- 14 incendios forestales de diferente magnitud se registraron en lo que va del 2018 en la región Lambayeque.
- Invasiones ilegales de terrenos de comunidades campesinas en Salas, Chaparrí y otras zonas boscosas y rurales se presentan constantemente.
Dos incendios ocurrieron en la última semana en los bosques secos de Lambayeque. El primero, que se inició el domingo y se apagó por completo recién el martes al mediodía, arrasó con aproximadamente 1700 hectáreas de pastizales del territorio de la comunidad campesina San Francisco de Asís, en el caserío Alita, en el distrito de Salas.
Las cifras aún no han sido oficializadas, pero es el cálculo preliminar del Centro del Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque.
El segundo incendio se produjo en Pítipo, cerca del Bosque de Pómac, y afectó unas 25 hectáreas de cobertura natural en los Centros Poblados de La Calera y Los Aguilares en el distrito de Pítipo, Provincia de Ferreñafe.
Pero estos no han sido los únicos incendios forestales que han ocurrido este año en Lambayeque, en total son 14 siniestros ocurridos en estos dos primeros meses del 2018, según indicó Manuel Yerrén, jefe del Centro de operaciones del Centro del Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Lambayeque.
“La mayoría se ha dado en Olmos, pero de poca intensidad. También hubo dos en los terrenos de cultivo de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, además en Cayanca, otros dos en Motupe, Chongoyape, Pítipo y dos en Salas”, dijo el jefe del COER, quien mencionó que en la mayoría de los casos se producen por la costumbre de la roza de bosques para prepararlos para cultivo, pero no descartó que en algunos casos, como el de Salas, se trate de un incendio ocasionado por invasores ilegales.
Leer más: El futuro incierto de los asentamientos precarios de Bogotá
Historia de invasiones
En la región Lambayeque hay muchos bosques y zonas rurales que están siendo invadidos, comenta Manuel Yerrén, jefe del COER. “Hay invasores en Cayanca, Pómac, Chaparrí, Salas y otros lugares, prácticamente todo Lambayeque tiene problemas de invasiones” refiere la autoridad regional.
Javier Ruíz, integrante del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí, también menciona algunos otros lugares como la comunidad campesina Laguna, en el distrito de Chiclayo y la comunidad campesina San José, en el distrito del mismo nombre; además de zonas rurales en los distritos de Mórrope y de Motupe.
Pero es el Área de Conservación Privada de Cháparri, en el distrito de Chongoyape, la zona que viene siendo amenazada constantemente por invasores. El problema ha llegado a tal nivel que la Defensoría del Pueblo acaba de incluirlo en su nuevo reporte de conflictos sociales en el Perú como un caso nuevo de tipo comunal.
En el reporte, la Defensoría del Pueblo precisa que existe un desacuerdo por los terrenos que pertenecen al Área de Conservación Privada (ACP) de Chaparrí, ubicada en la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, donde se pretendería autorizar la venta de tierras del área que comprende la reserva de Chaparrí, ubicada en el distrito de Chongoyape, situación que ha originado el enfrentamiento entre comuneros.
Mongabay Latam ha informado en varias oportunidades sobre el problema que enfrenta la ACP de Chaparrí, de 34 412 hectáreas de extensión, y los problemas de invasiones y hasta asesinatos que se han presentado en la zona.
Un hecho reciente relacionado con las invasiones de terrenos y la protección de los bosques de Chaparrí fue el asesinato de José Napoleón Tarrillo Astonitas, teniente gobernador del caserío El Mirador, en el distrito de Chongoyape, ocurrido el 30 de diciembre de 2017.
Tarrillo fue asesinado en su casa y, según manifiestan los integrantes de la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, era uno de los defensores de los bosques secos de Chongoyape, donde se encuentra el ACP Chaparrí.
El Mirador, donde Tarrillo era el teniente gobernador, es uno de los 25 caseríos que forman parte de esta comunidad campesina, y su territorio colinda con la zona de amortiguamiento de la reserva.
A inicios de diciembre de 2017, se reportó un incendio que arrasó con 500 hectáreas en un lugar denominado Pampas de Yaipón, que corresponde a la zona de amortiguamiento de la ACP Chaparrí. En esa ocasión, también se responsabilizó a invasores ilegales asentados en la zona de ocasionar el siniestro.
En mayo de 2017, miembros de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape informaron a Mongabay Latam sobre la invasión que afecta Chaparri desde hace más de cuatro años. Una inspección del Servicio Nacional de Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) comprobó que la deforestación causada por el ingreso de invasores ilegales había acabado con por lo menos 25 hectáreas de bosques dentro de la ACP, en la zona denominada Pampa Yaipón.
Un mes después, en junio de 2017, Mongabay Latam informó sobre el conflicto que se presentó en la ACP cuando una comisión liderada por el Serfor fue atacada por 30 invasores mientras inspeccionaba el territorio.
En esa ocasión, la comisión pudo comprobar la presencia de maquinaria pesada con la que se había deforestado parte del bosque en los linderos de esta área de conservación privada con la intención de convertirlos en campos de cultivo. En ese momento se denunció también un probable tráfico de terrenos que tendría como trasfondo un proyecto hídrico.
Leer más: América Latina: la región con más ambientalistas asesinados en el 2017
En defensa de Chaparrí
Javier Ruiz, del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí, sostiene que detrás de las invasiones en Chaparrí estaría el interés por el aumento del valor de la tierra tras el anuncio de la ejecución del megaproyecto de irrigación hidráulica denominado La Montería, que se construiría en esa zona, como parte del Plan Hidráulico Regional que ejecutará el Gobierno Regional de Lambayeque.
Además, cree que detrás de otras invasiones también estaría un interés similar, pues la propuesta del gobierno regional es construir 19 presas en diferentes partes de Lambayeque.
Hace dos semanas, la congresista María Elena Foronda Farro estuvo en Chiclayo para reunirse con representantes de distintas organizaciones relacionadas con la problemática de Chaparrí, y anunció que prepara un pedido para que se interpele a la ministra del Ambiente, Elsa Galarza.
El pedido de interpelación se sustenta, según el despacho de la congresista, en la inacción del Ministerio del Ambiente (Minam) ante la depredación de la ACP Chaparrí; la desafectación de los humedales de Puerto Viejo, en Lima, para favorecer a proyectos inmobiliarios; además de la permisibilidad del Minam frente a proyectos carreteros que atraviesan áreas naturales protegidas en la Amazonía; y la inacción frente a los derrames de petróleo en la selva peruana, entre otros temas ambientales.
Por otro lado, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, también se ha manifestado sobre lo que sucede en Chaparrí. Rodríguez hizo un llamado a fiscales y jueces para evitar la desaparición de la reserva ecológica de Chaparrí y aseguró que desde el Poder Judicial están haciendo lo posible para que no haya impunidad en el crimen de Tarrillo Astonitas.
Activistas y autoridades coinciden en que el problema de las invasiones, unidos a los incendios forestales, algunos de estos ligados a esta práctica ilegal de apropiación de terrenos, están causando la desaparición de los bosques de Lambayeque, refugio de muchas especies emblemáticas como la pava aliblanca y el oso de anteojos.
Foto portada: Agencia Andina
Créditos
