- Según un informe de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), entre 2020 y 2024, más de 211 000 cabezas de ganado fueron transportadas desde veredas (zonas rurales) que se encuentran total o parcialmente dentro de estos tres parques, una práctica asociada a otros delitos como la deforestación y el acaparamiento de tierras.
- Luego, la mayoría (85 %) fue trasladada a otros predios o concentraciones ganaderas, como ferias y subastas, donde su origen se volvió irrastreable.
- Las vacas pastaron en 180 predios dentro de los parques nacionales Macarena, Tinigua y Picachos que figuran entre las áreas protegidas con más deforestación en el país y donde algunos predios albergaban a más de 500 cabezas de ganado.
- La aprobación del proyecto de ley para la trazabilidad ganadera, que se encuentra en trámite en el Congreso, es clave para que Colombia combata la ganadería ilegal en parques nacionales.
Aún no se conoce la cifra oficial de deforestación en Colombia para 2024, pero desde abril del año pasado el Ministerio de Ambiente ha alertado sobre un incremento en la pérdida de bosque, rompiendo con la tendencia a la disminución que se había presentado en 2022 y 2023. De hecho, la entidad informó que en el primer trimestre de 2024 el país habría perdido aproximadamente 109 000 hectáreas de bosque, superando en un 37.5 % toda la deforestación provocada en 2023 (79 256 hectáreas).
La Amazonía es la región que más aporta a la deforestación y, a pesar de que los parques nacionales naturales son áreas protegidas de máxima categoría, este delito se ha apoderado de varios de ellos. Según el informe 2024 de Parques Nacionales Cómo Vamos —una iniciativa de nueve organizaciones de la sociedad civil—, entre 2013 y 2023 se han deforestado 125 745 hectáreas en parques nacionales. En cinco áreas protegidas se concentra cerca del 77 % del total de deforestación en este periodo, con Tinigua (42 478 hectáreas) y Sierra de La Macarena (25 736) como los parques más afectados por este flagelo.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) a lo largo de los años ha confirmado que la ganadería ilegal, como forma de acaparamiento y apropiación de tierras, es uno de los principales motores de deforestación en los parques amazónicos, así como lo ha mostrado también Mongabay Latam en varios reportajes publicados. Además de los problemas de seguridad y orden público, uno de los principales obstáculos para acabar con la ganadería ilegal dentro de los parques es la falta de un sistema de trazabilidad ganadera para identificar el origen y destino final de las reses que pastan allí.
El reporte Un camino hacia la rendición de cuentas: ¿por qué Colombia necesita un sistema de trazabilidad ganadera?, publicado por la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) el 19 de febrero, revela que más de 24 000 cabezas de ganado fueron reportadas pastando en más de 180 predios dentro de los parques nacionales Tinigua, Sierra de La Macarena y Cordillera de los Picachos sólo en 2023, con algunos predios albergando más de 500 cabezas de ganado. La actividad ganadera está prohibida y es ilegal dentro de los parques nacionales.
“Los datos son claros: la ganadería está devastando los parques nacionales de Colombia y alimentando la deforestación en la Amazonía. Estos parques no solo albergan una biodiversidad extraordinaria, sino que también son críticos en la lucha contra el cambio climático”, asegura Susanne Breitkopf, directora adjunta del equipo de Bosques de EIA en Estados Unidos.
Datos y cifras preocupantes
EIA tuvo que solicitar con insistencia información del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) sobre las actividades ganaderas dentro de los parques nacionales, obteniendo finalmente este año datos de vacunación y transporte de ganado que arrojan luz sobre esta actividad en áreas protegidas y los predios que están en ellas.
Un investigador de EIA, que prefiere no revelar su nombre por temas de seguridad, le dijo a Mongabay Latam que para acceder a la información no bastó con hacer solicitudes formales a través de derechos de petición, sino que tuvieron que acudir a varias tutelas —mecanismo judicial en Colombia para proteger los derechos fundamentales— para que ICA y Parques Nacionales otorgaran los datos sobre vacunación y transporte. Sólo hasta que un juez falló a favor de una de esas acciones pudieron obtener los datos.
