuando los fiscalizadores llegaron al área de manejo, encontraron la caleta cerrada con llave y ninguna señal de actividad reciente, pero revisando documentos detectaron un hallazgo importante: el sindicato de pescadores, a cargo de la administración de Palo Colorado, estaba declarando extracciones de alga que no habían sido extraídas de su área de manejo ni por ellos. Es decir, estaban presentando declaraciones con información falsa a la autoridad pesquera y, por lo tanto, traficando cargamentos de huiro.
El comprador de ese huiro ilegal fue Algas Limarí Spa, una comercializadora que es parte de una red de 11 empresas vinculadas entre sí, algunas de las cuales ya han sido investigadas y procesadas por comercio ilegal de algas. El cargamento, luego, fue a parar a la planta procesadora Exportaciones M2 S.A., la que también ha sido multada por comercializar ilegalmente este recurso y cuyo representante legal es parte del comité que asesora a la autoridad pesquera sobre las medidas de manejo de las algas pardas en la región de Coquimbo.
Este caso, que está hoy en fase probatoria en el primer juzgado de letras de Ovalle, ilustra las irregularidades presentes en los distintos eslabones de la cadena de comercialización y producción de algas. Lo preocupante, además, es que en algunos casos, grandes cargamentos de estos cotizados recursos marinos pueden terminar siendo traficados y hasta exportados a otros países sin ser detectados por las autoridades.
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Los intermediarios
En los últimos años, la subsecretaría de pesca ha implementado normas para intentar detener la extracción y el comercio ilegal de algas. Así mismo, el Sernapesca ha realizado avances significativos en la fiscalización. Sin embargo, a pesar de estas medidas, cada año se incautan cerca de 250 toneladas de huiro extraído ilegalmente y lo peligroso es que, en muchos sectores, la extracción está siendo tan rápida que no dejan a los bosques de algas regenerarse.
Esto, según los expertos consultados, está impactando gravemente a los ecosistemas marinos, pues las algas son el hogar y sustento de muchas otras especies, entre ellas algunas comerciales como los locos. Pero no solo eso, la sobreexplotación de algas también está afectando la resiliencia frente al cambio climático, considerando que cumplen un importante rol como sumideros de carbono y como barreras naturales contra la erosión de las costas. Lo peor es que la presión por el recurso va en ascenso: luego de un período de baja durante la pandemia, el precio del huiro se ha disparado durante el último año por encima de los límites históricos, debido a una mayor demanda internacional, comentan distintos actores del rubro.
Aunque en muchos casos el comercio ilegal de algas comienza con la extracción que realizan los pescadores artesanales, como es el caso de Palo Colorado, desde hace un tiempo Sernapesca ha decidido concentrar su trabajo de fiscalización en las comercializadoras que compran el alga a los pescadores y en las plantas procesadoras que adquieren de ellas el recurso. La razón, dice Cecilia Solís, directora regional de Sernapesca en Coquimbo, se debe a que “en la medida en que exista gente dispuesta a comprar alga ilegal, vamos a seguir teniendo extracción ilegal y las plantas y los comercializadores son el gran poder de compra”.
Por eso, cuando los fiscalizadores de Sernapesca se dieron cuenta de que las extracciones declaradas por el sindicato de pescadores de Palo Colorado eran falsas, comenzaron a rastrear la pista del cargamento de algas. Lo que descubrieron es que el recurso había sido comprado por la comercializadora Algas Limarí y que esta, a su vez, se lo había vendido a dos plantas procesadoras dedicadas a picar y secar el alga para su exportación: la planta del empresario Carmelo Mayorga y una de las plantas de la empresa Exportaciones M2 S.A. En total, se incautaron 40 toneladas de huiro por las que se estima la comercializadora pagó a los pescadores unos 9 millones de pesos (unos 1000 USD), aunque el valor de esa cantidad como producto terminado podría ser hasta seis veces mayor a ese monto.
