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La guerra y la enfermedad

 

Hasta finales de la década de 1990 el aceite de palma extraído en Tumaco representaba el 40 % de la producción nacional con 30 000 hectáreas sembradas. Existen dos fenómenos estrechamente relacionados que explican el declive: la guerra y la peste. Aunque desde los años 70 hay información que documenta la existencia de grupos armados ilegales de origen paramilitar en el municipio, los peores hechos violentos arrancaron en el 2000 y se mantienen hasta hoy. Casi al mismo tiempo, en el municipio se expandió una enfermedad que casi acaba con la palma: la pudrición del cogollo, que desencadenó la pérdida de más de 35 000 hectáreas y más de 17 000 empleos.

Hasta ese momento, como reconoce Jorge Corredor de Palmeiras SA, la mitad de la producción de palma en el municipio estaba en manos de un puñado de grandes empresas y la otra mitad entre pequeños y medianos productores que tenían hasta 10 hectáreas. Hoy, cuando se han vuelto a sembrar unas 17 500 hectáreas, solo 2500 son de los pequeños y medianos productores, asegura Corredor.

“La palma se planteó como una estrategia de desarrollo. Muchas comunidades nativas —afrocolombianos, que son el 95 % de la población del municipio— sembraron palma y se endeudaron. Pero la palma fracasó y a muchos les tocó irse a sembrar coca”, dice Amanda Hurtado, funcionaria de la Procuraduría delegada para Asuntos Étnicos y miembro del Proceso de Comunidades Negras, PCN, una de las principales organizaciones sociales que lucha por los derechos de la comunidad afro en el país.

Los que persistieron en el negocio fueron los grandes productores de palma que lograron acceder a créditos y subsidios del Estado. El mismo Estado que incentivó este cultivo desde la década de 1960 como una estrategia de colonización de las zonas más apartadas del país, de la mano del capital privado, y que aún hoy, según denuncian las comunidades negras, está más alineado a los intereses de las palmeras que a los suyos, que han habitado este territorio desde el siglo XVII.

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Colonización para los grandes

 

Según una investigación del historiador Andrés Guillermo Prieto para el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), en Tumaco desde los sesentas, el Estado invitó a grandes capitales a que invirtieran a cambio de titular predios que en ese momento eran considerados baldíos de la nación, protegidos por la ley 2 de reserva forestal.

“No se trató de una colonización campesina sino empresarial: no pretendió la formación de una clase media campesina a partir de la titulación equitativa de la tierra, sino que se centró en fortalecer el despliegue del gremio empresarial de los palmeros”, dice la investigación. El censo catastral que realizó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en Tumaco en 1996 muestra que la distribución de las tierras tituladas en la región del río Mira, área central de la producción de palma de aceite, era así: en las 272 000 hectáreas censadas, el 84 % de las parcelas estaban entre el rango de 1 a 10 hectáreas y cubrían el 10 % de la superficie. Y el 1.4 % de las parcelas eran superiores a 100 hectáreas y cubrían el 68 % de esa superficie.

Los conflictos por la propiedad de la tierra comenzaron después. Amparados en la Constitución de 1991 y en la ley 70 de 1993, las comunidades afro se organizaron en consejos comunitarios y le exigieron al Estado que les titulara las tierras que habían ocupado ancestralmente. En la región del Mira, los consejos comunitarios de Alto Mira y Frontera y  Bajo Mira y Frontera solicitaron respectivamente 24 000 y 46 000 hectáreas.

La titulación de esos territorios se demoró, la primera hasta 2006 y la segunda hasta 2013. En ambos casos, las tierras de las comunidades negras quedaron traslapadas con las de dos palmeras: Palmas de Tumaco, que hoy tiene más de 5000 hectáreas, con el consejo de Bajo Mira, y Palmeiras SA con el consejo de Alto Mira en 800 hectáreas.

Este mapa muestra el traslape de tierra entre los consejos comunitarios y las empresas palmeras en la región del río Mira. Crédito: Andrés Guillermo Prieto para el Icanh.
Este mapa muestra el traslape de tierra entre los consejos comunitarios y las empresas palmeras en la región del río Mira. Crédito: Andrés Guillermo Prieto para el Icanh.

Ambas empresas aseguran que sus títulos fueron adquiridos antes de que el Estado les titulara tierras a los consejos comunitarios y por tanto, exigen se les reconozca la propiedad.

