(Este artículo se publicó en Global Forest Reporting Network y puede ser publicado de nuevo en su página web o revista, boletín informativo o periódico bajo estos términos y condiciones.)
Un nuevo informe descubre que el 83 por ciento de los asesinatos de activistas medioambientales en Perú están ligados a guardias de seguridad privada, milicias o la policia
El 1 de septiembre, acribillaron a tiros al activista indígena Edwin Chota y otros tres líderes también autóctonos para, posteriormente, arrojar sus cuerpos a ríos cercanos a la frontera de Perú y Brasil. Chota, un líder de los Asháninka de Perú conocido internacionalmente, había avisado numerosas veces que su vida corría peligro por su postura vocal en contra de la destrucción de los bosques de su gente; no obstante, el gobierno peruano no hizo nada para protegerle a él o a los demás. Desafortunadamente, Edwin Chota y sus compañeros indígenas son solo los últimos de una larga lista de asesinatos a sangre fría en los bosques de Perú.
“Nos hemos enfrentado a la violencia, racismo y la indiferencia, todo ello derivado del sentido de que lo indígena es inútil”, escribió un grupo por los derechos indígenas al Coordinador de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) después de que los asesinatos salieran a la luz. “Nos enfurece la ‘colonización’ del bosque, donde población indígena es asesinada con impunidad. Nos abandonan y despojan de nuestras riquezas aquellos en busca de caucho en ocasiones, y hoy por leñadores, mineros, extractores petrolíferos y, el día de mañana, por cualquiera que tenga ‘poder’.”
Un nuevo informe de la ONG Global Witness descubre que al menos 57 activistas medioambientales y agrarios han sido asesinados en Perú en tan solo 12 años, convirtiendo al país en el cuarto más peligroso de la Tierra para activistas medioambientales, al menos según datos actuales. El informe se publica justo semanas antes de que Perú acoja la reunión climática de la ONU en Lima, que se espera que asiente el trabajo preliminar definitivo para un nuevo acuerdo en Paris 2015.
Gente de la tribu Asháninka en Brasil. Foto por: Antônio Milena/Agência Brasil/Creative Commons 3.0 Brazil.
“Los asesinatos de Edwin Chota y sus colegas son el recordatorio trágico de la paradoja objeto de trabajo de las negociaciones climáticas,” dijo Patrick Alley, cofundador de Global Witness. “Aunque el gobierno de Perú preside las negociaciones sobre cómo solventar nuestra crisis climática, fracasa en la protección de gente en primera línea de protección medioambiental. Los defensores medioambientales representan la determinación que necesitamos para detener el calentamiento global. El mensaje es claro, si quieres salvar el entorno, entonces detén a la gente que asesina defensores medioambientales.”
La tala y la minería ilegal están extendidas por todo Perú. De hecho, han sido acusados leñadores ilegales por el asesinato de Chota y los otros tres líderes: Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quinticima Meléndez y Francisco Pinedo.
Perú no es el único que pierde tantos activistas medioambientales. Un informe previo este año por parte de Global Witness descubrió que se han asesinado 908 activistas agrarios y medioambientales entre 2002 y 2013 en 38 países. Sin embargo, incluso esto era una gran subestimación. En muchos países donde el conflicto está extendido, la información fiable es escasa. Global Witness admitió omitir muchos posibles asesinatos debido a la falta de información contrastada.
“La comprensión de esta crisis es escasa, y los esfuerzos para abordarla desgraciadamente inadecuados,” escribe Global Witness. “Una falta de monitorización sistemática significa que es difícil encontrar o incluso verificar información disponible pública relativa a la violencia en contra de defensores medioambientales y agrarios.”
Deforestación por la crianza de Ganado en Perú. Foto por: Rhett A. Butler.
No obstante, la racha de muertes en Perú –que ha ido creciendo en los últimos años– ha empujado al gobierno a un cambio. De hecho, el 83 por ciento de los asesinatos de activistas medioambientales fueron llevados a cabo por la policía, la milicia o agencias de seguridad privada.
Los asesinatos no han hecho más que presionar a Perú para reconocer los derechos de las tierras de su población local. De acuerdo con Global Witness, solo el 38 por ciento de los grupos indígenas peruanos poseen tenencia legal de sus territorios tradicionales. Actualmente, se está esperando que 20 millones de hectáreas de territorio indígena sean procesados por las autoridades peruanas.
