Balance ambiental de Perú en 2018: tráfico de tierras, áreas protegidas bajo amenaza y políticas cuestionadas

Una polémica norma publicada quince días antes de que termine el año ha generado un nuevo debate dentro del sector ambiental en Perú. Se trata de un decreto supremo que aprueba que el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) pase a depender del Ministerio del Ambiente. Esta decisión provocó que el jefe de esa institución fiscalizadora renuncie por considerar que la nueva norma le “resta independencia” a la entidad.

El Gobierno ha justificado el cambio aludiendo a  un “proceso de modernización del Estado” pero para los críticos significa un retroceso en materia de fiscalización. Este no ha sido la única controversia en el sector ambiental. La minería ilegal y el narcotráfico han ganado terreno dentro de algunas áreas naturales protegidas emblemáticas;  la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial sigue en la lista de tareas pendientes y el Estado arrastra una deuda con el mar peruano por no haber podido declarar este año nuevos espacios de protección.

Pero el año que se va también ha dejado buenas noticias, una de ellas es la declaración de doce nuevas áreas protegidas y la posibilidad de que las poblaciones aledañas puedan beneficiarse con el turismo y con proyectos de desarrollo sostenible.

Este es el balance del año que Mongabay Latam ha preparado para despedir el 2018 y para identificar esas tareas que quedan pendientes para el año que viene.

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Lo preocupante: cambios en las reglas de juego

A solo 15 días de terminar el año, el gobierno peruano tomó una decisión que despertó una ola de críticas dentro del sector forestal y ambiental. El 14 de diciembre, se anunció, mediante un decreto supremo, que el Osinfor pasará a manos del Ministerio del Ambiente (MINAM), dejando atrás su dependencia a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Esta decisión provocó la renuncia del jefe de la institución, Máximo Salazar, quien precisó que el cambio le restaría independencia a la entidad que lideraba. Cuando Perú firmó el Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos (conocido como el TLC), además de comprometerse a crear el Osinfor para desarrollar “mecanismos de verificación relacionados con la extracción y el comercio de productos madereros”, aseguró que esta entidad sería “independiente y separada”. Por eso estaba adscrita a la PCM.

Para la directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés), Julia Urrunaga, “Osinfor es transectorial y no debe estar adscrito ni al Ministerio del Ambiente ni al de Agricultura y Riego. La información de este organismo es clave para identificar la madera ilegal en el país”, dijo a Mongabay Latam. La directora de EIA recordó el papel que jugó esta institución durante la Operación Amazonas, cuando en el 2015 se intervino madera valorizada en 1.6 millones de soles –dentro de un almacén y en la embarcación Yacukallpa– que tenía como destino México y Estados Unidos. En ese momento se reveló que más del 90% de esa carga tenía origen ilícito.

La actual titular del sector fue antes directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y mientras ejercía este cargo, en el 2016, según denunció el portal Ojo Público, intercedió a través de varias comunicaciones oficiales a favor de un grupo de empresarios propietarios de un cargamento de madera que Osinfor había identificado como de origen ilegal.

Por su parte, la Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, rechazó que exista un intento por restar independencia a la institución. En declaraciones al diario El Comercio, la titular del sector dijo que “la independencia de la institución no responde a la institución a la que esté adscrita sino a respetar las decisiones que se toman”.

Este no ha sido el único cambio en políticas ambientales polémico. Para Gabriel Quijandría, ex viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Minam, “el Perú dejó de ser activo en temas ambientales y pasó a concentrarse a cosas muy pequeñas y limitadas. Ahora, recuperar ese espacio cuesta”. Destaca, por ello, la aprobación de la Ley de Cambio Climático, aprobada en marzo de este año ya que e trata de un proceso de consolidación de medidas y normas concretas para enfrentar este problema”, dice.

