- La Compañía Minera Cuzcatlán llegó hace 15 años a los Valles Centrales de Oaxaca, una región del sur de México. Diversos estudios muestran que los ríos cercanos a sus instalaciones presentan altos niveles de aluminio, bario, cromo, hierro, manganeso y plomo.
- Expertos consideran que la contaminación del agua por metales podría relacionarse con algunas enfermedades en personas y animales en al menos seis municipios de la región. En tres de ellos hubo brotes de hepatitis y enfermedades respiratorias y gastrointestinales.
Totora* narra que siente resequedad en las manos cuando lava los platos y que su esposo no deja de toser. Viven en el municipio Magdalena Ocotlán en México. A Acacia* le da comezón en la piel después de usar el agua en San Juan Chilateca. Padres de varios niños de San José del Progreso y Santa Lucía cuentan que sus hijos se enferman de hepatitis. Y las historias no se detienen. Algunos pobladores dicen que los peces aparecen sin ojos y sin colas en las orillas de la presa de San Pedro Apóstol. Aseguran que chivos y pollos mueren después de padecer diarrea o gripe.
Todas estas historias y localidades tienen además un punto en común: están situadas a menos de 20 kilómetros de las instalaciones de la Compañía Minera Cuzcatlán, una empresa ubicada en San José del Progreso, en el estado de Oaxaca, al sur de México, y que en 2020 extrajo 6.2 millones de onzas de plata y 37 805 onzas de oro de una mina subterránea.**
Cuzcatlán es la filial mexicana de Fortuna Silver Mines, compañía canadiense que también tiene proyectos mineros en Argentina y Perú. El brazo mexicano llegó en 2006 a explorar el territorio de San José y en octubre de 2010 entró en pleno funcionamiento.
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La llegada de las enfermedades
Lo que le sucede a Totora y su esposo, o a Acacia y a los niños de San José y Santa Lucía no son casos aislados. Pobladores de al menos seis municipios cercanos a la mina han denunciado señales de contaminación en el agua, además de brotes de hepatitis y enfermedades respiratorias o gastrointestinales en tres de ellos.
El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica confirma que estos padecimientos aumentaron desde que la minera comenzó su funcionamiento y se mantuvieron por lo menos hasta el 2016. En 2010, año en que la planta comenzó a operar, el 31,1 % de habitantes de San José (2050 personas) tenían problemas para respirar, mientras que en 2008, solo dos años antes, la cifra era del 15 %.
Los casos de infecciones intestinales mal definidas —clasificadas así porque se desconoce su causa— también aumentaron desde la llegada de la minera al municipio, como indican las estadísticas oficiales. En 2006 hubo 73 casos, en 2013 hubo un pico de 322 y en 2019 la cifra seguía siendo mucho más alta que antes de la actividad minera: 144 casos.
También se presentaron brotes de hepatitis en los municipios de San José y Magdalena, casos que coincidieron con el derrame en la presa de jales secos y acuosos de la Minera Cuzcatlán en 2018. Los jales son los residuos de rocas molidas que quedan después de la extracción de los minerales presentes en las rocas.
El médico Ezequiel Díaz Cruz, responsable del Sistema Automatizado de Vigilancia Epidemiológica en Oaxaca, señala que en 2019 se registraron 15 casos de hepatitis en San José y 11 en Magdalena. Un año después, Santa Lucía presentó un nuevo brote con 15 casos. El 90 % de los enfermos eran niños.
Según expertos consultados, estos padecimientos podrían estar relacionados con la presencia de aluminio, bario, cromo, hierro, manganeso y plomo en el arroyo Coyote y aluminio en el río Santa Rosa, dos cauces cercanos a la minera que pasan por las comunidades donde se presentan las enfermedades.
Estudios realizados, además, entre 2018 y 2020 por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y por autoridades municipales muestran que las cantidades de estos metales en los cauces superan los niveles máximos permitidos en el agua de consumo humano estipulados por las autoridades mexicanas.