Al mismo tiempo, una nueva ley aprobada y firmada por el presidente Ollanta Humala en julio, persigue comenzar con la inversión en minería y combustibles fósiles mediante el recorte de protecciones medioambientales. La ley reduce las multas medioambientales en muchos casos y obliga a que los acuerdos de impacto medioambiental se completen en tan solo 45 días, lo que permitirá la explotación de combustibles fósiles cualquier nueva área protegida. La ley fue rechazada por más de 100 grupos ecologistas locales e internacionales.
“Desafortunadamente, la aprobación de la ley 30230 por el Congreso de Perú en julio de 2014 plantea serias dudas sobre la voluntad del país para [conceder posesión legal a la población local],” comunica un informe de Global Witness. “La ley concede derechos de uso de terrenos extendidos a inversores para la expansión de agricultura a gran escala, minería, tala y proyectos de infraestructura.”
Deforestación (en rosa) a lo largo de la zona norte y centro de Perú de 2001 a 2012. Cedido por Global Forest Watch. Clic para ampliar.
Sin embargo, tan solo unos meses después de que se aprobara la controvertida ley, Perú anunció un acuerdo mayor con Noruega y Alemania para hacer neutral el carbono del país amazónico cuando empeore la deforestación y agricultura en 2021. Alcanzar tal meta requeriría un descenso masivo de los ratios de deforestación actuales. Entre 2001 y 2012, Perú perdió 1’5 millones de hectáreas de bosque –un área superior a Connecticut– según Global Forest Watch. Además, la deforestación ha estado en auge: en 2012 el país perdió 246.130 hectáreas, la mayor cantidad en los doce años monitorizados.
Como parte del acuerdo, haría pagar a Noruega 300 millones de dólares por resultados demostrados, Perú se ha comprometido a conceder cinco millones de hectáreas de título territorial a grupos indígenas y a incorporar dos millones de hectáreas de tierra indígena en programas de pago por la conservación.
Aún así, este acuerdo parece codearse con la infame ley 30230, que plantea la pregunta: ¿quiere Perú el pastel para el solo? ¿Es el acuerdo con Noruega y Alemania una mera forma de desviar las críticas sobre acoger la Cumbre Climática de la ONU? ¿O va Perú verdaderamente en serio sobre la protección forestal?
Si Perú va en serio, entonces según Global Witness la mejor forma para proteger los bosques es acabar con la ambigüedad relativa a la propiedad territorial.
“La materialización de los derechos territoriales indígenas ha demostrado ser una de las formas más efectivas de frenar la deforestación, pero las comunidades no reciben el apoyo y protección que necesitan,” comunica el informe.
Gráfico que refleja la responsabilidad de los asesinatos de activistas. Imagen cortesía de Global Witness.
La organización recomienda que Perú procese las quejas indígenas sobre las integridad de los 20 millones de hectáreas (y no solo las cinco listadas por el acuerdo Germano-noruego), investigue posibles relaciones entre leñadores y mineros ilegales y los oficiales públicos, conceda más recursos a las agencias que persiguen la minería y tala ilegal, y que derogue la ley 30230 así como otra ley que permite a las fuerzas de seguridad usar violencia contra manifestantes pacíficos.
“La credibilidad de Perú como protector forestal depende de la concesión derechos sobre tierra y recursos a las poblaciones indígenas y rurales del país,” dijo David Salisbury, un profesor de geografía y medio ambiente de la Universidad de Richmond, quién ha pasado tiempo en la comunidad de Chota. “Si quieres mantener en pie los bosques, debes invertir en la gente que vive en ellos, ya que dependen en gran medida del desarrollo sostenible de esas áreas… El gobierno debería reconocer que hay gente en los bosques y darles derechos sobre ellos.”
Comparado con muchos países, Perú tiene aún una impresionante cobertura forestal: más de 77 millones de hectáreas que cubren alrededor del 60 por ciento del país, de acuerdo con Global Forest Watch. El país también posee riqueza cultural y diversidad de población autóctona –que incluye a 300.000 indígenas. Muchas de estas tribus han pasado décadas, incluso siglos, luchando por sus bosques.
Escarabajo sin identificar en Perú. La nación amazónica es hogar de algunos de los bosques con mayor biodiversidad del mundo. Foto por: Rhett A. Butler.
Muchísimas investigaciones científicas han descubierto que una de las mejores formas de mantener los bosques es conceder a la población indígena que vive en él título legal del mismo y permitir la gestión local.
Salisbury lo plantea así: “¿Cómo mantienes un bosque en pie y suavizas el cambio climática, si los defensores del bosque están siendo asesinados?”
Créditos
