- La presencia de Nicolás Maduro en el evento que busca frenar el cambio climático encendió el debate en un país donde expertos, científicos y organizaciones ambientales señalan que las áreas naturales están a la deriva de las decisiones gubernamentales, mientras que las construcciones ilegales son apoyadas.
- Mientras que la minería ilegal continuó su avance devastador por el sur del país, los derrames petroleros tampoco dieron tregua.
*Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y Runrun.es de Venezuela
Los habitantes de Las Tejerías, un pueblo del estado Aragua a casi 80 kilómetros de Caracas, relataron que la noche del 8 de octubre de 2022 sintieron un estruendo, proveniente de la montaña, que los estremeció. Después de varios días de tormenta, la quebrada Los Patos se desbordó y la catástrofe vino en forma de agua y lodo a arrasar con todo lo que encontró a su paso: calles, viviendas, fábricas, torres eléctricas y al menos 60 vidas. El deslave recordó a la Tragedia de Vargas que en 1999 dejó centenares de muertes. Así quedó confirmada la vulnerabilidad del país ante cualquier evento climático. Las inundaciones sucedidas semanas anteriores habían sido solo el inicio de una temporada de lluvias que afectó a 17 de los 23 estados del país.
Una vez más, este año, el Estado venezolano demostró que no tiene prisa cuando se trata de atender los daños ambientales causados. Un ejemplo es la tardanza en la atención de los derrames petroleros y la ausencia de fiscalización a las construcciones ilegales dentro de las áreas naturales protegidas. También la devastación en el Arco Minero del Orinoco que no ha parado y las nuevas denuncias de los pueblos indígenas por la reiterada violación de sus derechos. Pero hubo un hecho que destacó entre las noticias y que atraviesa de forma transversal todos los temas que se destacan en este balance: después de ocho años de ausencia, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, apareció en la 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), una presencia que, más que hacer frente a una preocupación sobre el planeta, se interpretó como una declaración de intereses particulares totalmente alejados del objetivo central de esta reunión. De este hecho se desprenden varios problemas clave que causaron alarma en el país y que son parte de las deudas ambientales de Venezuela de este 2022.
Lo inesperado: Maduro en la COP27
La última vez que Maduro participó en un evento mundial sobre el ambiente fue cuando asistió a la Cumbre sobre Cambio Climático en 2014 en Nueva York, Estados Unidos. De ahí en adelante, envió a vicepresidentes y ministros a representarlo ante los organismos internacionales. Poco salió del país luego de que en 2020, el expresidente estadounidense Donald Trump ordenara su captura por tráfico de drogas y ofreciera una recompensa de 15 millones de dólares. Sus ausencias se acabaron este 2022.
En noviembre pasado, el mandatario asistió a la COP27 en Sharm el-Sheij, Egipto, y se hizo ver junto a otros mandatarios como Emmanuel Macron, de Francia y Gustavo Petro, de Colombia. El hecho generó un rechazo inmediato de los defensores ambientales venezolanos: no podían creer que el hombre que decretó la creación del Arco Minero del Orinoco, iniciativa marcada por agravar la contaminación por la minería al sur del país; que ha permitido el avance de construcciones dentro de áreas naturales protegidas; que es cuestionado por hacer caso omiso al asesinato de indígenas por el avance de grupos armados y que no ha restablecido el sistema de alertas tempranas ante inundaciones y fenómenos naturales, asistiera al evento ambiental más importante sin dar respuesta a los múltiples problemas de esta índole que atraviesa su nación.
Maduro aprovechó para presentar a Venezuela como un territorio víctima del cambio climático. Aseguró que “la acumulación de calor en el Mar Caribe” generó lluvias torrenciales que causaron tragedias en el país. “Desde este espacio exigiremos desde el sur del planeta que haya un cambio en los sistemas desarrollistas altamente contaminantes de Europa y Estados Unidos”, dijo cuando aterrizó en Egipto. Junto a Petro, propuso la creación de una “gran alianza amazónica” que permita una “recuperación coordinada, eficiente, consciente” de la selva.
Para el sociólogo Emiliano Terán Mantovani, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP), el objetivo principal de este viaje del presidente venezolano, además de romper con su cerco internacional, iba en contrasentido a la idea de frenar el cambio climático. Su intención, según Terán, fue valerse de la presencia de líderes de todo el mundo para “crear unos caminos más expeditos y eficaces para los acuerdos petroleros”.
