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Más producción, menos bosques

Hay regiones en donde esa pérdida forestal es más evidente, territorios en donde la agricultura mecanizada ha dejado su huella, zonas en donde un monocultivo predomina o comienza a tomar fuerza.

Hopelchén, en el estado de Campeche, es un ejemplo. Este municipio del sureste del país es hoy el principal productor de soya en México. También es considerado como una zona crítica cuando se habla de pérdida de bosque.

En los últimos veinte años, el municipio de Hopelchén perdió 153,809 hectáreas de cobertura arbórea, de acuerdo con el análisis realizado por GFW y WRI-México.

“Lo que más me preocupa es que si esto sigue así, al paso a como va, de aquí a 20 años ya no habrá bosque aquí en la península”, dice un apicultor que nació en una de las comunidades mayas de Hopelchén y ha padecido los cambios en su entorno.

Antes de que Hopelchén viviera la transformación de su territorio, en otros lugares ya era posible observar el resultado que dejan décadas de políticas gubernamentales que han privilegiado la agricultura y ganadería por encima de selvas y bosques.

En Othón P. Blanco, al sur de Quintana Roo, por ejemplo, desde hace 40 años, los cañaverales se extendieron en lo que antes era selva. En ese municipio fronterizo con Belice la deforestación no se ha detenido, avanza dentro y fuera de la zona cañera. Hoy la región está dentro de los mapas de puntos críticos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

El municipio de Bacalar no aparecía en las estadísticas agrícolas oficiales. Fue a partir de 2013 cuando comenzó a reportar la siembra de miles de hectáreas con maíz y soya. En este territorio se repite la historia que ya se vivió en Hopelchén: las tierras ejidales son rentadas o vendidas a menonitas que están instalando en el lugar amplios campos agrícolas.

También en el sur del país, en estados como Chiapas y Campeche, los gobiernos federal y estatal impulsaron con ahínco durante varios años la siembra de la palma aceitera. Hoy esas dos entidades ocupan los primeros lugares como productores del aceite de palma y que se utiliza, sobre todo, en la industria de alimentos procesados.

El entusiasmo que había por este monocultivo llevó a que los plantíos avanzaran en terrenos de acahuales, donde la selva o el bosque busca recuperarse. Incluso, se sembraron palmas de aceite, una especie originaria de África, dentro de áreas naturales protegidas, entre ellas la Reserva de la Biosfera La Encrucijada.

Análisis cartográficos realizados por los autores del estudio Cultivo de palma de aceite en México permiten conocer que entre 2014 y 2019 se perdieron al menos 5,400 hectáreas de bosques y selvas por la expansión de la palma de aceite en Chiapas, Campeche, Tabasco y Veracruz.

En el estado de Jalisco, cada 75 segundos un árbol es derribado en forma ilegal en las montañas de la entidad y su lugar es tomado por plantaciones de aguacate. Desde 2019, al menos, 5,160 hectáreas dejaron de ser bosques para transformarse en huertas aguacateras. Así lo determinó un estudio realizado por las propias autoridades ambientales del estado.

Las imágenes satelitales permiten mirar que en el sur de Jalisco, los bosques de pino-encino, el bosque mesófilo de montaña y las selvas medianas y bajas se quedan sin espacio ante el avance de las huertas aguacateras.

En Jalisco ya viven lo que desde hace tiempo padecen en el estado vecino de Michoacán: la fiebre por sembrar aguacate llega acompañada del control territorial de grupos que se presentan como parte de los cárteles del narcotráfico.

“Están arrasando con todo. Han comprado, a las buenas o a las malas, la madera y los ranchos. Ellos ponen el precio y si no lo deseas vender (el rancho, las tierras), de todos modos se lo llevan. Luego, llegan con los aguacates… es un negocio que controlan completo”.

Los aguacates cosechados en lugares en donde se cambió el uso de suelo forestal en forma ilegal, en teoría no podrían ser exportados a Estados Unidos, el principal mercado de estos frutos mexicanos. Las reglas del Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) establecen que no se puede exportar un producto que haya violado las leyes del país productor.

