- El Pleno de la Asamblea Nacional, por unanimidad, aprobó el informe de fiscalización y seguimiento a la minería ilegal en el sector Yutzupino en la provincia de Napo, luego de que la actividad se saliera de control desde finales de 2021.
- El legislativo le exigió al presidente Guillermo Lasso que, en un plazo no mayor a 60 días, reforme el Decreto Ejecutivo 754 que creó la Comisión para el Control de la Minería Ilegal y el Decreto Ejecutivo 151 que incentiva la exploración y explotación minera en el país.
- Un estudio publicado en marzo de 2023 indicó que, en siete años, la minería legal e ilegal se expandió en un 300 % en la provincia de Napo y que por lo menos 145 hectáreas de deforestación han sido causadas por la minería ilegal.
La provincia de Napo ha venido experimentando un gran incremento en la minería legal e ilegal en su territorio desde el 2015. Datos de un informe de marzo de 2023 del Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP) y la Fundación Ecociencia, muestran que en esta provincia del centro norte de la Amazonía, en solo siete años, entre 2015 y 2021, las áreas con actividad minera incrementaron en 855 hectáreas.
La cuenca del río Yutzupino ha sido una de las más afectadas. El caso obtuvo atención mediática a finales de 2021 cuando imágenes satelitales y sobrevuelos mostraban a cientos de mineros y maquinarias dragando el río. Para octubre de ese año, el área ocupada por la minería era menor a una hectárea pero, en diciembre, el daño alcanzó 61 hectáreas.
“Realizamos un análisis actualizado (hasta diciembre 2022) sobre la situación en Yutzupino. Encontramos que la superficie afectada por actividades mineras aumentó un 78,6 % respecto al valor reportado para inicios del año 2022. La minería ha crecido hacia la zona adyacente de Naranjalito”, indicó el reporte.
Durante todo este tiempo diversos colectivos sociales y ambientalistas han hecho protestas y han llamado la atención por la contaminación que se vive en varios de los ríos de Napo, principalmente en los cantones de Tena y Carlos Julio Arosemena Tola.
La denuncia por la contaminación minera llegó hasta la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional que elaboró el Informe de fiscalización y seguimiento a la minería ilegal en el sector Yutzupino y que fue aprobado por unanimidad en el pleno de la Asamblea el pasado 11 de abril. En el reporte se le exige al Presidente Guillermo Lasso que, en un plazo no mayor a 60 días, reforme el Decreto Ejecutivo 754, de 6 de mayo del 2011, que creó la Comisión para el Control de la Minería Ilegal, pues asegura que su labor ha sido ineficiente.
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La Asamblea reconoce falta de eficacia contra la minería ilegal
A finales de febrero de 2022, el gobierno ecuatoriano realizó el Operativo Manatí para frenar la actividad ilegal que se presentaba en Yutzupino. Desde ese momento, la minería se frenó en esa zona, pero se expandió a lugares cercanos desde mediados de ese año. En noviembre de 2022 se realizó la segunda fase del Operativo Manatí, no solo en Yutzupino sino en toda la provincia de Napo y en las provincias de Pichincha, Morona Santiago y Orellana. En esa operación se decomisó oro, armas, matrículas de maquinaria pesada y dinero en efectivo, según información entregada por la Fiscalía. Además, se capturó a un exfuncionario de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables que, de acuerdo con las autoridades, sería líder de una organización delictiva relacionada con la minería ilegal.
A pesar de los operativos, el avance de la minería ilegal continuó. Entre enero y diciembre de 2022, MAAP y la fundación Ecociencia identificaron “un aumento de 55 hectáreas, lo que suma un total de 125 hectáreas (equivalente a 88 canchas de fútbol) afectadas por minería desde octubre de 2021 a diciembre de 2022 en este sitio”.
