- El gobierno de Bolsonaro busca que el Congreso avance con las medidas para que sea legal cultivar productos comerciales dentro de las reservas indígenas, algo prohibido en la Constitución de Brasil de 1988.
- Medida del gobierno de Bolsonaro buscaría dividir a los grupos indígenas en dos frentes: uno a favor de la conversión para la agroindustria y otro que quiere proteger los bosques de las reservas y las tradiciones indígenas.
Desde que fuera diputado federal, Jair Bolsonaro ha defendido continuamente la explotación de las tierras indígenas (TI) con fines agrícolas por parte de gente no indígena, un deseo compartido por los productores ruralistas, pero que prohíbe la Constitución brasileña de 1988. Ahora como presidente de la república, Bolsonaro parece estar empujando a los ruralistas y a su grupo de presión a que avancen en esa dirección.
Parece ser que con el mismo propósito, el mes pasado, se celebró un evento bien publicitado que se llamó Primer Encuentro Nacional de Agricultores Indígenas en los poblados indígenas paresis de Bacaval y Matsene Kalore, en el estado de Mato Grosso. A ese evento acudieron la ministra de Agricultura, Tereza Cristina; el Secretario Especial de Asuntos de la Tierra, Luiz Nabhan Garcia; el gobernador de Mato Grosso, Mauro Mendes; y el ministro de medioambiente, Ricardo Salles.
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Salles publicó una foto en su cuenta de Twitter en la que llevaba puesto un tocado indígena en la cabeza durante la celebración de la cosecha del pueblo paresi y escribió: “los indígenas paresis, que plantan y producen [soya modificada genéticamente] con mucha competencia, muestran que pueden integrarse en la agroindustria sin perder sus orígenes y tradiciones”.
Sin embargo, fue la ministra de agricultura quien quizás cristalizó mejor el mensaje central del encuentro. Cristina enfatizó que un cambio en la ley federal permitiría que los indígenas trabajaran con la agroindustria en la producción de cultivos a gran escala en sus tierras. “Eso es lo que queremos conseguir en el Congreso. Las cosas evolucionan, cambian. Tu voluntad es soberana, está en el Convenio 169 de la OIT [Organización Internacional de Trabajo]. Tienes que decidir lo que quieres hacer, cuál es el deseo de los pueblos indígenas”. El Convenio 169 garantiza la consulta a los grupos indígenas en casos de que proyectos de desarrollo importantes puedan afectarles. Sin embargo, no les garantiza el derecho a votar y permitir que sus reservas federales sean deforestadas y convertidas en producción de bienes.
Para explicar claramente la visión del gobierno, Salles, Cristina y su equipo también visitaron una plantación de soya ilegal en la Reserva Indígena Utiariti en el noroeste de Mato Grosso. Esos cultivos fueron prohibidos por IBAMA, la agencia ambiental de Brasil, el pasado junio. La legislación nacional de transgénicos prohíbe la plantación de organismos modificados genéticamente (OMG) dentro de unidades de conservación (UC), de las cuales forman parte los territorios indígenas. En su momento, IBAMA multó a 17 propietarios no indígenas y a cinco asociaciones paresis y nambikwaras.
Además de cultivos transgénicos, IBAMA detectó prácticas agrícolas ilegales que explotaban en exceso los recursos naturales e impedían el resurgimiento de la vegetación nativa. Las prohibiciones de estas prácticas se extienden en seis reservas indígenas en la región. Puesto que, según la ley, los territorios indígenas pertenecen a la unión federal, los pueblos indígenas no pueden producir monocultivos agrícolas comerciales en sus reservas ni arrendar las tierras para ese uso.
Según FUNAI, la agencia de asuntos indígenas, Brasil sabe de 22 reservas indígenas que violan la ley y arriendan tierras ilegalmente a productores agrícolas (un total de 3,1 millones de hectáreas).
Sin embargo, en su página web, el Ministerio de Agricultura afirma que “la producción a gran escala de soya, maíz y frijoles en la región de Campo Novo dos Paresis fue autorizada por el Ministerio Público Federal e IBAMA”. Los paresis habían planeado plantar 10 000 hectáreas de cultivos comerciales para la cosecha de 2018/19, de las cuales la mayoría, 8700 hectáreas, se destinarían a la soya.
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La veracidad de la declaración del Ministerio de Agricultura ha sido rebatida con contundencia: “IBAMA no firmó ningún acuerdo para plantar en los territorios Paresi, Rio Formoso, Tieractinga, Utiariti, Manoki ni Uirapura antes ni después de los embargos llevados a cabo en 2018”, dijo Suely Araújo, presidenta de IBAMA durante la legislatura de Michel Temer.
En una notificación oficial, el Ministerio Público Federal en Mato Grosso, fiscales independientes, declaró que “el MPF defiende la constitución federal y la ley, que garantiza a los pueblos indígenas el uso exclusivo de sus territorios y evita que la gente de la sociedad circundante se aproveche del territorio tradicional indígena para desarrollar sus actividades económicas disfrazadas como asociaciones ilegales o contratos de arrendamiento”.