“Fue Parques Nacionales quien nos dio parte de la información sobre la vacunación en las fincas dentro de veredas (zonas rurales) que se superponen con parques nacionales”, asegura el investigador. “Como resultado de la sentencia que declaró a la Amazonía como sujeto de derechos se han creado grupos de trabajo y Parques ha tenido mucha comunicación con ICA”, afirmó.
Al analizar la información, EIA llegó a datos y cifras preocupantes. El ganado sigue pastando, en gran número, dentro de tres parques amazónicos que vienen presentando altas cifras de deforestación y que cumplen un rol importante en la conexión de la Amazonía con la Orinoquía y la cordillera oriental de los Andes.
Lo más alarmante ocurre en Tinigua, que abarca 214 360 hectáreas y del cual se calcula que ha perdido el 35 % de sus bosques, encabezando la lista de los parques más
deforestados. “El análisis de los datos realizado por EIA revela la existencia de 10 453 cabezas de ganado en el parque en 2023 en más de 50 predios, lo que contribuye a su pérdida récord de bosques. Cuatro de estos predios tenían al menos 500 cabezas de ganado cada uno”, dice el informe. A esto se suma que la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), en un análisis publicado en noviembre de 2024, calcula que en Tinigua hay aproximadamente 60 000 hectáreas de pastos.
El gobierno colombiano tiene pendiente definir legalmente los predios que son de subsistencia en áreas protegidas y los que son comerciales y, por consiguiente, ilegales. “Es imposible que predios que tienen 500 o más cabezas de ganado sean de subsistencia”, dice el investigador de EIA.
El informe también revela que los parques Picachos y La Macarena suman 906 933 hectáreas, pero han perdido 62 824 hectáreas de sus bosques. Para 2023 se muestran 13 994 cabezas de ganado en estos dos parques, repartidas en más de 130 predios. “Como en el caso de Tinigua, no se sabe cuáles del total de predios están definidos como de subsistencia y cuáles no”, indica el documento.
Y es que ante la ausencia de un sistema de trazabilidad ganadera, los datos de vacunación se convierten en una de las pocas formas de estimar el ganado ilegal que pasta en áreas protegidas, ya que el ICA tiene la obligación de vacunar a todas las reses de Colombia para cumplir con los estándares sanitarios de producción ganadera.
Por su parte, las guías de movilización de ganado permitieron conocer que 211 779 reses fueron transportadas, entre 2020 y 2024, desde veredas ubicadas total o parcialmente dentro de los parques Sierra de La Macarena, Tinigua y Cordillera de los Picachos. Teniendo en cuenta el destino del ganado, EIA pudo establecer que el 71.9 % fue trasladado a otros predios, en los que se pierde el origen y las reses ilegales se mezclan con otras cadenas de suministro ganadero. Además, el 14.5 % del ganado que salió de estas tres áreas protegidas fue directamente a plantas de beneficio (mataderos) y el 13.5 % fue transportado a concentraciones ganaderas, como ferias y subastas, en donde también se pierde su origen y se mezcla con ganado legal.
Los principales departamentos de destino del ganado que salió de los tres parques entre 2020 y 2024 fueron Meta (108 154 reses), Caquetá (62 421), Bogotá (16 851) y Valle del Cauca (5941). “Bogotá resultó ser el tercer destino directo. Esto indica que los consumidores están contribuyendo involuntariamente a la deforestación al comprar productos vinculados a la ganadería en zonas protegidas”, se lee en el informe.
Obstáculos en el camino
Las cifras y datos obtenidos por EIA son una luz en el tema de la ganadería ilegal en áreas protegidas en Colombia. Sin embargo, el escenario aún presenta enormes vacíos de información que necesitan llenarse.
