- Informes recientes muestran que la deforestación ha aumentado considerablemente en los estados amazónicos de Bolívar y de Amazonas en Venezuela, en gran parte debido a la minería ilegal, la expansión de la agricultura y los incendios.
- Las áreas protegidas del país se han visto especialmente afectadas, a causa de incursiones ilegales y a una gran deforestación dentro de los parques nacionales Caura, Canaima y Yapacana.
- Las grandes tasas de deforestación se atribuyen, en parte, a las guerrillas colombianas que operan dentro de las fronteras de Venezuela, una invasión que, según un informe, ha sido apoyada por el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Entre 2016 y 2020 se perdieron más de 140 000 hectáreas (346 000 acres) de bosque primario en la Amazonía venezolana. Esta deforestación fue impulsada por la minería ilegal, la expansión agrícola y los incendios. Esto se afirma en un informe generado a partir de imágenes satelitales de altísima resolución y publicado por el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).
Esta grave deforestación en Venezuela representa el 1,6 % de la pérdida de cobertura forestal en toda la Amazonía durante ese período. Otros informes confirman este hallazgo.
Según el MAAP, la mayoría de los puntos críticos de deforestación de Venezuela están al sur del río Orinoco, en una región designada como el Arco Minero del Orinoco, que cubre 11 000 000 hectáreas (o un área del tamaño de Cuba), y creada por un controvertido decreto presidencial en 2016. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que promovería las concesiones mineras multinacionales, pero la región incluye una extensa red de áreas protegidas.
Según el informe, las áreas protegidas más impactadas dentro del arco minero presentaron más de 22 000 hectáreas de deforestación, lo que ocurrió dentro de los parques nacionales Caura, Canaima y Yapacana.
Imágenes satelitales documentaron de manera concluyente que se perdieron 550 hectáreas de bosque desde el año 2000 en el Parque Nacional Yapacana, donde aumentó la presencia de las fuerzas guerrilleras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. Entre 2017 y 2020, se perdieron 1,175 hectáreas de bosque dentro del Parque Nacional Canaima y alrededores. Las imágenes satelitales muestran grandes impactos por los incendios en 2019. Al norte de las áreas protegidas, hubo más de 1,800 hectáreas de zona deforestada debido a la minería fluvial entre 2017 y 2020. Se talaron otras 400 hectáreas de bosque para uso agrícola y ganadero en áreas remotas. El MAAP sospecha que esas pérdidas también se debieron a la minería ya que, probablemente, las tierras forestales fueron convertidas para alimentar a la afluencia de mineros a la región.
Matt Finer, autor del informe, dijo a Mongabay que el documento es el análisis independiente más actualizado de la Amazonía venezolana y que presenta todas las áreas protegidas afectadas. Mencionó que los informes futuros del MAAP presentarán imágenes de similar alta resolución, las cuales mostrarán en detalle la magnitud de los campamentos mineros y la maquinaria utilizada dentro del Parque Nacional Yapacana.
Los hallazgos se obtuvieron al examinar el área biogeográfica de la Amazonía venezolana descrita por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), que abarca los estados selváticos de Bolívar y de Amazonas. Luego, el MAAP comparó datos satelitales de alta calidad de la organización SOSOrinoco con los de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), que cumplen con la definición reconocida internacionalmente de áreas protegidas. La precisión de las imágenes, con una resolución de 30 metros, fue mejorada por la Universidad de Maryland y presentada por Global Forest Watch.
Infraestructura criminal
En otro informe publicado recientemente, la organización no gubernamental Fundaredes documentó la deforestación e infraestructura ilegal causadas por la guerrilla colombiana para sus actividades económicas ilícitas que, supuestamente, fueron permitidas por el gobierno de Maduro como medio para reemplazar los fondos federales perdidos, debido a reducciones drásticas en los ingresos de la fallida industria petrolera de Venezuela, que alguna vez fue responsable del 96 % de los ingresos económicos del gobierno nacional.
En su informe, Fundaredes expuso la presencia de guerrilleros del ELN en el país, desde hace años, en muchas comunidades de la frontera entre Colombia y Venezuela. El informe validó el testimonio de primera mano del excongresista local Américo Di Grazia, ya que la ONG documentó “la construcción de pistas ilegales, utilizadas para el despegue y aterrizaje de aeronaves involucradas en operaciones de tráfico de drogas y contrabando de minerales”, incluido el transporte de oro y coltán extraídos, y también de bauxita, diamantes y mineral de hierro.
Según el informe de Fundaredes de julio de 2022, dos helicópteros, 400 hombres armados y 30 topadoras son parte de la maquinaria e infraestructura criminales instaladas por la guerrilla colombiana.
