- Una región remota de la Amazonía peruana está siendo invadida por agricultores que están despejando rápidamente bosques maduros para cultivar coca.
- Las invasiones están ocurriendo en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Alto Purús y en dos reservas para pueblos indígenas en aislamiento, amenazando seriamente a los mashco-piro, la comunidad indígena aislada más poblada del Perú.
ATALAYA, Peru – Pascual detiene el motor y nuestro bote se desliza debajo de un enorme tronco de árbol suspendido a unos pocos metros sobre el río. Le hago un signo para dirigirnos a la orilla.
“¡Queremos volar el dron!”, grito tratando de imponer mi voz sobre el zumbido de las motosierras procedentes de la orilla opuesta.
“No”, dice Pascual, moviendo la cabeza de un lado a otro. “No podemos parar aquí[…] los árboles caerán sobre nosotros[…] y estas personas son peligrosas”.
Video: Mongabay
Pascual es de la etnia yine, una de la media docena de pueblos indígenas que viven en el río Sepahua, un afluente del Urubamba, en las lejanas cabeceras de río de la Amazonía peruana. Pascual es el coordinador del comité de vigilancia de Sepahua que está integrado por voluntarios que ayudan a los guardias a proteger la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Alto Purús. Hemos venido a verificar los rumores de una invasión masiva de tierras en la zona de amortiguamiento del parque. Durante la última semana, Pascual y otros tres hombres de la zona nos han llevado río arriba a través de una variedad de bosques maduros y claros recién despejados. El contraste es sorprendente e inquietante. Los guacamayos rojos llenan el cielo, y contamos huellas de tapir y ocelote en las orillas fangosas. En otro instante, ya no hay árboles y el aire se llena humo y cenizas que provienen de los campos en llamas que rodean nuestro bote.
Pascual tira la cuerda de arranque y el bote se tambalea hacia adelante. Un momento después, otro árbol gigante se cae en el río detrás de nosotros y ahoga el motor del bote.
Una nueva frontera para una industria ilegal
Los hombres que cortan los árboles son del VRAEM, el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, una región conocida por la presencia del terrorismo y por ser el mayor productor de cocaína en Perú. La migración de cocaleros desde zonas de cultivo tan concurridas como el VRAEM a las tierras bajas despobladas no es algo nuevo. Los programas de erradicación de coca han desplazado a los productores durante décadas; sin embargo, no a la escala y velocidad de ahora. En pocos meses, el Sepahua ha pasado de ser un tranquilo pueblo fronterizo a un bullicioso centro donde convergen desconocidos que se mueven río arriba y abajo en grandes botes de metal traídos de la ciudad de Atalaya. Los pueblos indígenas locales —yine, asháninka y amahuaca cuyos ancestros se establecieron aquí hace generaciones— viven atemorizados mientras miran impotentes cómo desaparece el bosque del que dependen.
Pero no son los únicos afectados. El Sepahua es parte del Corredor de Conservación Purús-Manu, un gran complejo de 10 millones de hectáreas de áreas protegidas y tierras indígenas que duplican el tamaño de Costa Rica. Esta área es uno de los lugares más biodiversos del planeta, y alberga un gran número de pueblos en aislamiento. El Sepahua proporciona acceso a los parques nacionales de Alto Purús y Manu, y dos reservas para pueblos indígenas en aislamiento. A medida que los invasores avanzan río arriba hacia las áreas protegidas, el territorio de algunos de los últimos pueblos indígenas aislados del mundo continúa disminuyendo.
En nuestro primer día en el río pasamos el puesto de control del Parque Nacional Alto Purús, destinado a prevenir actividades ilegales en la zona de amortiguamiento. El frente de la edificación está cubierto por nidos de termitas y el bosque circundante ha sido cortado y reemplazado con árboles parcialmente quemados y arbustos de mandioca. El puesto no ha tenido personal en más de dos años y los agricultores han aprovechado esto. La situación es desalentadora y presagia nuestra próxima semana en el río.
Poco después de pasar el puesto de control, uno de nuestros guías de Amahuaca señala la orilla del río.
“Aquí es donde comienzan las parcelas”.
Recientemente se cortó un árbol grande para crear una abertura en el denso bosque perpendicular al río. “P1” está pintado en rojo en un árbol en pie al lado del claro, marcando este lugar como Parcela No. 1.
