- Colombia no logra revertir la tendencia que, desde hace ya unos años, colocó al país como el más peligroso para los defensores ambientales y del territorio.
- Aunque la nación ratificó el Acuerdo de Escazú a finales de 2022, el tratado aún no entra en vigor porque está en proceso de revisión en la Corte Constitucional.
- Los expertos entrevistados por Mongabay Latam coinciden en que la mejor noticia del 2023 para el sector ambiental en Colombia fue el aumento al presupuesto.
En 2023, el presidente de Colombia Gustavo Petro mostró su intención de priorizar los temas ambientales, tanto en su discurso como en las políticas. Su Plan Nacional de Desarrollo propuso un ordenamiento alrededor del agua y de la vida. También, por primera vez, se hizo una adición presupuestal al Ministerio de Ambiente y se creó un fondo que contará con recursos destinados para la gestión ambiental y para los proyectos de inversión en comunidades. El año estuvo lleno de promesas, ahora lo difícil, según los expertos, será implementarlas.
El gobierno actual se ha mostrado abierto al diálogo social. Sin embargo, “en el afán de la apertura, se han generado compromisos que no son posibles dada la estructura institucional actual y el factor de conflicto armado en el que están sumidos hoy los territorios”, considera Carolina Gil, directora de Amazon Conservation Team (ACT).
Petro también ha dejado clara su intención de convertirse en un líder regional que busca proteger la vida y hacer frente a la crisis climática. Después de poco más de un año de su gobierno, aún no queda claro cómo será la puesta en marcha de todas las acciones propuestas.
Uno de los temas ambientales clave del 2023 fueron las cifras sobre deforestación. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó su último reporte y anunció un retroceso considerable en la pérdida de bosque, resaltando una desaceleración importante sobre todo en la Amazonía. Sin embargo, algunos expertos que han analizado las cifras y aportado nueva información, consideran que esos datos hay que tomarlos aún con reserva. También hay que considerar, como le dijo el exministro Manuel Rodríguez a Mongabay Latam, que pudieron incidir otros factores que desincentivan la tumba y quema de bosque, así como las lluvias causadas por el fenómeno de La Niña.
A la par, los grupos armados ilegales mostraron el fuerte control que siguen teniendo en varios territorios. Esta situación se hizo evidente de múltiples formas. Y una de ellas es la violencia que persiste en contra de quienes defienden el ambiente y el territorio.
Estos son algunos de los temas ambientales que marcaron el año en Colombia, de acuerdo con los expertos entrevistados por Mongabay Latam.
Lo grave: el riesgo de defender el ambiente y la violencia en los territorios
Colombia volvió a ocupar el primer puesto en el ranking de los países más peligrosos para los defensores ambientales. En el 2022 asesinaron a 60 líderes que abogaban por la protección de la naturaleza y el territorio, casi el doble que en el 2021, de acuerdo con el último informe de la organización internacional Global Witness.
En el 2023 el riesgo se mantuvo. En el informe del primer semestre de este año, el programa Somos Defensores registró 466 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, del ambiente y del territorio. De esas, 85 fueron asesinatos y casi 280, amenazas. “Esas cifras lo que nos evidencian es que si bien hay una apertura importante del actual gobierno para que se pueda ejercer la defensa de los derechos humanos, no se han podido contener los factores que están generando la violencia en los territorios… El balance en efecto no es positivo y lo que demuestra es que la conflictividad sigue”, asegura Pilar Castillo, directora ejecutiva de la Asociación Minga, que forma parte del programa Somos Defensores.
El control de los territorios por parte de los grupos armados ilegales se hizo aún más evidente este año con los ceses al fuego bilaterales. Si bien esas medidas se tomaron con el objetivo de minimizar la violencia, lo más probable es que estén generando efectos contrarios por la falta de una correcta verificación.
Andrés Macías, docente e investigador de la Universidad Externado y doctor en estudios de paz y conflicto, explica que, al tratarse de un cese bilateral, la fuerza pública queda maniatada incluso para intervenir cuando hay disputas territoriales entre grupos ilegales.
El problema es que esos enfrentamientos atentan contra el bienestar de la población o el medio ambiente y, en ese caso, el Estado tendría que actuar para proteger a las comunidades, pero si interviene se convierte en una violación al cese. “Todo en el marco de una incertidumbre muy grande porque no hay una correcta verificación”, dice Macías, resaltando que la población termina siendo utilizada por esos grupos.
Por otro lado, si estos grupos persisten en el control de economías ilegales, el Estado tendría que actuar contra la economía criminal, pero eso —explica el investigador— también lleva a que adelante acciones ofensivas y, por ende, viola el cese al fuego. “Los grupos ilegales saben sacar provecho de eso y logran instrumentalizar a la comunidad, que termina rechazando a la fuerza pública (…) Y la fuerza pública, por respetar derechos humanos y evitar confrontaciones con la población, termina saliendo. Y todo esto afecta el contexto de seguridad del país y es bastante negativo”, puntualiza.
