Empresas colombianas desconocen autoridad indígena y consulta previa en proyectos de carbono en Amazonía de Brasil

• Sin realizar la debida consulta, un grupo de empresas colombianas persuadió a líderes para que aceptaran proyectos de créditos de carbono en tierras indígenas en la Amazonía de Brasil, con la promesa de que el dinero financiará una universidad en las aldeas.
• La autoridad estatal en temas indígenas, FUNAI, desconocía los precontratos y dice que las negociaciones podrían cancelarse.

La promesa de una universidad exclusiva para los pueblos indígenas de la región de Alto Solimões, en el estado brasileño de Amazonas, que convenció a líderes de al menos seis territorios de firmar precontratos con empresas colombianas para generar créditos de carbono, ha desafiado las directrices de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) estatal y del Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil.

El proyecto, que originalmente cruzó la frontera hacia tierras indígenas brasileñas promovido por un ciudadano colombiano llamado José Antonio Pérez Manrique, prevé la financiación de una unidad de enseñanza superior con la venta de créditos de carbono. Las comunidades luego firmaron un precontrato con la empresa colombiana Concepto Carbono para desarrollar esa iniciativa de carbono que posteriormente comenzó a ser planeada por otras tres empresas colombianas aliadas: Carbo Sostenible, Terra Commodities y Yauto. Sin embargo, a la fecha no existe autorización alguna de las autoridades brasileñas para la creación de la universidad, ni tampoco para el desarrollo de proyectos de créditos de carbono en la región. Ese proceso, en el que estuvieron involucradas las cuatro empresas y Pérez Manrique,  podría haber llevado a los dirigentes a firmar documentos con cláusulas posiblemente abusivas y a avanzar en proyectos que hasta hoy no están cumpliendo la obligación de consulta previa, contenida en un convenio internacional sobre derechos indígenas adoptada por Brasil.

En agosto del año pasado, la FUNAI negó la entrada a representantes de las empresas Carbo Sostenible, Terra Commodities y Yauto a los territorios del Alto Solimões y les aconsejó a éstos no firmar acuerdos debido a la falta de reglamentación del mercado de carbono en Brasil. Tres meses después, el 6 de noviembre de 2022, se firmaron al menos seis “cartas de exclusividad” con Concepto Carbono que autorizaban a la empresa a implantar un proyecto de secuestro de carbono en los bosques de las Tierras Indígenas de Riozinho, Rio Biá, Estrela da Paz, Macarrão, Espírito Santo y Acapuri de Cima. El acuerdo, que es una especie de precontrato en el que las partes ya tienen obligaciones, incluía tierras que ni siquiera han sido aprobadas por el gobierno federal.

La FUNAI dice no tener conocimiento de las “cartas de exclusividad” firmadas por los líderes indígenas, pero afirma que “todos los contratos firmados corren el riesgo de ser cancelados, en vista de las cuestiones técnicas y jurídicas sobre la viabilidad, los procedimientos necesarios y el cumplimiento de las salvaguardias socioambientales, incluido el derecho a la consulta libre, previa e informada [CLPI]”.

La consulta previa es una de las obligaciones impuestas por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y trata del derecho de las comunidades tradicionales a ser consultadas sobre acciones que impacten en sus territorios y formas de vida. En julio de este año, el Ministerio Público Federal (MPF) publicó una Nota Técnica para orientar a los fiscales federales sobre proyectos de carbono en territorios indígenas. El documento hace hincapié en la necesidad de contar con el apoyo técnico del Estado y advierte que “la consulta previa debe tener lugar en la fase de planificación y antes de tomar cualquier decisión”.

Los proyectos firmados con Concepto Carbono abarcan 1,6 millones de hectáreas de tierras indígenas en los municipios de Jutaí, Fonte Boa, Carauari y Juruá, todos en el estado de Amazonas, cerca de la triple frontera con Colombia y Perú, en territorios ocupados por los pueblos kokama, katukina, miraña, kambeba, tikuna, kanamari y kulina. Los seis acuerdos firmados por los jefes de los pueblos dieron paso a tres proyectos de créditos de carbono, denominados Jutaí-1, Jutaí-2 y Río Biá, que figuran en fase de desarrollo en la cartera de CommunityRedd+, una alianza de empresas colombianas que llevan a cabo proyectos de compensación ambiental en comunidades tradicionales de Colombia y, más recientemente, de Perú y Brasil.

