- En agosto pasado se entregó una concesión minera en la cuenca del río Nanay. Además, 38 solicitudes y concesiones se superponen total o parcialmente al río Marañón.
- Actualmente, el Congreso de la República debate un proyecto de ley para ampliar el plazo de inscripción de mineros en el Registro Integral de Formalización Minera, un mecanismo que es utilizado para evitar sanciones penales por minería ilegal.
De la lista de concesiones mineras aprobadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemment) en Perú en el mes de agosto una de ellas llamó la atención de ambientalistas, autoridades y población de Loreto. Se trata de la concesión denominada Raíces Gaddaffy, con una extensión de 1000 hectáreas, ubicada en el distrito de Alto Nanay, provincia de Maynas, región Loreto, en la Amazonía peruana.
La entrega de esta concesión despertó rechazo entre líderes indígenas, organizaciones civiles y expertos en medio ambiente, debido a que su polígono abarca parte de la cuenca del río Nanay, que en los últimos tres años ha sido invadida por dragas dedicadas a la minería ilegal de oro.
“Para nosotros esta concesión es un golpe múltiple y alevoso porque no solamente abre una posibilidad de legalizar la minería ilegal que ya está en la cuenca, sino que abre la puerta para otros pedidos que hay sobre sobre la misma cuenca”, señala José Munayama, del Comité de Defensa del Agua de Loreto.
No es la única concesión minera en la región Loreto que se superpone a un río. Un total de 59 títulos mineros —54 solicitudes y 5 concesiones tituladas— figuran en la provincia de Datem del Marañón; de ellos, 38 se superponen total o parcialmente al río Marañón, según el sistema de información geográfica Geocatmin del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).
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Minería ilegal en el río Nanay
“Es importante destacar que lo del Nanay no es un caso aislado”, dice Martín Arana, especialista de la Iniciativa Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación del Desarrollo Sostenible (FCDS) Perú, cuando se refiere a lo que está pasando en las cuencas de los ríos Nanay y Marañón.
En el caso del río Nanay, Arana precisa que existe una normativa regional que protege a esta cuenca y prohíbe la actividad minera. En el año 2003, el gobierno regional de Loreto emitió una ordenanza regional que “declara la cuenca del río Nanay como zona de exclusión para actividades de extracción minera y para aquellas que alteren la cobertura vegetal”.
Otras dos ordenanzas regionales protegen también al Nanay. Una de ellas emitida en el año 2008 que declara de interés público regional la conservación y protección de la cuenca del río Nanay y las cabeceras de cuenca de los ríos Mazán y Arabela en un área de poco más de 1 307 358 hectáreas. La otra fue emitida un año después, en 2009, y señala que declara de interés público regional la conservación y protección de las cabeceras de cuenca ubicadas en los ríos de la región Loreto, incluido el Nanay.
Estas normas no han sido suficientes para mantener sin minería al río Nanay, la principal fuente de agua de Iquitos, capital de la región, con alrededor de medio millón de habitantes.
El monitoreo satelital del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) ha registrado, por lo menos, 120 dragas en el río Nanay desde el año 2021, la mayoría dentro del Área de Conservación Regional Alto Nanay-Pintuyacu Chambira. Y aunque ninguna de ellas estaba dentro del espacio de la concesión, no se descarta que se desplacen hacia esa zona.
En julio de 2023, Mongabay Latam publicó un reportaje sobre cómo se ha extendido la minería ilegal en la región Loreto, principalmente en el río Nanay, con dragas inmensas que funcionan las 24 horas del día y que, incluso, cuentan con internet satelital. El reportaje también revela la presencia de una ruta clandestina en medio de la selva para llevar combustible y evitar los controles de las autoridades.
“Hay un problema del sistema y también de corrupción y desprecio por la vida humana que vulnera normas sin tener en cuenta el lugar estratégico que ocupa un río”, comenta Munayama. “El gobierno regional ha emitido esas ordenanzas que prohíben la minería en el río Nanay, pero eso no impide al gobierno nacional y sus instancias, como el Ministerio de Energía y Minas, entregar las concesiones. Ahí hay una inconsistencia”, agrega.