Ese contexto no es favorable para las comunidades, ni para la protección de la naturaleza y mucho menos para los defensores ambientales. Por eso, Pilar Castillo considera necesario que el gobierno se comprometa a avanzar en la construcción de la política pública de defensa de Derechos Humanos y a garantizar que los mecanismos existentes funcionen. Y en ese sentido, lamenta que el año termine y no se haya instalado la Mesa Nacional de Garantías, un espacio que busca el diálogo entre las organizaciones y el Gobierno para concretar acciones que apunten a garantizar la labor de los líderes y lideresas.
Todo esto se suma también a que Colombia aún no forma parte del Acuerdo de Escazú, el primer tratado internacional que reconoce el deber de los Estados de Latinoamérica y el Caribe, entre otros temas, de proteger a los defensores ambientales. Si bien el gobierno lo ratificó el año pasado, el tratado se encuentra desde entonces en proceso de revisión en la Corte Constitucional, que debe determinar si es acorde o no a la Constitución.
La duda: ¿reducción de la deforestación?
Frenar la pérdida de bosque ha sido tal vez uno de los mayores desafíos ambientales de los últimos años en el país. Según el Ideam, Colombia logró bajar el número de hectáreas deforestadas al pasar de 174 103 en 2021 a 123 517 en 2022. Eso representa una reducción del 29.1 %. Una de las sorpresas fue Caquetá, que pasó de ser el departamento amazónico con mayor aumento de la deforestación en el 2021 a convertirse en el que tuvo la principal reducción en el 2022 con un 50 %. Y la tendencia para el 2023, según aseguró la ministra Muhamad, podría mantenerse.
Pero las cifras generan cierto sin sabor si se tiene en cuenta que, de acuerdo con Carolina Gil, el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) “que solía emitir informes trimestrales con las tasas de deforestación, no ha generado ningún informe público durante este gobierno”. Eso significa que no hay datos actualizados al 2023.
Por otra parte, aunque el gobierno ha sacado pecho por la desaceleración de la pérdida de cobertura vegetal en el país, esas cifras no se deben solamente a una acción gubernamental. Como lo mencionan varios expertos, las órdenes del Estado Mayor Central (EMC), un grupo disidente liderado por alias Iván Mordisco y compuesto por excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), deben ser tomadas en cuenta. El EMC ha mantenido el control de la deforestación en los territorios en los que tiene influencia, “con unos costos sociales en términos de democracia y gobernanza muy altos, porque además de hacerlo a través de amenaza y de coacción armada, también ha sido con desplazamiento, amenaza y coerción sobre las instituciones públicas que tendrían que estar trabajando en estos procesos. El costo es demasiado alto para celebrar esa reducción”, explica Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) .
La celebración sería, añade Botero, que la cifra se pudiera mantener estable sin que hubiera una ecuación armada y que, al contrario, ocurriera un traspaso en términos de las funciones, del control territorial, de gobernanza local y de participación de las comunidades. “Yo creo que eso dependerá de las negociaciones con el EMC”, manifiesta, y destaca que se ponga sobre la mesa de una manera tan clara, por parte de un grupo armado —que está en conversaciones de paz con el gobierno—, la posibilidad de discutir temas tan complejos como la deforestación, la frontera agropecuaria, los acuerdos de conservación en áreas sensibles, entre otros. Por primera vez, dice el experto de la FCDS, un gobierno está incluyendo en una política de paz el tema ambiental como un elemento central para encarar la crisis climática, alimentaria y de paz en el país.
Esto no significa, claro está, que antes no se hubieran abordado temas específicos en las anteriores negociaciones. El exministro de ambiente Manuel Rodríguez destaca que en los diálogos con las FARC hubo una comisión de ambientalistas en Cuba y, por ejemplo, el buen uso del suelo estaba dentro del tema de la reforma agraria. “¿Qué tan importante es que ahora [lo ambiental] sea el eje? No lo sabemos. Aún no se sabe hasta dónde lo van a llevar (…) El proceso de paz está muy enredado”, manifiesta.
Rodríguez cree que en la disminución de la deforestación no solo tuvieron que ver las órdenes del EMC, el fenómeno de La Niña también pudo tener influencia. “Estuvo muy húmeda la Amazonía el año pasado”, dice.