Las denuncias de entidades científicas y colectivos sociales y ambientales llegaron a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, que presentó el Informe de fiscalización y seguimiento a la minería ilegal en el sector Yutzupino, el cual fue aprobado el pasado 11 de abril en el pleno de la Asamblea. Además de pedirle al Presidente de la República que, en un plazo no mayor a 60 días, reforme el Decreto Ejecutivo 754, le solicitaron una mayor asignación presupuestaria y capacidad de ejecución para ejercer las funciones de coordinación, asesoría, activación de operativos y seguimiento.
De igual manera, le pidieron al presidente Lasso que incorpore como miembros activos de la comisión a la Fiscalía General del Estado, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y que, en un plazo de dos meses, reforme el Decreto Ejecutivo 151, del 5 de agosto del 2021, que incentiva la extracción minera en el país.
El asambleísta Washington Varela, ponente del informe, aseguró que al analizar la situación de minería en el río se determinó que “existen actividades de minería sin licenciamiento, sin autorizaciones, que tienen como resultado la contaminación del agua y de otros recursos indispensables para el ecosistema”. Varela también resaltó que el informe tiene 24 conclusiones y 46 recomendaciones que plasman el trabajo de fiscalización desarrollado junto con la comunidad, “para saber cuáles son los problemas que enfrenta Napo, en torno a la minería legal e ilegal, sin que haya respuesta de las autoridades”.
Entre las principales conclusiones del informe están que la gestión pública y el control interinstitucional sobre la actividad minera se hallan debilitados por falta de acción y transparencia de las autoridades competentes; que un gran número de denuncias y alertas sociales no han sido atendidas de manera urgente, transparente, oportuna y con resultados positivos, y que la Fiscalía General del Estado informó que entre el 2011 y el 2022 en la provincia del Napo se registraron 112 noticias de delito relacionadas con actividades ilícitas de recursos mineros pero solo 14 tienen sentencia condenatoria.
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Un conflicto socioambiental que sigue en aumento
José Moreno, vocero del colectivo Napo Ama la Vida, coincide con el asambleísta Varela en que las acciones para detener la minería ilegal se han quedado cortas frente a la magnitud de la expansión minera y que hace falta fortalecer la capacidad de respuesta técnica del Estado para analizar el manejo ambiental de las concesiones legales.
Moreno lleva varios años denunciando un nivel de violencia extremadamente alto en las comunidades y “muchas de las familias no pueden denunciar, porque están amenazadas de muerte”. En la provincia de Napo no solo preocupa la situación ambiental que se vive con la expansión minera sino la agudización de los conflictos sociales. A mediados de marzo, el activista fue agredido por presuntos mineros durante una protesta que las comunidades realizaron en la parroquia Talag del cantón Tena.
“Sufrí una agresión directa por parte de cuatro personas que me golpearon. Ese día yo ingresé al frente minero, estuve alrededor de una hora y media y, cuando salí, me acorralaron. Adentro estábamos con pasamontañas, era complicado que supiesen quién era yo. El ataque fue dirigido, de eso estoy más que seguro”, le dijo Moreno a Mongabay Latam.
Para el delegado de la Defensoría del Pueblo en Napo, Andrés Rojas, el problema en Yutzupino, y en general en toda la provincia, no es solo la minería ilegal sino también las concesiones legales. Para él, toda actividad de extracción de minerales en la zona es ilegal “porque se han vulnerado derechos, considerando que las autorizaciones y licenciamientos otorgados por el Estado se hicieron sin cumplir el derecho de la comunidad a la consulta previa, libre e informada. No podemos permitir que un ecosistema tan frágil como el de la Amazonía sea devastado, causando un enorme daño ambiental”.
Finalmente, Moreno asegura que son 130 hectáreas devastadas y espera que lo ordenado por la Asamblea se cumpla y logre ponerle freno a la contaminación de los ríos y la deforestación. “Donde antes había vegetación, hoy solo existe contaminación y las próximas generaciones no podrán aprovechar el suelo para actividades agrícolas”, dice.
*Imagen principal: En la comunidad de Yutzupino se pueden observar los efectos de la minería, la cual ha destruido y contaminado gravemente los ríos Jatunyacu y Yutzupino. Imagen del 11 de febrero del 2022. Foto: Iván Castaneira.
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