Quijandría, sin embargo, criticó la aprobación de de la Ley 30723 que declaró de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali, medida que toca directamente a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). Pese a los candados a los que está sujeta la norma, el riesgo para los expertos permanece vigente. “Ese es el tipo de leyes que no quisiéramos ver más. Son declarativas, pero se usan para que los gobiernos regionales y municipales accedan a más recursos”, comenta Quijandría.  

Para el biólogo y ecólogo Ernesto Ráez, este año hubo un parteaguas importante con el cambio en la cartera ministerial. El biólogo considera que la gestión de Elsa Galarza, ministra del Ambiente del último gabinete de Pedro Pablo Kuczynski , se dedicó a restar importancia a su propio sector y asumió que la reducción de los estándares ambientales mejoraría la inversión privada.

En cambio – continúa Ráez– la nueva gestión de Muñoz está dispuesta a plantear diálogos y exigencias a los sectores, aunque considera que todavía está avanzando en las “cuestiones menos peliagudas” como la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático y la ley de plásticos desechables. “A Muñoz le han dejado unos pasivos que llevará algún tiempo atender y revertir y no sabemos qué tanta voluntad y respaldo tendrá para dejar atrás esos discursos cavernarios. Es importante saber qué hará ante la tala y minería ilegal y el tráfico de tierras que tiene un impacto brutal en el territorio peruano”.

Durante el último Gore Ejecutivo, la ministra Muñoz presentó los ejes prioritarios para enfrentar la deforestación, los mismos que se ejecutarán en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Agricultura y Riego. Estas acciones están dirigidas a fortalecer la institucionalidad, gestionar de manera integral el territorio, impulsar la producción sostenible y conformar un comité especial que realice un diagnóstico y una propuesta respecto a la minería informal en Madre de Dios.

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Lo malo:  áreas naturales protegidas expuestas a la las actividades ilícitas

De acuerdo con la Estrategia de lucha contra la minería ilegal en Áreas Naturales Protegidas 2017 – 2021, siete de ellas están acorraladas por la minería. Según ese documento, el Parque Nacional Bahuaja Sonene solo presentaba actividades ilícitas en su zona de amortiguamiento.

Sin embargo, este año, Mongabay Latam evidenció en una serie de reportajes que, no solo la minería aluvial se desarrolla peligrosamente en el límite de este espacio reservado, sino que el narcotráfico opera dentro. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en Bahuaja Sonene existen 118 hectáreas de coca, convirtiendo a este parque en la zona protegida con mayor superficie de este cultivo. Pero las autoridades del área aseguran que los sembríos prohibidos de hoja de coca han tomado en realidad 473 hectáreas del área reservada.

¿Cómo el narcotráfico ha logrado ingresar a las áreas protegidas? Para  el Procurador Especializado en Materia Ambiental, Julio Guzmán, el problema está directamente relacionado con la capacidad que tiene el Estado para resguardar extensiones tan grandes de territorio como las ANP. “Perú debe ser el país con menos guardaparques para sus inmensos territorios reservados. Pero aún aumentando esta cifra no solucionamos el tema, porque hay una relación con otros problemas sociales”. En el caso del narcotráfico en Bahuaja Sonene -dice- la intervención corresponde a la Dirección Antidrogas de la Policía.

Por otro lado, hace menos de un mes en un sobrevuelo de la Fuerza Área,  en el que participó Mongabay Latam, se confirmó que la minería ilegal ha vuelto a ingresar a la  Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios, una de las zonas más deforestadas de la Amazonía peruana por esta causa. Pedro Solano, director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental SPDA, recuerda el esfuerzo que hizo el gobierno en años anteriores por recuperar el área degradada por la extracción de oro dentro de la reserva. “Lo que debe llamarnos la atención es que no solo es algo que pasa en el territorio nacional y en las comunidades indígenas sino también que está atacando los espacios más representativos del patrimonio natural y también cultural porque hay sitios arqueológicos que están amenazados por la minería”.

