- Política y economía se conjugaron contra las cuestiones ambientales en 2023. La parálisis parlamentaria y recortes presupuestarios frenaron la mayor parte de las iniciativas.
- La sombra del petróleo offshore oscurece el futuro del Mar Argentino. La pérdida de bosques nativos, por deforestación o incendios, sigue sin detenerse.
- El incumplimiento de las normas de información previa y participación popular en proyectos que afectan al medio ambiente y a las comunidades crea conflictos en varios puntos del país.
En el país más austral del continente, el medioambiente padeció un 2023 aún más difícil que los años anteriores. Las razones pueden dividirse entre las que llevan décadas de arrastre —deforestación incesante, pérdida de biodiversidad, degradación del suelo, contaminación por agroquímicos…—; alguna puntual, como el fenómeno climático de La Niña que prolongó la sequía por tercer año consecutivo, y sin duda, en la profunda crisis política y económica que vive Argentina.
Argentina vivió 365 días de frenesí electoral. A los comicios presidenciales —tres etapas que abarcaron desde agosto hasta noviembre— se le sumaron las elecciones en la mayoría de las provincias que se fueron celebrando a lo largo del año, lo que derivó en una parálisis legislativa que afectó a los proyectos de leyes ambientales que esperaban su posible aprobación. Entre ellos, el tantas veces postergado de protección de los humedales; o el de envases, cuyo fin es que los productores se responsabilicen por la gestión de los residuos que generan aquello que fabrican.
La situación de la economía fue incluso más grave. Una inflación desbocada, que puede terminar el período en torno a un 180 %; una moneda depreciada en un 50 % y una escasez crónica de reservas en el tesoro nacional impulsaron a recortar los presupuestos de diferentes áreas del Estado. Las consecuencias fueron, por un lado, el freno a numerosos programas relacionados con la conservación. Por otro, los intentos de aceleración de las prácticas extractivistas con el fin de sumar divisas, sin tener demasiado en cuenta la licencia social ni los estudios de impacto ambiental para ejecutarlas.
El Overshoot Day, o Día del Exceso de la Tierra, es el instante del año en el cual el consumo y producción de recursos supera la capacidad para regenerarlos. En 2023, la organización Global Footprint Network, que se ocupa de medirlo basándose en la huella ecológica, lo estableció en el 2 de agosto; en Argentina, en cambio, fue el 24 de junio, más de un mes antes. Según este dato, harían falta 1,7 planetas para satisfacer los recursos y servicios ambientales requeridos por la población mundial. “Pero si en todas partes se explotaran los recursos naturales como lo hacemos en Argentina se necesitarían alrededor de dos planetas”, dice Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina para resumir la situación.
Para completar el preocupante panorama, Javier Milei, quien resultó vencedor en los comicios y asumió el gobierno el 10 de diciembre, es un negacionista de la responsabilidad humana en el cambio climático, aunque sus primeras medidas en cuestiones ambientales han sido contradictorias. Por un lado, el que era ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fue fragmentado en varias áreas. De la transición energética se ocupará la Secretaría de Energía; de los parques nacionales, la nueva Subsecretaría de Ambiente; y de las negociaciones climáticas, el ministerio de Relaciones Exteriores.
Pero por otra parte, y en contraposición a lo manifestado por el nuevo presidente durante la campaña electoral, las flamantes autoridades decidieron enviar una representante a Dubai para participar de los últimos debates en la COP28. Con su presencia en Emiratos Árabes, Marcia Levaggi intentó llevar tranquilidad sobre el rol que adoptará el país en esta materia: “Argentina seguirá comprometida con el Acuerdo de París y cumplirá con todas sus obligaciones”, afirmó quien tendrá a cargo estos temas durante los próximos cuatro años.
Lo malo: proyectos que avanzan sin licencia social
A mediados de abril, la ciudad de Buenos Aires fue sede de la segunda Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, un tratado ratificado por 15 países de América Latina y el Caribe que busca proteger a los defensores medioambientales, pero que también se ocupa de dar pautas concretas sobre cómo deberían ser el acceso a la información y la Justicia, y la participación pública en asuntos ambientales.
“En Argentina, por suerte, no se dan casos de asesinatos, pero tenemos otros problemas, relacionados fundamentalmente con los derechos a la participación e información”, señala Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) e integrante del Comité de Cumplimiento del Acuerdo.
El año conoció demasiados sucesos que dieron cuenta de este tipo de conflictos. El más grave ocurrió en la provincia de Jujuy y afectó sobre todo a las comunidades de pueblos originarios que habitan las zonas de salares, epicentro de la “fiebre del litio”.