Durante la próxima semana contamos 180 parcelas en la orilla derecha y 74 en la izquierda. Son 100 por ciento ilegales, áreas despejadas en zonas forestales destinadas a la tala sostenible y selectiva y divididas en concesiones madereras. Algunas están separadas 200 metros, otras 300, y todas se extienden a lo largo de 1000 metros en el bosque, cubriendo así entre 20 y 30 hectáreas, respectivamente. Sin embargo, no todas las parcelas están ocupadas. De las 254 parcelas, 73 se encuentran en alguna etapa de desmonte. La mayoría ha sido despejada en los últimos meses, y parecen más recientes a medida que avanzamos. La última parcela que encontramos se encuentra a menos de 10 kilómetros del límite del parque.
No vemos cultivos de coca a lo largo del río, pero no lo esperábamos. La coca se cultiva más adentro del bosque, escondida de los botes que pasan, mientras que estas chacras al lado del río están plantadas con cultivos como el cacao, el maíz y la mandioca y, según los informes, sirven como un frente para justificar la presencia de los agricultores.
La migración de los cocaleros de las zonas de cultivo tradicionales como las estribaciones andinas a las tierras bajas comenzó hace décadas, pero se ha incrementado significativamente en los últimos 20 años. Las áreas protegidas son escogidas a menudo debido a su lejanía, suelo cultivable y la falta de presencia del gobierno. Además de destruir los campos de coca, los esfuerzos de erradicación incluyen servicios y programas gubernamentales mejorados para ayudar a los agricultores a hacer la transición a cultivos legales como el cacao y el café. Sin embargo, la disminución en los precios del café y retrasos en el proceso de certificación de granos orgánicos está haciendo que el café sea menos rentable y puede estar causando que los agricultores abandonen este cultivo para volver a la coca. Además, a los agricultores legales les resulta difícil cultivar en áreas donde la coca aún prevalece. A principios de noviembre, 3000 familias productoras de cacao y café en el VRAEM exigieron que el gobierno interviniera para evitar la contaminación química de las plantaciones ilegales de coca que obstaculizan el proceso de certificación de los granos y reducen los precios.
A pesar de los millones de dólares gastados en erradicación, la continua y sólida demanda de coca ha resultado en una producción continua. En 2018, Perú cultivó suficiente coca para producir 509 toneladas métricas de cocaína, un aumento con respecto a las 307 toneladas producidas en el 2012, según datos oficiales del Gobierno de EE.UU. Los agricultores continúan cultivando coca, pero en lugares nuevos y más lejanos.
Promesas vacías, mentiras peligrosas
Uno de nuestros guías, Guillermo, es mecánico y tiene una motosierra para uno de los nuevos agricultores, por lo que aprovechamos la oportunidad y lo seguimos por la empinada orilla del río hasta un nuevo claro. El claro parece haber sido cortado hace unos pocos meses y tener unas 2 hectáreas de tamaño. Dentro encontramos troncos parcialmente quemados entre la ceniza, plantas de mandioca y algunos árboles de papaya de poco grosor. Una pareja y dos chicas jóvenes están sentadas en los tablones de madera de una casa sin paredes y con techo de paja. Se puede observar una piel de venado en pleno secado junto a varios recipientes de plástico para gas y tres motosierras.
La niña más joven sostiene un loro frente a ella para ocultar su rostro sonriente, y el hombre, que dice llamarse Carlitos, parece bastante amable. Hablamos mientras Guillermo y Carlitos se encorvan sobre una motosierra. Tienen una historia típica. Llegaron hace seis meses del VRAEM. Les pregunto si la tierra es de ellos.
“No, no somos los dueños, [la tierra] es del estado”, dice Carlitos. “Escuchamos que estaba disponible, así que vinimos con el jefe de la asociación. Aquí van a construir dos pueblos, uno para cada asociación, con escuelas y todo. Pronto habrá 5000 personas viviendo aquí”.
Nos enteramos de que los agricultores fueron reclutados por los traficantes de tierras para unirse a las asociaciones agrícolas centradas en el cultivo de cacao, sin embargo, las asociaciones no tienen ningún derecho sobre la tierra. Carlitos nos dice que los ingenieros del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), marcaron y mapearon las parcelas. Sin embargo, esto es falso ya que esa función no está dentro de la jurisdicción de esta oficina. Carlitos dijo que luego pagó una tarifa de 2400 soles para ocupar su parcela. Su esperanza es que el gobierno vea que las tierras están siendo utilizadas y finalmente le otorguen la propiedad. Este escenario podría ser posible en tierras que aún no están reservadas para otros usos, pero el Sepahua se divide en zonas para la silvicultura, como Unidades Forestales de Producción Permanente divididas en concesiones forestales. Desafortunadamente para Carlitos, la ley dicta que tiene casi cero posibilidades de ocupar legalmente su parcela.
