El 11 de febrero fue asesinado el poblador indígena Francisco Marupa en el interior del parque nacional Madidi, en Bolivia. Expertos señalan que este crimen expone un Estado sin control y una comunidad atravesada por el avance de la minería ilegal, la explotación de madera y el tráfico de tierras.

La versión del Gobierno

¿Cuál fue el móvil del crimen? Dos días después de que el cuerpo de Marupa fuera hallado y que un indígena tsimane fuera aprehendido, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, salió al paso de las críticas y escribió en sus redes sociales que se trató de disputas personales. “Se descarta muerte por ajuste de cuentas, temas territoriales o minería ilegal, como se especuló”, dijo el ministro.

Esta declaración, en plena etapa preliminar de investigación, no hizo más que caldear los ánimos en Bolivia. Más de 70 organizaciones nacionales y 10 instituciones latinoamericanas emitieron un pronunciamiento exigiendo “el esclarecimiento de la verdad histórica y sanción a todos los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Francisco Marupa”. La Unión Europea en Bolivia también se sumó al pedido e instó al Gobierno a “garantizar la protección del pueblo Leco y de las comunidades que enfrentan amenazas similares”.

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Imagen principal: Paisaje en el Parque Nacional Madidi. Foto: Radamir Sevillanos.