El petróleo es otro tema que inquieta a líderes ambientales de la zona. Aun cuando en 2017 el gobierno le revocó la licencia de explotación a la petrolera Hupecol, en cercanías al parque, las tensiones no aflojaron. Rutas del Conflicto y Mongabay Latam investigaron los hechos que rodean la situación ambiental y de orden público que se vive en este santuario natural.

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Parques no siempre puede entrar al parque

 

Adentrarse en Picachos no es fácil, las condiciones de seguridad son un obstáculo incluso para autoridades del Estado como PNN. A esto se suma el inconformismo de las comunidades que habitan allí. El área protegida tiene parte de su territorio en el municipio de Uribe, Meta, en donde organizaciones comunitarias hacen seguimiento a la situación ambiental. Reclaman un trato desigual por parte de las autoridades que les restringen el uso de motosierras y guadañas para actividades del campo, pero en simultáneo no logran imponer sanciones a los responsables de que decenas de motosierras —que aseguran no son de ellos— suenen día y noche dentro del parque.

Los líderes le contaron a Rutas del Conflicto y Mongabay Latam que hace un tiempo que los funcionarios de PNN son objetivo militar de grupos armados que hacen presencia en la zona y que presuntamente son disidencias de la antigua guerrilla de las FARC.

Esto explica la sugerencia que le dio PNN al grupo de periodistas que realizó esta serie de reportajes al comenzar esta investigación: no ingresar al parque, ya que la institución no puede ofrecer acompañamiento ni garantizar la seguridad.

Este equipo investigador evaluó la posibilidad de visitar el área protegida, pero, tras las asesoría de comunidades, investigadores de otras disciplinas y funcionarios, se decidió nutrir este reportaje con testimonios en los cascos urbanos de los municipios de La Uribe, Mesetas, Vistahermosa y La Macarena. El parque Cordillera de los Picachos entraña una situación compleja. Mientras que es el hogar de centenares de familias en condiciones de vulnerabilidad, también tiene presencia de grupos armados y gremios con alta capacidad económica para talar ilegalmente grandes porciones de bosque.

Llegará el día en que la prensa tome la vía que desde La Uribe conduce a Picachos, una trocha de aproximadamente ocho horas que incluye el paso por un planchón que cruza el río Guayabero, o tal vez la vía que desde el parque conduce a San Vicente del Caguán y que según varios funcionarios es por donde más ingresa la gente.

“Yo no entro al sector del Platanillo, dentro de Picachos, desde agosto de 2017. En mayo de 2019 entré a otro sector del parque y por otra entrada”, explica Luz Adriana Malaver, jefe del parque desde 2012. La Unidad Nacional de Protección (UNP) le proporcionó un chaleco antibalas y un celular de emergencia tras las amenazas en su contra.

Aunque el riesgo de ser guardaparques persiste desde hace años, los recientes eventos agravaron la situación. El 28 de octubre de 2018 la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Policía y otras entidades, ingresaron a Picachos con cerca de 70 camiones, decomisaron aproximadamente 600 cabezas de ganado y capturaron a cinco campesinos. “A nosotros nos puso en un riesgo altísimo [el operativo]. Me tocó sacar el personal que tenía en San Vicente del Caguán esa misma noche. Tocó ubicarlos y ya están trasladados por siempre. Yo empecé a recibir panfletos y cosas así”, explica Malaver.

En los parques aledaños, funcionarios de Parques Nacionales Naturales también han sido objeto de amenazas tras el operativo militar. (Ver reportajes de los parques Tinigua y La Macarena).

Apenas un día después del operativo, el 29 de octubre, la organización de Ecoturismo Comunitario (EcoAmem) se pronunció vía redes sociales haciendo un llamado de atención a Parques Nacionales y a toda la ciudadanía. Con imágenes de niños y niñas que habitan al interior del parque llamaron a la reflexión, acompañadas por frases como: “Estos son los verdaderos rostros de Platanillo en el PNN Cordillera de los Picachos, señores @ParquesColombia, reflexionen, allí no hay bandas criminales sino comunidades con muchas necesidades” o “Platanillo es territorio de paz, hogar de cientos de familias campesinas que sin ayuda del Estado han preservado el Parque Nacional Cordillera de los Picachos. #ElParqueEsNuestroHogar”.