Jujuy es una de las áreas donde se encuentran las mayores reservas mundiales del “oro blanco”, metal indispensable para la transición energética. El gobierno provincial promulgó en tiempo récord (tres semanas) una reforma de la Constitución local que, entre otros puntos conflictivos, incluye facilidades para las empresas interesadas en explotar el litio de los salares. El hecho de hacerlo sin comunicar previamente su contenido ni tener en cuenta el pensamiento de la población alentó el levantamiento.
“Gracias a ese rechazo generalizado, las comunidades atacamas pusieron sobre la mesa sus demandas territoriales y sus derechos a la consulta previa, libre e informada”, explica Natalia Morales, diputada provincial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. La inacción de la administración jujeña en el otorgamiento de títulos de propiedad de la tierra a las familias indígenas y el uso desproporcionado de la escasa agua dulce de la región generó las quejas y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
El escaso respeto a la opinión de los vecinos acerca de emprendimientos económicos y sus consecuencias se repetiría en varios puntos del país, desde el Chaco hasta la Patagonia.
En Santa Cruz, en el extremo sur continental, la llegada de nuevas turbinas procedentes de China fueron la principal novedad en la construcción de las mega represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Iniciadas en 2008, el objetivo es embalsar en dos puntos de su cauce el río Santa Cruz, el último que corre sin obstáculos desde los glaciares andinos hasta el océano Atlántico.
En esta década y media, la resistencia al proyecto contó con el apoyo de organizaciones ambientalistas, científicos, comunidades mapuches de la zona y hasta de instituciones oficiales que criticaron con dureza el estudio de impacto ambiental y alertaron del peligro de derrumbe porque una de ellas, la Néstor Kirchner, se encuentra en un área sísmica. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía debe decidir sobre una demanda que solicita la nulidad de las obras por dichas deficiencias, pero mientras la sentencia se demora año tras año, los trabajos siguen adelante. “Este proyecto sólo se lleva adelante porque hay que cumplir compromisos políticos que se contrajeron con China”, señala Nápoli.
La entrada en vigencia de Escazú abre una nueva ventana para que las voces disidentes con este tipo de emprendimientos se escuchen de manera efectiva. “En Argentina, el Acuerdo es una ley nacional que se puede hacer valer en la Justicia, y el país ya presentó su plan de implementación, lo que demuestra cierta voluntad del Estado nacional de cumplir sus normas, pero el federalismo ambiental de nuestro país es único en la región, las provincias tienen potestad en el dominio de sus recursos naturales y a veces ofrecen una gran resistencia para avanzar en el cumplimiento de algunas disposiciones”, concluye Nápoli.
Lo peor: un mar en serio peligro
Prospecciones sísmicas en una zona de especial relevancia, al tratarse de un corredor biológico para la fauna marina; el proyecto de construcción de un puerto petrolero frente a un refugio de la ballena franca austral; miles de elefantes marinos muertos por una epidemia de gripe aviar; audiencias públicas escandalosas y una denuncia sin respuesta por una campaña de manipulación publicitaria.
Este auténtico tsunami de malas noticias para la conservación y la buena salud de las aguas que sacudió las profundidades y las costas del Mar Argentino durante todo 2023 se explica, básicamente, por la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiación para escapar de la crisis económica. El caso de los elefantes marinos (Mirounga leonina), infectados por el virus de gripe aviar H5N1 que se detectó en aves de toda la costa argentina, fue la única excepción.
El buque BGP Prospector, perteneciente a la compañía noruega Equinor, comenzó su actividad sísmica el 9 de octubre a unos 300 kilómetros de distancia de las playas de Mar del Plata, la principal ciudad de vacaciones del país. Andrea Michelson, coordinadora del Foro para la Conservación del Mar Patagónico, subraya la razón principal por la que genera preocupación: “El barco trabaja en el talud continental, un área de alta productividad donde se han registrado hasta 500 especies de peces, más de 70 de aves, casi 50 de mamíferos, 3 de tortugas y 913 de moluscos”.
Menos de un mes más tarde, la Corte Suprema de Justicia desechó los reclamos contra la explotación offshore que las asambleas comunitarias presentaron a partir de que el Ministerio de Ambiente dio luz verde a las prospecciones. La medida habilitó también las tareas en el pozo exploratorio Argerich-1, que perforará el lecho del Atlántico hasta los 1527 metros. Su objetivo es comprobar la certeza de los estudios preliminares que prometen la producción de 200 000 barriles de petróleo diarios en la cuenca, para instalar plataformas en una zona donde los científicos alertan que cualquier percance sería muy difícil de controlar. Aun así, FARN anunció que elevará a dicha Corte Suprema una última apelación para que se realice un Estudio Ambiental Estratégico “que contemple también las alternativas energéticas y los costos y beneficios en el marco de una transición justa”.