“Palmas de Tumaco tiene los títulos legales, tiene la historia y la tradición de esos lotes”, dijo Juan Escrucería, exgerente de la empresa en un documental que financió Palmas de Tumaco en 2016. Mongabay Latam intentó comunicarse con esta empresa pero hasta el momento de publicación de esta nota no obtuvimos respuesta.

Una posición similar tiene Corredor, propietario de Palmeiras SA. “Nosotros empezamos con unos títulos que compramos al Incora (la autoridad de tierras de la época). Con el tiempo compramos otras tierras, antes de la Constitución Política de 1991. Unas tenían títulos y otras no, porque lo normal entonces era que uno comprara las mejoras a los campesinos”, dice. “En ningún momento tuvimos que forzar a nadie para que nos vendiera. A nosotros nos ofrecían las tierras”.

Fedepalma también le reconoció a Mongabay Latam estos conflictos. “Surgieron dificultades con las titulaciones de las tierras en los procesos comunitarios, que, por errores en los manejos de la información, llegaron a cubrir terrenos de particulares sin hacer las exclusiones del caso, lo que se ha prestado para nuevos conflictos locales”.

Por eso, amparados en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que aprobó el Congreso en 2011, ambos consejos comunitarios de Tumaco iniciaron los procesos para que el Estado les restituya sus territorios que, según denuncian las comunidades, les fueron arrebatados por las palmeras.

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Entre lo legal y lo ético

 

Hoy, el caso más avanzado es el de Bajo Mira y Frontera donde, según analizó la Unidad de Restitución de Tierras (URT) a cargo del proceso, Palmas de Tumaco se hizo a la mayoría de sus títulos ─en palabras de una fuente que conoció el proceso y que habló con Mongabay Latam con la condición de no ser citado porque el proceso es reservado─ a partir de “mañas de acumulación de tierras”. “Es legal en los papeles pero no es ética. El Estado levantó la Ley 2 de reserva forestal para titular a campesinos que nunca han estado en el territorio y que tres días después le vendieron a la empresa que acumuló los predios”.

La URT da cuenta de que los actos administrativos con los que se otorgaban muchos de esos títulos se emitían el mismo día y con números de radicados secuenciales. Además que el valor por el cual se negociaban los predios era “ostensiblemente bajo” en comparación con su extensión.

A esa situación se sumaron los efectos del conflicto armado, que es precisamente el argumento que sostiene la comunidad de Bajo Mira para reclamar la restitución de sus 46 000 hectáreas, una de las solicitudes más grandes en el país.

“Se debe señalar la existencia en la comunidad bajomireña de una total desconfianza respecto a las empresas palmicultoras, las cuales son señaladas de estar involucradas directamente con el conflicto armado o con sus actores, aunque no haya pruebas o indicios directos que permitan corroborar esa situación”, dice la demanda de restitución que radicó el Consejo Comunitario y la URT en diciembre de 2013. Aun así, la misma demanda dice que estas empresas sí se pudieron ver beneficiadas indirectamente por el conflicto.

“A pesar de los continuos roces y enfrentamientos entre la empresa y la comunidad bajomireña, así como la existencia de las posibles irregularidades mostradas en el informe de caracterización, Palmas de Tumaco siempre ha podido reivindicar el dominio que ejerce sobre sus propiedades. Lo anterior, ya sea a través de la poderosa persuasión ejercida por algunos de sus trabajadores o acudiendo a las autoridades administrativas y judiciales, las cuales siempre han resultado receptivas a los intereses de la empresa. Todas estas situaciones propiciadas o facilitadas por el conflicto armado del cual Palmas de Tumaco ha resultado indirectamente beneficiada”, dice el texto.

Por eso, en sus peticiones, el Consejo Comunitario buscaba que la justicia reconociera los daños que ha sufrido su territorio colectivo, que se les garantizara el derecho ancestral al territorio y que se anularan todas las transacciones con las que empresarios y particulares se apropiaron de los baldíos.

Sin embargo, el juez que revisó el caso no admitió esa demanda por cuestiones de forma. Según la fuente que conoció el caso y que pidió la reserva de su nombre, el juez pretendía que la URT midiera y georreferenciara una a una las 46 000 hectáreas que quiere recuperar el Consejo, a pesar de que ese requisito no está contemplado en el decreto que reglamentó la Ley de Restitución de Tierras y que es un proceso prácticamente imposible de hacer debido a la enorme extensión del territorio.