Maduro, según el sociólogo, también hizo su propio “greenwashing”, es decir, lavó su reputación para aparecer como un líder del sur preocupado por el cambio climático, pero sin mencionar en absoluto cómo se gestiona este asunto dentro del país. Para ello, el gobierno prefirió tergiversar varios hechos, como asegurar que la tasa de deforestación decreció en el último año sin explicar qué estrategia se utilizó. El biólogo y director de la ONG Clima21, Alejandro Álvarez, recalcó que no hay ningún dato que soporte tal aseveración. Recordó que la data disponible actualmente, proveniente de imágenes satelitales y otros medios tecnológicos, ni siquiera permite esclarecer el tipo de deforestación que ocurre.
En agosto de 2022, el informe “Bosques en desaparición: Deforestación en Venezuela 2016-2021” de Clima21 y el Observatorio de los Derechos Humanos Ambientales, expuso que durante los últimos cinco años en Venezuela se ha acelerado la deforestación. A pesar de que el país tiene una baja tasa en comparación con el resto de las naciones que conforman la Amazonía, es el que perdió más bosques naturales en toda la región (casi 49 mil hectáreas anuales). “De los cinco estados que concentran 57 % de la deforestación nacional, hay dos que han sido severamente afectados por el extractivismo del oro”, señaló el documento.
Maduro también intentó poner a las áreas naturales protegidas como un logro reciente cuando las denuncias por la violación de sus normativas son una constante, y nunca mencionó que el país no está preparado para los efectos del cambio climático y que por eso ocurren tragedias como la de Las Tejerías.
Para Olnar Ortiz, indígena baré y abogado especializado en derechos de los pueblos indígenas, la visita de Maduro a la COP27 fue una muestra de “hipocresía” que se resume en dos hechos: el primero es que su gobierno, a través de la minería que ha auspiciado, ha dañado a la Amazonía.
La investigación Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero describe la desolación de la zona: el área de casi 112 mil kilómetros cuadrados que en 2016 fue decretada por Maduro para la explotación de minerales, tiene carreteras cada vez más intransitables por el paso frecuente de camiones que trasladan arenas auríferas. Charcos y hoyos de barro marcan un camino que antes estaba flanqueado por árboles y vegetación. Al lado de estas rutas se han instalado decenas de nuevas empresas de explotación de oro que abrieron sus puertas en medio del aislamiento de la pandemia. En medio de la destrucción, militares venezolanos incursionaron en la zona para atacar la minería ilegal y remover a las bandas armadas que controlan las actividades extractivas. Pero las acciones fueron duramente criticadas por los pobladores, que reclamaron la militarización del territorio y la violación de sus derechos humanos.
El segundo hecho que, según Ortiz, demuestra la hipocresía de Maduro en la COP27, es la violación constante de los derechos de los pueblos originarios. “Maduro fue a Egipto a buscar dinero en nombre de los pueblos indígenas para revertir el cambio climático”, criticó.
Mantovani coincide y dice que el objetivo de Maduro está sobre los fondos de impactos del cambio climático a los países pobres. “Ahí hay grandes intereses en las inversiones climáticas (…) Si quieres recuperar el país y estás buscando inversores en todos lados, no es descabellado ir a los nuevos mercados climáticos porque son de los nichos más poderosos de inversiones globales en los próximos años”, aseguró.
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Lo trágico: Venezuela, zona de desastre
Deslaves, rupturas de diques, desbordamientos, deslizamientos de tierras, inundaciones, crecidas de ríos. Durante el último semestre de 2022, esas frases y palabras describieron los estragos de las lluvias en 17 de los 23 estados del país. Casi un centenar de personas murieron en estos eventos que, de acuerdo con cifras oficiales, afectaron a unas 26 000 familias y causaron daños a 14 000 viviendas, además de deteriorar, y en algunos casos destruir, carreteras, centros de salud, edificaciones públicas y privadas, fábricas, así como fuentes y sistemas de abastecimiento de agua potable y electricidad.
El caso de Las Tejerías, en Aragua, fue el más trágico. Más de 60 cadáveres fueron hallados con el paso de los días luego de que un deslave arrasara con buena parte del pueblo. Pocos días después, en la acomodada urbanización El Castaño de Maracay, capital de Aragua, la corriente de lodo de un río desbordado se llevó cercas, muros, postes de luz y casas enteras. Fueron dos hechos que demostraron la vulnerabilidad a la que están expuestos los venezolanos por los fenómenos ambientales que sacuden su territorio.
