- El Ministerio del Medio Ambiente de Brasil, en un movimiento inesperado a finales de abril, intentó privatizar la mayor parte del trabajo de teledetección de la deforestación que, hasta ahora, había sido llevado a cabo, con éxito, por el INPE, el Instituto Nacional de Investigación Espacial federal. Tan repentino fue el movimiento que el director del INPE se enteró por un periodista.
- Según el plan, empresas privadas asumirían la vigilancia de la Amazonía, el Cerrado (donde la deforestación brasileña es más intensa), y las reservas indígenas (bajo ataque por la administración de Temer). Los expertos ven la acción como una reverencia al poderoso grupo de presión de la agroindustria, que quiere un mayor control de la Amazonía, el Cerrado y las reservas indígenas.
- Expertos, tanto dentro como fuera del gobierno, recibieron la apresurada maniobra con sorpresa, con acusaciones de que el proceso de subasta de 8 días fue absurdamente corto y con algunos refiriéndose a la propuesta como incompetente. Los críticos sugieren que el proceso de subasta de la privatización podría haber sido diseñado para entregar el programa de teledetección de la deforestación a una empresa extranjera.
- Las protestas verbales de 6000 expertos llevaron al Ministerio de Medio Ambiente a archivar la privatización por ahora; aunque la medida todavía podría ser reactivada. Una preocupación de los expertos era que la empresa contratada habría jugado un papel clave en evaluar si Brasil estaba alcanzado sus compromisos de reducción de carbono bajo el Acuerdo Climático de París o no.
En medio de la intensa inestabilidad política desplegándose en Brasilia, un movimiento del gobierno que ha sido, en gran medida, ignorado por la prensa tradicional —si finalmente sale adelante— podría impactar gravemente la vigilancia por satélite precisa de la deforestación del Amazonas.
El plan, como acusan algunos críticos, fue impulsado, probablemente, por la bancada ruralista, el grupo de presión de la agroindustria de la nación, que podría estar ansioso por acabar con el análisis independiente de la información de la teledetección que ha mostrado un repunte dramático en la deforestación en los últimos años —un incremento en gran medida propulsado por los ladrones de tierras y los ganaderos en el Amazonas y la industria de la soya en el Cerrado—.
El 20 de abril, el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil publicó una invitación a las empresas privadas a pujar por algunos de los servicios de teledetección de la deforestación que, hasta ahora, han sido llevados a cabo por el INPE (el Instituto Nacional de Investigación Espacial del gobierno). La invitación dio muy poco tiempo —ocho días— para que las empresas presentaran las ofertas.
A un coste de 78 millones de reales brasileños (24 millones de dólares), la empresa que gane el contrato vigilaría la deforestación en el Amazonas y en otras regiones, como en el Cerrado y en las reservas indígenas. En la actualidad, el Cerrado tiene el índice más alto de deforestación en Brasil, mientras que las reservas indígenas y los derechos territoriales de los indígenas están siendo atacados por la administración de Temer.
Significativamente, la empresa privada elegida jugaría un papel clave en evaluar si Brasil estaba alcanzando sus compromisos de reducción de carbono acordados en la cumbre Climática de París en diciembre 2015 o no.
El movimiento del ministerio sorprendió a casi todo el mundo. Ricardo Magnus Osório Galvão, el director del INPE, solo se enteró de lo que había pasado por un periodista. Ni siguiera el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones (MCTIC), al que está conectado el INPE, fue consultado.
Luiz Davidovich, el presidente de la Academia Brasileña de Ciencias (ABC), y Helena Nadar, la presidenta de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC), enviaron una carta conjuntamente al Presidente Temer en la que expresaban “sorpresa” e “indignación” ante la prepotencia con la que la decisión había sido tomada: “Esta posición unilateral adoptada por el Ministerio del Medio Ambiente crea un fisura en su historial de convivencia armónica con el MCTIC”.
Lo que atrajo las mayores críticas no fue la brusca manera en la que la nueva medida fue anunciada, sino el contenido de la invitación a pujar. Los especialistas en el campo sopesaron y expresaron sorpresa ante los cambios propuestos.
En una entrevista con Mongabay, Arnaldo Carneiro, un veterano investigador del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía (INPA, por sus siglas en portugués) y experto en ciencias de la geoinformación, dijo: “La forma en la que [la noticia de la puja] fue elaborada demuestra la total incompetencia en el tema, por mezclar servicios, equipamiento y vigilancia. Mostraron [las personas que elaboraron la noticia] tal incompetencia que ni siguiera fueron capaces de valorar la calidad del servicio dado por el INPE”.
Otros expertos dijeron a la página web direto da ciencia que el nuevo acuerdo permitiría al Ministerio de Medio Ambiente valorar el trabajo realizado por la empresa contratada, lo que pondría punto final a la situación actual por la que las evaluaciones son llevadas a cabo por un órgano de investigación independiente. “Esto generará un conflicto de intereses”, dijeron los expertos.