La URT tuvo que arrancar de cero el proceso en 2015. Y ahora con más pasos. Ese año, la entidad sacó una circular interna para que la Dirección encargada de los procesos de restitución étnica —área que lleva este caso— acatara “directrices” a la hora de formular las demandas de restitución. Su trabajo, como contó el portal Verdad Abierta, sería supervisado por un equipo de profesionales llamado Amei (Asuntos Ambientales, Minero Energéticos e Infraestructura), cada vez que los casos que documentaran tuvieran relación con estos temas. Aunque según la URT, la idea era “blindar las demandas de restitución de imprecisiones”, en la práctica, como corroboró Mongabay Latam con fuentes de la Unidad que pidieron la reserva de sus nombres, este grupo limitó y demoró las reclamaciones de las comunidades étnicas.

“Bogotá dice ‘no lo haga así’. Al hacerlo limita y determina las acciones territoriales. El poder económico de las empresas genera presiones para matizar la demanda. Al final, se suprimieron muchas pretensiones”, contó la fuente.

La segunda demanda de restitución para el Bajo Mira finalmente se radicó en mayo de este año (2018) y todavía está siendo revisada por el juez. Mongabay Latam no tuvo acceso a este segundo texto porque el proceso tiene carácter reservado. Aun así, es muy probable que las pretensiones quedaran reducidas a aclarar los linderos entre la empresa y el consejo comunitario. Y, además, que se eliminaran los cuestionamientos acerca de cómo la empresa había adquirido sus títulos porque se presume la legalidad de los mismos. Esto, a pesar de que fue la misma Unidad la que reconoció las “mañas” en la primera demanda.

“Entre las comunidades hay mucha desilusión, mucha tristeza y angustia. El Estado social de derecho nunca llegó al territorio, solo llegó el Estado militar. No hay confianza con el Estado porque nada se les ha resuelto. Pero siguen en la lucha porque el territorio es lo único que tienen”, concluye Amanda Hurtado de la Procuraduría.

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Entre palma y coca: el caso de Alto Mira

 

Al conflicto por la propiedad de la tierra en Tumaco se le sumó a partir de mediados de la década del 2000 un ingrediente que terminó por complicar la situación. Al tiempo que se recrudecía la guerra en las zonas rurales, la enfermedad de la pudrición del cogollo se expandió como espuma en los cultivos de palma.

“Nosotros hace 12 años no vemos un centavo de utilidad en las plantaciones de palma. No hay razón para sembrar”, le dijo a Mongabay Latam Jorge Corredor de la empresa Palmeiras S.A., una de las empresas que sigue en Tumaco.

El Gobierno colombiano, entonces en cabeza de Álvaro Uribe, le volvió a dar la mano a los grandes palmicultores. No solo incentivó la siembra de palma para producir biocombustibles, un sector que definió en el Plan Nacional de Desarrollo como una de las puntas de lanza del desarrollo económico del país, sino que aprobó exenciones de impuestos y les otorgó buena parte de los créditos del programa Agro Ingreso Seguro, por el que hoy está preso el exministro de Agricultura de ese gobierno, Andrés Felipe Arias. Hasta octubre de 2009, los palmeros habían recibido 8000 millones de pesos (más de 2.5 millones de dólares) en subsidios y 279 millones de pesos (cerca de 88 000 dólares) en créditos blandos.

Con estos subsidios y créditos, los grandes palmeros de Tumaco volvieron a sembrar una nueva variedad de palma, un híbrido entre la africana y la americana, que es más resistente pero con rendimientos menores. Esto les ha implicado invertir en tecnologías de polinización y la aplicación de hormonas de regulación de crecimiento. Son tecnologías nuevas, que aún están en estudio y que son más costosas, comenta Corredor de Palmeiras SA. Mientras tanto, dicen que han sobrevivido con el negocio de comercialización de aceite de palma que compran en la región y en otros mercados internacionales, más no con la siembra. “La palma en Tumaco hoy no es viable. Tiene la posibilidad de volverse viable por un par de cosas que hemos aprendido, pero en este momento no lo es”.

Aseguran, además, que tienen deudas que aún no han terminado de pagar. “Nosotros estamos completamente secuestrados porque debemos 25 000 millones de pesos (casi 7.9 millones de dólares) a los bancos”, dice Corredor.