Mantovani destacó que Maduro habló en la COP27 de la mitigación de los efectos del cambio climático, sin mencionar la responsabilidad de cada nación para afrontar estas transformaciones. “Hay cambios en los patrones estacionales de Venezuela. En el Observatorio de Ecología Política tenemos registro de desplazados climáticos por sequía y las inundaciones que nos están generando impactos terribles (…) Las inundaciones van a seguir ocurriendo (…) No tomar previsiones otra vez es un crimen”, recalcó.
Para el ingeniero José Luis López, investigador del Instituto de Mecánica de Fluidos de la Universidad Central de Venezuela, la ausencia de datos es crucial para conocer si los eventos que ocurrieron fueron extraordinarios. “Hay un declive de la información hidrometeorológica”, afirmó, y esto se explica porque de las 600 estaciones encargadas de medir las precipitaciones en el país que funcionaban en 2006, apenas 80 continúan activas, de acuerdo con la data disponible en las páginas web del Estado.
Lo de siempre: fugas que nadie atiende
La muerte de un flamingo cubierto de petróleo de la cabeza a las patas impactó en octubre de 2022 hasta en la prensa internacional. “Le pusimos ‘Vitico Petróleo’ con la esperanza de quitarle el apellido”, dijo a la Agencia EFE José Sandoval, el dueño de una agencia de turismo que intentó salvar al animal que lucía debilitado. Cuando lo encontró, en la casa de un pescador que lo rescató dentro del Lago de Maracaibo, la principal ciudad petrolera del país, tenía varias capas de combustible encima. Pocos días después, el ave falleció con el plumaje completamente ennegrecido.
“Vitico” es una muestra de apenas uno de los múltiples efectos sobre el ambiente y la salud de los frecuentes derrames que suceden tanto en el Lago como en otras zonas del país. Mientras la imagen del ave recorría las redes sociales, otras fugas de petróleo se registraban en Falcón, Delta Amacuro y Anzoátegui. Y así ocurrió a lo largo de todo 2022: decenas de eventos similares se reportaron por medio de imágenes satelitales e información de pescadores y pobladores de zonas cercanas a refinerías y complejos petrolíferos. Lo más alarmante: semanas después, la mayoría de estos sucesos continuaban activos.
El derrame del oleoducto submarino #PDVSA en #Paraguaná todavía no ha sido controlado. #5Mayo se ve como la marea mete una mancha al interior del #GolfetedeCoro. El Golfete es hábitat de muchas especies que son sustento de los pescadores locales.
Lleva un mes chorreando crudo pic.twitter.com/nU39UYYWzi
— diodon histrix (@diodon321) May 6, 2022
Cuando ocurre uno de estos eventos en Venezuela —explicó Gaizkale Garay Díaz, educadora especializada en ambiente y directora de la Fundación ambiental Avista—, el daño no se puede calcular fácilmente porque el Estado no aporta datos y tampoco permite el paso de organizaciones ambientales a las zonas afectadas. Nunca se sabe hasta dónde llega el hidrocarburo o cuánto se vierte.
Lo que sí se conoce, apuntó Garay Díaz, es que mientras la sustancia está sobre la superficie, no permite el intercambio de oxígeno con el fondo, expone a especies como tortugas, delfines y ballenas, así como a las aves que están en reposo en el agua o caen en picada para pescar, a respirar y consumir el material oleoso que las envenena. “El fondo marino tendrá esa sustancia química y tóxica que no permitirá vida en ese sitio donde se depositó”. “Aunque se limpie y a la vista se haya recuperado, el daño seguirá allí por mucho tiempo”, completó.
“No solamente hay derrames. Hay fugas de lixiviados, de gas, explosiones. Los protocolos de seguridad fueron abandonados”, declaró Mantovani, quien recordó los múltiples efectos que ha tenido sobre el ambiente la reactivación parcial de una industria petrolera que no tiene capacidad para atender los daños que perpetra.
“La recuperación económica no puede centrarse únicamente en la recuperación del PIB y los indicadores macroeconómicos”, resaltó el sociólogo y advirtió que las normas se flexibilizan a favor de los inversores. “Eso implica la supresión de elementos que pueden ser un obstáculo como los controles ambientales. Eso es bastante grave porque para recuperarte económicamente estás haciendo más vulnerable el país en términos territoriales, ambientales y comunitario”, sentenció.
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Lo feo: pueblos indígenas en la mira
El año 2022 cierra con más de una decena de pobladores indígenas asesinados en medio de ataques de grupos armados y de fuerzas del Estado. El caso más emblemático es el de Virgilio Trujillo, el líder uwottuja (piaroa) que formaba parte de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (OIPUS) y de la Guardia Indígena Territorial —creada por los propios pueblos originarios para defenderse de las amenazas de la minería y los grupos armados— de su comunidad. El 30 de junio, tras salir de una reunión en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas a más de 700 kilómetros de Caracas, recibió varios disparos en el rostro por parte de desconocidos. Menos de un mes después, tres indígenas jivi del municipio Sucre, también miembros de la Guardia Territorial Indígena, corrieron la misma suerte.