Además de estos seis precontratos en Solimões, esta alianza también tiene un proyecto de carbono en la Tierra Indígena Enawenê Nawê, en el estado brasileño de Mato Grosso, donde también hay pueblos en aislamiento voluntario. En ese proyecto participa una empresa brasileña, JGP Consultoria e Participacoes Ltda. Según informa CommunityRedd+ en su sitio web, este proyecto también se encuentra en fase de desarrollo.

En una carta enviada a su Coordinación Regional de Alto Solimões (CR-AS) en agosto de 2022, la oficina principal de FUNAI en Brasilia explicó que “la transacción de créditos de carbono en tierras indígenas tiene peculiaridades que plantean dudas y apuntan a la necesidad de una definición específica, dado que se trata de tierras de propiedad federal destinadas a la posesión y usufructo permanente de los indígenas”.

Según el Ministerio Público de la FUNAI, cualquier proyecto de carbono en tierras indígenas requiere autorización del gobierno federal, lo que no ha ocurrido en los acuerdos firmados en Alto Solimões o Mato Grosso.

En septiembre de este año, este reportero visitó las comunidades del Alto Solimões y descubrió que el proyecto de créditos de carbono llegó a la región con la promesa de crear la llamada Universidad Indígena Diferenciada de los Pueblos Amazónicos (UIDPA), una idea que cautivó a las comunidades y se convirtió en el principal motor para que los líderes aceptaran el acuerdo con Concepto Carbono.

En ninguno de los proyectos se han realizado consultas previas en el sentido del convenio 169 de la OIT, y las decisiones se han restringido a los caciques y líderes con quienes los empresarios tienen contacto. Hasta el momento, los proyectos son prácticamente desconocidos por la gran mayoría de las comunidades.

En los acuerdos firmados, los líderes indígenas se comprometen a guardar total confidencialidad sobre “la carta de intención”, so pena de incumplir lo pactado: “Todas las negociaciones comerciales y acuerdos entre las partes serán confidenciales”, dice un extracto del documento firmado por los líderes indígenas con Juan Eduardo Hernández de Concepto Carbono.

También se restringe a los indígenas iniciar, adelantar o firmar cualquier otro proyecto de “reducción de emisiones” sin autorización de Concepto Carbono, ya que cada territorio sólo puede vender una vez los resultados de deforestación evitada y, por tanto, no puede haber otros proyectos allí.

Además, el acuerdo prevé que las partes designen un tribunal de arbitraje en Bogotá. Según expertos consultados por el reportaje, dicha cláusula podría considerarse abusiva porque presenta “desigualdad económica entre las partes y dificultad de acceso al poder judicial”, como explica la abogada Brenda Brito, doctora en derecho de la Universidad de Stanford e investigadora asociada de la organización Imazon. “Creo que este contrato sería fácilmente declarado nulo si se llevara a los tribunales brasileños”, señala Brito.

Los documentos afirman que los indígenas se quedarían con hasta el 70 % del valor de la venta de los créditos negociados. Sin embargo, no está claro qué costo les supondría mantener intacta la superficie forestal del proyecto —sin deforestación— ni cómo invertirían ese dinero.

Aunque los precontratos sólo están firmados con Concepto Carbono, otros documentos obtenidos por InfoAmazonia, como el modelo de negocio y la propuesta de trabajo para el desarrollo del programa, muestran que el proyecto presentado a los indígenas incluye a otras tres empresas que operan en el mercado de carbono colombiano: Carbo Sostenible, Terra Commodities y Yauto, que junto a Visso Consultores y Plan Ambiente conforman la alianza Comunidad Redd+. Las empresas que la integran dicen tener importantes clientes globales en otros proyectos, como Coca-Cola y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El folleto entregado a los líderes indígenas incluye los logotipos de las cuatro empresas.

En marzo de este año, el Centro Latinoamericano de Periodismo Investigativo (CLIP) reveló que las mismas empresas involucradas en proyectos de carbono en Solimões (Carbo Sostenible, Terra Commodities y Yauto), vinculadas a CommunityRedd+, excluyeron a indígenas locales de participar en los resultados de un proyecto de carbono desarrollado en el resguardo indígena de Monochoa, en la Amazonía colombiana. Según el reportaje, dos de las seis comunidades del territorio fueron excluidas del proyecto de carbono, a pesar de que las tierras que habitan estaban dentro del área incluida por las empresas, por lo que esas dos aldeas indígenas no se beneficiaban de los créditos de carbono que se vendían en el mercado voluntario y no podían participar en otros proyectos de compensación ambiental.