Unos 1200 kilómetros más al sur, la construcción de un oleoducto que conectará el yacimiento no convencional de gas y petróleo de Vaca Muerta con un nuevo puerto petrolero en Punta Colorada, sobre el Golfo de San Matías, sigue el mismo hilo conductor. El proyecto de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la empresa petrolera que controla el Estado argentino, busca abaratar los costos de transporte de los hidrocarburos que se extraen a 600 kilómetros de distancia, en el interior de la Patagonia.
El puerto estará situado 8 kilómetros al sur del Parque Nacional Islote Lobos, donde se encuentra la colonia reproductiva más septentrional del pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus); y otros 8 kilómetros al norte del Área Natural Protegida Puerto Lobos. San Matías es un sitio que en los últimos años ha vuelto a ser zona de paso y reproducción de la ballena franca austral (Eubalaena australis). Allí desova la merluza (Merluccius australis), el principal producto de la industria pesquera nacional, y su límite sur es la Península Valdés, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.
“Cuando se trasvasa el petróleo del oleoducto a los barcos hay una pérdida de hidrocarburos que irá cayendo cada día al mar, y como en el golfo las aguas se mueven con más lentitud va a ser imposible descontaminar el espacio”, explica Suyhay Quilapan, referente de la Multisectorial Golfo San Matías que encabeza la resistencia al nuevo puerto. Si la idea se concreta, los grandes mamíferos del mar no sólo deberán enfrentarse a los potenciales derrames y microderrames, sino también al incremento del tráfico, el impacto acústico y las posibles colisiones.
En este caso, las irregularidades también estuvieron a la orden del día. El gobierno de la provincia de Río Negro, donde se encuentra Punta Colorada, modificó una ley que justamente protegía el golfo contra cualquier actividad petrolera. Más tarde, la Justicia local rechazó un pedido de inconstitucionalidad del cambio en la legislación. Por fin, en octubre, las autoridades provinciales y de YPF impidieron el ingreso a las audiencias públicas de quienes pretendían manifestar su rechazo al proyecto y hubo ataques de grupos organizados contra los integrantes de la Multisectorial.
El accionar de la empresa ya había sido denunciado meses antes por el conflicto en Mar del Plata. En ese caso, YPF habría encargado a Eonia, una consultora “fantasma”, una campaña de manipulación informativa con el fin de lograr licencia social a favor de la explotación offshore. Los denunciantes, la Asociación de Abogados Ambientalistas y el movimiento XR, Rebelión o Extinción, documentaron con el material impreso la existencia de la campaña. Ni YPF ni Eonia emitieron un comentario sobre el tema.
Lo cotidiano: la deforestación nuestra de cada día
Los números son categóricos. De acuerdo con los últimos datos de la organización Greenpeace a partir de la comparación de datos satelitales, entre enero y septiembre de este año se perdieron 90 755 hectáreas de bosque nativo (equivalente a 4,5 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires) solo en la región del Chaco argentino, un incremento del 21 % respecto al mismo espacio de tiempo en 2022. A su vez, la Brigada de Incendios Forestales comunicó que el número de estos eventos registrados en el país aumentó un 24,3 % entre enero y octubre.
Por uno u otro motivo, las áreas que conservan sus coberturas vegetales naturales y cobijan la fauna propia de los ecosistemas disminuyen de manera dramática año tras año. “En 2023 hay más desmontes que en 2022, pero 2022 fue peor que 2021, y ese año a su vez peor que 2020”, enumera Ricardo Tiddi, físico, técnico en cartografía digital e integrante de la organización Somos Monte. Se refiere a lo que sucede en Chaco, la provincia que lidera la deforestación de los últimos meses con 41 848 hectáreas. El propio Luciano Olivares, quien fue subsecretario de Desarrollo Forestal del distrito, admite esa aceleración “desde el segundo semestre de 2021”.
El agravante es que más del 70 % del trabajo de las máquinas que arrasan el bosque tiene lugar en zonas presuntamente protegidas. Es decir, se trata de deforestaciones ilegales. La situación llegó a tal punto que la Corte Suprema de la Nación anunció que comenzará a investigar lo que está pasando en las cuatro provincias del Chaco Argentino: Santiago del Estero, Formosa, Salta y Chaco. Lo hizo en respuesta a un pedido de amparo efectuado por Greenpeace para proteger el hábitat del yaguareté o jaguar (Panthera onca), Monumento Natural Nacional en peligro de extinción.