Se organizó rápidamente una petición al ministro del medio ambiente, José Sarney Filho, y ha recibido el apoyo de más de 6500 personas. Ese documento realizó tres críticas a la privatización propuesta: señala que el 41 por ciento del trabajo que deberá llevar a cabo la empresa que gane la puja ya está siendo realizado por las organizaciones existentes, principalmente el INPE; la contratación de una nueva empresa, con un sistema diferente, haría las comparaciones históricas muy difíciles; y el periodo de ocho días para preparar una puja era considerablemente inadecuado.
El Ministerio del Medio Ambiente respondió a las críticas. Marcelo Cruz, secretario ejecutivo del Ministerio de Medio Ambiente, le dijo al Estado de S. Paulo que el objetivo del ministerio es ampliar su suministro de información para así poder crear lo que él denomina “un centro de gobernanza”. El objetivo, dijo, no era reemplazar el programa de vigilancia por satélite, Prodes, dirigido por el INPE, sino proporcionar información en tiempo real para apoyar el trabajo.
Las protestas contra la privatización siguieron ganando impulso, hasta que el ministerio se vio obligado a retroceder y reconsiderar su propuesta. El 4 de mayo decidió retirar la invitación a pujar para ajustar el mandato. El ministerio dijo que emitiría de nuevo la oferta en un futuro próximo. Desde entonces no se ha adoptado ninguna medida.
Nadie sabe si se va a emitir una nueva oferta para pujar o no. Mongabay se puso en contacto con el Ministerio de Medio Ambiente para averiguarlo pero declinaron conceder una entrevista.
A pesar de su retirada temporal, la propuesta de privatización ha dejado incómodos a muchos especialistas en el campo. Extraoficialmente, investigadores contaron a la página web direto da ciencia que los requisitos técnicos demandados por el Ministerio de Medio Ambiente eran tan complejos y el calendario tan corto que casi ningún instituto brasileño sería capaz de competir. Temían que uno de los resultados —y, de hecho, quizás, uno de los objetivos— era permitir que se hiciese cargo una empresa extranjera.
Ricardo Folhes, especialista en teledetección, le dijo a Mongabay que creía que el ministerio propuso el cambio por razones políticas: “Está muy claro; el ministerio quiere autonomía para gestionar por su cuenta la información de la devastación”. Pero, advirtió, al tomar la medida que había anunciado, el ministerio se arriesgó a destruir uno de los sistemas de vigilancia más robustos del sector público y a debilitar el INPE, una de las instituciones de investigación más sólidas de Brasil.
Folhes está de acuerdo con otros que dicen, de manera extraoficial, que la bancada ruralista, el grupo de presión de la agroindustria más poderoso de la nación, está detrás de la iniciativa, pero confía en que no triunfarán: “El gobierno no tiene la legitimidad para desmantelar un servicio público de calidad, como el que dirige el INPE y dárselo en bandeja a los ruralistas, que saben muy bien lo que quieren hacer con ello”.
No hay ninguna duda de que subyacente al debate de la privatización hay una profunda preocupación por el aumento alarmante que se está produciendo en la deforestación del Amazonas. Los índices cayeron durante la mayor parte del periodo 2005-2012, pero crecieron considerablemente durante los dos últimos años. El incremento del 29 por ciento en 2016, a casi 8000 kilómetros cuadrados (3088,9 millas cuadradas), ha convertido el objetivo climático del país —acordado en París— de reducir la tala a 3900 kilómetros cuadrados (1506 millas cuadradas) para 2020, en un objetivo difícil de alcanzar.
Una de las principales razones del incremento, argumenta Marcello Cruz del Ministerio de Medio Ambiente, es la falta de información en tiempo real, que, dice, será proporcionada a través del nuevo acuerdo contratado privadamente. Pero Ricardo Folhes ve las cosas de una manera muy diferente: “La tala forestal y el aumento que estamos viendo hoy en día no son el resultado de problemas en la vigilancia, sino de una serie de políticas de contenido político y privado reaccionarias, predatorias y etnocidas”.
El presupuesto concedido a IBAMA, la agencia ambiental brasileña, para monitorizar la deforestación se recortó casi la mitad de 2013 a 2015, reduciéndose de 121 millones de reales brasileños (37 millones de dólares) a 65 millones de reales brasileños (20 millones de dólares), lo que hace casi imposible para la agencia capturar y multar a aquellos responsables de la deforestación ilegal detectada por las imágenes por satélite del INPE.
Al igual que otros consultados para esta historia, Folhes cree que la considerable inversión que el Ministerio de Medio Ambiente se dispone a realizar en la privatización estaría mucho mejor empleada en revertir el inmenso recorte de presupuesto del IBAMA y en mejorar el actual programa de teledetección.
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