Según consta en la denuncia de Sernapesca, al ser cuestionado por la comercialización de 40 toneladas de algas de procedencia ilegal, el titular de Algas Limarí, Luis Carvajal Carvajal, envió al organismo una carta con fotografías y antecedentes para acreditar que las algas sí se habían extraído desde el área de manejo indicada, Palo Colorado, y que por ende su origen era lícito. Pero las contradicciones detectadas por los fiscalizadores entre la información presentada por Carvajal y la evidencia reunida a partir de la incautación de la carga, como se lee en el escrito al que tuvo acceso Mongabay Latam, llevó a la autoridad pesquera a presumir que “el señor Carvajal se encontraba además en conocimiento de que el referido recurso (el alga) carecía de origen legal”.
Este no es el primer caso en el que una de las 11 comercializadoras afines a Carvajal —por sus vínculos de parentesco— se ven involucradas en la compra ilegal de algas en Coquimbo. Un detalle importante: todas están ubicadas en la localidad agrícola llamada La Cebada, a unos pocos kilómetros al sur de la ciudad de Ovalle.
Una de ellas le pertenece a Iván Carvajal Carvajal, hermano del propietario de Algas Limarí, quien fue encontrado en julio del 2021 en la entrada de la planta de algas Zhong Qiang, de la comuna de Ovalle, con 7 toneladas de algas pardas en su camión. Los fiscalizadores del Sernapesca incautaron el recurso cuando al revisar los documentos de origen del alga, comprobaron que estos eran falsos: primero porque la la patente o placa de registro del camión no coincidía con la del vehículo controlado y segundo porque la fecha de inicio del traslado del cargamento estaba fijada para el día siguiente.
En otra causa iniciada el mismo año, el titular de la empresa Algas Costanorte Spa y a quien Luis Carvajal le vendió una empresa comercializadora de algas en el 2015, Arturo Díaz Castillo, fue demandado por trasladar algas sin ningún documento de acreditación legal a la planta de Productora de Algas del Mar Ltda, (Prodalmar). La hermana y socia de Díaz Castillo, Carmen Jessica Díaz Castillo, también de la zona de La Cebada, se vio envuelta en un caso de tráfico ilegal de huiro en el 2019, en el que se incautaron casi 30 toneladas de alga, una de las mayores incautaciones de ese año.
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El eslabón más débil
Cuando los pescadores extraen alga u otros recursos deben declarar ante el Sernapesca, utilizando una clave personal, cuánto sacaron, qué sacaron y dónde. Sin embargo, según consta tanto en las denuncias de Sernapesca como en el relato de los pescadores de la zona, frecuentemente los comercializadores manejan las claves de los pescadores de mayor edad haciéndose cargo de sus declaraciones. También suelen comprar por adelantado toda la cuota de alga que se le otorga a un sindicato a cargo de un área de manejo e incluso ofrecen hacerse cargo de la extracción, ya que estos sindicatos tienen permitido encargarle a terceros la recolección cuando no tienen trabajadores que lo hagan. Estas acciones le otorgan un mayor control a los comercializadores, aseguran los expertos consultados, pues tienen la vía libre para “blanquear” o hacer pasar como alga legal el recurso extraído ilícitamente.
Esto es lo que se presume pudo ocurrir en el caso de Palo Colorado: personas ajenas al sindicato de pescadores se hicieron cargo de extraer el alga y la hicieron pasar como un recurso obtenido desde el área de manejo cuando, en realidad, había sido sacada de otro lugar. No obstante, lo que pasó realmente se tendrá que determinar durante el proceso judicial.
En las caletas rurales, la dificultad de acceso y la falta de infraestructura ponen a los pescadores en una posición de vulnerabilidad y la relación con los comercializadores se afianza. “Hay que entender que los pescadores, sobre todo los recolectores de orilla de caletas rurales, ocupan la posición más débil de la cadena. Son indispensables para la actividad y ponen su cuerpo en ella, pero se llevan la menor parte del valor”, dice Julio Vásquez, experto en biología marina y académico de la Universidad Católica del Norte que ha trabajado por años junto a pescadores en distintas zonas del norte. Además, agrega el experto, tampoco son ellos los que establecen el precio. “En muchos casos viven en rucos [construcciones precarias] en zonas aisladas y dependen del paso de un camión que les venga a comprar el huiro”, agrega.