Por estar aún en fase de desarrollo, los proyectos en las tierras indígenas de Solimões y Mato Grosso aún no han generado créditos de carbono certificados para su venta en el mercado. Tras estructurarse con las comunidades locales, un auditor independiente deberá evaluar la calidad del proyecto y luego la norma de certificación lo aprobaría. Este sello de calidad es lo que permite vender los créditos en el mercado, que suelen comprar empresas que buscan compensar su uso intensivo de combustibles fósiles. Cada crédito equivale a una tonelada de dióxido de carbono —uno de los gases de efecto invernadero causantes del cambio climático— que dejaría de liberarse a la atmósfera como resultado del esfuerzo de conservación.

Las tierras indígenas de Brasil se encuentran entre los territorios que mejor preservan los ecosistemas amazónicos. En los últimos 30 años, estos territorios étnicos han sufrido la deforestación del 1 % de sus bosques, mientras que en las zonas privadas la pérdida fue del 20,6 %, según datos de la red Mapbiomas. Esto explica el atractivo para quienes buscan promover proyectos privados de carbono en estos territorios.

En el sitio web de CommunityRedd+, el proyecto de TI Enawenê Nawê, en Mato Grosso, menciona a la organización Verra como responsable de certificar los créditos de carbono que se generarán. Pero Verra, que es la mayor certificadora de créditos de carbono del mundo, no tiene constancia del proyecto desarrollado en TI Enawenê Nawê. El sitio web de CommunityRedd+ no dice quién certificará los tres proyectos de Solimões.

Concepto Carbono fue creada en 2021 y está liderada por el biólogo colombiano Juan Eduardo Hernández Orozco, quien también aparece como coordinador técnico de la alianza CommunityRedd+, de la que forman parte las empresas que figuran en el documento de presentación de los proyectos de Solimões y Mato Grosso. Entre las figuras más visibles de esta alianza está el abogado Pedro Santiago Posada, líder y accionista de Yauto, quien ha ocupado los dos cargos más altos del Estado colombiano en la protección de los derechos indígenas: fue director de asuntos indígenas del Ministerio del Interior durante ocho años, entre 2008 y 2016, durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, y defensor para indígenas y minorías étnicas de la Defensoría del Pueblo de Colombia (2016-18).

InfoAmazonia se puso en contacto con las cuatro empresas colombianas implicadas en los proyectos de créditos de carbono en el Alto Solimões.

Por mensaje de Whatsapp, Juan Eduardo Hernández, gerente de Concepto Carbono y coordinador de CommunityRedd+, dijo que no respondería a las preguntas porque “ustedes están mal informados” y “el enfoque de las preguntas desconoce el contexto de un proyecto REDD+”. Explicó que “los dueños del proyecto son las comunidades, ellos le pueden dar razón y aclarar sus dudas” y rebatió la información de la FUNAI citada por esta investigación, diciendo que “la oficina de la FUNAI que consultaron no tiene jurisdicción en el área de trabajo”.

Federico Ortiz, accionista y director de Terra Commodities insistió, también en un mensaje, que “el proyecto pertenece a los indígenas y ellos solicitan y reciben las autorizaciones directamente de la autoridad competente”. Ortiz, quien también es director comercial de la alianza CommunityRedd+, reconoció que “entendemos que no hay claridad jurídica con la autoridad ambiental para comenzar con el desarrollo de proyectos, así que todos quienes van a participar en el desarrollo (como Universidades, etc.) deben esperar a que se pueda tomar camino para desarrollar”. También dijo que los proyectos aún no están en desarrollo, como señala la página web de CommunityRedd+, sino en fase de presentación. “Por ahora solamente estamos en etapa de informar a la base para que decidan más adelante cuando se sepa cuál es el camino legal a tomar”, añadió.

Yauto y Carbo Sostenible no respondieron a las preguntas ni a nuestras solicitudes de entrevista.