El decreto legislativo 1100 que regula la interdicción de la minería Ilegal específica que está prohibido el uso de dragas y otros artefactos similares en todos los cursos de agua, ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales, por tanto, cualquier actividad minera que utilice estos instrumentos en ríos y fuentes de agua es ilegal.
Ante la consulta de Mongabay Latam sobre la entrega de esta concesión, Ingemmet respondió que “las concesiones mineras en el Perú no ocupan ríos. Los ríos —incluyendo el Nanay— tienen una regulación especial que los cautela y la única autoridad que otorga derechos y gestiona las cuencas, agua, los ríos, lagos, lagunas, es la Autoridad Nacional del Agua”.
La entidad estatal también indicó que “una concesión minera no otorga ningún derecho a la tierra, al bosque, a las cuencas, al agua, a los ríos, lagos, lagunas, etc. Ni a ningún otro recurso o bien descubierto o por descubrir en el territorio peruano”. Ingemmet precisa que una concesión minera es un acto administrativo que no significa la ocupación del terreno y que el inicio de actividades extractivas mineras en un área específica está sujeto a los permisos que deben solicitar los concesionarios a diversas instituciones públicas.
En cuanto a la cantidad de concesiones mineras solicitadas en los últimos cuatro años en toda la región Loreto, Ingemmet indicó a Mongabay Latam que en el año 2020 se presentaron 37 pedidos, en el 2021 fueron 16, para el 2022 subieron a 21 y en lo que va del 2023 ya se han solicitado 53 concesiones, es decir, un 60 % más que el año anterior.
En Loreto no todas las concesiones mineras están dedicadas a la extracción de metales, también existe la minería no metálica, es decir, la extracción de piedras, tierras y materiales para la construcción.
Las concesiones mineras en el río Marañón
En el portal de Geocatmin se pueden observar las 59 solicitudes y concesiones registradas actualmente en Ingemmet. El mapa permite observar que todas colindan con el área de amortiguamiento de la Zona Reservada Santiago Comaina, área protegida asediada por la minería ilegal y otras actividades ilícitas.
Estos 59 títulos mineros se extienden sobre una superficie de más de tres mil hectáreas, de ellas 41 han sido solicitados en lo que va del 2023. “En la provincia de Datem del Marañón actualmente hay cerca de 60 títulos mineros, la mayor parte han sido solicitados este año, entre junio y septiembre, y se superponen a casi 90 kilómetros del curso del río Marañón”, señala Martín Arana, de Unidos por los Bosques de FCDS Perú.
En la zona donde se encuentran las solicitudes y concesiones mineras existe minería ilegal. Un reporte de MAAP del año 2021 daba cuenta de la presencia de esta actividad en medio del bosque colindante al río Marañón. En ese informe se había detectado, por lo menos, 20 puntos con actividad minera, así como posibles dragas en dos de estos lugares.
En el reporte de MAAP se observan imágenes satelitales de cómo ha ingresado la minería en zonas donde sólo existe bosque, muy cerca de los ríos. Las imágenes muestran los montículos de tierra característicos de los sitios donde se extrae oro. Estos restos de la minería ilegal muestran cómo avanza la depredación en medio de la selva. En algunos casos, el satélite muestra que la actividad empieza a orillas del río y se extiende hacia dentro del bosque.
“He revisado imágenes recientes del río Marañón y, esencialmente, esos focos de minería siguen activos y se ven las dragas”, señala Sidney Novoa, director de SIG y Tecnologías para la conservación de Conservación Amazónica–ACCA. “Se están dando concesiones en los lugares donde ya había minería ilegal”, agrega Novoa y explica que en el caso del Marañón existían zonas con actividad minera que no estaban dentro de ninguna concesión y que ahora presentan solicitudes para concesiones mineras.