Una investigación realizada por Vázquez junto al antropólogo español, Raúl Márquez, analizó las fluctuaciones de precios, así como el reparto del valor a lo largo de la cadena productiva. Según el estudio, un pescador o recolector de algas vende a entre 80 y 200 pesos el kilo de huiro (entre 0,09 y 0,20 USD/kg), mientras que un comprador lo revende a entre 140 y 300 pesos (entre 0,16 y 0,35 USD/kg). Cuando el huiro es exportado, el precio fluctúa entre 800 y 1700 pesos/kg (entre 0,93 y 2 USD/kg). Eso confirma que “estamos ante una estructura piramidal y desigual, en la que las plusvalías se concentran arriba”, asegura el estudio.
Las responsabilidad de las plantas
Un refrán popular chileno dice que entre Tongoy y Los Vilos no hay nada, aludiendo a que durante los 200 kilómetros que separan a estos dos lugares no existe presencia humana, pero es justo entre estas dos localidades donde se concentran más de 40 plantas, grandes y pequeñas, que secan y pican el huiro y otras algas para su exportación. ¿La razón? Protegidos tras la cordillera de la costa que bloquea la entrada de la neblina costera, hay grandes terrenos planos con un clima despejado ideal para secar el recurso.
Una de las plantas que se ha instalado en la zona es Exportaciones M2 S.A., una de las procesadoras que recibió la carga de algas de procedencia ilegal comercializada por Algas Limarí y que el Sernapesca incautó.
Según la denuncia de la autoridad pesquera, en este caso específico, no se ha podido probar hasta el momento que la empresa procesadora Exportaciones M2 S.A. tuviera la posibilidad de detectar que la documentación que acompañaba la carga de algas era falsa. “Si a mí me llega un alga con acreditación de origen legal y esa acreditación es falsa, yo no tengo cómo distinguir casi nunca que lo es, porque el alga se ve igual venga de donde venga, sobre todo si llega seca”, explica el dueño de una planta que no quiso revelar su nombre. Para Cecilia Solís, directora regional de Sernapesca en Coquimbo, son los tribunales quienes deberán determinar las responsabilidades, aunque reconoce que puede haber empresas que cometen la infracción sin saberlo.
Exportaciones M2., sin embargo, tienen más de una denuncia.
El alga parda se puede recolectar cuando se desprende naturalmente y queda varada en la orilla, o extraer directamente de la roca con una barreta de fierro. A esta última manera de extraer el recurso —que aunque es legal tiene sus vedas según el área y la provincia— se le llama barreteo y es fácil de distinguir porque en el huiro quedan claros signos de que fue arrancado de la roca. Es por ello que si una planta compra alga evidentemente barreteada, pero la declaración del comercializador intermediario dice que se trata de alga varada, o si el alga fue extraída en una zona y en un momento en que el barreteo estaba en veda, es posible determinar la responsabilidad de la planta en el tráfico del recurso marino. Esa es justamente la razón por la que Exportaciones M2 fue denunciada en otra causa.
“El denunciado tiene el deber de contrastar la documentación recibida con los recursos que recibe, y si en ellos se da cuenta de un recurso diferente a aquel que se indica en los documentos, tiene el deber de negarse a recepcionar ese recurso”, explica la denuncia de Sernapesca.
Hay al menos cuatro denuncias de Sernapesca donde se acusa la participación de Exportaciones M2 en el tráfico de huiro. Esta empresa, que tiene plantas en tres regiones del norte, ya había sido sancionada en el 2018 por la comercialización ilegal de huiro en su planta de Vallenar. Los denunciados llevaron el caso hasta la Corte Suprema, pero esta ratificó la sanción siendo así la primera vez en la región de Atacama que, además de imponer una multa monetaria, se clausuraba una planta por unos días.
Una cosa más: Jorge Moreno Bustos, el representante legal de Exportaciones M2, es también representante suplente del sector de plantas en el Comité de manejo de algas pardas de Coquimbo, el organismo consultivo que asesora a la autoridad pesquera sobre las cuotas y las medidas de conservación y de manejo que se deben llevar a cabo para proteger el recurso.
En otras palabras, si durante una sesión de dicho Comité —en la que se busque, por ejemplo, proponer medidas de manejo sobre cómo se deben extraer y comercializar las algas— se ausenta el representante del sector de las empresas procesadoras o plantas, será Jorge Moreno Bustos, el titular de una empresa sancionada por comercialización ilegal de algas, quien ocupe su lugar.