Por ejemplo, los datos de vacunación le permitieron a los investigadores conocer las ubicaciones geográficas y los nombres de los predios dentro de los parques nacionales donde se produjeron las vacunaciones. Sin embargo, existe la posibilidad de que algunas de esas reses provengan de otros sitios y sólo hayan llegado a los puntos de vacunación momentáneamente.
Otro punto importante es que con los datos a los que ha accedido EIA, en los casos de cabezas de ganado transportadas desde veredas que se encuentran parcial o totalmente dentro de los tres parques nacionales, no es posible determinar si provienen de la parte de la vereda ubicada dentro del parque o de la parte que queda fuera de él. “Esto evidencia un problema importante con la falta de trazabilidad del ganado en los datos”, se lee en el informe.
La información tampoco incluye los nombres de los dueños de los predios dentro de las áreas protegidas ni los nombres de los compradores del ganado transportado. Entidades como ICA y Parques Nacionales no entregan esa información argumentando que la ley no les permite dar los datos personales de terceros. Esto complica el panorama porque entran en pugna el derecho a la información ambiental que está consignado en el Acuerdo de Escazú, que Colombia ya ratificó, y el del habeas data que busca la protección de los datos personales, otorgando a los ciudadanos control sobre su propia información y asegurando que su manejo sea transparente y respetuoso de su intimidad.
Este conflicto jurídico no es fácil de dirimir. Natalia Escobar, coordinadora de la línea de Justicia Ambiental en Dejusticia, considera que esta es una discusión compleja y que sigue abierta. “Nosotros estamos del lado de buscar a los responsables de los delitos ambientales, pero también las personas tienen derecho a la reserva de sus datos personales, porque así como en este caso estamos hablando de deforestación, otro caso podría ser la difamación. Lo que sí puedo decir es que hace falta una mayor claridad y unificación en las interpretaciones que las entidades del Estado tienen sobre el habeas data”.
Otro punto ciego está en las plantas de beneficio (mataderos), a donde llegó cerca del 15 % de las reses movilizadas desde los parques Tinigua, Sierra de La Macarena y Cordillera de los Picachos. Escobar menciona que, en una investigación sobre barreras de acceso a información pública que adelantaron el año pasado en Dejusticia, llegaron a la conclusión de que los mataderos son como una especie de “caja negra”.
La organización logró reconocer que en la cadena de suministro de carne los mataderos, a pesar de que son actores privados, tienen una función pública, porque el sacrificio de ganado es un servicio público y que, por lo tanto, deberían funcionar bajo la ley 1712 de 2014 de transparencia de acceso a la información.
“Hicimos solicitudes de acceso a información a las principales centrales de sacrificio de los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá. Ninguna de ellas nos respondió. Son los únicos actores que no presentaron información”, dice Escobar y agrega que hay otro problema con las guías de movilización del ICA, ya que estas entregan información por lotes. “No hay ningún tipo de información individual del ganado. Y si se tiene en cuenta que después salen piezas de carne, ¿cómo rastrear qué pieza viene de qué animal? No hay cómo”.
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La necesidad de una ley de trazabilidad ganadera
Además de presentar los datos de ganadería en tres parques nacionales, el informe Un camino hacia la rendición de cuentas: ¿por qué Colombia necesita un sistema de trazabilidad ganadera? destaca la urgente necesidad de una reforma sistémica, comenzando con la aprobación de una ley de trazabilidad ganadera, ya que esta legislación evitaría que el ganado vinculado a la deforestación ingrese a las cadenas de suministro formales y protegería los ecosistemas críticos de Colombia.
Actualmente, un proyecto para esta ley se encuentra en el Legislativo colombiano. Es por eso que Susanne Breitkopf, directora adjunta del equipo de Bosques de EIA en Estados Unidos, asegura que el Congreso de Colombia tiene una oportunidad única de aprobar una ley robusta de trazabilidad ganadera, permitiendo al Gobierno y a la sociedad civil identificar y bloquear el ingreso de ganado vinculado a la deforestación en sus cadenas de suministro. “Al aprobar esta ley, Colombia establecería un importante ejemplo para la región y el mundo”, dice.