Tras estos hechos emerge la discusión sobre quiénes son los verdaderos responsables de las actividades de deforestación para ganadería al interior del parque y si un operativo de esa envergadura fue un acercamiento a la solución. Jairo García, funcionario de Parques Naturales en el área de Uso, Tenencia y Ocupación Campesina, explica que es muy complejo señalar a los pequeños campesinos como los responsables de la situación en Picachos, si se tiene en cuenta lo costoso que puede ser deforestar una gran porción de tierra para meterle vacas.

“La ganadería no es un trabajo que haga un pequeño campesino porque es costoso. Antes, cuando se hacía a punta de hacha y machete, podía ser una actividad familiar. Hoy se hace un ejercicio de esos con motosierra y no es con una, sino con dos, o tres, o cinco. El jornal de eso es carísimo, el plante de eso es carísimo y para entrar con motosierra y estar tres meses allá [dentro del Parque] se necesita mercado, maquinaria y combustible. Eso implica unos recursos fuertes. Eso es bueno tenerlo en cuenta porque no es el escenario del campesino tratando de buscar un área donde sostenerse”, explica García.

Sin embargo, esta no es la primera vez que los miembros de PNN son amenazados o expulsados de Picachos. Según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), los funcionarios fueron expulsados en 2005 por la guerrilla de las FARC y solo hasta 2009 pudieron ingresar nuevamente.

Posteriormente, en 2013 la jefe del parque optó por trasladar la cabaña de guardabosques desde el sector de Cerrito —en donde según ella estaba en desuso y sin operatividad— hasta Platanillo, uno de los caseríos más reconocidos en el parque.

Cuatro años más tarde, en 2017, los funcionarios de PNN detectaron dos talas de más de 40 hectáreas en Picachos y les abrieron procesos sancionatorios a los responsables. “A los pocos días nos llega un panfleto en donde nos dicen que no somos queridos en la zona, que nos tenemos que ir, que somos objetivo militar. Al día siguiente nos llegaron unos mensajes de WhatsApp donde nos dicen ‘a los de Parques les quemaron esa cabaña y eso quedó todo en cenizas’ ”, relata Malaver. El incendio de la sede operativa de Parques en la Cordillera de los Picachos ocurrió el 6 de septiembre de 2017.

Malaver también explica que la versión inicial que dio el Ejército indicaba que la comunidad de Platanillo era la responsable del incendio, pero que, posterior a un diálogo directo con los habitantes de la zona, ellos mismos les expresaron que no había sido la comunidad, sino un grupo armado. Los niños y niñas de la sede educativa del Platanillo vieron arder también el vivero con 4000 plántulas en el que venían trabajando hacía meses con el acompañamiento de PNN.

Si esa es la situación que viven miembros de Parques, mucho queda por comprender sobre la situación que viven las comunidades que habitan en el parque Picachos. La funcionaria confirma que, además de un informe sobre conflictos territoriales adelantado en 2017 por la organización comunitaria CorpoAmem, no hay otros documentos que estudien las condiciones de vulnerabilidad a las que están sometidas las familias que habitan en Picachos por parte de grupos armados que reclaman el control sobre el territorio.

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¿Dónde y cómo avanza la deforestación en Picachos?

 

El PNN Cordillera de los Picachos es un área de alto valor estratégico ambiental. La subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales, Carolina Jarro, explica que en esta zona convergen los ecosistemas de “páramo, bosque alto andino, surandino y baja hasta las selvas basales”, es decir, en un mismo parque hay montañas con altitudes de más de 3600 metros sobre el nivel del mar (msnm) y planicies a 400 msnm. Un territorio muy diverso en el que se especula que habitan especies desconocidas.