El comité es presidido por un funcionario designado por la Subsecretaría Nacional de Pesca (Subpesca) —el organismo en Chile dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y que se encarga de regular y administrar la actividad pesquera— e integrado por representantes de pescadores artesanales y de plantas de proceso, que son elegidos por sus pares. Cuando el comité propone medidas de manejo como recomendaciones de vedas, el presidente del comité las envía a Subpesca, donde se aprueban o rechazan luego de un análisis.
Por eso, “que una persona cuya empresa ha sido sancionada por comercialización ilegal de algas sea parte del comité de manejo es una situación delicada”, dijo a este medio César Astete, director de pesquería de la ONG Océana en Chile. “El manejo pesquero chileno ha ido avanzando hacia el comanejo junto a estos comités que tienen obligaciones específicas asignadas por ley”, explica el experto. “Son un organismo de consulta ante medidas de administración que se quieran implementar y pueden proponer que se modifique el plan de manejo. Además, han sido clave para identificar problemas relacionados con la extracción ilegal de algas”, asegura Astete. Sin embargo, reconoce que “si no hay una causal de caducidad en la representación para personas que hayan cometido estas infracciones, tal vez es un vacío legal que se puede modificar”, opina.
Mongabay Latam y El Desconcierto se pusieron en contacto con los titulares de Algas Limarí Spa y de Exportaciones M2, quienes no quisieron referirse a las causas señaladas. También intentaron comunicarse en varias ocasiones con representantes del sindicato titular del área de manejo Palo Colorado que hasta la publicación de este reportaje no contestaron las llamadas.
Lo que se está haciendo
En enero pasado un decreto supremo sumó nuevas exigencias a las plantas y comercializadoras de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. La normativa agrega requisitos para que las acreditaciones de origen legal del recurso contengan información más específica que garantice la trazabilidad del recurso, es decir, para que el alga se pueda rastrear mejor desde que se extrae hasta que se exporta.
Concentrar el control en las plantas y comercializadoras ha sido la estrategia desde el Sernapesca, pero algunos creen que lo que debe limitarse ahora es la exportación. “Hay otros países como Noruega o Canadá que evalúan la cantidad de alga que tienen y deciden qué porcentaje de ella van a sacrificar como ecosistema y dedicarla para el negocio. Y el resto no se puede exportar, entonces no hay un incentivo para la sobreexplotación”, explica Julio Vásquez.
Otra opción que se ha manejado y que se propone en el proyecto de ley bentónica que se discute en el Congreso, es la de prohibir el barreteo. Sin embargo, para Vásquez “esa propuesta se hace desde el desconocimiento”, porque el barreteo “es la única forma que hay para sacar el alga y [al hacerlo] dejas espacio para que nuevas plantas se recluten y se renueve el bosque [submarino]”, explica. Según el académico, la investigación y la discusión debería estar en el cómo se debe barretear para que la práctica no cause un impacto negativo.
“La gente ve un camión con huiro barreteado y se enoja, pero no entiende o no ve que es una actividad regulada con cuotas por Sernapesca, que muchos lo hacemos dentro de la norma y que son muchas familias que hay detrás y que dependen de esto”, agrega José Marín, vicepresidente del sindicato de pescadores que opera en la caleta de Tongoy.
Por lo pronto existen proyectos de innovación que están en distintos estados de avance que buscan que la extracción de algas se haga de una forma sustentable. Algunos proyectos son para monitorear de mejor forma la cantidad y el estado de las algas, otros apuntan a capacitar a los pescadores para que extraigan el producto de una forma que sea apta para usos médicos específicos, lo que se retribuye en un mejor precio, y otros proyectos que apuntan hacia cómo cultivar huiro.
Los esfuerzos son varios, sin embargo, tanto pescadores, como científicos y autoridades concuerdan en la urgencia de detener el tráfico para poder conservar el rol que juegan las algas en el futuro de la pesca artesanal, de la biodiversidad marina y de la capacidad de las costas de Chile para resistir al cambio climático.
Imagen principal: Descarga de algas. Foto: María del Mar Parra.
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