El fiscal Bratzon Saboya, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Loreto, explica que en zonas del Marañón la actividad minera “no se hace en balsas dragas, sino que se realiza al costado del río, en el bosque, con maquinaria pesada y motores tipo traca”.
Saboya asegura que se utilizan las concesiones mineras para camuflar la actividad ilegal, pues el lugar del que extraen el oro no corresponde a la zona en un lugar donde se entregó la concesión o se instalan directamente en los ríos. “Usan la concesión como fachada para legalizar su actividad”, agrega el fiscal y comenta que durante las intervenciones realizadas en Datem del Marañón se han detectado zonas donde se estaba instalando infraestructura para realizar actividades mineras.
Un reporte de MAAP, publicado en septiembre de 2023, indica que son 11 los ríos de la región Loreto con registros de la presencia de dragas y embarcaciones dedicadas a la minería ilegal. El informe también indica que esta actividad ha impactado a 31 comunidades nativas y tres áreas naturales protegidas: el Parque Nacional de Yaguas, la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana y el Área de Conservación Regional Alto Nanay–Pintuyacu Chambira.
Los problemas del registro de formalización
Otro factor a tomar en cuenta en Datem del Marañón, donde se ubican las concesiones mineras, es la presencia de inscripciones que corresponden al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), sistema creado en el año 2017 para formalizar la minería artesanal y de pequeña escala que actualmente genera críticas debido a que aún no se ha concluido.
Si se observa el GeoMAPE de Ingemmet se puede ver que dentro de los títulos mineros hay 21 registros que corresponden al Reinfo. “Mucha gente que ha pedido concesiones o tiene concesiones, una vez que se abra el Reinfo va ampararse en el proceso de formalización minera, para inmediatamente empezar a operar”, señala César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales.
En la provincia de Datem del Marañón hay un total de 32 inscripciones en Reinfo, de ellas ocho están vigentes y 24 suspendidas. En la provincia de Maynas hay 91 inscripciones en Reinfo, de ellas 29 están vigentes y el resto, 62, suspendidas. En total, la región Loreto cuenta con 139 inscripciones en Reinfo: 38 vigentes y 101 suspendidas.
Cuando Ipenza menciona la apertura del Reinfo se refiere al proyecto de ley que actualmente se debate en el Congreso de la República, el cual propone que la inscripción a este registro quede abierto de forma permanente. El Parlamento ha aprobado la ampliación del plazo de formalización en más de una oportunidad, la última extensión ocurrió en diciembre de 2021, cuando se prolongó el plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. Ahora se pretende aprobar una norma que dejaría sin fecha de cierre este mecanismo de formalización, señala Ipenza.
“Lo que más perjudica a los operadores de justicia o hace difícil perseguir el delito en minería legal son las prórrogas de la inscripción en el Reinfo, que se está utilizando más allá de lo que realmente corresponde. Lo que ocurre en la práctica es que se está usando para evitar ser sancionados penalmente por el delito de minería ilegal”, señala Hugo Che Piu, presidente de la organización Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
“En el Perú existe este intento de modelo de formalización de actividades de minería que se considera informal”, señala Che Piu. Sin embargo, explica el experto de DAR, hay áreas restringidas para la minería en las que no se puede realizar esta actividad como son los ríos y las áreas protegidas.
Che Piu explica que con la constancia de inscripción al registro empiezan sus actividades mineras, pues la legislación protege a quienes están en proceso de formalización. “A la mayoría de mineros les interesa tener ese documento que, de alguna manera, los protege ante las autoridades. Con la inscripción en el Reinfo eluden las acciones de los operadores de justicia, porque justifican la actividad minera indicando que están en proceso de formalización”, comenta.
Otro tema adicional —dice— es el saneamiento de ese proceso de formalización, es decir, conocer quiénes están continuando y cumpliendo con este proceso de formalización y quiénes llevan años sin haber avanzado.
