- El estallido social más grande que ha tenido Panamá en las últimas décadas es por un contrato minero. ¿La razón? Fue aprobado de forma expresa y sin suficiente consulta ciudadana.
- En las protestas, los ciudadanos reclaman ahora el cierre de todas las minas. El conflicto ambiental se vuelve crisis y desborda todos los poderes del Estado.
Las protestas más grandes que ha tenido Panamá en tres décadas comenzaron el 23 de octubre, en vísperas de las fiestas patrias, con un par de cientos de personas en las vías. Pero dos semanas después de que el gobierno firmó un contrato de concesión minera con la multinacional canadiense First Quantum por hasta 40 años, en las calles de la ciudad hay más de 70 000 personas todos los días, otras tantas miles en las capitales del interior y pueblos remotos, y hasta en el mar: pescadores aceleraron sus lanchas por el golfo de Los Mosquitos hasta el puerto Punta Rincón, que controla la mina, con el mismo reclamo: Panamá libre de minería.
La irritación creció en un abrir y cerrar de ojos. Panamá venía de celebrar la llegada de la máquina con la que se construirá la línea de metro más importante de la ciudad y corría la noticia de que después de cuatro años, el país saldría de la lista gris de lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Pero lo siguiente fue una marejada de gente en la calle que atraviesa el corazón bancario del país y movimientos obreros en los cruces claves de la capital reivindicando con pancartas que “el oro de Panamá es verde”, en alusión a que la riqueza del país es su biodiversidad.
Es que en menos de una semana el Ejecutivo y el Legislativo de Panamá presentaron, aprobaron e hicieron entrar en vigor el contrato elevado a ley que ampara la operación de Minera Panamá, una mina de 13 000 hectáreas que desde 2019 extrae cobre, oro, plata y molibdeno de las entrañas del Corredor Biológico Mesoamericano, una franja de bosques que atraviesa Centroamérica y que es clave para la vida silvestre amenazada, pero que carece de protección legal en Panamá.
El hartazgo se multiplicó en el segundo día de protestas, cuando el presidente Laurentino Cortizo habló en cadena nacional, tras varios días sin hacer declaraciones, para defender el contrato. “El contrato ley aprobado logra para Panamá, entre otros beneficios, salvaguardar los 9 387 puestos de trabajo directos de la mina, con una planilla anual de 357 millones de dólares”, dijo. Además, prometió que a partir de la firma del contrato con la minera, ajustarían las pensiones de jubilados que ganan menos de 350 dólares al mes, y advirtió a los manifestantes que “haría cumplir la Constitución” y despejar las calles. La respuesta popular fue masiva: la Asamblea y la Presidencia se llenaron de varios miles de personas iracundas. Desde la punta de la marcha, en donde los sindicatos y ciudadanos comunes coreaban en contra del partido gobernante, era imposible ver el final. Era un río de rabia ciudadana.
“¡Somos más y no tenemos miedo!”, gritaba la multitud en la Plaza de la Independencia, con cientos de banderas ondeando. Hasta hoy se han registrado todos los días enfrentamientos entre manifestantes y policías que intentan disolver las protestas. Cuatro personas han perdido la vista tras las refriegas, según la Defensoría del Pueblo de Panamá.
El origen del conflicto
La mina está 180 kilómetros al norte de la capital, enclavada en el Corredor Biológico Mesoamericano que la ambientalista y ex vicealcaldesa de la capital, Raisa Banfield, describe como “una zona de bosques maduros, poco intervenidos y con una gran riqueza hídrica”. Ahí nacen ríos que vierten en el caribe y el pacífico panameño. Según la empresa, la mina es solo “un puntito” en el corredor mesoamericano, pero los ambientalistas aseguran que ha fragmentado la ruta de especies críticas como jaguares y águilas harpías.
Las controversias en torno a este contrato arrastran una historia más larga. En 2021, entró en vigor un fallo de la Corte Suprema de Justicia que había sido emitido cuatro años antes y que declaró la inconstitucionalidad del contrato anterior, por no haberse sometido a licitación pública.
Tras eso, el gobierno de Laurentino Cortizo negoció durante meses y con interrupciones abruptas un contrato que permitiera dar continuidad a la operación de Minera Panamá. Pero el borrador del nuevo contrato no tuvo respaldo popular: cuando la Asamblea Nacional empezó su debate, en agosto pasado, múltiples organizaciones ambientalistas y comunitarias denunciaron ante los diputados que el contrato lesionaba la soberanía nacional. Entre los principales argumentos estaba que el texto permitía que la multinacional solicitara prohibir los sobrevuelos sobre la mina, y autorizaba expropiaciones que fueron catalogadas por los opositores como “descontroladas”.