Universidad no mencionada en los documentos

A pesar de ser el principal argumento esgrimido en las comunidades para la implantación del proyecto de carbono, en los documentos firmados por los líderes indígenas de los Solimões con Concepto Carbono no se menciona la Universidad Indígena Diferenciada de los Pueblos Amazónicos (UIDPA).

InfoAmazonia ha sabido por fuentes locales que Concepto llegó a financiar el proyecto de universidad en los primeros meses del año pasado y que los indígenas tomaron clases en la supuesta universidad, pagando incluso a profesores indígenas de su propia comunidad.

Sin embargo, tras la firma del contrato con Concepto, los indígenas afirman que se suspendieron las transferencias de dinero y las clases, con la promesa de que volverían tras la puesta en marcha del proyecto de carbono.

Las comunidades han guardado la fecha: 5 de enero de 2024. Ese día, la promesa es que las clases se reanudarán en la UIDPA.

A pesar de las incertidumbres, los líderes tienen grandes esperanzas en el proyecto.

En la aldea de Boa Vista, en la Tierra Indígena de Estrela da Paz, el simpático cacique Afonso Maricaua anunció la llegada de nuestro equipo a través de un megáfono instalado en el centro de la comunidad. El cacique dijo que había firmado el precontrato para el proyecto de carbono porque cree que la universidad es una “oportunidad para los jóvenes de la comunidad” y “para ayudar a preservar la selva”.

En el día a día de las huertas que cultivan o en las lagunas, donde los hombres manejan el pirarucú, los indígenas sueñan con que todo allí pueda cambiar, principalmente porque no se sienten seguros e independientes en sus territorios, en una región de la Amazonía, en la triple frontera, donde el mercurio de la minería contamina los ríos, los madereros avanzan en los territorios y el crimen organizado se extiende.

Según los propios indígenas, más de un centenar de balsas mineras operan en el alto Jutaí desde los años noventa, utilizando mercurio y amenazando a las comunidades indígenas de la región.

“Siempre esperamos que las cosas mejoren, lo que esperamos es que todo esto traiga más oportunidades a nuestros pueblos”, dijo la indígena Francieti Estevão Santiago, de 30 años, de la Tierra Indígena Acapuri de Cima, que aún no había sido reconocida en noviembre de 2022, cuando su área entró en el proyecto de carbono.

Por otro lado, los relatos de los indígenas con los que hablamos muestran que saben poco sobre el proyecto de carbono que se está negociando  —y aún menos sobre las directrices de FUNAI y otras organizaciones.

Hasta el momento, ni FUNAI ni el Ministerio de Educación han solicitado la regularización de la universidad indígena para los pueblos de Jutaí. Y no hay expectativas de que el proyecto se implemente realmente antes de enero de 2024 para el prometido inicio de clases.

FUNAI desconocía la existencia de precontratos

En el mismo mes de septiembre en que estuvimos en las tierras indígenas de Jutaí, el coordinador de la Comunidad Redd+ y director de Concepto Carbono, Juan Eduardo Hernández, también estuvo en los territorios del municipio, según los indígenas, para “definir las áreas del proyecto”, y una vez más sin ningún seguimiento ni autorización del órgano indígena brasileño.

A pesar de haber sido convocada en agosto de 2022 por los propios empresarios colombianos, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) no se ha pronunciado sobre los proyectos de carbono en la región de Solimões desde septiembre del año pasado, cuando pidió a la Coordinación Regional que aconsejara a las comunidades no firmar contratos antes de que se regule el mercado de carbono en tierras indígenas.

El 23 de agosto de 2022, las empresas Yauto, Terra Commodities y Carbo Sostenible (Carbo-Terra-Yauto) enviaron una carta a la agencia titulada “Modelo de Negocios para el Desarrollo de Proyectos REDD+ con Comunidades Indígenas de Brasil en el Estado de Amazonas”.

El documento indica la posibilidad de al menos cinco proyectos de carbono en tierras indígenas de la región de Solimões y solicita “el apoyo y la participación de FUNAI”, pero no menciona los nombres de las tierras indígenas.

“Queremos presentar nuestro enfoque de los proyectos de REDD+ directamente a las autoridades comunitarias, con el apoyo y la participación de FUNAI, con el fin de acercar a los pueblos indígenas y nuestras empresas”, dice la carta firmada por Juan Andrés López, de Carbo Sostenible; Alicia Micolta, de Yauto y Federico Ortiz, de Terra Commodities.

