- El Mecanismo Conjunto es la herramienta alternativa a REDD+ que usa Bolivia para cumplir el compromiso asumido en el Acuerdo de París: tener 19 millones de hectáreas de bosques bajo manejo integral y sustentable para el año 2030.
- Si bien ya existen 11 proyectos funcionando, los especialistas consultados señalan que son una “gota en el océano” y que necesitan desarrollarse a gran escala, sobre todo si como parte del acuerdo necesitan reducir a cero la deforestación ilegal para el 2020.
“Ixiamas tiene vocación forestal, pero nunca hemos sembrado una planta, solo hemos saqueado la madera de manera irracional”, confiesa Jorge Haensel, alcalde de ese municipio boliviano. Sin embargo, hace tres años, los invitaron a unirse a la difícil tarea de reducir a cero la deforestación ilegal en Bolivia y desarrollar un proyecto como parte del Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de Bosques.
Un nombre bastante largo y difícil de recordar pero que busca dejar una huella en la memoria de los pobladores de Ixiamas, una población ubicada al norte del departamento de La Paz. Ixiamas es uno de los nueve municipios que participa en esta iniciativa de conservación y mitigación del cambio climático, que promueve sobre todo la reforestación y el desarrollo de sistemas agroforestales.
Este mecanismo de conservación fue la salida que encontró el Gobierno boliviano luego de negarse a implementar el mecanismo REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) en su territorio, como lo venían haciendo la mayoría de países en América Latina. Para Evo Morales, REDD solo promueve la mercantilización de la madre tierra, por eso el Mecanismo Conjunto no participa del mercado de carbono.
La polémica en Bolivia, sin embargo, no ha girado en torno a cuál es la herramienta más idónea para detener la pérdida de bosques, sino en la contradicción que existe entre los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y la política económica de desarrollo de Bolivia que, para algunos expertos consultados por Mongabay Latam, legaliza la deforestación en lugar de reducirla.
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Poniendo a andar el mecanismo
Uno de los primeros pasos fue identificar los potenciales municipios para trabajar. Se les pidió a los pobladores que sean ellos mismos quienes decidan el proyecto que querían desarrollar, para luego darles el financiamiento y ayudarlos a ejecutar su idea. La cooperación danesa aportaba el 80 % y el municipio el 20 % restante.
La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), entidad estatal responsable de implementar las políticas sobre cambio climático en Bolivia, es la que lidera este trabajo con la ayuda de los fondos otorgados por la cooperación danesa que ascienden a más 14 millones de bolivianos (algo más de dos millones de dólares). Bolivia busca cumplir así con el compromiso asumido como parte del Acuerdo de París: contar con 19 millones de hectáreas de bosques bajo manejo integral y sustentable, y 4,5 millones de hectáreas reforestadas para el año 2030.
En el camino se ha criticado la lentitud para la puesta en marcha de los proyectos, tomando en cuenta que el dinero estuvo disponible desde 2014. La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra se ha defendido señalando que algunos municipios se tardan en gestionar sus recursos y ejecutarlos.
Lo cierto es que hoy nueve municipios de dos departamentos más una gobernación departamental desarrollan sus propios proyectos. En La Paz, se ha logrado involucrar a los municipios de San Buenaventura, Ixiamas, Apolo y Charazani; en Santa Cruz a los de Yapacaní, San Carlos, Concepción, San Ignacio de Velasco y San José de Chiquitos; y por último la Gobernación departamental de Pando.
Para Daniel Larrea, doctor en Ecología Tropical y biólogo de ACEAA-Conservación Amazónica, la mayoría de los once proyectos apuntan a recuperar la masa boscosa para fines de mitigación del cambio climático y se ejecutan en tierras bajas, en municipios de la Amazonía boliviana y la Chiquitanía.
Los proyectos contemplan la construcción de viveros, desarrollo de plantines, así como la reforestación y forestación. Para Larrea, son actividades que las comunidades visibilizan mejor y pueden acompañar con más interés que aquellos procesos más largos que tienen que ver con el fortalecimiento de capacidades. “Es probable que se hayan priorizado este tipo de proyectos para visibilizar lo que han logrado con el financiamiento”, dijo.
En Yapacaní, por ejemplo, se concentraron en restaurar las riberas del río que lleva el mismo nombre de la comunidad, porque la pérdida de bosque provoca desbordes y afecta a los lugareños. Es un área sensible, además, donde hay sobreexplotación de especies preciosas que alberga el Parque Nacional Amboró, aseguró a Mongabay Latam Oscar Gonzales, técnico de esa alcaldía.
El cambio climático es una de las mayores preocupaciones para los pobladores. Por eso los técnicos aprovecharon para capacitar a las comunidades y enseñarles el camino para adaptarse.
Uno de ellos fue la implementación de sistemas agroforestales en cuatro comunidades. En la presentación de los resultados del proyecto, algunos beneficiarios recomendaron que los técnicos de la APMT cuenten con parcelas demostrativas para que comprendan mejor cómo hacerlo.
“El tema de cambio climático es nuevo. Las comunidades sienten que el calendario agrícola fue modificado y también los indicadores biológicos. Tienen conciencia del problema”, dijo a Mongabay Latam Ximena Paredes Prieto, técnico de Ixiamas.
En el municipio de San Carlos, en Santa Cruz, el proceso fue más lento. Si bien las primeras acciones fueron coordinadas desde 2015, recién se pusieron en práctica en el 2017. Hoy tienen un avance al 78 % y los beneficiarios consideran que el tiempo fue corto para implementar todo el proyecto.
Por eso insisten los municipios en que el trabajo con las comunidades continúe por los próximos años.
