Cuenta un funcionario del parque, que prefiere mantener su anonimato por seguridad, que luego del proceso de paz la entidad regresó a la zona pero la situación se agravó nuevamente. En 2017 comenzaron un proceso para identificar cultivos ilícitos de coca pero no pudieron terminarlo por la presencia de disidencias de las FARC. “Se querían caracterizar viviendas pero sobre todo queríamos ver cómo iban los cultivos. Hubo restricciones y no nos dejaron entrar. Se alcanzaron a dar algunas capacitaciones pero después de eso llegaron las amenazas al sector. No pudimos volver a entrar”, asegura.
Las cifras muestran que la coca ha disminuido pero no se ha ido del todo. Según UNODC, los cultivos en el Parque Sierra de La Macarena pasaron de 2832 hectáreas en 2017 a 1840 en 2018.
Entre los parques naturales que se encuentran dentro del Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM) —que incluye a los Parques Sumapaz, Cordillera de Los Picachos, Tinigua y Sierra de La Macarena—, este último los supera por mucho en cultivos de coca ilegales. En 2018, Picachos ni siquiera apareció en el registro de Unodc y en Tinigua solo se registraron 155 hectáreas.
Luis Quiroga, líder social y funcionario del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), fue por muchos años raspador y procesador de coca en Puerto Rico y Vista Hermosa, Meta. En 2005, por un programa de erradicación de cultivos ilícitos del gobierno, dejó de cultivar coca y a partir de ese momento su vida dio un giro para siempre. Quiroga se convirtió en un líder de su comunidad y actualmente es promotor rural del PNIS en las veredas La Reforma, Palmeras y Alto Caño Piedra de Vista Hermosa, situadas en la parte norte del parque.
Aunque el funcionario señala que la coca ha disminuido en estas veredas, confiesa también que hay incertidumbre en las comunidades, creen que el cultivo podría volver. “Hay personas preocupadas y poco motivadas en seguir con lo lícito ya que la fuente de ingreso les quedó en ceros. Puede que nuevas familias que entraron al parque o incluso las que entraron al programa vuelvan a sembrar. La gente dice que [si] no han sembrado es porque no tienen semilla”, afirma Quiroga.
Para Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) hay zonas en donde todavía existen altos niveles de concentración, especialmente en lugares donde antes no estaba sembrada. “En la zona suroriental del río Guayabero, la mitad tenía ganadería y la otra mitad coca. Ahora parece que todo va a ser de coca, lo que indica que está creciendo el cultivo sobre antiguas zonas ganaderas. La movilidad de la coca también nos debería estar indicando cosas”, asegura. Con esto quiere decir que habría que poner mayor atención a las zonas donde se está sembrando, lo que podría dar luces sobre nuevas dinámicas, nuevos actores o nuevos intereses alrededor del cultivo.
Catalina Oviedo, bióloga que trabaja en la región, comenta que el riesgo ambiental que genera este cultivo radica en los químicos que se le agregan a la tierra. “El suelo de esta región es ácido, para cultivar coca se debe fertilizar químicamente con el fin de equilibrar el PH. Se tala, quema y cultiva en un lugar por unos meses y luego se hace lo mismo en otro lugar”, indica. De todas formas, la bióloga considera que la coca no es el motor principal de deforestación ni la mayor amenaza ambiental.
El líder Luis Quiroga también lo cree así y considera que el mayor riesgo es la ganadería extensiva. “Una familia pequeña sembrará una o dos hectáreas de coca, o incluso media, porque es menos visible y da menos problema. El que llega con ganado necesita grandes extensiones, no le sirve media hectárea”, afirma.
En eso también coincide Julia Miranda, directora de PNN. “En este momento estamos haciendo un llamado porque el mayor problema que tienen los parques no es la coca, no es nada distinto que la ganadería ilegal”. Sin embargo, tratar de controlarla puede costarles la vida a los funcionarios de la entidad.
Proteger en medio de amenazas
Parques Nacionales Naturales (PNN) ha tomado medidas para frenar la deforestación en sus áreas protegidas. En los lugares más críticos se han propiciado “acuerdos de conservación”, con apoyo de cooperación internacional, que pretenden establecer compromisos con las comunidades que habitan dentro para que dejen de talar en ciertas áreas, a cambio de incentivos económicos.
El funcionario de Parques Nacionales que habló con Rutas del Conflicto y Mongabay Latam señaló que muchos acuerdos se han detenido por la situación de orden público que les impide entrar al parque Sierra de La Macarena. “En 2017 se había programado una visita dentro del parque y justo allá estaban las disidencias. Dijeron que no querían ver a la institución por allá y que si no se iban, quemaban la camioneta. Les tocó salir, luego le pusieron una foto del Mono Jojoy [alias de Víctor Julio Suárez Rojas, uno de los máximos líderes de las FARC, muerto en una operación militar en 2010] a una de las vallas de Parques y después la quemaron”, cuenta.