- El gobierno anunció que un 30 % de los proyectos de inversión pública destinados a la reactivación económica del país buscarán la mitigación y adaptación al cambio climático. Sin embargo, las ONG critican que las propuestas son soluciones convencionales y no buscan generar cambios de fondo.
- Científicos y abogados ya han comenzado a trabajar en propuestas para que la nueva constitución considere de manera transversal la protección al medio ambiente.
- Chile deberá trabajar en la conservación de sus áreas naturales con recortes en el presupuesto.
El Secretario General de las Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló a inicios de diciembre que “el COVID y el clima nos han llevado a un umbral. No podemos volver a la vieja normalidad de desigualdad, injusticia y dominio voraz del planeta. Debemos avanzar hacia un camino más seguro, sostenible y equitativo”. En ese sentido, el 2021 es un año que abre enormes expectativas.
Sin duda, uno de los mayores desafíos de muchos gobiernos será recuperar la economía de sus países, golpeada por la pandemia. La pregunta clave es si este proceso podrá ser de manera sustentable. En Chile, el país deberá avanzar en sus compromisos ambientales con un menor presupuesto ya que tanto el Ministerio del Medio Ambiente como el Servicio Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (dependiente del Ministerio de Agricultura) vieron recortados sus ingresos para el próximo año. La buena noticia es que el programa de áreas marinas protegidas se libró del recorte presupuestario y Chile podría avanzar este 2021 hacia la conservación efectiva de sus áreas marinas protegidas.
Por otro lado, las esperanzas están puestas en dos frentes: las posibilidades que se abren con la redacción de una nueva constitución y la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que, aunque lleva años tramitándose en el Congreso, los expertos confían en que este 2021 pueda verse concretado.
Reactivación económica post COVID-19
“Una de las lecciones que podemos sacar de la pandemia es el recordatorio del estrecho lazo que existe entre una naturaleza sana y personas saludables, por tanto, no debemos perder de vista estos aspectos, cruciales para volver a pensar en un desarrollo resiliente, duradero y equitativo”, explica Ricardo Bosshard, director de WWF Chile.
Para encauzar la reactivación económica y superar la crisis económica provocada por la pandemia, el gobierno de Sebastián Piñera puso en marcha el plan “Paso a Paso, Chile se Recupera” que se sustenta en cuatro grandes pilares: crear y recuperar empleos; promover e incentivar la inversión tanto pública como privada; apoyar e impulsar las pymes; y agilizar y simplificar los permisos y la burocracia.
Para lograr esos objetivos, dicho plan contempla una inversión pública para el período 2020-2022 de US$ 34 000 millones con una cartera de proyectos centrada en entregar soluciones a demandas sociales y productivas y a la crisis hídrica que desde hace una década golpea al país. También a apoyar municipios, mejorar la movilidad y la integración de las ciudades, de los caminos y construir carreteras y puentes. Del total de proyectos, el 30% estarán destinados a acelerar la transición del país hacia un desarrollo sustentable y a mitigar y adaptarse al cambio climático.
En concreto, algunos de ellos son fomentar el transporte público limpio para disminuir las emisiones de gases efecto invernadero, a través de ferrocarriles, buses eléctricos, vías de transporte público, ciclovías y la extensión del metro y mejorar el diseño de las viviendas para aumentar su aislación y así disminuir la contaminación intra-domiciliaria y ambiental provocada principalmente por la calefacción a leña.
Otra medida prometedora es recuperar unas 24 mil hectáreas con bosque, a través de un programa de reforestación orientado a familias afectadas por incendios forestales. Además, entre los proyectos se contempla mejorar el acceso al agua en zonas rurales y proveer de obras de riego tecnificadas que beneficiarán a 140 mil hectáreas y que permitirá mejorar la eficiencia hídrica mediante el ahorro en consumo de agua.
Marcelo Mena, el exministro de Medio Ambiente durante el período presidencial de Michelle Bachelet, sostiene que el hecho de que el 30% de los proyectos de reactivación económica atiendan temáticas de cambio climático “demuestra que una política climática puede ser una hoja de ruta de una serie de inversiones que se pueden llevar a cabo para cumplir con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC)”. Dichas contribuciones, son los compromisos ambientales que todos los países que suscribieron en 2010 el Acuerdo de París —el tratado internacional más importante en la lucha contra el cambio climático— deben presentar para reducir al 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45 % y suprimirlas en 2050 para detener el calentamiento global del planeta.
