- A unos 27 kilómetros al oriente de la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, el gobierno mexicano instaló la central fotovoltaica que, con más de 278 000 paneles solares, pretende ser la más grande de América Latina.
- Las líneas de transmisión asociadas al proyecto para transportar la energía eléctrica al estado vecino de Baja California levantan críticas de expertos, ambientalistas y miembros del pueblo indígena Tohono O’odham.
- Esa infraestructura, señalan, alterará el paisaje y dañará la biodiversidad, así como sitios sagrados y de alto valor de dos reservas de la biosfera que se encuentran en la región, una de ellas catalogada como Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco.
La sal es sagrada para el pueblo Tohono O’odham. Hace cientos de años, sus ancestros hacían largos peregrinajes por el desierto del noroeste de México para obtener este elemento esencial para su cultura. Ya sea para asegurar la conservación de la carne que cazaban o para poder celebrar sus rituales, caminaban por semanas rumbo a las salinas que se encuentran cercanas a la orilla del mar, en la zona que hoy conocemos como el Alto Golfo de California. Este 2023, en esas salinas se instalarán las líneas de transmisión que forman parte del ambicioso proyecto de generación de energía solar del gobierno mexicano: la central fotovoltaica que busca ser la más grande de Latinoamérica.
La planta se extiende en una superficie de 2000 hectáreas —ubicadas en un predio a 27 kilómetros del municipio de Puerto Peñasco, en Sonora, al noroeste de México—, que gradualmente serán cubiertas por 278 000 paneles solares y tendrán la capacidad de generar 1000 MW de energía eléctrica para el 2027, según informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“En las salinas hay poder, hay energía que existe todavía. Esas líneas de transmisión que van a poner, van a atravesarlas y no queremos”, dice Matías Valenzuela, vocero y traductor del Consejo Supremo de Ancianos del pueblo indígena Tohono O’odham. “Es como si yo construyera un muro en medio de una iglesia católica o cristiana. Pero, por el hecho de que somos indígenas, por las creencias que tenemos, nos miran como salvajes y creen que valemos menos que ellos”.
El megaproyecto de energía solar —que es parte del Plan Sonora, una iniciativa de fortalecimiento energético del gobierno de México— incluye, además, cuatro subestaciones eléctricas, 192 megawatts de baterías de respaldo y grandes torres de acero para soportar los 290 kilómetros de líneas aéreas de transmisión de electricidad que se instalarán en el desierto sonorense.
Estas líneas han generado críticas. Ambientalistas, especialistas e integrantes del pueblo indígena Tohono O’odham se oponen a su paso por las zonas de amortiguamiento de dos Reservas de la Biosfera: El Pinacate y Gran Desierto de Altar —que además es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 2013—, y la del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.
Estas reservas albergan una enorme biodiversidad y comparten costas con las salinas sagradas para los Tohono O’odham y nacimientos de agua dulce que, desde la antigüedad, son esenciales para la vida y cultura del pueblo indígena.
“Nosotros no estábamos en contra ni a favor del proyecto, solamente queríamos que nos respetaran como Consejo y que todos los permisos se hicieran bien: de suelo, de humedales y que no dañara en nada a nuestra comunidad, ni a nuestro paso por los sitios ancestrales. Pero no lo llevaron a cabo así”, afirma Gerardo Pasos, uno de los gobernadores tradicionales Tohono O’odham y representante del Consejo Supremo de Ancianos en Puerto Peñasco.
El líder indígena explica que, antes de que el proyecto arrancara en 2022, se realizaron tres reuniones entre su pueblo, la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La primera de ellas, con el objetivo de presentarles el proyecto de la central fotovoltaica y la línea de transmisión, ocurrió en el municipio de Sonoyta. La segunda fue en Caborca, para decirles “lo mismo” que en la anterior. Y, luego de la tercera, que sucedió nuevamente en Caborca y que fue cuando la etnia reiteró su inconformidad, “fue la gota que derramó el vaso de agua, —dice Pasos—. Cuando nosotros estábamos en esas pláticas, ellos se fueron con una persona de Estados Unidos, quien se autonombra gobernador tradicional”.