Cumplir con ese requisito pone a México en un tema que ya se discute desde hace tiempo en otras naciones: crear certificaciones eficientes que permitan garantizar que un grano, un fruto, un aceite no proviene de zonas deforestadas.

Impunidad que abona la deforestación

En México está prohibido talar o desmontar un terreno con cobertura forestal, incluidos los acahuales. La única forma legal de hacerlo es con una autorización de cambio de uso de suelo forestal que se tramita ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Como parte de los requisitos que se deben cumplir para solicitar esta autorización están el demostrar que se es propietario legal del terreno, presentar un estudio técnico justificativo —que evalúa los impactos ambientales que provocará la remoción de la cobertura forestal— y, en caso de que la Semarnat emita una resolución favorable, pagar la cantidad que se establezca como compensación al Fondo Forestal Mexicano.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que no se puede autorizar un cambio de uso de suelo forestal en terrenos “en donde la pérdida de cubierta forestal fue ocasionada por un incendio, tala o desmonte sin que hayan pasado 20 años y que se acredite a la Secretaría que la vegetación forestal afectada se ha regenerado”.

Desde 2015 y hasta febrero de 2022, tanto las oficinas centrales como las delegaciones estatales de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Michoacán, Jalisco, Chiapas de la Semarnat recibieron 1,218 solicitudes de cambio de uso de suelo forestal, de acuerdo con respuestas a solicitudes de información realizadas para esta investigación periodística.

La información que entregó la Semarnat no permite determinar cuál fue el motivo por el que se solicitó cambio de uso de suelo forestal en 263 casos. De las 955 restantes, sólo en cinco de ellas se pidió una autorización para transformar terrenos forestales en agrícolas. Las cinco solicitudes eran para predios ubicados en Campeche. Ninguna se autorizó: tres fueron negadas y dos desechadas.

Estos datos muestran que en Campeche, por lo menos durante los últimos siete años, todo el desmonte de terrenos forestales que se ha registrado para transformar esos lugares en campos agrícolas se ha dado en forma ilegal.

Entre 2015 y febrero de 2022, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia encargada de vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental, ha realizado en todo el país 5,551 procedimientos administrativos por presuntos cambios de uso de suelo forestal ilegales.

La información que la Profepa entregó por transparencia no permite conocer cuántos de esos 5,551 procedimientos son exclusivos de cambios de terrenos forestales a tierras agrícolas, ya que ese número incluye también los casos en donde se quitó la cobertura forestal para construir en esos terrenos o realizar otras actividades, como explotación de tierra.

En ese mismo periodo de tiempo, en todo el país, la Profepa sólo ha ejecutado 1,915 sanciones (multas) por cambios ilegales de suelo forestal. En 2,168 procedimientos se determinó no imponer ningún tipo de sanción, porque se llegó a un acuerdo y en 1,468 casos no existe información pública disponible que permita conocer qué sucedió.

Por su parte, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente y previstos en Leyes Especiales, de la Fiscalía General de la República (FGR), ha abierto 112 carpetas de investigación por delitos de cambio de uso de suelo forestal en todo el país desde 2015 y hasta febrero de 2022, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información.

En doce de ellas se declaró incompetencia, en cuatro se determinó el no ejercicio de acción penal, una se acumuló a un expediente que ya existía y 95 continúan en trámite.

El estado que más carpetas de investigación tiene abiertas por el delito de cambio de uso de suelo es Quintana Roo (42). En todos los demás hay menos de 15.

En los otros estados en donde los monocultivos han avanzado con fuerza en los últimos años, solo hay unas cuantas carpetas de investigación abiertas por el delito de cambio de uso de suelo. En Michoacán hay once; en Campeche, seis; en Jalisco, nueve, y en Chiapas, tres.

Y mientras los bosques y selvas pierden terreno ante el avance de los monocultivos, la Profepa recibe un presupuesto cada vez más bajo. En los últimos tres años no ha sido mayor a los 800 millones de pesos, menos de 40 millones de dólares.

Además, la dependencia sólo cuenta con 303 inspectores para realizar labores de vigilancia en el área de recursos naturales.