En ese sentido, Mena asegura que el plan de reactivación económica cuenta con un elemento positivo. Sin embargo, precisa que “es fundamental que el paquete de reactivación económica se someta a un análisis por parte de un ente externo para determinar qué contribución real, efectiva y no autodeclarada es para la acción climática”. El problema, dice Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram, es que dada la escasa información disponible sobre los proyectos, resulta difícil evaluar si son efectivamente sustentables ya que no existen mayores especificaciones sobre cómo serán esos proyectos ni los montos de inversión involucrados. En este sentido, Fundación Terram señaló en un comunicado que “las medidas categorizadas como sustentables no necesariamente responden a proyectos de acción climática, ya que gran parte de ellos corresponden a soluciones convencionales, las cuales no buscan generar cambios de fondo en el modelo productivo nacional”.
Prueba de ello es que el plan de recuperación de 24 mil hectáreas con bosque, no precisa el tipo de especies con que se realizará esa reforestación como tampoco los montos específicos de esta inversión. Además, Terram agrega que los proyectos que buscan entregar soluciones a la crisis hídrica que atraviesa el país —como la construcción nuevos sistemas de agua potable rural— “deja entrever una noción de la crisis hídrica netamente como un problema de obras públicas e inversión y no, en cambio, como producto de las condiciones estructurales que presenta nuestro país respecto a la gestión del agua —como nuestro modelo agroexportador—, las que hoy no garantizan el acceso a este recurso a cerca de un millón de personas a lo largo del país”. Además, respecto a las obras de riego, la organización sostiene que “los miles de millones que cada año se subsidian bajo esta vía, a través de la Comisión Nacional de Riego (CNR), solo terminan aumentando la superficie de explotación agrícola bajo riego por las empresas agrícolas, sin restituirse ni un solo litro de dicho “ahorro de agua” para fines ecológicos o de consumo humano, lo que no hace más que profundizar la crisis”, precisa.
Una nueva Constitución
En octubre, los chilenos votaron en un plebiscito a favor de tener una nueva carta magna que, según expertos constitucionalistas entrevistados por Mongabay Latam, tiene la posibilidad de que la protección al medio ambiente se instale como un principio transversal en la constitución de manera que esté presente en todos los ámbitos en los que se desarrolla el país. El objetivo, dice Liliana Galdámez, profesora e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la facultad de derecho de la Universidad de Chile es “apostar a un Estado de derecho ambiental”, donde el derecho a un medio ambiente sano tenga mayor trascendencia e inspire al actuar de todos los órganos del Estado.
Para lograrlo, la abogada sostiene que es clave incluir al medio ambiente dentro de los primeros artículos de la constitución que son los que básicamente establecen los valores fundamentales del Estado. Esos artículos “son muy importantes”, dice Galdámez, porque “a partir de esas reglas primeras se reinterpreta toda la constitución”. Llevar lo ambiental a las primeras disposiciones de la constitución permitiría “que algunas dimensiones que hoy día están en el texto, como el deber del Estado de tutelar la protección de la naturaleza, se lean mejor, se entiendan mejor, tengan un alcance más amplio y significativo”, dice la abogada.
Galdámez, junto a unas 50 personas, viene trabajando desde hace ya algunos meses en lo que han llamado la Red de Constitucionalismo Ecológico que, según explica, es una grupo interdisciplinario conformado por abogados y científicos —como biólogos, ecólogos, geógrafos, oceanógrafos, filósofos y otras disciplinas de la ciencia— que se reúnen periódicamente todos los viernes a discutir distintos apartados que la Constitución debiera incorporar en materia ambiental. La idea, explica Galdámez, es que las conclusiones de esta Red puedan ser presentadas luego a los constituyentes que crearán la nueva carta magna.
Uno de los puntos importantes que se espera que la nueva constitución pueda revisar es la propiedad de los bienes comunes. En la actual carta magna, si bien está considerado que la ley puede limitar el derecho de propiedad cuando este perjudica al medio ambiente, los primeros artículos permiten interpretar que “el derecho a la propiedad es más importante que otros derechos”, aseguró Ezio Costa, director de la ONG Fima, en una nota publicada por Mongabay Latam. Prueba de ello es que el código de minería permite anteponer la propiedad por sobre el bien común, dice el abogado, y es por ello que en Chile es posible, por ejemplo, instalar una mina al interior de un parque nacional.
Pero quizá uno de los temas más controversiales en los que se dibuja el enfrentamiento entre el derecho a la propiedad y el medio ambiente es el agua. En un país golpeado desde hace 10 años por una megasequía y en el que existen comunidades donde el acceso a este recurso es tan restringido que no alcanza a cubrir sus necesidades básicas, “la constitución no establece, no asegura, el agua como un bien común o un bien nacional de uso público”, señala Galdámez. Según explica la abogada, aunque hoy sí sea posible proponer en el Congreso un nuevo régimen jurídico para este recurso, esa discusión “tiene un techo” puesto que tal cual está establecido en la constitución, los derechos de agua están en manos de privados por lo que “la constitución actual es así una piedra de tope para que reformas sustantivas en materia de agua no se puedan hacer”, asegura Costa.