Por otra parte, no se puede desconocer el trabajo que han hecho las comunidades y varias organizaciones de la sociedad civil con proyectos de conservación, reforestación, restauración y reconversión productiva que ya empiezan a mostrar resultados. Los cálculos de Rodrigo Botero son los siguientes: 2500 familias que atiende el Estado, a través de fondos propios e internacionales, y otras 2000 familias atendidas por organizaciones no gubernamentales en diferentes zonas de la región Amazónica que tienen procesos que se han consolidado en el tiempo.
Más allá de los factores que incidieron, estas nuevas cifras sobre la reducción en la deforestación, según el gobierno, generan las condiciones para que Colombia logre un posible pago por resultados en el marco de la Declaración Conjunta de Intención (DCI), firmada en la Cumbre de París en 2015, que fijó como meta reducir la deforestación a 155 000 hectáreas o menos por año.
Lo preocupante: resguardos indígenas y Parques Naturales acorralados por economías criminales
El departamento del Putumayo, que limita con Ecuador y Perú, presentó un incremento en la pérdida de cobertura vegetal en los primeros reportes del 2022 del Ideam. En este caso, el motor de la deforestación eran los cultivos de uso ilícito, según la ministra Muhamad. Una afirmación que se confirmó con el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que reportó un aumento de terrenos plantados con coca del 13 % en el 2022: fueron 230 000 hectáreas sembradas en el país. Solo Putumayo concentró el 77 % de ese incremento neto.
Se desconocen aún las cifras del 2023, pero esto pone sobre la mesa otro asunto: las economías ilegales que financian a los grupos al margen de la ley y que tienen acorralados a pueblos indígenas, campesinos y funcionarios de instituciones públicas, como guardaparques de las áreas protegidas, quienes han llegado a ser declarados objetivos militares por intentar ejercer autoridad, tal como lo registró Mongabay Latam en una de sus investigaciones.
El más reciente informe de la Unodc lo confirma: los cultivos de coca aumentaron un 21,5 % en los Parque Nacionales Naturales y un 18 % en los resguardos indígenas. En el caso de la Amazonía, 218 de estos territorios ancestrales perdieron más de 19 181 hectáreas de bosque en el 2022, de acuerdo con información de Global Forest Watch.
El investigador Andrés Macías explica que las últimas cifras de cultivos de uso ilícito no necesariamente reflejan la situación actual, ya que hay un nuevo factor: la disminución del precio de la hoja de coca en muchos territorios. “Una plantación de una hectárea puede producir más hoy que hace cinco años porque la hoja de coca logra mejores niveles de producción. Entonces el precio disminuye y lo que se ha visto es que para el campesino no es rentable seguir cultivando. Eso ha tenido una dinámica muy compleja respecto a la situación de muchos campesinos en los territorios”, explica.
Las comunidades no quedan acorraladas solo por los cultivos de uso ilícito, sino también por la minería ilegal. Una investigación de Mongabay Latam reveló que al menos 10 resguardos indígenas son afectados actualmente por la contaminación de la minería ilegal de oro. El mercurio se ha convertido no solo en una amenaza para la biodiversidad, sino también para la salud de las poblaciones.
“Es aterradora la falta de autoridad y de presencia de la institucionalidad. El hecho de que nuestros funcionarios de Parques no puedan entrar a estos territorios, creo que son más de 10 PNN los que están bajo este régimen de exclusión, por instrucciones de la delincuencia armada de este país, deja mucho que se desear”, manifiesta Carlos Castaño, exdirector de Parques Nacionales Naturales.
Castaño considera que, si no se ejerce autoridad y se frenan las economías criminales, lo que se verá en los próximos años será el avance de la frontera agropecuaria que, además, se está haciendo en terrenos baldíos de la nación que “se legalizan ilegalmente pasandolos a manos de terceros”.
Lo bueno: el aumento del presupuesto para el ambiente
Si en algo coinciden los expertos entrevistados por Mongabay Latam es que la mejor noticia de este año para el sector ambiental fue la adición presupuestal. Se creó el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, un instrumento financiero y autónomo que se espera tenga cerca de cuatro billones de pesos colombianos (USD 999 millones) al 2026 para potenciar la gestión, la resiliencia climática y la protección de la biodiversidad. A través de este mecanismo se movilizarán también los recursos para ejecutar el Plan Integral de Contención de la Deforestación —que fijó 22 núcleos prioritarios en la Amazonía— y se fortalecerá el programa de Pagos por Servicios Ambientales.
Sumado a lo anterior, por primera vez, el 80 % del recaudo del impuesto del carbono irá destinado a la conservación del medio ambiente. Rodrigo Botero, director de FCDS, considera que esto “es una revolución” que se verá reflejada en los años venideros, pues “habrá una capacidad de inversión, negociación y de incidencia del Ministerio de Ambiente y de sus agencias”. Los recursos de este fondo también provendrán de cooperación nacional e internacional, donaciones y, por supuesto, del presupuesto general de la nación.