“Los páramos [en Picachos] son completamente deshabitados, despoblados y todo lo que hay allí deben ser endemismos o especies nuevas”, señala Luz Adriana Malaver, jefe del parque. La geografía de esta área es tan diversa que en ella habitan dos de las tres especies de tapires o dantas que se conocen en Colombia: el tapir de montaña (Tapirus Pinchaque) y el tapir amazónico (Tapirus Terretris).

Pero son estas mismas condiciones geográficas las que han moldeado los procesos de deforestación en la zona. Mientras que en la parte nororiental de Picachos, que es donde se encuentra el páramo, la vegetación se ha conservado; el suroriente del parque, en donde comienza el piedemonte y posteriormente la llanura, ha sido foco de tala masiva.

“En las zonas bajas, las selvas basales, es donde tiene afectación el Parque Cordillera de los Picachos. Allí es donde se han implementado acciones como la ganadería extensiva, porque al ser más planas permiten un mejor aprovechamiento de la tierra”, explica Jarro.

Análisis multitemporal con imágenes satelitales del PNN Cordillera de los Picachos. Imágenes cortesía de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Análisis multitemporal con imágenes satelitales del PNN Cordillera de los Picachos. Imágenes cortesía de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Aunque el análisis multitemporal que hizo Parques Nacionales Naturales con imágenes satelitales reveló que desde 1992 ya se identificaban pequeños focos de deforestación en Picachos, también confirmó que entre 2006 y 2010 ocurrió una primera oleada de deforestación pronunciada, y que entre 2016 y 2018 hubo una segunda etapa de mayor alcance.

De ese primer periodo, Malaver cree que puede estar relacionado con dinero proveniente de economías ilegales y que eran invertido en ganado. Para el período 2016 – 2018, las comunidades asocian el desarme de la guerrilla de las FARC con la rienda suelta que se le dio a la deforestación. Raúl Ordóñez*, de la organización comunitaria Mesa Hídrica de Vista Hermosa, municipio cercano al parque, explica que en los tiempos en que la guerrilla ejercía el control sobre la zona, la tala estaba ampliamente regulada e incluso existían multas para quien tumbara árboles sin autorización.

“Las FARC eran muy estrictas con el tema de conservación. Si se ‘descachaba’ uno, de una vez tres, cuatro, cinco millones de multa [entre 900 y 1500 dólares]. Pero cuando llegó el Proceso de Paz todo el mundo empezó a descararse”, comenta Ordóñez.

Jairo García, funcionario de PNN, argumenta que la conservación en el parque Picachos era también una estrategia militar de las FARC y que la deforestación en algunos territorios puede ser símbolo de reconfiguración de esos poderes armados.

“Si tú tienes pensado un territorio a mediano o largo plazo, como estrategia de control territorial, necesitas dónde ubicarte, necesitas que haya conectividad selva-montaña y que haya una base social histórica en la que puedas confiar. Por eso no conviene una ampliación donde entra gente nueva, ni conviene la deforestación. Lo contrario ocurre en las zonas en donde las fuerzas son más móviles, en donde todavía no hay un control territorial definido o está entrando un nuevo actor”, aclara García.

Sin embargo, a diferencia de los parques Tinigua y La Macarena, donde se asocia la reciente ola de deforestación con una colonización de centenares de nuevas familias que ingresaron a los parques, la tala en Picachos pareciera no responder a este fenómeno. “Se ha hablado mucho de que eran nuevas colonizaciones. En Picachos eso no sucedió. Lo que sucedió es que los finqueros que ya estaban allí establecidos aumentaron sus áreas en pastos. Tal vez llegaron algunos colonos nuevos, pero no fueron más de 12 familias en 2018”, argumenta Luz Adriana Malaver, jefe del Parque.

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El petróleo rodea Picachos

 

El sector de los hidrocarburos se ha acercado sigilosamente a la región del Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM) —que incluye los parques Sumapaz, Tinigua, La Macarena y Picachos— y aunque recibió una fuerte respuesta de las comunidades que se oponen a la extracción petrolera en la zona, queda mucho por esclarecer sobre cuáles son las proyecciones a futuro.