Según Galdámez, la Red de Constitucionalismo Ecológico es una de varias iniciativas que se han conformado de manera voluntaria entre expertos en temas ambientales para con el objetivo de generar conocimiento que pueda ser considerado a la hora de redactar la nueva constitución. “Hay distintos esfuerzos y hay una comunidad entera que se está movilizando de forma desinteresada (…). Lo que nos mueve es la responsabilidad profesional, la responsabilidad con el país y con las futuras generaciones. Ahí hay una inmensa conciencia del enorme desafío y oportunidad que tenemos”, dice.
Aprobar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
En 2014 se presentó al Congreso el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Aunque seis años después el proyecto sigue sin ver la luz, expertos ligados a asuntos ambientales confían en que este 2021 pueda finalmente concretarse este servicio que, en opinión unánime de los expertos consultados por Mongabay Latam, implicaría un importante paso hacia adelante en la conservación efectiva de las áreas naturales protegidas terrestres, marinas y dulceacuícolas de Chile.
Actualmente son diversos los organismos que tienen a su cargo la gestión para proteger y conservar dichas áreas por lo que este nuevo organismo vendrá a homogeneizar mejor las decisiones sobre qué se puede llevar a cabo en cada lugar haciendo “mucho más eficiente el procedimiento con respecto a la protección de la biodiversidad y la implementación de planes de manejo”, explica el exministro Mena. Además, actualmente la conservación de las áreas protegidas está a cargo de los mismos organismos que tienen como principal misión el fomento de explotaciones económicas de bosques y pesquerías: las áreas terrestres dependen de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), encargada de administrar la política forestal chilena, y las marinas dependen del Servicio Nacional de Pesca, dependiente del Ministerio de Economía, encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas pesqueras y de acuicultura. En ese sentido, el Servicio de Biodiversidad busca asegurar que la protección y conservación de los ecosistemas sea, efectivamente, el principal objetivo del organismo que vela por ellos.
Por último, el exministro agrega que “hoy en día quien destruye la biodiversidad muchas veces escapa de su responsabilidad porque se requiere de un procedimiento complejo de demostración de daño ambiental en un contexto de demandas del Consejo de Defensa del Estado”. Sin embargo, agrega que a este servicio público se le brindará la capacidad de sancionar “con un régimen de sanciones más ambicioso y más severo”.
Aunque el proyecto lleva tiempo en discusión, los expertos coinciden en que el 2021 podría concretarse la medida, ya que además, “si el gobierno está pensando en dejar algo indeleble o una especie de legado de largo plazo en el tema ambiental esta es su mejor carta”, asegura Max Bello, experto en política pública para la conservación de los océanos y miembro de la organización Mission Blue, creada por la reconocida oceanógrafa Sylvia Earle.
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Disminución de presupuesto
Chile tiene 105 áreas bajo protección oficial. Ellas abordan una superficie terrestre de 18,6 millones de hectáreas, que corresponden al 21,3 % del territorio continental del país, y casi 147 millones de hectáreas marinas que cubren un 42,3 % del mar chileno. Sin embargo, Chile es también uno de los 10 países que invierten menos fondos en la conservación de su biodiversidad a nivel global, según un estudio científico publicado en 2013.
Este año 2021, Chile enfrentará el reto de conservar su áreas naturales protegidas terrestres con un presupuesto aún menor que años anteriores ya que la crisis económica producida por la pandemia redujo los fondos destinados al Servicio Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) en 3,9 % respecto del 2020 quedando en $ 17 627 963 000 (alrededor de 23 680 000 dólares). Además, de ese total, menos de 7 millones de dólares provienen del aporte del Estado y se estima que la diferencia ingresará por el cobro de accesos a los parques y reservas. El problema es que “si uno considera el contexto de la pandemia que podría extenderse para 2021, es evidente que existe la posibilidad de que la recaudación no ocurra como está presupuestado”, advierte la fundación Terram.
Además, si bien el presupuesto destinado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) —el organismo público que tiene entre sus funciones evaluar ambientalmente los proyectos— creció en un 8,8 %, el presupuesto de la Superintendencia de Medio Ambiente —el organismo encargado de fiscalizar los proyectos— se redujo en esa misma proporción.
Por otra parte, la mayoría de los programas del Ministerio del Medio Ambiente sufrieron cortes presupuestarios. Algunos de ellos son el Fondo de Reciclaje, que disminuyó en un 53,3 %; el Fondo de Protección Ambiental —destinado a financiar iniciativas ciudadanas que ayuden en la protección o reparación del medio ambiente—, que disminuyó en un 30 % o el fondo destinado a financiar estudios medioambientales, que se redujo en un 44,4 % .