En un informe periodístico realizado por El País, Armando.Info, Earth Media Rise y el Pulitzer Center, se utilizaron mapas satelitales y algoritmos para identificar 3,718 sitios de explotación minera en los estados venezolanos de Amazonas y de Bolívar. También se identificaron 42 pistas ilegales activas utilizadas para el contrabando de minerales y de drogas. Dicho informe mediático llega un año después de que el titular de Fundaredes, Javier Tarazona, fue detenido por el gobierno venezolano y acusado de “terrorismo e incitación al odio”. La detención se produjo dos días después de que Fundaredes presentara nuevas pruebas de la estrecha relación entre funcionarios del gobierno venezolano y líderes guerrilleros colombianos.
María de los Ángeles Ramírez, periodista local del diario Correo del Caroní y una de los tres autores del informe periodístico, identificó el Parque Nacional Caura como un foco de enfrentamientos por el control del territorio entre el ejército de Venezuela y la guerrilla colombiana. Ramírez destacó la convivencia coordinada y el historial violento entre disidentes de las FARC y guerrilleros del ELN en Venezuela antes de 2016. Estos grupos criminales se aprovecharon de los muchos años de abandono de la región por parte del gobierno venezolano, así como de los altos niveles de pobreza de la zona. Con frecuencia, los insurgentes ofrecían alimentos, medicinas y la compra de cultivos como soborno para ganarse a las comunidades tradicionales, quienes, así, permitían actividades ilegales por su necesidad económica, según comentó Ramírez a Mongabay.
Parque Nacional Caura, bajo ataque
Los hallazgos del MAAP destacan dos áreas deforestadas para la minería en enero de 2022 dentro del Parque Nacional Caura. Esta reserva, que alguna vez fue virgen, cubre 7 500 000 hectáreas y se creó en 2017, a pesar de las fuertes críticas de ambientalistas y pueblos indígenas, quienes señalaron la falta de estudios científicos y de la presencia local de instituciones públicas capaces de vigilar y/o monitorear el nuevo parque.
En 2018, un equipo de Mongabay visitó Caura para informar sobre el funcionamiento del área conservada creada recientemente. El viaje corroboró las advertencias de ambientalistas y de observadores indígenas: no había un solo guardaparque, ningún puesto de vigilancia ambiental ni oficina central del parque, aunque los militares permitían la presencia de algunos mineros que convivían con líderes y comunidades indígenas.
El informe de campo de Mongabay concluyó que Caura existía como parque solo en los papeles. Esto se da a pesar de los acuerdos de conservación firmados por la organización no gubernamental Conservación Internacional y la empresa francosuiza Givaudan con grupos indígenas y con afrovenezolanos para proteger 147 000 hectáreas a través de la agroforestería para la comercialización de haba tonka y de otros productos no maderables.
Con base en ese acuerdo, en 2018, las comunidades tradicionales de Caura fomentaron con éxito proyectos agroforestales locales, lo que resultó en ganancias económicas que permitieron la erradicación de la caza y pesca de especies protegidas, al tiempo que mejoraron los ingresos de los asentamientos tradicionales, lo que los desincentivó de sucumbir a los intereses mineros.
Para 2020, varias comunidades indígenas de la región sur del Orinoco habían denunciado nuevas actividades mineras promovidas en sus territorios por disidentes de las FARC (rebeldes que habían desertado del acuerdo de desmovilización con el gobierno colombiano, después de la firma del acuerdo de paz de 2016). Los guerrilleros que invadieron Venezuela incluso se apropiaron de una posada turística local para sus operaciones.
Luis Jiménez, director de la organización no gubernamental Phynatura, que implementa los convenios de conservación sustentable de productos forestales en Caura, confirmó la deforestación incluida en el informe del MAAP, pero sostuvo que tenía noticias aún peores recopiladas de fuentes locales: “Perdimos el Acuerdo de Conservación Tzazenai, [un área de] 32 600 hectáreas. Todos allí están afectados por la excavación”, informó a Mongabay.
Jiménez se refería a la comunidad de La Colonial, donde residen los piapocos. En 2018, Mongabay conoció allí a Tulio García, quien le mostró al equipo de investigación cómo la comunidad usaba de manera sustentable los bosques ribereños, recolectando aceite de copaiba, que luego exportaban con el apoyo de la Unión Europea.
Según Phynatura, se han documentado 39 lugares de deforestación alrededor de La Colonial, y se han perdido 30,3 hectáreas por la minería desde 2016. Casi el 80 % de estas áreas afectadas fueron deforestadas en 2019 y en 2020, una señal de lo rápido que se está transformando la zona.
Algo diferente está sucediendo en el área del acuerdo de conservación de Suapure, hogar de la comunidad afrovenezolana de Aripao, que ha continuado con sus esfuerzos de agroforestería y de monitoreo comunitario. En 2020, Phynatura descubrió 10 hectáreas recién deforestadas allí, que se suman al total de 40 detectadas desde 2009.
De hecho, se sospecha que la cantidad de focos se cuadriplicó en 2020. Debido al tamaño reducido de esos focos, se presume que las áreas deforestadas son conucos, pequeñas granjas creadas como resultado de la crisis alimentaria y económica de Venezuela.