El número de inspectores se desvanece ante este dato: México tiene más de 138 millones de hectáreas de ecosistemas forestales, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

“La desatención a las denuncias se debe, entre otras cosas, a los recortes masivos que ha tenido el sector ambiental desde Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador… Además, la ley no se aplica”, señala David Linares, abogado con más de diez años de experiencia en temas ambientales. “En México, dice, no se atiende el valor de la naturaleza”. 

El desdén hacia bosques y selvas

Los datos también muestran que México es un país forestal: alrededor del 70.6% de su territorio está cubierto por vegetación, de acuerdo con el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Eso representa poco más de 138 millones de hectáreas en donde se despliegan bosques templados, selvas, manglares, matorrales y otros ecosistemas forestales.

En México, además, alrededor de 12 millones de personas viven en regiones forestales. Por ello, no es casualidad que este país sea el pionero en el manejo forestal comunitario. Este modelo de aprovechamiento sustentable de los bosques y selvas comenzó a construirse hace poco más de cuarenta años.

En diferentes regiones del país, el manejo forestal comunitario ha demostrado ser un camino para conservar los recursos forestales y, al mismo tiempo, tener alternativas laborales y económicas para quienes viven en territorios rodeados de bosques

Aún así, el manejo forestal comunitario no ha logrado captar los mismos apoyos gubernamentales que se destinan a programas que impulsan la agricultura mecanizada y la siembra de monocultivos.

El investigador Edward Ellis, del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, y quien ha estudiado los efectos de la pérdida de bosques y selvas en México, en especial en la Península de Yucatán, ha documentado cómo aquellas regiones en donde se realiza manejo forestal comunitario los bosques y selva se mantienen en mejor estado.

En sus últimas investigaciones también ha encontrado que aquellos bosques que están rodeados de extensas áreas de cultivo, en donde se realiza la agricultura mecanizada, sufren un proceso de degradación: “Pierden su biodiversidad, su biomasa, su capacidad de retención de carbono”. Explica que es como si esos bosques y selvas estuvieran enfermos.

Ellis también otorga dos datos que vale la pena recordar: es necesario que pasen 40 años para que un bosque o una selva recuperen su biomasa, “pero para recuperar su estado ecológico maduro, pueden pasar hasta 70 años”.

Cuando se desmonta un bosque o una selva, cuando se les deja como terrenos desnudos, no sólo se pierde biodiversidad, también se deja sin hábitat a muchas especies de flora y fauna. Se pierde la posibilidad de recuperar suelo, se termina con una zona que ayuda a regular el clima, que da oxígeno y que es vital para el ciclo del agua. Es, a final de cuentas, un camino para comprometer el futuro de una región.

* Imagen principal: Zona de bosque desmontada para instalar una huerta de aguacate, al sur del estado de Jalisco. Imagen satelital tomada de Google Earth.

 

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Sembrar deforestación es una investigación periodística colaborativa de:
Mongabay Latam, Animal Político y La-Lista.

Coordinación general y edición: Thelma Gómez Durán y Alexa Vélez. Investigación y reporteo: Mayela Sánchez, Agustín del Castillo, Aminetth Sánchez, Adriana Varillas y Alejandro Castro. Analista SIG: Juan Rubén Julca Torres. Fotografía y videos: Lizeth Ovando, Elizabet C. Larios, Robin Canul, Isabel Mateos, Abraham Pérez, Everardo Chablé, Juan Ibarra y Víctor Abreu/CCMSS. Análisis y visualización de datos: Daniel Gómez Hernández y Alejandra Franco Silva. Solicitudes de información: Antares Galicia. Diseño de información: Rocío Arias Puga. Infografías y GIFs: María José Vázquez, Jesús Santamaría y Richard Romero. Coordinación editorial del equipo de Animal Político: Tania L. Montalvo.  Coordinación editorial del equipo de La-Lista: Aminetth Sánchez. Programación del sitio del proyecto: Ángel Daniel Medina. Audiencias y redes: María Isabel Torres, Dalia Medina y Richard Romero.