“El acuerdo secreto para destruir el paraíso” es la tercera entrega de Indonesia a la Venta, una serie que profundiza en los acuerdos opacos que sustentan la deforestación de Indonesia y la crisis de los derechos territoriales.La serie es el producto de 22 meses de investigación periodística a lo largo del país del sureste asiático, con entrevistas a intermediarios, abogados y empresas involucradas en acuerdos territoriales y a los afectados por dichos acuerdos.“El acuerdo secreto para destruir el paraíso” se fundamenta en una colaboración transfronteriza entre Tempo, Malaysiakini, Mongabay y The Gecko Project de Earthsight. Prólogo: Johor Baru, 2012 En diciembre del 2012, durante una conferencia de prensa al margen de un foro de negocios islámicos en Malasia, un hombre llamado Chairul Anhar hizo una afirmación audaz. Su empresa, dijo, poseía los derechos sobre 4000 kilómetros cuadrados de tierras para plantaciones de aceite de palma en Indonesia. De ser cierto, eso haría a Chairul uno de los mayores terratenientes en el país. Esas tierras no estaban en cualquier lugar, sino en Nueva Guinea, una isla enorme que brillaba en los ojos de los inversores. Compartida por Indonesia y Papúa Nueva Guinea, la isla tenía la mayor mina de oro del mundo, petróleo y gas sin explotar y la extensión de selva tropical virgen más grande que quedaba en Asia. Para las empresas que habían talado de manera constante por todo el sudeste de Asia, Nueva Guinea era la última frontera. Al inversor que la pudiese dominar, le esperaba una fortuna. Entonces alrededor de sus 45 años, con una construcción robusta, un bigote fino y el pelo corto, Chairul se presentó a sí mismo como ese tipo de inversor. Afirmó ser el presidente, director general y propietario de un extenso conglomerado, el Menara Group. Viajaba en un coche de la marca Bentley y aviones privados, y se codeaba con la élite política de Malasia y de su país nativo Indonesia. Chairul Anhar La base de su afirmación era el proyecto Tanah Merah, un plan para generar miles de millones de dólares a través de la tala de selvas tropicales hasta ahora intactas, el hogar de tribus indígenas y un tesoro oculto de biodiversidad, para a continuación arrasar con lo que quedase y reemplazarlo con palmas de aceite. Si se desarrollase en su totalidad, podría convertirse en la mayor plantación de aceite de palma en Indonesia. Pero el negocio de Chairul, y su conexión con el proyecto, era más enrevesado que la imagen que presentaba. Los derechos de las tierras en la provincia de Papúa de Indonesia habían sido adquiridos a través de un laberinto de empresas ficticias. Los accionistas eran en su mayor parte tapaderas, controlados como marionetas colgadas de un hilo. Las empresas eran una fachada, que enmascaraban a quienquiera que realmente se fuera a beneficiar del proyecto —bien fuera Chairul o cualquier otro—. Para finales del 2012, la mayoría del capital en estas empresas ficticias —y con ellas los derechos sobre el proyecto— había sido vendido a empresas en el extranjero con sede en Oriente Medio y Singapur. Esas ventas canalizaron de vuelta a la red de accionistas conectados a Chairul, al menos, 80 millones de dólares, probablemente varias veces esa cantidad, y llevaron consigo un grupo diverso de nuevos actores al proyecto: un antiguo jefe de policía indonesio, una hermética familia yemení, una notoria empresa maderera de Borneo y un conglomerado conectado con un importante escándalo de corrupción de Malasia. La selva tropical de Boven Digoel. Imagen de Nanang Sujana para The Gecko Project. Para cuando dio la conferencia de prensa, Chairul tenía pocos derechos sobre las tierras. Era el manipulador del negocio que había conseguido la participación de estos otros intereses, generado una fortuna y encendido la mecha de un desastre medioambiental que solo ahora está empezando a desarrollarse. La amenaza a las selvas tropicales de Indonesia era muy real. Desde principios de siglo, solo Brasil ha perdido más selva tropical que Indonesia. Una de las principales causas de esta deforestación fue un auge en las plantaciones a escala industrial que empezó a principios del decenio del 2000. Esas plantaciones permitieron a Indonesia convertirse en el productor líder de aceite de palma, un aceite comestible usado en un sinfín de productos de consumo. Pero también desencadenó una crisis medioambiental cuando el carbono encerrado en las selvas tropicales fue liberado a la atmósfera. El volumen de emisiones de gas de efecto invernadero de las selvas tropicales de Indonesia lo ha convertido en motivo de preocupación internacional. Noruega ha prometido mil millones de dólares en un intento de incentivar las reformas para reducir dichas emisiones. Desde el 2015, la administración del presidente Joko Widodo ha buscado la manera de frenar la industria de la plantación, más recientemente a través de la promulgación de una prohibición temporal sobre cualquier permiso nuevo para las plantaciones de palma. Aunque solo una pequeña proporción del proyecto Tanah Merah ha sido desarrollado, los permisos fueron emitidos antes de que la prohibición entrase en vigor y la destrucción de la selva sigue estando prevista. Hoy en día, un área más grande que Manhattan ha sido despejada dentro del proyecto Tanah Merah. Esto es solo una fracción del área total del proyecto. Si el resto es arrasado como está previsto, liberará tantas emisiones como produce Virginia con la quema de combustibles fósiles cada año. Si se finaliza el aserradero gigante que está siendo construido ahora mismo sobre el terreno, succionará madera durante años y sellará el destino de extensiones de selva tropical en el sur de Papúa. En la década desde la concepción del proyecto, la forma en que sus derechos han sido obtenidos y cambiados ha estado envuelta en un manto de secretismo. Las empresas involucradas han empleado todas las herramientas del secretismo corporativo para evitar responder a preguntas clave. Los aspectos críticos del proceso de permisos que sustentan todo el proyecto están siendo ocultados del escrutinio público. Hoy en día, los verdaderos propietarios de las empresas que talan la selva permanecen ocultos. Una investigación transfronteriza en la que participan agencias de noticias de cuatro países —The Gecko Project, Mongabay, Tempo y Malaysiakini— intentó retirar el velo corporativo. Tratamos de descubrir quién había obtenido los derechos de un proyecto de semejante magnitud y, quizás, aún más importante, cómo. Nuestra investigación reveló los métodos aparentemente utilizados para garantizar que las personas que controlan el destino de estas selvas —a través de su dinero, poder y decisiones políticas— cubriesen su rastro. Primera parte: “No iba a emitir permisos a cualquiera”