Agricultura para alimentar a los mineros
Un análisis reciente de la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE) corrobora las sospechas del MAAP sobre la agricultura como motor de la deforestación. En comparación con 2000, los bosques perdidos por cultivos y ganado aumentaron un 76 % dentro de las áreas protegidas: desaparece a un promedio de 4 500 hectáreas por año.
Específicamente, la SVE estimó que, en la actualidad, 36 000 hectáreas dentro del Parque Nacional Caura están dedicadas al cultivo, mientras que en Canaima son 7500.
Vilisa Morón, bióloga y directora de la SVE, coincidió en que el nuevo informe del MAAP impresiona por lo detallado y señaló que, aunque hay algunas diferencias en las cifras exactas a las que llegaron el MAAP y la SVE, la tendencia general es muy clara: la deforestación en la Amazonía venezolana está aumentando rápidamente debido a la minería, los incendios y la agricultura.
La SVE estima que la tasa promedio de deforestación se duplicó desde 2016, cuando Maduro decretó el Arco Minero del Orinoco, y el gobierno colombiano y las FARC firmaron su acuerdo de paz.
Esos dos sucesos políticos también parecen haber cambiado drásticamente la distribución de la deforestación: se desplazó desde las áreas urbanas del norte de Venezuela y la biorregión de las llanuras hasta el sur, más allá del río Orinoco.
Entre 2000 y 2015, la pérdida forestal promedio en Venezuela fue de 43 267 hectáreas por año pero, entre 2016 y 2020, aumentó un 107 %, y llegó a las 89 363 hectáreas anuales.
Los expertos coinciden en que todos los informes recientes apuntan a causas similares para la deforestación amazónica dentro del Arco Minero del Orinoco: el fracaso del Gobierno en la gestión y en la aplicación de la ley dentro de las áreas protegidas, y la capacidad limitada de las organizaciones no gubernamentales para realizar trabajo de campo a medida que la minería ilegal y la violencia aumentan en la región sin ley.
La bomba de tiempo de la malaria
María Eugenia Grillet afirma que teme una crisis inminente, invisible desde los satélites en órbita: un resurgimiento de la epidemia de malaria en la región del Orinoco debido al aumento de la deforestación.
Grillet, investigadora del Instituto de Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela, señaló que los casos de malaria habían bajado en la región de 500 000 contagios en 2017 a menos de 150 000 en 2020, gracias a la acción conjunta de tres organizaciones no gubernamentales —Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja y Fondo Mundial—, que se unieron para brindar diagnóstico, tratamiento y mosquiteros.
“Pero, a medida que continúa la minería, aumenta la deforestación”. Esto aumenta considerablemente las poblaciones de mosquitos en las áreas afectadas a lo largo de los ríos.
“Aquí hay [también] una gran dependencia de la cooperación internacional [para combatir la malaria], pero el Estado [de Venezuela] se ha desvinculado. ¿Qué pasa si las [organizaciones internacionales] se van de nuevo?”, se pregunta ella.
La preocupación de Grillet es justificada, según aseveró, por los frecuentes malentendidos que se dan entre el presidente Maduro y los organismos internacionales, a los que acusa de trabajar con Estados Unidos para allanar el camino a una intervención militar extranjera.
“Es una bomba de tiempo. Podríamos superar el pico anterior [de malaria], porque la deforestación ha empeorado. Y, si vuelve la disponibilidad de gasolina y alimentos para viajar a las minas, más gente va a [venir al Arco Minero del Orinoco a hacer prospección], y habrá más huéspedes potenciales”, sostuvo Grillet. De este modo, habrá más personas por contagiarse.
Las minas abandonadas, llenas de agua de lluvia, así como el aumento de la temperatura superficial por la reducción de la cubierta forestal generada por los campamentos mineros y los conucos creados para alimentar a los mineros, están provocando una proliferación de mosquitos, según informó la epidemióloga.
Todo esto podría cambiar para mejor, según los expertos, a medida que evoluciona el clima político. Por ejemplo, si Venezuela experimenta una fuerte recuperación económica, menos personas desesperadas podrían recurrir a la minería de subsistencia en el Arco Minero del Orinoco; o, si el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, negocia un acuerdo de paz revisado, esto podría conducir a la retirada del ELN del Parque Nacional Yapacana.
Pero esas esperanzas futuras siguen debilitándose por los acontecimientos actuales. Pocas semanas después de la publicación del informe del MAAP, un líder indígena que denunciaba la minería en la Amazonia venezolana fue asesinado. Lo que parece seguro es que la deforestación seguirá empeorando mientras la presencia oficial de Venezuela en la región sea débil.
* Imagen principal: Una tangara turquesa (tangara mexicana) en la Amazonía. Imagen cortesía de cuatrok77 a través de Flickr (CC BY-SA 2.0).
Artículo original: https://news.mongabay.com/2022/08/venezuelan-amazon-deforestation-expands-due-to-lawlessness-mining-fires-reports/
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