La defensora de derechos humanos y ambientales, Verushka Nieto, afirma que “para 2017 ya había 35 bloques petroleros en la AMEM que afectaban directamente, al menos, a 12 de sus municipios”. Entre ellos están Puerto Lleras, Puerto Rico y La Uribe, en cercanías al parque Picachos.

Dos bloques muy cercanos al parque son el bloque ‘Serranía’, que era operado por la empresa Hupecol y el bloque ‘Tinigua’, operado por la empresa Petrominerales, a solo 6 km del límite norte de Picachos.

El caso de bloque ‘Serranía’ alcanzó niveles de visibilidad importantes. El 14 de abril de 2016, el entonces presidente Juan Manuel Santos, anunció por su cuenta de Twitter que a la empresa estadounidense Hupecol le sería revocada su licencia ambiental hasta tanto no se garantizara la protección del medioambiente, específicamente de Caño Cristales, considerado “el río más hermoso del mundo”.

El vaivén de argumentos continuó. la decisión presidencial se dio después de que, en noviembre de 2016, el diario El Espectador divulgara cómo el Gobierno Nacional le había dado licencia a la petrolera para explotar cerca de 150 pozos en el bloque Serranía.

La empresa demandó al Estado por una millonaria suma, debido a la presuntas pérdidas que le provocó la revocatoria y las inversiones que ya se habían ejecutado. La cifra estaría por encima de los 83 000 millones de pesos (cerca de 25 millones de dólares). A la fecha, aún no hay un fallo en firme.

En agosto de 2017, la Fiscalía General de la Nación llamó al representante legal de Hupecol y a otros funcionarios a imputación de cargos por daño en los recursos naturales e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

La mañana del 14 de agosto de 2019, los periodistas de Rutas del Conflicto y Mongabay Latam asistieron al Foro de Defensores Ambientales Ariari – AMEM, en el municipio de Mesetas. Decenas de líderes y lideresas ambientales se congregaron para compartir sus preocupaciones ambientales. Señalaron una desproporción en el accionar de las instituciones porque, por un lado las leyes son cada vez más estrictas con el uso particular de motosierras o guadañas, pero por el otro, siguen vigentes permisos para que la extracción ingrese a la región.

“Sorpresa para uno como campesino es que le digan que la guadaña tiene que ser de menos de medio caballo de fuerza y que la motosierra igual. O sea que la motosierra va a ser para tumbar palitos de escoba, para nada más. Pero cuando llega un taladro de perforación de 3000 caballos de fuerza, a ese no le podemos decir nada porque tiene permiso y licencia”, señala Raúl Ordóñez*, líder de la Mesa Hídrica de Vistahermosa.

Con un tono pausado y punzante, los oradores del evento explicaron que la industria de hidrocarburos no solo pretende extraer petróleo en zonas aledañas al Parque Picachos, también quiere transportarlo. Desde 2014 se habla del proyecto de Oleoducto del Pacífico (OPA), una infraestructura pensada para llevar el crudo pesado desde San Martín, en el Meta, hasta Buenaventura, en el Valle del Cauca y a orillas del océano Pacífico. Este tubo de aproximadamente 780 km pasaría cerca a Picachos, por el costado norte.

La construcción de la infraestructura debía arrancar en 2016, pero hasta la fecha no hay información que indique que la obra haya comenzado. Sin embargo, la angustia persiste ante la posibilidad de la construcción del oleoducto ‘Tapir’, un pequeño brazo del OPA que presuntamente atravesaría directamente el territorio de Picachos.

Esta imagen publicada por La Silla Vacía ilustra las distintas opciones que la empresa Oleoducto al Pacífico S.A.S. le propuso a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para la construcción de Tapir. Las opciones 1 y 4 rayan en lo inconstitucional, puesto que el territorio de un Parque Nacional Natural en Colombia, por ley, es inembargable, inalienable e imprescriptible. El 25 de agosto de 2014, Parques Nacionales Naturales emitió un concepto técnico en el que califica como No Viable la opción 1 propuesta por la empresa.