De acuerdo con el especial Amazonía saqueda, publicado recientemente por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), de las 245 áreas de extracción no autorizada de minerales como oro, diamantes y coltán en toda la Amazonía, 110 se encuentran en Madre de Dios. “Este departamento peruano es considerado como el sector de la Amazonía con la mayor degradación causada por la extracción de oro”, precisa el documento.

La deforestación causada por la minería aurífera en esta región ha alcanzado, en los últimos 32 años, 95 750 hectáreas, según una investigación del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA). 

Otro dato importante es la cantidad de dinero que mueve este negocio prohibido. De acuerdo con la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, las organizaciones criminales dedicadas a la producción y venta de oro ilegal ganaron -en el año 2016- un total de 2600 millones de dólares en Perú. (más de 8 500 millones de soles al cambio actual).

Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, sostiene que para combatir este problema hay que trabajar “en  un nuevo plan de formalización minera. Además, se debe reducir la afectación del mercurio en la salud, bajar la deforestación y considerar los aspectos humanos, como la trata de personas, que rodea esta actividad ilícita”. Castro cree que algunos pasos se han dado, sobre todo en el sector justicia con la creación del Primer Juzgado Ambiental en Madre de Dios que se concretó en el primer trimestre de este año, así como con el monitoreo satelital de los bosques.

El procurador Guzmán dijo que, aunque es importante contar con un juez especializado en materia ambiental en la región, existe un problema de tiempo y presupuestos para llevar adelante las investigaciones en una región que tiene alrededor de tres mil denuncias en trámite.

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Lo ausente: una mirada a los pueblos indígenas

El reporte mensual de la Defensoría del Pueblo señala que hasta octubre de 2018 se registraron 199 crisis sociales. De esta cifra el 61,8% califican como conflictos socioambientales.

Para Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, uno de los temas latentes para los pueblos indígenas y que ocasionan los conflictos corresponde a los derrames de petróleo. “Es cierto que se ha avanzado en la identificación pero la solución va a paso lento. Cada día que pasa los pasivos están afectando la salud, la calidad del agua, del suelo y de los alimentos de quienes viven cerca”.  

Abanto hace un llamado de atención sobre el actual conflicto que se presenta en el distrito de Morona, en la región Loreto, por la rotura del Oleoducto Norperuano (ONP) que ocasionó un severo derrame de petróleo el pasado 27 de noviembre. En protesta por el daño ambiental, las comunidades nativas Mayuriaga y Chapis mantienen bloqueado el acceso a la Estación 5 del ONP.

Ruth Buendía, Secretaria del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica del Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) también muestra su preocupación por lo que está sucediendo en Loreto y critica al gobierno por su ausencia ante los problemas ocasionados por los derrames de petróleo. “Cada vez hay más conflictos en las comunidades por los problemas con el petróleo. Son derrames de tantos años de explotación y no se atiende a las personas que viven cerca a las zonas petroleras”.

La funcionaria de la Defensoría del Pueblo también se refirió a un tema que aún no se ha resuelto: la atención a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). “Está pendiente que se reconozcan cinco reservas indígenas” señala. Aunque  Abanto destaca que este año se aprobó el marco legal para que se sancione a quienes ponen en riesgo la vida de los PIACI, aún hay muchos asuntos pendientes por resaltar en esta materia.

Un reciente reportaje de Mongabay Latam ha evidenciado, una vez más, las graves amenazas que afectan a las cerca de 5 000 personas que viven en aislamiento y contacto inicial en Perú. El mercurio es un problema que se ha metido en sus vidas. El informe ‘Análisis de Situación de Salud del pueblo Nahua de Santa Rosa de Serjali en la RTKNN’, emitido en el 2017 por el Ministerio de Salud, indica que en el 78 % de las muestras se encontró el metal.

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Lo invisible: un mar de problemas

Los expertos en el tema coinciden en que muy poco se ha hecho por manejar adecuadamente los recursos del mar peruano este año. “Falta una mejor fiscalización de la pesca, dotar de mayores capacidades a los pescadores artesanales y aumentar la cantidad de espacio marino protegido” dice Carmen Heck, directora de Políticas de Oceana.