El programa que se libró de un recorte presupuestario fue el de Áreas Marinas protegidas y Humedales. En un inicio, el proyecto de ley de presupuesto había reducido el dinero destinado a este ítem pasando de $199 millones a $132 millones. Sin embargo, tras las negociaciones se decidió mantener el presupuesto del año pasado e incluso incrementarlo quedando finalmente en $222 millones. Alex Bello asegura que “eso demuestra que hay alguna preocupación de que efectivamente hay que tener algo de dinero”, sin embargo, precisa que el presupuesto “sigue siendo limitado”. De hecho, según Wildlife Conservation Society (WCS), sin considerar la extensión en superficie que han tenido las áreas marinas protegidas desde el 2018, “el financiamiento existente solo cubre un 1,7 % del monto estimado como necesario para un funcionamiento apropiado de las áreas marinas existentes”. Por lo mismo, Bello señala que “hay que seguir incrementando el presupuesto y por otro lado buscar aportes internacionales y nacionales para poder crear un fondo que permita asegurar el buen manejo de las áreas protegidas marinas y también terrestres”.
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La protección efectiva de las áreas marinas protegidas
Según el análisis de Terram, “la brecha financiera operacional para conservar y proteger efectivamente las áreas marinas protegidas (AMP) existentes es de tal magnitud que invita a reflexionar si en estricto rigor dichas AMP constituyen áreas de protección”. Además, a pesar de que Chile lidera la protección del mar en kilómetros cuadrados, solo 5 de las 28 áreas marinas con alguna categoría de protección tienen un plan de manejo. El Parque Francisco Coloane, por ejemplo, lleva 17 años esperando por uno.
Alex Bello, sin embargo, asegura que el país está trabajando en la creación de esos planes. De hecho, Chile se comprometió a que todas las áreas marinas protegidas contarán con un plan de manejo al 2030. “Yo soy de la idea de que mientras antes mejor, pero también es importante tener un proceso que incluya a la gente que son usuarios, a las comunidades ligadas directamente a las áreas porque si no hay eso es un documento muerto”, dice Bello. “Puedes escribir un plan de manejo en un par de meses, pero que después nunca nadie lo va a tomar en cuenta”, precisa. Por lo mismo, asegura que se trata de procesos lentos.
Para subsanar la brecha que existe en el manejo de las áreas marinas protegidas, el Ministerio de Medio Ambiente inició, junto con WWF, la construcción de un Estándar para la Gestión de Áreas Marinas Protegidas que establezca las directrices, la regulaciones y las condiciones con las que se debe regir la administración de las áreas para que estas sean efectivamente conservadas. Según explicó en un comunicado Diego Flores, jefe del Departamento de Áreas Protegidas del MMA, el objetivo es que dicho estándar sea “un instrumento de política pública que señale y promueva los principios y criterios para guiar las distintas fases de desarrollo de las AMP; desde su creación hasta su desarrollo y consolidación”. En una primera etapa, la construcción de este estándar recogió las recomendaciones de los servicios públicos que tienen competencias directas en la administración de estos espacios. La segunda etapa, que iniciará en 2021, recogerá las recomendaciones de otros actores vinculados a la gestión de estas áreas como comunidades locales y/o indígenas, ONG, academia, etc.
En ese sentido, Bello asegura que uno de los pendientes que Chile tiene en materia de océanos es “resolver el tema de las salmoneras que no debieran estar dentro de áreas protegidas porque es una actividad industrial altamente dañina”. En efecto, la crianza de salmones a gran escala ha protagonizado diversos escándalos medioambientales y sanitarios en el país entre los que se cuentan contaminación por verter masivamente peces muertos al mar; generar condiciones anaeróbicas en el agua, es decir, consumir el oxígeno disponible impidiendo la existencia de la vida en el mar; el escape masivo de salmones poniendo en riesgo la fauna nativa y el uso excesivo de antibióticos en los peces.
Actualmente, si bien la ley chilena prohíbe las actividades acuícolas al interior de parques nacionales, sí las autoriza al interior de las reservas. Por ejemplo, solo dentro de los límites de la reserva nacional Kaweskar, existen 57 concesiones para la crianza de salmones.
Por último, a pesar de que la conservación efectiva de las áreas marinas protegidas es uno de los principales desafíos para Chile en temas de océanos, existen otras zonas que científicos, conservacionistas y comunidades aún esperan que sean declaradas bajo algún estado de protección. Dos de esos casos son el de la Isla Guafo, un aislado lugar al sur del país que conserva prístinos ecosistemas y el del archipiélago de Humboldt, una zona en la costa norte de Chile que desde hace años es considerado Sitio Prioritario para la Conservación debido a la extraordinaria biodiversidad marina que reúne, pero que se ha visto varias veces amenazada por distintos proyectos portuarios y energéticos siendo el puerto Dominga uno de los más controversiales.
*Imagen principal:Pescadores artesanales de la Higuera, Chile, cosechando locos. Foto: Oceana – Eduardo Sorensen
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