Aunque la jefe del PNN Cordillera de los Picachos, Adriana Malaver, afirma que con dicho concepto se cerró el expediente ‘Tapir’, la defensora de derechos humanos y ambientales, Verushka Nieto, sostiene que existe un documento público en el que la Anla seleccionó la opción 1, es decir, la opción en la que la infraestructura atraviesa Picachos.

En una denuncia con fecha marzo de 2019 dirigida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nieto demanda al Estado colombiano por múltiples situaciones que según la defensora, configuran una crisis ambiental en todo el AMEM, entre las cuales está ‘Tapir’.

Rutas del Conflicto y Mongabay Latam se comunicaron con la Anla para solicitar información sobre el estado actual del proyecto Tapir pero hasta el momento de publicación de este reportaje no se ha recibido una respuesta.

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Biodiversidad y clima en peligro

 

La deforestación en Picachos podría traer consecuencias para todo el sur del continente. El director de FCDS, Rodrigo Botero, explica que los ciclos de las lluvias de la Amazonía continental tienen una estrecha relación con la cordillera oriental colombiana, donde se sitúa el parque Picachos.

Argumenta que las aguas de la lluvia se alzan en el suroriente de Sudamérica desde el Atlántico y periódicamente van bajando y volviendo a evaporarse, a la vez que se van desplazando hacia el noroccidente del continente, hasta encontrarse con la cordillera oriental colombiana. Toda esa agua que viene recogiéndose viene a parar en Picachos, para continuar con un proceso conocido como recarga hídrica.

“En este precipicio [en donde se ubica Picachos] está el punto de mayor precipitación de la Amazonía y es precisamente porque todos esos vientos cargados de agua llegan hasta los Andes y ahí es donde se produce el proceso de recarga hídrica. Pero y ¿qué pasa si no existe esta cobertura vegetal aquí? Pues no hay capacidad de retención de humedad del suelo, ni capacidad de evapotranspiración de los árboles. Se generará sí o sí una crisis en la regulación del ciclo hidrológico. Ese es el gravísimo problema a nivel macro”, expone Botero.

La interrupción de ese ciclo del agua podría afectar, no solo a las lluvias, sino al funcionamiento de los ríos. Esto porque dos de los ríos más importantes de la región, el Orinoco y el Amazonas, alimentan su cauce con agua que se recarga en la cobertura vegetal de la Cordillera de los Picachos, el Tinigua y La Macarena.

“Aquí hay ríos que alimentan el río Orinoco y ríos que alimentan el río Amazonas. Se alimentan de este sistema montañoso que depende de que esa agua llegue. Podrían ocurrir crisis, avalanchas, desbordes y también sequías”, concluye Botero.

Según Luz Adriana Malaver, directora del parque, entre enero y septiembre de 2019 solo se han talado 18 hectáreas, lo que significa un descenso abrupto en las cifras de deforestación para el parque. Sin embargo, es incierto si esta tendencia se extenderá en el largo plazo. La calma aparente que transmiten las cifras, para unos, es únicamente una muestra de que Picachos atraviesa el ojo del huracán, pero que la ‘tormenta’ no ha terminado.

Organizaciones comunitarias critican la ausencia de medidas para resolver de fondo la problemática, pues dentro de Picachos aún habitan 240 familias en condiciones de vulnerabilidad y rodeadas de grupos armados. También hay un estimado de 4000 cabezas de ganado cuyos dueños no han sido identificados. El Estado sigue con muchas tareas pendientes en este parque, pero su presencia es muy limitada. Tanto la riqueza ambiental de Picachos como la vida de quienes lo protegen están en riesgo.

*Nombres cambiados por seguridad de las fuentes.

**Imagen principal: Manifestación de apoyo de diferentes funcionarios de Parques Nacionales ante el asesinato de Wilton Fauder Orrego (Sierra Nevada de Santa Marta) y las amenazas que reciben sus compañeros en diferentes áreas protegidas. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia.

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Artículo publicado por antonio
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