“Desde el momento en el que matan a Virgilio Trujillo, nosotros hemos estado exigiendo justicia y celeridad en ese caso, tanto en el ámbito regional y nacional como en el internacional. En Venezuela no estamos acostumbrados a que se asesine a líderes indígenas”, reclamó Eligio DaCosta, indígena baniva y director de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA). El hecho frenó el trabajo de defensa territorial que venían haciendo las comunidades originarias en la zona, afirmó.
Para DaCosta, hay “factores” (grupos armados irregulares como las disidencias de la guerrilla de las FARC y el ELN) dentro de los territorios que generan zozobra y desplazamientos forzados de los indígenas. La falta de demarcación de sus tierras ha facilitado a los intrusos la activación de distintos focos de explotación aurífera. “Ya no hay paz en las comunidades. Por eso estamos buscando una reunión con el Estado para buscar la forma de que se genere paz en estos territorios, queremos dialogar con el gobierno para ver cómo nos puede ayudar a que nuestros territorios estén tranquilos”, insistió.
En Amazonas también asesinaron a cuatro yanomami de la recóndita comunidad Parima B, cerca de la frontera con Brasil, a mediados de marzo. Una discusión con efectivos militares de la Aviación venezolana que se negaron a prestarles el servicio de internet inalámbrico, a pesar de que el equipo que usaban era de la comunidad indígena, terminó cuando los uniformados les dispararon.
“Hubo un enfrentamiento entre hermanos yanomamis y compañeros del componente aviación acantonados en Parima B, luego de que no se les compartiera el Internet, generando una situación de confrontación que dejó como resultado 4 fallecidos y 5 heridos. Ya las investigaciones del caso están en curso”, admitió el gobernador del estado, Miguel Rodríguez, una afirmación que días después respaldó el Defensor del Pueblo de Amazonas, Gumersindo Castro.
Borges Sifontes, un adolescente de 16 años herido de bala en el tiroteo, fue recluido durante casi cinco meses en el Hospital Militar Carlos Arvelo de Caracas para que se le hiciera una operación. Pero en lugar de recibir una atención médica adecuada, se le confinó en el sitio junto a su hermano Gabriel, quien lo acompañaba. A ambos, considerados testigos clave del hecho, no les dejaban salir de la habitación, ni ver a su abogado ni a su madre, quien fue amenazada tras denunciar el aislamiento. En agosto finalmente fue trasladado a Amazonas sin notificar a sus familiares. Ninguno de estos casos ha recibido respuesta por parte del Estado. No hay ningún detenido.
“Siempre le digo a las instituciones que la vida de un indígena también vale. ¿Por qué no hay ningún pronunciamiento del Estado con respecto a las muertes de los hermanos yanomami?, ¿es que la vida se tiene que negociar? Nosotros no estamos para esto”, recriminó el líder baniva, quien acotó que el 12 de octubre pasado se solicitó desde ORPIA el estatus de la investigación sobre la matanza a los organismos regionales de justicia. Pero el silencio institucional prevalece.
Para el biólogo y activista ambiental Alejandro Álvarez, es muy preocupante el continuo y expansivo proceso de ocupación del territorio yanomami por parte de grupos armados y garimpeiros, los mineros ilegales brasileños. Todo se hace, subrayó, “con la connivencia de la fuerza armada venezolana. Están destruyendo toda esa zona”.
El biólogo considera que la violencia contra los indígenas al sur del Orinoco es “extraordinariamente grave”. “Si continúa la violencia, el hostigamiento y la destrucción de su hábitat, vamos a un etnocidio. Una situación como esta no había ocurrido desde la llegada de los europeos hace más de 500 años. Es como si hubiese una guerra a escala”, alertó.
Lo malo: áreas naturales presionadas
Estos ecosistemas clave de Venezuela están en peligro. En febrero de 2022, circularon en redes sociales fotos del cumpleaños del empresario turístico Rafael Oliveros, conocido por sus vínculos con el chavismo, quien encabezó una extravagante celebración en el Parque Nacional Canaima —declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en los años 90— que incluyó el trasladar a sus invitados abordo de un helicóptero hasta la cima de un tepuy, una formación milenaria y sagrada para los indígenas, sin pedir autorización a ellos y en violación al Reglamento de parques nacionales y monumentos naturales (Decreto No. 276 de 1989) que prohíbe el aterrizaje de aeronaves civiles no autorizadas y las aglomeraciones de personas en este tipo de lugares.