El tono de nuestra conversación da un giro dramático cuando sacamos nuestras cámaras. La esposa y las niñas desaparecen, y Carlitos agarra una sudadera y se pone la capucha sobre la cabeza a pesar del calor sofocante. Luego, la mayor de las chicas aparece con un teléfono y me apunta a la cara para tomar fotos. Me doy cuenta de que Guillermo se está yendo. “Chris, ya es hora de irnos”, dice.
Más tarde ese día, le pregunto a Pascual sobre Carlitos.
“No conocemos a las personas de esa chacra”, dijo. “La verdad es que no entiendo cómo vinieron aquí, cómo alguien vendió esta tierra[…] si siguen viniendo, abriendo más chacras, no podremos pescar o cazar en este río. No quiero que venga más gente. Has visto lo que han destruido. ¿Quizás podrías ayudar a detener esto?»
El día anterior hablamos con dos pescadores del VRAEM que en dos días obtuvieron 160 peces (un total de más de 300 kilogramos) que vendieron en el pueblo. Si los peces, pecaríes y venados desaparecen, las personas como Pascual tendrán que abandonar los estilos de vida tradicionales de subsistencia y buscar trabajo asalariado en la ciudad o los campamentos de tala o, tal vez, en las chacras de coca. Mientras tanto, los pueblos indígenas que viven en la parte superior de Sepahua ya han sido desplazados por la tala, la construcción de carreteras y otras invasiones que ocurren en otras partes del corredor Purús-Manu. ¿A dónde irán cuando el Sepahua esté tomado por los cultivos ilícitos?
En su mayor parte, la población local trata de evitar a los mascho piro, el pueblo indígena aislado más grande de Perú, y no van río arriba en la estación seca de mayo a octubre, ya que el pueblo abandona el aislamiento para recolectar huevos de tortuga y, a menudo, defiende agresivamente su territorio. Entrevistamos a un hombre que hace dos años acordó llevar a una pareja europea río arriba durante la estación seca. Él y la mujer fueron impactados por flechas en el mismo lugar donde ahora vive Carlitos; ambos sobrevivieron.
Esta parte del Urubamba y el adyacente Parque Nacional Alto Purús han sido durante mucho tiempo una ruta de transporte de pasta de cocaína cruda desde las estribaciones andinas hasta campos de procesamiento clandestinos y pistas de aterrizaje en Brasil. Pero las actividades relacionadas con las drogas, como la invasión de Sepahua, han aumentado exponencialmente en los últimos años. Los campos y las pistas de aterrizaje están apareciendo en nuevas áreas, y las fuentes locales informan avistamientos más frecuentes de desconocidos a pie, probablemente mochileros o mochileros de coca en las comunidades nativas más remotas. En 2014, una comunidad que abandonó el aislamiento describió un ataque de hombres con armas automáticas que mataron a decenas de personas. La transformación de Sepahua y otros afluentes del Urubamba en una región productora de coca podría significar un aumento en estos conflictos mortales. Las flechas simplemente no son rival para las armas automáticas.
Responsabilidad eludida
Los informes muestran que las invasiones son el resultado de una combinación de factores: los altos precios de la coca, pocas alternativas económicas para los agricultores pobres y la falta de presencia estatal. La supervisión de la región es compartida por una serie de agencias gubernamentales involucradas en el cumplimiento de la ley, el manejo forestal, la tenencia de la tierra, los derechos indígenas y las áreas protegidas. Sin embargo, el primer nivel de responsabilidad recae en las empresas madereras que trabajan en las concesiones que están siendo invadidas. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 29763 establece que los concesionarios son responsables de ser los custodios del bosque bajo su gestión, asegurando el uso adecuado y autorizado del bosque. Además, la ley dicta que las operaciones de tala ubicadas en zonas de amortiguamiento de áreas protegidas, como las de la parte superior de Sepahua, deben certificarse como gestionadas de forma sostenible y nunca deben ser despejadas en su totalidad.