En marzo de este año, esta vez en una carta firmada sólo por Concepto Carbono, la empresa solicitó autorización para llevar un representante de Funai a Bogotá para “reconocer la estructura de las empresas que están apoyando la implementación del proyecto Jutaí REDD+, revisar los esquemas de trabajo”. La solicitud fue enviada a la presidencia de la FUNAI, pero no hay constancia de que la presidencia haya respondido a la solicitud. Sin embargo, el 24 de marzo de este año, un representante de FUNAI viajó a Bogotá a petición de los indígenas. Los gastos del viaje fueron cubiertos en su totalidad por las empresas.

Contactada por InfoAmazonia, FUNAI dijo que hubo una “solicitud para entrar en Tierras Indígenas para presentar un proyecto de carbono, pero sin identificar cuáles eran las Tierras Indígenas de interés”.

El organismo indígena reiteró que su recomendación siempre ha sido “que no se firmen contratos para la comercialización de créditos de carbono en tierras indígenas hasta que se regule la cuestión”. El organismo estatal también dijo que no tenía conocimiento de la situación actual de los proyectos en las tierras indígenas del Alto Solimões y que desconocía la existencia de precontratos firmados.

“La Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) no tiene conocimiento de contratos de carbono firmados en las Tierras Indígenas de Riozinho, Rio Biá, Estrela da Paz, Macarrão, Espírito Santo y Acapuri de Cima. Hay un proceso en la FUNAI que trata de una solicitud de la ONG Carbo-Terra para entrar en una tierra indígena con el fin de presentar proyectos de créditos de carbono, sin identificar, sin embargo, cuáles son las tierras indígenas de interés”, dijo la agencia. A pesar de informarnos de que el pedido provenía de una ONG, las tres empresas colombianas son empresas privadas y no Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como las clasificó la FUNAI.

Sueño universitario

“La universidad indígena beneficiará a varias comunidades. Hoy, nuestros estudiantes terminan el bachillerato y no tienen cómo continuar sus estudios, por eso creemos que el proyecto del carbono nos ayudará mucho a realizar este sueño”. Las palabras del profesor Francisco Romão resonaban en la cabaña donde nos reunimos con los líderes indígenas de la aldea de Bugaio, en la Tierra Indígena de Estrela da Paz, a principios de septiembre de este año.

Romão, uno de los principales defensores del proyecto universitario, sueña con la posibilidad de trabajar con libros en lengua kokama en las aulas y cree que se trata de un punto de inflexión para los indígenas de Solimões.

La cabaña estaba llena de gente. Los indígenas sirvieron pajuaru, una bebida alcohólica tikuna fermentada a partir de un tipo específico de mandioca, y contaron sus planes y sueños con la llegada del proyecto del carbono.

El jefe de la aldea, Vanildo Romão da Silva, continuó con sus preocupaciones sobre la educación, y dijo que la comunidad ya tiene un plan para utilizar el dinero del proyecto de carbono.

“Nuestro proyecto incluye escuelas de calidad para nuestra comunidad, un centro de salud, transporte, sostenibilidad, energía solar y protección forestal. Necesitamos educación superior para nuestros hijos”, afirmó el jefe, quejándose de la falta de apoyo de FUNAI. “Llevamos nuestras demandas a la FUNAI y casi nunca nos contestan, aquí estamos olvidados”.

João Braz, del Consejo de los Pueblos Indígenas Jutaí (Copiju), dice que sigue el desarrollo del proyecto de carbono con cautela y una dosis de esperanza. “Creemos en él porque nuestro pueblo necesita una mejor calidad de vida. Queremos creer que funcionará”.

Cuando le preguntamos si conocía las directrices de FUNAI, dijo que sabía que los organismos habían sido informados sobre el proyecto, pero que la comunidad nunca había recibido directrices en contra.

Los opositores al proyecto temen represalias

No todo el mundo está de acuerdo con cómo se han llevado las cosas en la región. Durante nuestra visita a los pueblos, escuchamos críticas e incluso resistencia al proyecto del carbono y cómo se ha usado la idea de una universidad indígena para impulsar los procesos. Los que están en contra prefieren no dar la cara por miedo a represalias.

En una de las comunidades, un indígena se acercó a nuestro equipo y preguntó: “¿Está bien que dejen entrar a los colombianos en nuestra tierra sin avisarnos?”.