Precisamente, un tema que se ha discutido mucho este año ha sido la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, un proceso que ha estado plagado de controversias y que incluso generó un enfrentamiento entre la industria de hidrocarburos y la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. La propuesta aún está a la espera de ser aprobada y, según asegura la titular del sector, verá la luz en el primer trimestre del 2019. “Si no se avanza es porque el obstáculo es político y no técnico”, asegura Heck, quien lamenta que hasta ahora el Perú no supere la cifra del 0.4% de su superficie marina bajo protección cuando la meta al 2020 es alcanzar un 10% de su extensión.

Otro tema que preocupa a expertos es la falta de trazabilidad de las especies que llegan a las mesas de los peruanos y el comercio irregular de muchas de ellas. En un operativo realizado la semana pasada en el puerto del Callao se confiscó más de 25 000 aletas de especies como el tiburón azul y el tiburón zorro, incluidas en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La carga estaba destinada al mercado asiático, donde esta parte del tiburón es considerado un manjar y alcanza precios de hasta 200 dólares la unidad.

El procurador Julio Guzmán dijo que se está siguiendo este caso junto con otro de similares características. “Queremos aplicar la ley de interdicción para la pesca ilegal que se aprobó este año, para que sirva de ejemplo y estos casos no se repitan”. No obstante, señaló que una empresa ha interpuesto una acción de amparo contra esta norma para que se declare inconstitucional.  

Para Pedro Solano, de SPDA, las deficiencias en los controles de la pesca se concentran en el sector artesanal. “Esto perjudica no solo al mar, sino a los pescadores. Este año, los estudios de Oceana nos han demostrado que no sabemos lo que comemos. Nos venden gato por liebre”.

Solano mencionó otros dos temas que considera prioritarios para contar con una mejor fiscalización en el sector. La primera se refiere al control de astilleros ilegales y de las embarcaciones que se construyen en estas bolicheras y que no son registradas. El segundo tema pasa por darle mayores herramientas a los pescadores legales, como el otorgamiento de derechos para la explotación de recursos bentónicos, es decir, aquello que crecen pegados a las rocas.  En cuanto a la pesca industrial, Solano considera que es el sector en el que más se avanzó, pero aún está pendiente enfrentar los barcos asiáticos que pescan en alta mar.

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Lo feo: la subasta de los bosques en Perú

Un último operativo de la Policía Anticorrupción y la Fiscalía Penal en Ucayali para poner al descubierto una red dedicada al tráfico de tierras abrió un nuevo camino en la lucha contra este problema que está acabando con los bosques en Perú. El miércoles 12 de diciembre se allanó el local de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali y se detuvo a su director, Isaac Huamán, junto a otro funcionario del sector, a quienes se les acusa de entregar de manera ilegal terrenos del Estado y de comunidades nativas.

“Se trata de un uso perverso y sistemático de los mecanismos de titulación de tierras que existen en Perú para incorporar estos predios al mercado y lucrar con ellos”, señala Juan Luis Dammert, sociólogo, geógrafo e investigador de Oxfam.

Para ello, dice Dammert, se utilizan varios mecanismos irregulares que involucran a todos los actores que ahora vemos en el caso de Ucayali. Explica que uno de ellos consiste en la compra de una gran cantidad de predios titulados por parte de empresas a pequeños agricultores. Terrenos que luego desboscan y destinan a monocultivos. Otra forma corresponde a las campañas masivas de titulación, que las autoridades regionales y locales aprovechan para buscar grandes áreas, dividirlas en gabinete y entregarlas a familiares, conocidos, amigos. “Es como una inversión a futuro, pero ilegal”. La tercera es organizar invasiones para luego entregar los terrenos.

No se trata de un problema nuevo, pero se está extendiendo en todo el país y no es exclusivo de las grandes plantaciones, ni de la Amazonía, sino que ocurre también en las ciudades, dice el experto. “Lo de Ucayali era dramático. Pero se trata de un fenómeno global”.