Un par de meses después de aquel incidente que encendió el debate público y llegó a medios internacionales, la Agence France Press (AFP) confirmó a través de una fuente del Ministerio Público que no hubo daños en el tepuy tras el festejo. Sin embargo, no hubo pronunciamiento alguno sobre el incumplimiento del reglamento.
Más preocupantes que las fiestas sobre montañas milenarias son las construcciones dentro de los parques nacionales, que durante 2022 tampoco dieron tregua. En Mochima, parque marítimo de playas e islotes en el oriente venezolano, se abrió a mediados de año una posada sobre un pequeño montículo de arena en medio del mar abierto: Isla Piscina. Aunque la construcción se autopromociona como ecofriendly, se edificó sobre las ruinas de una casona derribada para sanear la zona luego de que se decretara parque nacional. Este, junto a dos proyectos en maqueta, ponen en jaque la subsistencia de un ecosistema vulnerable.
“Cada día es más evidente la intención de irrespetar las áreas protegidas con actividades prohibidas”, afirmó Vilisa Morón, bióloga y presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, quien pone como ejemplo, entre otros casos, la construcción de una plaza dentro del Monumento Natural Cerro María Lionza, donde se instaló una estatua; o el impedimento que tienen los guardaparques de entrar a algunos sectores del parque nacional Sierra Nevada, donde la empresa estatal Venezolana de Teleféricos (Ventel) está señalada de haber edificado un sendero y un mirador de forma ilegal; o el paso de bicicletas al parque nacional Cerro Ávila, a pesar de estar fuera de la norma que rige este espacio.
“Las áreas protegidas fueron reconocidas por su valor ecológico, servicios ambientales y representatividad de la biodiversidad del país”, refirió la especialista, y acotó que su vulneración refleja “la visión extractivista y cortoplacista de una política económica” que debería “planificar, diversificar, buscar la interoperabilidad y la buena gobernanza” en estos territorios fundamentales.
Fuera de las áreas naturales protegidas, está la crítica que despertó la declaración de la Isla La Tortuga, al nororiente del país, como Zona Económica Especial. El plan de Nicolás Maduro es impulsar el turismo a partir del levantamiento de 10 hoteles de lujo y una pista de aterrizaje, que va en detrimento de las actividades de bajo impacto ambiental que, de acuerdo con activistas y científicos, se deben desarrollar allí.
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Lo bueno: un primer paso hacia la prevención
Las recientes tragedias de Las Tejerías y Los Castaños, en Aragua, dimensionaron la vulnerabilidad a la que están expuestos los venezolanos ante las lluvias. Y de esto tomó nota el gobierno. Por eso, siete semanas después de la desgracia, se inauguró la Sala de Batalla Multidimensional “Hugo Chávez”, que hará “monitoreo, seguimiento y control constante a los ámbitos de seguridad de nación”, entre estos, a la gestión de riesgo, según lo anunció el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) a través de Twitter.
De acuerdo con el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Vicepresidente de Gobierno para la Seguridad Ciudadana, Remigio Ceballos, entre las tareas del nuevo organismo está la generación de “alertas tempranas en materia de gestión de riesgo”. Allí también estará la sede del Centro Nacional para la Coordinación y Control de Emergencias y Desastres junto a todos los equipos del Sistema de Gestión de Riesgo, Bomberos, Protección Civil y jefes de gobierno de estados y municipios.
Para José Luis López, este anuncio es positivo, pero no lo es todo: “la alerta que puede dar el Inameh es la que obtienen a través de los satélites, pero no de las estaciones meteorológicas porque estas han sido abandonadas”, declaró. Reveló que el Estado cuenta con una serie de radares meteorológicos que miden la cantidad de agua de las nubes e informan sobre las lluvias que están por suceder. Estos, sin embargo, no han sido utilizados al máximo. Integrarlos a este sistema es prioritario.
López aclaró que, desde el Estado, hubo una respuesta masiva de ayuda para afrontar los desastres por las tormentas, que se contó con centros de alimentación e incluso con atención para quienes se habían quedado sin vivienda. Sin embargo, el reto pendiente es la prevención y hacer que instituciones y ciudadanos estén mejor preparados para eventos climáticos extraordinarios.
* Imagen principal: Maduro tenía más de 8 años sin asistir a una cumbre contra el cambio climático. Crédito: Prensa Presidencial.
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