Carolina Gil destaca, además, que se haya doblado el dinero del sistema de regalías para proyectos ambientales, con lo cual se financiarán iniciativas de conservación para el periodo 2023-2024 y que serán escogidas a través de seis convocatorias públicas que ya están abiertas y que fueron anunciadas por la ministra Susana Muhamad el pasado octubre.
La conservación y el cuidado del ambiente se está convirtiendo en el eje central de las propuestas del presidente Petro. Lo dejó claro también en el Plan Nacional de Desarrollo, llamado “Colombia, potencia mundial de la vida“, donde se propone hacer el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental, y se enfoca, además, en temas como la seguridad humana, la transición energética, la lucha contra el cambio climático y la convergencia regional para disminuir la pobreza.
Este año también se aprobó la ley que crea el Registro de Pasivos Ambientales (REPA), los define y especifica cómo deben ser remediados. Una deuda histórica que se refiere básicamente a los daños a largo plazo que pueden generar determinados proyectos, especialmente mineros y petroleros, a ecosistemas y comunidades. Ahora todas las personas naturales o jurídicas tienen que asumir responsabilidades por los impactos que puedan generar sus actividades.
Las áreas protegidas también fueron importantes. El Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta, una de las zonas más biodiversas del mundo, se amplió en más de 172 000 hectáreas, protegiendo así ecosistemas que no estaban bien representados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), como el bosque húmedo subandino, el bosque húmedo alto andino y el bosque seco tropical.
“Esta es una decisión histórica que se toma con los cuatro pueblos de la Sierra (…) Con el propósito de salvaguardar el agua, la pervivencia de los pueblos y sobre todo, proteger de la minería, grandes obras de infraestructura y gran escala de agricultura a esta gran reserva ambiental y cultural”, dijo la ministra Muhamad. Esta decisión no solo beneficia a los pueblos indígenas sino a toda la población que toma agua de este macizo montañoso.
Lo malo: la lentitud institucional
Aunque el Gobierno ha tomado una serie de medidas que van en concordancia con el discurso de proteger la vida, la puesta en marcha de las acciones avanza de manera lenta. Para Margarita Flórez, directora de la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), es evidente la distancia entre la declaración política y la ejecución de los proyectos. Con ella coincide Carolina Gil, quien asegura que, aunque son conscientes de que ha habido importantes avances tanto a nivel discursivo como en acciones en materia ambiental, “a la fecha vemos poca capacidad de ejecución y, por ende, muy poco avance en implementación de regulación y política en este ámbito”.
Se refieren, por ejemplo, a que no queda claro cómo se hará el ordenamiento del territorio alrededor del agua y hay pocos avances en esta reglamentación, tampoco se tiene una ruta marcada de cómo el gobierno tomará el control para garantizar la seguridad de los territorios y proteger a los defensores, cómo se articulará la política ambiental que pondrá freno a la deforestación o cómo se restaurarán las 753 000 hectáreas al 2026.
El exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, destaca las ambiciosas metas del Gobierno y que, por primera vez, el Ministerio de Ambiente cuente con tantos recursos para la restauración y la lucha contra la deforestación, pero considera que la implementación es, y será, un tema muy complejo.
“El desafío está en implementar la restauración masiva de bosques en 153 000 hectáreas. Es una cifra muy alta y para mí no es clara la estrategia. (…) El gobierno básicamente ha renunciado a la utilización de la fuerza contra los grupos ilegales y me parece muy poco probable que así se pueda bajar la deforestación”, dice.
Una de las apuestas del Ministerio de Ambiente es convertir los focos con alta deforestación en Núcleos de Desarrollo Forestal. Sin embargo, el exministro asegura que el Gobierno no ha tenido contacto con las corporaciones autónomas para que hagan parte de la ejecución de la restauración. “Creo que es muy difícil hacer una restauración regional sin contar con las corporaciones”, dice.
Aunque se ha hablado de la necesidad de reformar a las corporaciones autónomas, que son las autoridades ambientales de los departamentos, Rodríguez cree que esa reforma sólo podrá hacerse en concertación con las mismas corporaciones. “En Colombia ha habido 24 intentos de reformarlas y siempre han ganado en el Congreso. Ignorarlas solo llevará al mismo escenario”, explica.
Por último, Margarita Flórez cree que se necesita garantizar un buen acompañamiento administrativo de todos los proyectos que se estén ejecutando en los territorios, para garantizar un manejo eficiente de los recursos. “La entrega de proyectos, las convocatorias, debe ir acompañada de una asesoría, para que la cuestión política esté a la par de la administrativa”, argumenta la directora de AAS.
*Imagen principal: El río Caquetá, cuando ya se acerca a la frontera con Brasil. Foto: Víctor Galeano.
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