Además, el contrato dejaba ver un plan de expansión de la mina. “Es leonino y es un atentado contra (el poblado) Donoso”, advirtió un residente de uno de los poblados cercanos a la mina en referencia a la posibilidad de que se expropien tierras de campesinos para expandir la concesión. Lo mismo se escuchó en los cabildos que los diputados organizaron en los pueblos rodeados por la minera. Por otra parte, el contrato abría la puerta a que, sin licitación pública, empresas afiliadas a la multinacional First Quantum pudieran solicitar nuevas concesiones.
Con la polémica creciendo, la Asamblea Nacional devolvió el contrato, el Ejecutivo anunció la eliminación de algunos de los artículos más controversiales y lo presentó nuevamente. Desde entonces, el gobierno sostiene que es el mejor trato que ha hecho la República de Panamá: “No conozco contrato de concesión más consultado que este”, le dijo a la prensa el ministro de Comercio, Federico Alfaro, el día que los diputados reiniciaron el debate. Sin embargo, tras eso todo ha ido a peor.
El cruce de Pacora, una estratégica localidad ubicada a 40 kilómetros al este de la capital, ha estado bloqueada casi permanentemente. En la ciudad de Santiago, en el centro del país, más de 20 000 personas ocuparon la Panamericana. “Minería, fuera”, gritaban el primer sábado de protestas. Los bloqueos han hecho colapsar la cadena de suministro y las acciones de First Quantum, que bajaron 50 % en menos de una semana. Los primeros diez días de manifestaciones se saldaron también con casi 900 personas detenidas, según la Policía Nacional.
“El Ministerio de Comercio nunca le preguntó a la población si quería que el país tuviera vocación minera, y que el desarrollo político social del país estuviera supeditado a empresas extranjeras y mineras”, explica el biólogo Isaías Ramos, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).
En la nueva versión del contrato una cuestión clave quedó sin modificación: la poca capacidad de fiscalización ambiental de la actividad de la mina más grande de Centroamérica.
En julio de 2021, una tubería que llevaba agua con residuos grisáceos de la actividad minera colapsó, y el Ministerio de Ambiente no pudo ingresar al lugar del desastre sino cinco días después, con un fin de semana de por medio. El ministro, Milciades Concepción, reconoció en un programa de investigación de la televisora local TVN que a esas alturas no se pudieron recolectar muestras de evidencia sobre la situación, aunque la imagen inundó las redes sociales.
La ex vicealcaldesa de la capital, Raisa Banfield, asegura que el ministerio no ha generado informes de cumplimiento de la mina desde que el contrato quedó sin efecto en 2021. Aunque en medio de la crisis, el gobierno no atendió las peticiones de entrevista de Mongabay Latam, otras organizaciones ambientales confirmaron el dato. Desde entonces, explican, las autoridades solo auditan los informes que envía la minera. Hasta 2021, el proyecto acumulaba 209 denuncias por incumplimientos ambientales, con sanciones que superan los 11 millones de dólares. La mayor parte de las fallas tiene que ver con afectaciones a la biodiversidad y manejo de las fuentes hídricas (la mina usa 18 000 litros de agua por segundo del mar Caribe y de tres ríos de la zona, extracción por la que, según el Ministerio de Ambiente, no pagaba impuestos).
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Mina a la deriva
¿Cómo First Quantum llegó a controlar Minera Panamá? En 1997, Panamá le otorgó a la empresa Minera Petaquilla la concesión correspondiente al yacimiento de cobre de 13 000 hectáreas y 645 hectáreas bajo las cuales hay oro. En 2011, otra empresa canadiense, Inmet Mining, compró parte de esa concesión, la cual pasó a manos de First Quantum cuando ésta adquirió, en 2013, Inmet Mining. Dado estos movimientos, el contrato de Petaquilla es el mismo que amparó por años a First Quantum.
Petaquilla quebró tras escándalos de corrupción, denuncias de supuesta manipulación de acciones que involucran a la familia de un expresidente y problemas ambientales.
First Quantum adquirió la concesión del yacimiento de cobre cuando la Corte ya tramitaba demandas de inconstitucionalidad contra el contrato que inicialmente fue con Petaquilla y que luego heredó la multinacional canadiense. Pero mientras la justicia decidía sobre la legalidad de la mina, ese mismo tribunal frenó por cinco años una resolución que declaró área protegida la zona en donde están los yacimientos, tiempo en el que la multinacional presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para su proyecto.