Aun así, los que llevaron la peor parte fueron los pequeños productores, como reconoce el mismo Corredor. “El Banco Agrario, que era el vehículo del Estado para resembrar la palma en Tumaco no estaba dispuesto a prestarle a los pequeños porque el cultivo es supremamente complicado para ellos. Es un cultivo demasiado sofisticado”, dice.  Por eso, para ellos, la opción —o la obligación, por la presión de los grupos armados— fue irse a sembrar la coca que había llegado a Tumaco desde finales de los años noventa con la entrada de las FARC.

A eso se sumó que el Plan Colombia, que impulsó sobre todo el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), redujo drásticamente los cultivos  de coca en los departamentos de Caquetá, Putumayo y el sur del Meta y los cocaleros de esas regiones migraron hacia el suroccidente, hacia Tumaco. Con el brazo armado de la guerrilla, ocuparon parte de las tierras colectivas de los afro, que pronto se llenaron de coca y vedadas a sus líderes. Allí hay unos 6000 campesinos que, según los afros, están invadiendo sus territorios.

La situación más dramática ocurrió en el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera que hoy es el lugar con más cultivos de coca en Tumaco, que a su vez es el municipio con más cultivos de coca de Colombia. Esta situación explica por qué Tumaco fue identificado por el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, como uno de los ocho núcleos de deforestación en el país en el 2017.

En una región aislada, con presencia casi nula del Estado, la explotación poco sostenible del bosque se ha convertido en casi que la única alternativa económica para una población mayoritariamente pobre. Como explicó José Abercio Preciado, un pequeño palmero de la región, “si yo tengo una familia, una necesidad, y tengo un bosque que me da plata pues lógicamente yo tengo que explotarlo. Qué pena con el medio ambiente pero así es”.

El Alto Mira se volvió una olla a presión que hasta ahora, nadie, ni siquiera el Estado, ha podido —o querido— apagar.

Por un lado, se mantiene el pleito entre las comunidades afrocolombianas y la empresa Palmeiras SA por la propiedad de 800 hectáreas que están dentro del consejo comunitario. Desde el 2002, según Corredor, la empresa demandó a la nación porque les tituló a los afros tierras que eran propiedad privada y aún no hay un fallo de la justicia. Por otro lado, el Consejo Comunitario inició un proceso de restitución que, sigue sin avanzar, para que el Estado les regrese esas tierras.

El polígono rodeado poramarillo es, según Carlos Corredor de Palmeiras SA, el área de las 800 hectáreas que se traslapan entre el consejo comunitario de Alto Mira y Frontera y la empresa palmicultora. Imagen: Google Earth.
El polígono rodeado poramarillo es, según Carlos Corredor de Palmeiras SA, el área de las 800 hectáreas que se traslapan entre el consejo comunitario de Alto Mira y Frontera y la empresa palmicultora. Imagen: Google Earth.

Aunque hoy la empresa no está explotando esas tierras por el conflicto con los afro, estos últimos tampoco. Esas 800 hectáreas fueron uno de los puntos en los que se asentaron los campesinos que llegaron con las FARC y desde entonces, están llenos de cultivos  de coca.

“Ha sido imposible que avancen estos procesos porque no hay voluntad de los gobiernos”, dice una fuente de los consejos comunitarios que habló con Mongabay Latam con la condición de no ser citado por temor a amenazas. “El Gobierno defiende los intereses de los palmeros y mientras tanto, los campesinos que entraron como una organización creada por las FARC, están usando esas tierras para sembrar coca. Ahora no están las FARC pero está Guacho (el disidente guerrillero responsable de la muerte de tres periodistas ecuatorianos)”.

Todo en Tumaco ha sido una lucha por la tierra. Esto ha sucedido con la madera, la coca y también con la palma. “Las comunidades se acoplan a lo que llega porque allá no hay Estado. Se vuelven aliados, no porque los obligaron, sino como una estrategia de permanencia, de pervivencia”, destaca el funcionario público que conoce de primera mano los conflictos por la tierra en el municipio pero que habló con Mongabay Latam con la condición de no ser citado por cuestiones de seguridad. En Tumaco hay mucho por contar y hay quienes quieren hacerlo, pero el miedo les impide hacerlo públicamente. Temen por sus vidas en una región donde la deforestación avanza sin control y se cruzan muchos intereses poderosos, tanto legales como ilegales.

Artículo publicado por antonio
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