“Existe un problema: el sistema no disuade”, señala Martín Mónaco, y agrega: “La Ley de Bosques [promulgada en 2008] dice que cualquier desmonte ilegal o incendio debe restaurarse, no puede ponerse en producción. Pero es un artículo que se incumple. No hay instancia judicial, y cuando la hubo los jueces acabaron negociando planes de reforestación más que de restauración. Para muchas provincias la ley es un problema, porque sus planes de desarrollo implican deforestar”.
Tampoco se trata del único incumplimiento de dicha legislación. Según la norma, el dinero asignado para su correcta aplicación debería ser equivalente al 0,3 % del presupuesto anual de la nación, algo que nunca sucedió desde que la ley entró en vigor. De hecho, en el presupuesto proyectado para 2024 apenas alcanza el 7,37 % de lo que debería ser. “Argentina posee más de 50 millones de hectáreas de bosques y la cifra destinada para cuidarlos es de unos 300 pesos anuales [0,80 dólares] por hectárea. Es imposible que esto alcance para cuidar un bosque de manera adecuada”, enfatiza Manuel Jaramillo, director de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
La provincia del Chaco, además, aportó su cuota de conflicto respecto a participación popular en medidas que afectan el medioambiente. Chaco suma diez años de demora en la actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y el actual proceso ha tenido tantas irregularidades como interrupciones.
El último capítulo fue una convocatoria de audiencias públicas realizadas en septiembre, medida muy criticada por organizaciones ambientalistas y gente de la ciencia. “Todo el proceso debería declararse nulo”, subraya Matías Mastrángelo, biólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y analiza porqué: “Hubo varios pasos administrativos previos que no se cumplieron y el nuevo mapa no responde a los procedimientos técnicos establecidos. Pero además no se informó con anterioridad a la población sobre qué materia iban a tratar las audiencias, no se presentó el mapa, y las sedes elegidas fueron predios de asociaciones forestales que presionan por tener más áreas para deforestar”.
Una muestra más de que la implementación del Acuerdo de Escazú es una de las grandes deudas ambientales que deja pendiente Argentina en 2023.
Lo bueno: ganadería integrada y agricultura orgánica
La producción agropecuaria ha sido desde siempre, y continúa siendo, el principal motor económico del país. En los últimos 30 años, la siembra directa de semillas transgénicas, por un lado, y la capacidad de adaptación de nuevas pasturas a climas hostiles, por el otro, han expandido las fronteras de cultivos y de cría de ganado hasta límites impensados. Sus consecuencias ambientales pueden verse, por ejemplo, en la contaminación del agua y el aire por los agroquímicos, la deforestación o la compactación de los suelos.
En un intento por comenzar a remediar la situación, en junio fue presentado el Plan de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), y en octubre fue aprobada la Ley de Promoción de Producción Orgánica, destinada a fomentar la agroecología.
“La realidad es que la ganadería avanza hacia zonas más marginales desde el año 2000 en detrimento del bosque, porque Argentina es un país ganadero y porque es una actividad rentable. Partiendo de esa base, creemos que el MBGI puede ser una buena herramienta que permite tener vacas evitando las deforestaciones masivas y conservando los bosques nativos”, explica Martín Mónaco, director general de Bosques de la Nación.
El Plan genera cierta controversia, aunque en general ha sido bien aceptado desde la acera del ambientalismo. “La ganadería dentro de los bosques existe y si se hace bien esta puede ser una manera de manejarla”, opina Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace. “Siempre y cuando se haya aprendido de los errores cometidos con el viejo sistema silvopastoril [una modalidad semejante que en la práctica derivó en campos deforestados con solo algunos árboles en pie] su aplicación puede ser interesante”, sostiene Paula Soneira, ex subsecretaria de Ambiente y Diversidad del Chaco y actual asesora de la ONG Aves Argentinas.
Algo semejante ocurre con la ley que otorga beneficios fiscales durante diez años a los productores de agricultura orgánica. “Es una norma que permitirá cuidar nuestros recursos naturales, arraigar a los habitantes rurales y generar divisas, ya que Argentina exporta la mayor parte de esta producción”, asegura Ramiro Fernández Patri, el diputado que la propuso.
También en el sector agrícola, Santa Fe se convirtió en la provincia pionera en impulsar la verificación de la producción agropecuaria libre de deforestación mediante un sistema de trazabilidad. Y Rosario, su principal puerto, registró en noviembre el embarque de la primera partida de soja argentina en contar con un certificado de trazabilidad que garantiza que el producto no procede de campos deforestados.
* Imagen principal: En 2023, Greenpeace denunció que la mayor pérdida de cobertura forestal en Argentina sucedió en Chaco y Santiago del Estero, donde la mayoría de los desmontes son ilegales. Foto: Greenpeace Argentina.
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