Un representante de la compañía que administra varias de las concesiones de Sepahua afirma que presentó al gobierno una queja formal sobre la invasión. Sin embargo, otro maderero admitió: “esas personas no son nuestro problema. Queremos la madera dentro del bosque, no a lo largo del río. Además, esas personas son peligrosas”. La situación de Sepahua resalta los riesgos de un sistema de manejo forestal que depende de las compañías madereras para cumplir con las leyes de manejo forestal en áreas remotas que carecen de presencia estatal.
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y la Vida Silvestre (OSINFOR) es en última instancia responsable de garantizar que los concesionarios cumplan con la ley. Cuando se les mostró evidencia de las invasiones, los representantes de OSINFOR parecieron sorprendidos y preocupados por la deforestación a lo largo del Sepahua, y dijeron que no habían recibido ninguna queja de los concesionarios. Agregaron que para que OSINFOR organice una investigación, deben recibir evidencia en una queja formal firmada. Sin embargo, admitieron que es una tarea difícil esperar que cualquiera que viva o trabaje cerca del Sepahua firme su nombre en una queja contra personas que trabajan para narcotraficantes.
En nuestra última noche nos detenemos para acampar en una pequeña playa elevada sobre una orilla del río. Aquí el dosel es grueso y casi alcanza el otro lado del río, y por primera vez en días siento la maravilla relajante de estar en lo profundo del corazón de la Amazonía. Me siento al lado de la fogata y veo a Guillermo llevar la canoa a través del angosto río hasta la orilla lejana. En su primer intento de pesca con red, atrapa una doncella de un metro de largo (Pseudoplatystoma fasciatum) junto con varias especies de bagre más pequeñas, pirañas y una pequeña raya. Pasamos la tarde comiendo pescado frito y observando parejas de guacamayos vocalizando y volando encima de nosotros en busca de un árbol donde descansar.
Mis pensamientos se dirigen a una propuesta para proteger las cabeceras de ríos como una concesión de conservación, una idea respaldada con entusiasmo por los pueblos indígenas locales, pero no por el gobierno promaderero que se ha resistido a la reclasificación necesaria del área de de industria maderera a área de conservación. El área protegida cubriría 65 000 hectáreas en uno de los lugares desprotegidos más importantes para pueblos indígenas aislados del mundo. Proporcionaría conectividad protegida entre el Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Indígena Mashco-Piro superpuesta con la Reserva Territorial Kugapakori y el Parque Nacional Manu.
La tranquilidad se ve interrumpida por el zumbido ensordecedor de un motor aguas abajo. Unos minutos más tarde, un bote grande llega rápidamente a la curva. Seis hombres están sentados alrededor de varias bolsas, cajas de cartón y contenedores de gasolina. Varios sostienen escopetas, probablemente para cazar caimanes. Con las mejillas llenas de hojas de coca, apenas parecen vernos y pasan a toda velocidad. Finalmente, el sonido del motor se desvanece en algún lugar aguas arriba pero pronto es reemplazo por el sonido más alto de una motosierra.
Volteo a ver a Pascual sentado a mi lado junto al fuego. “¿Por qué están usando una motosierra en medio de la noche?”
Sin dudarlo responde: “Están despejando un lugar para dormir en el bosque, en su nueva parcela”.
Chris Fagan es fundador y director de Upper Amazon Conservancy. Ha estado trabajando para proteger a las personas y los bosques de la Amazonía peruana desde 2002. Se le puede contactar en cfagan@upperamazon.org. El financiamiento para este trabajo de campo fue proporcionado por el Andes Amazon Fund.
*Imagen principal: fotografía de un dron de deforestación destinada a la agricultura a lo largo del río Sepahua, Perú. Foto de Jason Houston/Upper Amazon Conservancy
Nota del editor: esta historia fue impulsada por Places to Watch, una iniciativa de Global Forest Watch (GFW) diseñada para identificar rápidamente la pérdida de bosques en todo el mundo y catalizar una mayor investigación de estas áreas. Places to Watch se basa en una combinación de datos satelitales casi en tiempo real, algoritmos automatizados e inteligencia de campo para identificar nuevas áreas cada mes. En asociación con Mongabay, GFW apoya el periodismo basado en datos al proporcionar datos y mapas generados por Places to Watch. Mongabay mantiene una independencia editorial completa sobre las historias reportadas utilizando estos datos.
Esta historia fue publicada por primera vez en la web en inglés el 9 noviembre de 2019.
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