Un equipo periodístico analizó geoespacialmente el impacto de los delitos ambientales en 230 resguardos indígenas que forman parte del bioma amazónico de Colombia. Se detectó que en 218 de ellos se perdieron más de 19 mil hectáreas de cobertura arbórea durante 2022, según Global Forest Watch.Además, en 88 resguardos amazónicos se registraron cultivos ilegales de coca. Y en al menos 10 resguardos se reporta algún tipo de afectación producto de la explotación de minería ilegal.La gobernanza indígena vive amenazada ante el acecho de los grupos ilegales que con armas ejercen el control territorial y los mantienen confinados en sus territorios. Donde el río Caquetá abandona el territorio colombiano para ingresar a Brasil, a no más de 35 kilómetros de la frontera, Custodio Yucuna Tanimuca se topó, en junio de este año, con un grupo de militares varados en el chorro de Córdoba, uno de los raudales más temidos en ese afluente, incluso para los más hábiles navegantes. A este poblador indígena, promotor de salud, líder de la etnia yucuna y nacido en el resguardo Curare Los Ingleses, le pidieron ayuda para cruzar con su embarcación y él, hábil en esos asuntos como casi todos los que crecieron moviéndose por esas aguas impetuosas, logró llevarlos al otro lado del río donde cada quien siguió su camino. Lo que el promotor no sabía era que el grupo de la vigésima sexta brigada de selva del Ejército iba tras un cargamento de 800 kilos de marihuana prensada. La carga —muy bien custodiada— descansaba en una finca situada al suroriente del país, con destino a Brasil, país donde el comercio de la hierba se ha fortalecido en los últimos años y puede alcanzar valores superiores a la coca. El precio que Custodio Yucuna Tanimuca pagó por su ayuda fue la muerte. Dos días después, el grupo armado ilegal que custodiaba el cargamento de marihuana, una de las mafias que controla el río Caquetá, por el que además transitan coca, armas, oro y otros metales explotados ilegalmente, lo asesinó. También prohibió a los pobladores de la zona mover el cadáver y denunciar ante las autoridades el crimen, como narraron con impotencia varias fuentes locales que por seguridad pidieron la protección de su identidad. Nadie habla hoy del tema en este sector de la Amazonía colombiana donde movilizarse depende de la autorización de los grupos criminales. El río Caquetá, cuando ya se acerca a la frontera con Brasil, Foto: Víctor Galeano. “Al que está defendiendo el territorio inmediatamente lo amenazan. Tiene que estar quieto o tiene que estar callado porque de lo contrario pierde la vida”, dice Carlos Alberto Gaitán, coordinador de territorio, medio ambiente y cambio climático de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), al referirse a la situación de seguridad para los líderes en los territorios amazónicos. Un mes antes del asesinato de Custodio Yucuna, la Defensoría del Pueblo expidió la Alerta Temprana 017-2023 que advirtió sobre el riesgo en la zona, sobre todo para las comunidades ubicadas en la frontera entre Vaupés y Amazonas, específicamente entre el municipio de Taraira y La Pedrera, por la presencia de dos disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): el “Frente Primero Carolina Ramírez”, que opera desde el Putumayo hasta el medio Caquetá, y el “Frente Primero Armando Ríos”, organización que junto a grupos de crimen organizado de Brasil trafica estupefacientes y productos de la minería ilegal, como oro y los llamados “minerales raros” —17 elementos como lantano, cerio, praseodimio, neodimio, samario y europio que tienen numerosas aplicaciones tecnológicas—. Las guardias indígenas enfrentan la ilegalidad armados con bastones de mando, en gran parte de los resguardos amazónicos. Foto: Sergio Alejandro Melgarejo. Los resguardos indígenas de la Amazonía de Colombia llevan años siendo las víctimas silenciosas de una violencia que en lugar de terminar muestra una tendencia a empeorar. Para entender la magnitud de este problema, un equipo de Mongabay Latam en alianza con tres medios colombianos —Baudó Agencia Pública, entreojos.co, y La Silla Vacía— y la red periodística La Liga Contra el Silencio, viajó a cinco resguardos para narrar lo que están viviendo las poblaciones indígenas y analizó geoespacialmente el impacto de los delitos ambientales en 230 de estos territorios que forman parte del bioma amazónico de Colombia, un área que abarca seis departamentos completos y segmentos de cuatro más. El diagnóstico es crítico: 218 resguardos amazónicos perdieron más de 19 181 hectáreas de cobertura arbórea durante 2022, 88 registran la presencia de cultivos ilícitos de coca y 10 son afectados por la contaminación de la minería ilegal de oro que proviene de los ocho ríos que limitan con los resguardos. Los resultados de este análisis geográfico trabajado con datos de siete instituciones estatales y de la sociedad civil llevaron al equipo periodístico a cinco resguardos donde la ilegalidad los tiene cercados: Yurayaco, El Hacha, La Yuquera, Villa Catalina y Curare Los Ingleses. Las comunidades indígenas del Bajo Caquetá viven confinadas, y no son las únicas. En la Amazonía, la ilegalidad navega por los ríos, se cruza por los bosques y batalla por romper la barrera que milenariamente los territorios ancestrales han creado para proteger la selva, los recursos naturales, su cultura y su propia vida.