El proyecto que está en el Congreso es, en realidad, el tercer intento para que la trazabilidad ganadera se convierta en ley. El primero fue en la legislatura 2021-2022, donde no alcanzó su aprobación en primer debate y la segunda ocasión fue en la legislatura 2022-2023, en la que se logró su aprobación hasta el tercer debate en la Comisión V de Senado, pero por tiempos se archivó en el cuarto y último debate en la plenaria.
El congresista Juan Carlos Losada, uno de los principales promotores del proyecto, asegura que en esta oportunidad, y gracias al consenso de múltiples sectores políticos, se logró la aprobación del proyecto por una amplia mayoría en el primer debate en la Comisión V del Senado el pasado 26 de noviembre de 2024.
“El proyecto ya se encuentra en trámite para el segundo de cuatro debates necesarios para que sea ley de la República. Si logra pasar con éxito este segundo debate en la plenaria del Senado, y sigue su trámite en la Cámara de Representantes, podría preverse su aprobación en el transcurso de 2025. Sin embargo, es importante mantener prudencia y esperar a que las mesas directivas de ambas Cámaras del Congreso [Senado y Cámara de Representantes] agenden el proyecto para su trámite ágil”, dice Losada.
Asimismo, el congresista asegura que si el proyecto de ley es aprobado, ciertas disposiciones deberán ser reglamentadas en un plazo de seis meses. La implementación plena podría tomar al menos dos años, dado que las plantas de beneficio y otros actores que manejan ganado bovino proveniente o que haya sido movilizado de predios ubicados en núcleos de alta deforestación tendrán hasta 24 meses para ajustar sus procesos.
Es probable que pase todo 2025 antes de que Colombia sepa si finalmente tendrá un sistema de trazabilidad ganadera y aunque la aprobación del proyecto de ley es un paso importante, la cadena de suministro de la carne también involucra a otros actores privados como los supermercados, donde el acceso a la información enfrenta otros obstáculos, pues muchos de ellos se niegan a entregar datos sobre sus proveedores argumentando el derecho al secreto comercial.
En enero de 2025 la Corte Constitucional falló una tutela a favor del periodista César Molinares, y le ordenó a las empresas privadas entregar información a los periodistas cuando esté vinculada con la deforestación de los bosques colombianos. Además, no podrán excusarse en el secreto comercial para no responder, ya que la trazabilidad de la carne es un asunto de interés general.
Esta decisión es un gran avance en la lucha contra la ganadería ilegal y sienta un precedente, sin embargo, Natalia Escobar de Dejusticia reconoce que uno de los vacíos es que los datos sobre el origen de la carne llegan hasta el punto de conocer el municipio de donde proviene. “Los que ya hemos trabajado este tema sabemos que esa información no permite hacer ningún cruce real para establecer responsabilidades. La Corte no se pronunció sobre áreas geográficas más pequeñas como veredas y reconoció una reserva de datos personales sobre los propietarios de los predios. Dejó la discusión abierta sobre cómo llegar a esta información detallada”, dice Escobar.
Uno de los temores que queda entre quienes saben del tema es que aún si se llega a implementar un sistema de trazabilidad ganadera, las instituciones involucradas en esa cadena de suministro sigan negándose a entregar información.
El congresista Juan Carlos Losada asegura que esto se previó en la formulación del proyecto de ley y en el documento se establece que la información generada por los sistemas de trazabilidad será de acceso libre, abierto y transparente para las entidades administrativas y judiciales, así como para la sociedad civil, aunque con ciertas restricciones de protección de datos de acuerdo a los principios y derechos constitucionales. “También se prevé la interoperabilidad de distintos sistemas de información del sector agropecuario, ambiental y predial, lo que facilitaría el monitoreo y la fiscalización de la cadena ganadera”, asegura Losada.
*Imagen principal: Ganado dentro del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos. Foto: Rutas del Conflicto
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