El Procurador Guzmán destaca la decisión de incluir los delitos ambientales en la ley de crimen organizado: “los funcionarios tienen que entender que no son ajenos a los controles y que ante cualquier irregularidad pueden ser investigados incluso bajo el esquema de crimen organizado”.

Julia Urrunaga, del EIA, también comenta el problema de la corrupción en el Perú y cómo está enquistado en todos los espacios relacionados al tráfico de madera y la tala no autorizada. “La información de Osinfor de este año sigue demostrando los niveles de ilegalidad altísimo en la madera que se moviliza en el país”, precisa con relación a los documentos o planes de manejo falsos que se presentan en los gobiernos regionales y que la autoridad supervisora descubre cuando hace las inspecciones en los bosques y constata que la madera nunca salió del lugar donde fue declarado”. Esto es también una tendencia global, según mostró también una investigación periodística que cubrió el tema en seis países de Latinoamérica.

Para Urrunaga existe un trabajo interesante de fiscalización desde Osinfor y la Sunat (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria), sin embargo, ella no ve aún · esfuerzos de parte de la autoridad forestal, Serfor es el gran ausente en esta estrategia (Servicio Forestal y de Fauna Silvestre)”.

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Lo bueno: más de un millón de hectáreas bajo protección

Este año se crearon 12 áreas protegidas en Perú y aunque el número suene pequeño, la extensión ha sido importante. Según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), en el 2018 se han protegido más de un millón de hectáreas de territorios únicos en biodiversidad, un enorme salto si lo comparamos con el año pasado, en el que la cifra alcanzó sólo 50 mil hectáreas.

La primera área reservada aprobada por el Estado peruano fue el Parque Nacional Yaguas que, con sus más de 800 mil hectáreas, sumó un importante espacio para la conservación del territorio nacional. Dos áreas de conservación regional en Amazonas, las primeras creadas en esta región, y ocho áreas de conservación privada completaron la lista del 2018.

Alexander More, director de Naturaleza y Cultura Internacional (NCI) Perú, destaca que la meta de proteger el 17% de su territorio asumida por el Perú como parte de sus compromisos internacionales ya ha sido superada. No obstante, considera que aún hay espacios importantes que deben ser conservados. “Si solo se evalúa el compromiso internacional se diría que ya no hay nada que proteger. Pero si lo vemos a nivel regional e incluso local, nos damos cuenta que existen ecosistemas que son importantísimos y deben ser conservados”.

More pone como ejemplo los ecosistemas de lomas, que en su mayoría permanecen desprotegidos y que están siendo destruidos como ha reportado Mongabay Latam en más de una oportunidad. El director de NCI también se refiere a la sostenibilidad de estos espacios, para los que se “debe buscar mecanismos de financiamiento”.

Una opción podría estar en la actividad turística, como mostró el estudio El impacto económico local del turismo en áreas protegidas del Perú, elaborado por la organización Conservation Strategy Fund (CSF) y presentado en marzo de este año. El hallazgo más importante de esta investigación señala que las áreas naturales protegidas generaron 2 340 millones de soles durante el 2017 y 36 000 puestos de trabajo, dentro y alrededor de las áreas protegidas.

Por otro lado, otras dos buenas noticias fueron positivas el 2018. La primera fue la aprobación de la Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, una decisión unánime del Congreso de la República para terminar con la contaminación que ocasionan estos productos en la fauna marina, así como en los suelos y en los ríos.

La segunda ha sido la decisión del gobierno peruano de incluir su información sobre el monitoreo de la pesca industrial en la plataforma de libre acceso Global Fishing Watch. Ahora, las más de 1300 embarcaciones comerciales que navegan el mar de Perú pueden ser observadas desde cualquier parte del mundo, e incluso se puede hacer un seguimiento de su recorrido.

Foto portada: Vanessa Romo.