No obstante, el MPF, está llevando a cabo un compromiso de ajuste de conducta (TAC) entre IBAMA y los paresis para “regular la producción agrícola en la región, además de ofrecer opciones de cultivo sostenible con el apoyo de Embrapa”, empresa de investigación agrícola propiedad del estado afiliada al Ministerio de Agricultura.
Los detractores se oponen fervientemente a lo que ven como un intento transparente de la administración de Bolsonaro de gestionar una revocación de la política y la ley: “Los ruralistas están haciendo un gran esfuerzo para desfigurar el llamado uso exclusivo de territorios indígenas. Su estrategia es formar asociaciones comerciales con los indígenas y, mediante estas, desmontar la propia definición de territorio indígena”, contó a Mongabay un especialista en políticas socioambientales que pidió permanecer en el anonimato.
“Los pueblos indígenas rechazan el modelo de monocultivo [de bienes agrícolas], que no es compatible con nuestra realidad y nuestra forma de vida”, dijo Dinaman Tuxá, coordinador de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), a Mongabay. “La ley de TI prohíbe la gran producción de grano y la actividad predatoria [de la agroindustria exterior]. Si el [acuerdo del] TAC se firma, se abrirá un precedente peligroso al permitir algo ilegal que en el futuro facilitará el arrendamiento de territorios indígenas”.
Hace unos días, la ministra de agricultura se reunió con el presidente del tribunal supremo federal de Brasil, Dias Toffoli, para proponer una solución negociada a las disputas jurídicas continuas entre pueblos indígenas y productores rurales. “Durante más de 20 años hemos tenido acciones [judiciales] procedentes de ambas partes. Creo que es un juego en el que todos pierden”, dijo Cristina.
Toffoli estuvo de acuerdo en que se deben respetar los derechos de las minorías indígenas “sin degradar el derecho de los productores rurales que a menudo no son grandes propietarios, sino pequeños productores”. Las pruebas muestran que los grandes propietarios también suelen estar involucrados en las disputas legales con los indígenas. No se ha anunciado una decisión oficial sobre la resolución de los conflictos entre indígenas y productores.
Salles, ministro de medioambiente, habla claro
También hace pocos días, el ministro de medioambiente Ricardo Salles concedió una polémica entrevista en la televisión brasileña. A continuación se pueden leer algunas partes que han despertado la reacción de los ambientalistas:
Declaración: “No cambiaremos el objetivo [de Brasil en el Acuerdo de París], aunque el acuerdo permita el cambio de metas. No es solo hacia arriba, se pueden revisar los objetivos en cualquier punto [y en ambas direcciones]”.
Respuesta: Esto es falso. Si Brasil decide revisar su compromiso voluntario de emisiones de carbono en el Acuerdo de París de 2015 para reducirlo, tendría que salirse del acuerdo.
Declaración: “No necesito una secretaría [de bosques]. IBAMA está ahí para eso”.
Respuesta: IBAMA es una agencia de control que detecta y castiga delitos ambientales. La Secretaría de Clima y Bosques, eliminada por el presidente Bolsonaro, tenía un propósito distinto. Formulaba políticas públicas y era responsable de la implementación de planes para la prevención y el control de la deforestación en los biomas del Amazonas y el Cerrado.
Declaración: “¿Qué más da quién sea Chico Mendes? (…) Entre los ambientalistas, los más conectados con la izquierda alaban a Mendes. La gente de la agroindustria dice que utilizó a los extractores de caucho para beneficiarse”.
Respuesta: Chico Mendes era un extractor de caucho y activista ambiental que luchó de forma efectiva y directa para preservar el bosque del Amazonas y fue asesinado por un gran productor agrícola en 1988. El gobierno brasileño honró a Mendes nombrando su servicio de parques nacionales por él.
Salles exige información del Fondo Amazonía para una aparente auditoría
Por otra parte, también el pasado febrero, el ministro Salles se reunió con personal del BNDES para obtener acceso total a los contratos del Fondo Amazonía gestionados por el enorme banco de desarrollo. El ministro quería información específica, como los objetivos y los informes de las actividades del fondo, pero los responsables de BNDES plantearon problemas a su acceso a esa información relacionados con las normas de privacidad y procesos burocráticos que no se estaban cumpliendo.
Parece ser que después de eso, Salles contactó con el ministro de la Contraloría General de la Unión, Wagner Rosário, quien tiene la prerrogativa jurídica de obtener acceso a cualquier documento relacionado con la administración federal. Se espera que el análisis de los contratos del Fondo Amazonía dure 60 días, después de los cuales se podrían tomar medidas gubernamentales. Hasta ahora se desconoce cuáles podrían ser esas medidas y por qué se tomarían.
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El Fondo Amazonía tiene 103 contratos vigentes para limitar la deforestación en Brasil, alrededor de la mitad con algunas ONG, y ya ha recibido 3,4 mil millones de reales (1,3 mil millones de dólares), sobre todo del gobierno de Noruega. Antes, el ministro del ambiente notificó a las ONG ambientales brasileñas que reciben financiamiento federal de que el gobierno de Bolsonaro auditaría sus contratos, y al principio amenazó con suspender financiamiento durante la auditoría. Los grupos ambientales han expresado gran preocupación por los actos del gobierno.
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