“Estos procesos obedecen a regulaciones y leyes excepcionales, por tanto, procurar que esto siempre se estén extendiendo o convertirlas en regulaciones permanentes genera incertidumbre, pero además debilita la institucionalidad ambiental del país”, señala Andrea Tello, coordinadora regional de la Oficina de Loreto de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Los gobiernos regionales —dice Tello— no cuentan con capacidades técnicas y económicas para seguir asumiendo procesos de formalización que han sido, como la misma norma lo ha indicado, excepcionales.
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Reclamos y amparos contra las nuevas concesiones
El pasado 19 de octubre, la población de Iquitos salió a las calles a protestar contra la concesión minera entregada en el río Nanay. A la marcha llegaron también comuneros de localidades ubicadas a lo largo de la cuenca del Nanay, quienes enfrentan directamente los impactos de la minería ilegal. Una segunda marcha, planeada para realizarse el 15 de noviembre, busca exigir que se anule la concesión entregada en este río.
Yusen Caraza, abogado especializado en medio ambiente y exfiscal de la FEMA de Loreto, ha presentado una Demanda de Amparo Ambiental ante el Juzgado Civil de Loreto solicitando que “se revierta la concesión otorgada de manera inconstitucional”.
Caraza también ha presentado la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima para denunciar al presidente ejecutivo de Ingemmet por “el otorgamiento ilegal de derechos”. Y una tercera denuncia ante la Contraloría General de la República para que investiguen si el procedimiento para la entrega de la concesión se realizó de manera correcta.
El exfiscal señala que su demanda en de Amparo se sustenta en el hecho de que la concesión está amenazando los derechos constitucionales de las personas a la paz, la tranquilidad y el disfrute del tiempo libre, así como gozar de un ambiente sano y equilibrado que sea adecuado al desarrollo de la vida, de la salud y del agua. “Estos derechos están establecidos en la Constitución y el otorgamiento de una concesión superpuesta a un recurso hídrico, es decir, al río Nanay, estaría vulnerando estos derechos constitucionales. A pesar de todas las prohibiciones existentes en las normas administrativas, igual han otorgado la concesión”.
Caraza también menciona las ordenanzas regionales del 2003 y del 2008 que de manera explícita protegen al río Nanay. “El funcionario público que ha entregado la concesión no ha observado la normatividad de las ordenanzas regionales. Además, la Ley de Recursos Hídricos establece que las zonas de protección del agua son áreas específicas de las cuencas hidrográficas o acuíferas cuyas características naturales requieren ser preservadas para proteger o restaurar el ecosistema y para preservar fuentes y cuerpos de agua así como sus bienes asociados”, agrega Caraza. “Esto se encuentra dentro de una zona de protección de estos recursos hídricos y no se podría autorizar el otorgamiento de la concesión”.
La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) emitió un pronunciamiento en rechazo de la concesión aprobada en la cuenca del río Nanay, exigiendo la inmediata declaración de su nulidad por tratarse de una amenaza hacia la vida, para el medio ambiente y la salud humana.
“Advertimos que al otorgar el título de dicha concesión minera con un área de 1000 hectáreas en la cuenca alta del Río Nanay se estaría poniendo en riesgo la vida de medio millón de habitantes que viven en Iquitos y de las comunidades ribereñas e indígenas aledañas, debido a que es su principal fuente de agua”, señala el comunicado.
El gobierno regional de Loreto anunció que no entregará ninguna autorización de exploración minera en la cuenca del Nanay. Según la legislación peruana, luego de que se otorga una concesión minera el titular de ésta debe tramitar el permiso para iniciar sus actividades ante la Dirección General de Minería del Gobierno Regional.
Además, la Municipalidad Provincial de Maynas ha impugnado ante el Consejo de Minería la resolución que otorga la concesión minera Raíces Gaddaffy.
* Imagen principal: Vista aérea de dragas en el río Nanay. Foto: FEMa Loreto.
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