Perú: hay más de 2800 territorios de comunidades nativas y campesinas sin titular, según estudio

En el Perú 2879 comunidades, entre nativas y campesinas, no cuentan con un título de propiedad colectivo, según última información del 2016 elaborada por el Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes) y el Instituto del Bien Común (IBC). “La data fue procesada tomando en cuenta los nueve proyectos de titulación que se encuentran activos en el Perú, en los que se han invertido más o menos 80 millones de dólares en total”, dice para Mongabay Latam Richard Smith, director del Instituto del Bien Común, en el marco de la presentación del estudio “Desterrados: tierras, poder y desigualdad en América Latina” de Oxfam el 5 de diciembre en Lima, Perú.

En realidad, agrega Smith, “no existen cifras oficiales para el tema de titulación de tierras andinas ni de comunidades nativas, ni incluso de las parcelas individuales porque hay un desorden total. Numerosos organismos del Estado, que han ido reorganizándose y cambiando de nombre. Con el tiempo han producido que haya un caos a la hora de tratar de registrar los títulos de propiedad colectivos y privados”.

Según información de IBC y Cepes, en el caso de la comunidades nativas que habitan la Amazonía peruana, existen 1353 comunidades tituladas por el Estado, sin embargo, hay 749 comunidades que falta titular. Por otro lado, están las comunidades campesinas, de las que existen 5137 tituladas y 2130 que faltan titular.

“La última base de comunidades campesinas con información oficial es del 1998. Existe un desorden total, comunidades desaparecen o aparecen o tienen otro nombre en los diferentes organismo del Estado que de alguna manera están vinculados a la titulación: Cofopri (Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal), Ministerio de Agricultura (Minagri), Ministerio del Ambiente (Minam)”, explica Smith.

Por su parte, Giovanna Vásquez, representante regional de Oxfam en Perú, indica a Mongabay Latam que “existen estrechos vínculos entre la desigualdad, la distribución de tierras y el subdesarrollo. La disputa por la tierra en América Latina es en el fondo un conflicto por el poder. La lucha por la tierra siempre ha originado conflictos y guerras civiles. Quienes ejercen el control de la tierras también controlan los recursos naturales y capturan las mayores ganancias por explotar la tierra y los recursos que alberga, además que tienen influencia política, cuya expresión de este poder son las trasnacionales”.

Sin embargo, dice Fernando Eguren, presidente de Cepes, frente a la considerable importancia que reside en la titulación de la tierra colectiva y el acaparamiento de la misma por las trasnacionales, se antepone un desinterés en el plano público y político. “Existe un interés marginal por la concentración de la tierra. Incluso en comunidades rurales porque se manejan intereses. Si queremos cambiarlo, no solo se puede contando con la gente que está directamente involucrada como la población local, los gobiernos, porque no se ha convertido en opinión pública. Se debe cambiar su discurso para hacerlo más popular, porque el problema de la tierra es problema de todos”, afirma.

Eguren agrega que el tema de la titulación y concentración de tierra está estrechamente relacionado a temas globales que afectan a la población urbana y rural, como “la seguridad alimentaria que es producida por los pequeños agricultores que poco a poco tienen menos tierras, el cambio climático que afecta dichos cultivos, la crisis energética al no poseer el agua del territorio que produce energía con las hidroeléctricas. Todo esto involucra a la población urbana”.

Un problema regional

Según el estudio “Desterrados: tierras, poder y desigualdad en América Latina”, publicado por Oxfam en el presente mes, existe una relación entre la falta de titulación y la concentración de tierras en América Latina. Colombia ocupa el primer lugar en la concentración de tierras. De acuerdo a su censo agrario del 2014, el 0,4 % de las explotaciones de mayor tamaño (tierras mayores a 500 hectáreas) concentran el 68,60 % de territorio productivo.

Luego le sigue Perú, donde 1,06 % de las explotaciones más grandes (mayores a 500ha.) posee 77,03 % de tierra, según datos de la Confederación Nacional Agraria (CNA) del 2012.

En tercer lugar está Chile con 0,89 % de explotación a gran escala que tiene el 74,49 % de tierras agrarias, según información de la CNA de 2007; y en cuarto puesto está Paraguay, en donde 1,00 % de las explotaciones más grandes tienen 71,30 % de tierra, de acuerdo a información de la CNA de 2008.

“No es posible combatir la desigualdad en América Latina sin considerar el reparto de la tierra. Solo en 2015, 122 líderes en defensa de la tierra y el medio ambiente han muerto. Estamos en esta situación porque existe una dependencia del modelo extractivista cuya explotación de grandes cantidades de recursos naturales”, señala Vásquez.

Las trasnacionales de soya, palma y caña de azúcar poco a poco ocupan más tierras, según el estudio de Oxfam. Ante ello, Vásquez insta a los Gobiernos a respetar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, donde las naciones se han comprometido a “una nueva redistribución de los medios de producción rural. Los gobierno deben garantizar dichos derechos. Especialmente en los países que ocupan los primeros puestos en mayor desigualdad en distribución de la tierra como Colombia, Perú, Chile, Paraguay y Bolivia”; dice Vásquez.

Smith recuerda que también se deben “armar mesas de titulación indígena de los gobiernos regionales que integren líderes indígenas a que no se debe olvidar que los gobiernos regionales son los organismos que titulan tierras, pero que deben ser convocados por el Ministerio de Agricultura, que es el ente rector. Hay personas que no quieren orden en el territorio porque es más fácil poseer las cosas de manera desordenada sin control del Estado”, finaliza.

Portada: Fotografía de Thomas Muller/SPDA.