Con su EIA aprobado, First Quantum abrió el tajo (diferente al que ya había hecho Petaquilla), construyó el centro de procesamiento y el puerto. Pero en el camino también llegó el fallo en contra del contrato. Lo que siguió fueron años de recursos, dilación y la no publicación del fallo de la justicia mientras First Quantum operaba sin contrato vigente. En cuatro años, la multinacional exportó a China, Japón, Corea del Sur, Alemania y España, 4 mil 900 millones de toneladas húmedas de concentrado de cobre extraídas de Minera Panamá.
“Han sido años de ilegalidades y de indefensión frente a gobiernos que no cumplen las leyes”, dice el biólogo Ramos, del CIAM. El contrato de First Quantum lleva años enfrentando oposición en pueblos campesinos como Donoso, La Pintada o Coclesito, en los entornos del proyecto, y los que se manifiestan por estos días en las calles denuncian a todos los gobiernos de los últimos 25 años. Cuando la marcha alcanza la Torre Miramar, uno de los rascacielos del centro de la ciudad, gritan consignas contra el presidente anterior, Juan Carlos Varela, quien también intentó la aprobación de un contrato minero en 2019, tres meses antes de salir del poder.
“La minería arrodilló a toda la clase política”, dijo un manifestante en la televisión local. En 2021, el gobierno se comprometió a acoger los resultados de un proceso de consulta pública llamada Pacto del Bicentenario, en el que miles de panameños pidieron, entre otras cosas, una moratoria indefinida a la minería a cielo abierto. En las marchas, los ciudadanos reclaman que no se cumplió.
El gobierno defiende que la empresa representa el 5 % del Producto Interno Bruto del país y que emplea a cerca de 10 000 personas. Pero un reporte de la casa matriz de la mina revela que durante los primeros nueve meses del 2023, la operación en Minera Panamá generó 2,233 millones de dólares, el 42 % de sus ingresos en todo el mundo, aunque no pagó impuestos por sus ganancias.
Ese es otro de los frentes de conflicto en esta historia: los especialistas denuncian que Panamá recibe poco en comparación con lo que gana la mina. Marcel Salamín, uno de los negociadores iniciales del contrato, se disgustó en 2021 y salió del equipo. Denunció que había renuencia a admitir que el cobre “le pertenecía a la nación panameña”.
Tras casi un año congelada, y con la intención del gobierno de rescatar el contrato y de la mina de interponer arbitrajes internacionales, la mesa de negociaciones llegó a un acuerdo en marzo pasado: con la entrada en vigor del nuevo contrato, la empresa se compromete a pagar 375 millones anuales a partir de octubre de este año. En pleno año preelectoral, la administración de Cortizo logró acordar, además, un aporte de 770 millones de dólares como pago retroactivo. Pero en la calle eso no convence a la gente, que grita “los millones para qué, si esa plata no se ve”.
Desde entonces la crisis se agudiza, First Quantum pidió un diálogo y los ciudadanos exigen el fin del contrato minero. Ante la crisis, el presidente Cortizo ofreció una moratoria a la actividad minera a cielo abierto que las organizaciones ambientales reclaman desde 2021, primero a través de un decreto, pero que tras la presión ciudadana se convirtió en ley. A partir de eso se cancelaron todos los trámites para la obtención de concesiones de exploración y extracción que estaban en proceso. La medida, sin embargo, no ha sido suficiente y ha recalado en lo que parece inevitable: buscar una puerta de salida segura al conflicto por el contrato con First Quantum.
La Corte Suprema debe fallar sobre ocho demandas de inconstitucionalidad contra el nuevo contrato, pero ya las dos procuradurías de Panamá adelantan que éste viola la Constitución porque, de nuevo, no se llamó a licitación pública, no hubo “consulta pública efectiva y previa” y no se midió el impacto ambiental.
De acuerdo con especialistas consultados por Mongabay Latam, las protestas suponen un cambio de paradigma en la sociedad. El sociólogo Enoch Adames sostiene que las manifestaciones son “un juicio histórico” al sistema de partidos, organizaciones privadas, diputados de gobierno y oposición, y a las instituciones públicas que apoyaron la entrada en vigor del contrato minero, pese los cuestionamientos ambientales que tenía a cuestas. A todo esto, además, se sumaron los escándalos de corrupción y la molestia ciudadana por la insuficiencia de los servicios públicos. “La conciencia crítica que despertó parece irreversible”, insiste Adames.
Panamá asiste a un momento clave de su historia, sostiene el sociólogo Enoch Adames: “Estamos en una situación límite. El descrédito (de la clase política) está por los suelos, como nunca. Es un laberinto que se ha creado producto de la codicia en la explotación de los recursos naturales”.
*Imagen Principal: Las protestas más grandes que ha tenido Panamá en tres décadas comenzaron el 23 de octubre. Foto: cedida por Luis Mendoza.
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