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¿Cero deforestación ilegal para el 2020?
Un compromiso asumido por Bolivia, a mediano plazo, es lograr que la deforestación ilegal se reduzca a cero. Esta meta es considerada ambiciosa, tomando en cuenta que representa cerca de la mitad de la deforestación total del país y que deben cumplirla para el 2020.
De acuerdo al monitoreo que realiza la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), el año 2016, la deforestación en Bolivia superó las 295 770 hectáreas. Entre enero y octubre de 2017, la misma superó las 225 000. Y las cifras oficiales calculan que entre 2012 y 2017, la pérdida de bosques bordeó las 214 000 hectáreas por año.
El Gobierno boliviano pretende revertir estas cifras apostando, principalmente, por los proyectos del Mecanismo Conjunto. Por eso la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra quiere expandir la iniciativa y que más proyectos —impulsados por organizaciones de la sociedad civil y entidades estatales— se sumen para frenar la deforestación en esas tierras.
Para el exembajador de Bolivia ante la ONU y exjefe de la delegación boliviana ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Pablo Solón, no es coherente pretender cumplir los compromisos de reducción de emisiones con pequeños proyectos como los ejecutados a través del Mecanismo Conjunto, sobre todo mientras crece la deforestación “legal”.
Solón resalta que la solución no está en ejecutar estos pequeños proyectos cuando se está legalizando lo ilegal. Mencionó, puntualmente, el caso de la Ley 741 de 2015 que permite la ampliación del desmonte de 5 a 20 hectáreas, para las propiedades agrícolas menores o igual a 50 hectáreas. Antes de esta norma, solo podían desmontar cinco hectáreas para mostrar que el predio cumple con su función social, con la Ley 741 ahora los dueños de los predios tienen autorización para desmontar 20 hectáreas. La autoridad de tierras, INRA, controla que así suceda, de lo contrario pueden revertirse esas tierras fiscales.
El exembajador explica que no es que esté en contra de la forestación y reforestación, sino que “no hay que engañarnos” porque los proyectos del Mecanismo Conjunto son como “gotas en el océano”. En su análisis adelanta que Bolivia no cumplirá su compromiso de cero deforestación ilegal para 2020, porque en realidad lo que está haciendo es legalizarla.
El director de la APMT, Iván Zambrana, sostiene que se está avanzando en reducir la deforestación ilegal. “Se avanzó muchísimo. Hay que entender a la deforestación como un proceso inherente al desarrollo de un país. La deforestación ilegal bajó, la deforestación legal aumentó pero también los mecanismos de control que tiene el Estado. Ahora las instituciones que tienen que ver con los bosques trabajan juntas, aunque todavía tenemos grandes debates internos sobre qué visión de desarrollo le vamos a dar a las áreas de bosques de nuestro país”, manifestó.
Solón insiste en que Bolivia no solo no podrá alcanzar la meta de deforestación ilegal cero para el 2020, sino que tampoco conseguirá reforestar las 750 000 hectáreas de bosque para el mismo año.
Explicó que si anualmente el gobierno está sembrando 10 millones de plantines —suponiendo que todos sobreviven— estos representan 10 000 hectáreas. Si se considera dentro de esta cifra a los proyectos que podrían adherirse al Mecanismo Conjunto, siendo optimistas, se lograría reforestar unas 50 hectáreas por año, sostiene Solón. “En tres años, hasta el 2020, no se llegaría a cubrir los 750 000 de la Contribución Nacional”, concluyó.
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Hay que pensar en grande
Para la activista y experta en cambio climático, Carmen Capriles, todos los esfuerzos para detener la deforestación son buenos pero es necesario pensar en grande.
“El Mecanismo Conjunto tiene sus pros y sus contras pero se debe implementar a mayor escala y debe tener una visión más holística”, dijo.
Capriles sumó al debate, además, la necesidad de contar con penas más severas para sancionar la deforestación ilegal. Hoy cuestiona que las multas sean ínfimas y además perdonadas, es decir, que los infractores no lleguen a pagarlas. Por lo tanto propone que la multa por hectárea deforestada ilegalmente ascienda a 2000 bolivianos (290 dólares) y que con la mitad de lo recaudado por ese concepto se financien más proyectos a gran escala del Mecanismo Conjunto.
Desde la otra orilla, el Gobierno resalta la importancia que tienen las comunidades para alcanzar la meta trazada, porque son ellas las que se involucran y asumen el manejo a largo plazo de los proyectos de reforestación o de los sistemas agroforestales. “La única forma de parar la deforestación es que las comunidades realicen acciones colectivas luego de decidir qué hacer con su bosque”, insiste Zambrana.
Pero para ello es necesario que el Estado los siga acompañando en el proceso, menciona el alcalde del municipio de Ixiamas. Jorge Haensel sostiene que para seguir sembrando y manejando sus bosques deben contar con la ayuda del Gobierno, porque reconoce que ellos recién han despertado y quieren “conservar” y “reforestar”.
Lo que falta resolver también, señala Capriles, es que el Mecanismo Conjunto no sea aplicado bajo una visión antropocéntrica, “es decir, que si el ser humano lo necesita igual puede deforestar porque la prioridad es dar de comer a las personas”.
Zambrana replica la observación de Capriles señalando que “no hay que entender a los bosques como el objeto de conservación en sí (…) Lo que tenemos que asegurarnos es que lo que se deforeste se aproveche al máximo para beneficio colectivo de las comunidades”, puntualizó.
En junio de este año se terminaron de ejecutar todos los fondos, el paso siguiente será auditar en que se han invertido y analizar qué es lo que se necesita hacer para cumplir con la meta trazada.
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