Pasos se refiere a un integrante de los Tohono O’odham del otro lado de la frontera, en Arizona, Estados Unidos —pues este pueblo indígena es binacional—, quien aprobó el proyecto en nombre de todo el pueblo. “Los ancianos no lo reconocen como autoridad y la Secretaría de Energía no tomó en cuenta lo que con nosotros venía trabajando. Se fue con él y les dio el aval. Nosotros no reconocemos esa decisión que tomaron. Nosotros nos sentimos humillados por eso que le hizo al Consejo”.
Mongabay Latam y Diálogo Chino solicitaron entrevista a la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y a la dirección de la Reserva de la Biosfera El Pinacate, pero ninguna de ellas respondió.
Los beneficios vs. el impacto ambiental
No existe un documento público que explique a detalle qué es el Plan Sonora de Energía Sostenible. Los gobiernos de Sonora y México lo han anunciado, desde principios de 2022, como la estrategia principal del presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer la política de energía del país. Con él se busca posicionar al estado de Sonora como un referente mundial en generación de energías sostenibles.
El Plan Sonora, además de la Central Fotovoltaica de Puerto Peñasco, también promueve la explotación de litio —elemento esencial para la fabricación de baterías de los automóviles eléctricos y del que se presume que Sonora cuenta con uno de los yacimientos más grandes del mundo—, y la licuefacción de gas natural, entre otras acciones.
El megaparque solar en Puerto Peñasco tendrá una inversión total estimada en 1600 millones de dólares y sus beneficios están previstos para alcanzar a una población de 1.6 millones de consumidores, equivalentes a 536 000 hogares. El proyecto es propiedad de la CFE y se concluirá en cuatro etapas de construcción. La primera de ellas se prevé que arranque operaciones durante el primer semestre de 2023.
Con este proyecto, el gobierno de México argumenta que atenderá la demanda histórica de energía eléctrica en Baja California y que su sistema eléctrico se integrará al Sistema Interconectado Nacional (SIN), bajo la premisa de que se trata de un asunto de seguridad nacional.
La meta, además, es el crecimiento económico de los sectores industrial, comercial, residencial y de servicios de Puerto Peñasco, Caborca y San Luis Río Colorado, en Sonora; así como en Ensenada, Tecate, Tijuana y Mexicali, en Baja California. Esto con el objetivo de disminuir la dependencia energética con Estados Unidos y contribuir a los compromisos internacionales que adquirió México para mitigar el cambio climático.
Entre sus beneficios, las plantas de energía solar ofrecen la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, por lo que estas tecnologías han resultado esenciales en la búsqueda de una transición energética que reemplace a los combustibles fósiles. Sin embargo, hace falta revisar los efectos de un proyecto de tal magnitud.
Carlos Tornel, investigador y doctorante en Geografía Humana en la Universidad de Durham en Reino Unido —experto en el proceso de transición, justicia y soberanía energética en México—, afirma que, aunque el nombre lo proponga, es fundamental entender que este tipo de energías no son renovables, pues al menos la solar y la eólica requieren, en primera instancia, de la minería y de los combustibles fósiles para articular toda una cadena de producción a escala global.
“Es decir, varios de los minerales que se encuentran en los paneles solares se tienen que minar en África o China; después, se utilizan patentes de registros de tecnología en Europa o en un lugar donde se ensamblan, para que luego se transporten y se instalen en Sonora, con camiones que usan combustibles fósiles para sacar todo lo que está ‘estorbando’ en el área”, explica Tornel.
Después de medir estos efectos —dice el experto—, el siguiente paso sería medir el impacto socioecológico, un aspecto que no siempre está cubierto.