- Jefe de la comunidad, Carlos Hoyos, y su hermano fueron víctimas de disparos mientras inspeccionaban territorio solicitado para ampliación de su comunidad.
- En una visita a esa zona, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental constató nuevos espacios desboscados.
Hace tres semanas, Carlos Hoyos, presidente de la comunidad Santa Clara de Uchunya, tuvo un encuentro directo con la violencia que actualmente rodea sus territorios. Él y su hermano Benjamin tuvieron que huir de una balacera mientras monitoreaban los bosques que los traficantes de terrenos codician. “Es la segunda vez que nos salvamos de un tiroteo, la primera fue en diciembre del año pasado. Esta vez, no sé cuántas personas salieron a nuestro encuentro, pues apenas vi a tres de ellas con armas, empecé a correr para escapar y fue en esa huida que caí y me disloqué el hombro”, relata Carlos, aún impresionado por el hecho.
Este episodio, lamentablemente, no es inusual. En la comunidad se escuchan continuamentedisparos al aire.“Hostigan a los comuneros que viven a orillas del río. Hacen tiros al aire y se presentan personas encapuchadas que atemorizan a las familias y a los niños. Están metidos dentro de nuestro territorio”, dice el presidente de la Comunidad.
La comunidad señala como responsables de estos atentados a traficantes de tierras y a operadores de empresas de palma aceitera. En el comunicado que emitió la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluente (Feconau) luego de este suceso, se pide la protección policial para Santa Clara de Uchunya, así como el desalojo de los territorios invadidos.
Durante los mismos días de la balacera, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali confirmó la presencia de nuevas áreas deforestadas dentro del territorio que la comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya ha solicitado sea incluido como ampliación a su propiedad.
La visita en campo y las imágenes satelitales revisadas señalaban por lo menos dos zonas desboscadas recientemente, alrededor de 16 hectáreas, según informa la Fiscalía. Stuación que, según cuenta Carlos Hoyos, presidente de la comunidad nativa, se repite constantemente.
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Mafias y amenazas a la autoridad
El presidente de la comunidad dice que este clima de temor e incertidumbre está presente en Santa Clara de Uchunya desde hace seis años, cuando la empresa de palma aceitera Plantaciones Pucallpa, ahora Ocho Sur P SAC., perteneciente al Grupo Melka, se instaló en el terreno ubicado frente al río Aguaytía, que bordea la comunidad. Ocho Sur P SAC y Ocho Sur U SAC, ambas del grupo Melka, han sido denunciadas por delito contra los bosques o formaciones boscosas, tráfico ilegal de productos forestales maderables, entre otras acusaciones.
Las amenazas no solo han alcanzado a los pobladores sino también a las propias autoridades fiscales. El Fiscal Especializado en Materia Ambiental, José Luis Guzmán, dice que también ha sido amenazado cuando ha ingresado al territorio en disputa para realizar inspecciones.
Guzmán comenta que los casos de deforestación se vienen presentando en todo el distrito de Nueva Requena, en la provincia de Coronel Portillo, donde está ubicada la empresa y la comunidad nativa.
La modalidad es simple, explica la autoridad. Después de talar el bosque, esos mismos terrenos son sembrados con diferentes cultivos, de tal forma que los invasores pueden solicitar constancias de posesión por cambio de uso de suelo.
“Cuando los encontramos en los terrenos, dicen ser personas naturales que siempre han vivido ahí, aunque las imágenes satelitales muestren que hace poco ese terreno era solo bosque. Así, los traficantes consiguen adjudicarse tierras que luego pueden ofrecer en venta a la empresa de palma o a cualquiera. Incluso hay comunidades nativas que nunca se titulan ni se aprueba su solicitud de ampliación. Es toda una mafia”, señala Guzmán.
Ulises Saldaña, gerente de Responsabilidad Social de Ocho Sur, niega cualquier vinculación con las amenazas y con la compra irregular de terrenos. “Las acusaciones son falsas, pues la policía ya ha constatado que ni el personal de seguridad de la empresa usa armas”.
El representante de la empresa de palma señala que el territorio solicitado para ampliación por la comunidad Santa Clara de Uchunya se encuentra a más de cinco kilómetros de distancia del terreno de la compañia.
Saldaña asegura que el problema que se presenta en la zona se debe a la llegada de arroceros que están invadiendo los bosques de Ucayali. “Existen informes de que se trata de cultivos de arroz. Además, es fácil constatar que no se trata de palma aceitera, pues existen imágenes satelitales que lo demuestran”.
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Una titulación que no llega
Para el director regional de Agricultura, Isaac Huamán, el problema se genera porque la comunidad no había solicitado formalmente la ampliación de su territorio en las tierras que hoy están en disputa. Explicó que cuando asumió la dirección Agraria – en el año 2015– el problema ya existía, pues había colonos instalados en parte del territorio solicitado por la comunidad. Inicialmente, Huamán ofreció entregar 750 hectáreas a Santa Clara de Uchunya y un poco más de 200 a los colonos. La propuesta fue rechazada por la comunidad.
Un año después, el problema se agudizó. Las tierras en manos de colonos fueron vendidas a arroceros que ahora reclaman como propios estos predios. La transacción fue irregular pues los colonos se valieron en unos casos de constancias de posesión y en otros de autorización municipal, documentos que no son válidos para la venta de un predio.
Actualmente, dice Huamán, se han definido aproximadamente 1200 hectáreas como ampliación del territorio de la comunidad Santa Clara de Uchunya. “No voy a permitir el tráfico de tierras y todos los terrenos que alguna vez tuvieron los colonos, los he sumado para la comunidad. Esta semana formalizaremos el proceso, junto a otras 35 comunidades que también están solicitando ampliación y titulación”, sostuvo el funcionario a Mongabay Latam.
Por su parte, el jefe de la comunidad nativa espera que el ofrecimiento se concrete pronto, aunque reclama una extensión mayor para la ampliación. Según Hoyos, la titulación debería ser por 2500 hectáreas y no la mitad que les ofrecen ahora.
Conrad Feather, de Forest People Programme, organización dedicada a apoyar a comunidades indígenas, considera que la propuesta de la DRAU de entregar alrededor de 1200 hectáreas “es una medida arbitraria que no representa el alcance de su territorio tradicional”. Señala, además, que no se está tocando el problema con la empresa de palma ni el de las múltiples constancias de posesión otorgadas por la misma dirección agraria dentro del territorio tradicional de la comunidad.
En tanto, Huamán asegura que no puede entregar un territorio mayor porque todo el resto del bosque cercano “está tomado, con títulos, con constancia de posesión y en procesos de venta”. Responsabilidad que adjudica a anteriores gestiones.
El funcionario regional señala que, una vez entregado el título, corresponderá a la comunidad nativa seguir el proceso para sacar a los invasores. “Ha sido un problema de tráfico de tierras. Pero ni el que ha comprado ni el que ha vendido tiene derecho a ella, por tanto, esos terrenos pasarán a manos de la comunidad nativa”.
El problema de las agresiones, amenazas y conflictos por la tierra ha llegado a oídos de organismos internacionales y, la semana pasada, una delegación de la comunidad nativa se reunió con el Relator de la Organización de la Naciones Unidas para los defensores de los Derechos Humanos, Michael Forst, para presentar su caso. La esperanza es que este conflicto se acabe pronto.
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