Otra fuente expresó su preocupación por la situación irregular de la universidad: “Los jefes ya decían que sus hijos serían médicos, muchas madres y padres también creen en el proyecto, sueñan con una vida mejor para sus hijos. Pero ellos [la universidad] no tenían nada, empezaron a dar clases sin ningún criterio”, dijo otra persona que no quiso ser identificada.

Colombiano excluido del proyecto dice que hubo un “acuerdo”

En 2021, el colombiano José Antonio Pérez Manrique apareció en la región de Jutaí con el proyecto de universidad indígena. Se presenta como voluntario, asesor de los indígenas y coordinador general de una organización llamada Guardia Ambiental Indígena Internacional de la Amazonía, que, según él, gestiona universidades indígenas en Brasil, Colombia y Perú, y que aglutina al pueblo tikuna.

En Benjamín Constant, también en la triple frontera, hay un movimiento para crear la Universidad Indígena Diferenciada de la Alta Amazonia, que Pérez Manrique cita como uno de los proyectos de su organización. Pero según el cacique Eli Tikuna, que coordina el proyecto, el colombiano no tiene ninguna relación actual con la universidad, pero confirma que ha estado en la región y que la “experiencia no fue buena”.

“Ha estado aquí en nuestra región, ha trabajado con nosotros, pero no lo recomiendo especialmente. Él tenía la idea de un proyecto de carbono para financiar la universidad, pero no lo llevamos adelante”, dijo sin querer dar más detalles.

Pérez Manrique dijo a InfoAmazonia que el modelo educativo financiado con créditos de carbono permitiría a los indígenas poner en marcha sus planes de vida. La propuesta incluye la construcción de lo que él llama “ecoaldeas” y una serie de promesas para mejorar la vida de las comunidades. Y debe incluir un proyecto de carbono.

“Asesoramos a las comunidades en la creación de sus planes de vida basados en nuestra filosofía de proteger, conservar, restaurar y defender el bosque. Dentro del plan de vida creamos la universidad, y todo el proyecto se financia con créditos de carbono”, explicó.

Pérez Manrique cuenta que viajó con los indígenas de Jutaí a Bogotá, la capital de Colombia, donde presentó a los emprendedores vinculados a CommunityRedd+ a los indígenas. Preguntado por la autorización de la FUNAI o del gobierno brasileño para desarrollar los proyectos, afirma que los caciques “son las autoridades” para aprobar estos proyectos: “No hay ningún problema con eso, porque los indígenas pueden hacerlo”.

Según Pérez Manrique, el proyecto de carbono en Solimões está avanzado y debería generar créditos de carbono en breve. Sin embargo, dice que fue excluido del proceso por Concepto Carbono y acusa a los empresarios de traición.

“No me dejaron supervisar y fiscalizar el proyecto, ese fue el pacto que hicimos. Si no quieren hacer las cosas bien, hablaré con los jefes y cambiaremos de empresa”, dice, y asegura que denunciará a los empresarios.

“Han suspendido el dinero para el proyecto universitario. Los alumnos tienen que estudiar, este año hemos perdido clases, pero el año que viene se reanudarán. Si es necesario, los denunciaremos. Están sobornando a los indígenas”, dijo, pero sin aportar ninguna prueba a nuestro reportaje.

Consultado por su relación con Pérez Manrique, Juan Eduardo Hernández, de Concepto Carbono, dijo que “él no entiende qué es y cómo se desarrolla un proyecto REDD+. No vamos a aclarar algo que no necesita aclaración”.

El recién creado Ministerio de Pueblos Indígenas (MPI) respondió que está recopilando información sobre todos los proyectos de carbono en tierras indígenas para que su Fiscalía Jurídica los analice. El organismo también afirma que la falta de reglamentación sobre el tema ha dificultado la acción de las entidades indígenas, que muchas veces no son correctamente informadas sobre la realización de estos proyectos.

* Andrés Bermúdez Liévano (CLIP) colaboró con este reportaje que forma parte de una alianza periodística sobre el mercado de carbono en América Latina. Este reportaje producido por InfoAmazonia fue posible gracias a una beca de Journalismfund Europe, a través de Report for the World y una alianza con Mongabay Brasil.

Imagen principal: El jefe Afonso Maricaua, de la aldea Boa Vista. Foto: Christian Braga/InfoAmazonia.

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