Los metales en los ríos llegan hasta los pozos de donde las personas extraen el agua que beben y a los retenes y ollas —estructuras construidas por ellos para captar agua que filtran del subsuelo para regar los cultivos y para los animales—. Los especialistas explican que ingerir estos metales produce enfermedades intestinales y respiratorias, y los daños pueden ser severos dependiendo de la cantidad y tiempo de exposición.
Sol Pérez Jiménez, investigadora postdoctoral del Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de México (UNAM), que estudia el impacto de los metales en la salud de las personas en los estados de Oaxaca y Sonora, cita el libro Casarett and Doull’s Toxicology: The Basic Science of Poisons para explicar el vínculo entre estos elementos y las enfermedades. Según dice, el aluminio provoca tos, falta de aliento y fibrosis pulmonar; el bario puede generar diarrea severa, hemorragia gastrointestinal, debilidad muscular y paros cardíacos; el cromo ha estado asociado con cáncer de pulmón, estómago, huesos y leucemia; el hierro con enfermedades gastrointestinales; el manganeso con neumonía aguda, y el plomo con enfermedades renales, cardiovasculares y daño cerebral.
Los más vulnerables a las consecuencias de esos minerales son los niños, las mujeres embarazadas y las personas de la tercera edad indica Miguel Ángel Mijangos Leal, activista e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
Por su parte, Heiser Ariel Vásquez Salazar, médico de base del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Magdalena Ocotlán, en donde se han registrado algunos de los casos, asegura que casi todos los pacientes que acudieron a consulta por problemas respiratorios en los últimos años eran adultos mayores, mientras que la mayoría de los enfermos de hepatitis que atendió eran niños.
Vásquez considera que los últimos casos de esta enfermedad viral podrían estar asociados al derrame de la Compañía Minera Cuzcatlán en 2018, en caso de confirmarse, como sostienen las comunidades, que el agua contaminada con metales llegó al pozo del que toma agua la población de Magdalena.
El médico Ezequiel Díaz Cruz argumenta que por ahora solo se puede atribuir los brotes de hepatitis al consumo de agua y alimentos contaminados con materia fecal, pero que es la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario de los Servicios de Salud de Oaxaca quien hace los estudios para determinar qué contaminantes pudieron enfermar a las personas. Mongabay Latam solicitó entrevista con esa dependencia pero fue negada bajo el argumento de que hay una investigación en curso sobre la contaminación minera.
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El efecto en los animales
Caía la lluvia en julio de 2020 cuando Ortigo*, un habitante de Magdalena, pastoreaba sus cabras y vio que el agua de dos retenes estaba roja y con una capa de espuma en la superficie. Esos retenes son hoyos enormes, ubicados a 300 metros aproximados de la mina, que fueron construidos por las autoridades del municipio para captar el agua que pasa por el río Santa Rosa, filtrarla al subsuelo y alimentar los cauces subterráneos. El testimonio de Ortigo es meticuloso. Las cabras —recuerda muy bien— bebieron agua de ahí hasta que cinco de ellas murieron después de enfermar de diarrea.
El 22 de julio de 2020, el Organismo de Cuenca Pacífico Sur de Conagua monitoreó los retenes y otros cuatro sitios cerca de ellos. En información solicitada por Mongabay Latam, la dependencia reconoció que se identificaron concentraciones de aluminio entre 6.54 y 13.72 miligramos por litro en los seis puntos analizados. Aunque estas cantidades superan los límites para el agua de consumo humano y para riego agrícola y uso pecuario, la entidad descartó que la causa de la contaminación fuera la minera.
Las cabras de Ortigo no fueron las únicas que enfermaron. Salvia*, otra habitante de Magdalena, dice que más animales tuvieron diarrea hasta morir después de beber agua cerca de las operaciones mineras. “No tomamos el agua pero comemos los animales y ahí también está la contaminación”, dice.
Los especialistas Sol Pérez Jiménez y Miguel Ángel Mijangos destacan que Salvia se refiere a la bioacumulación, un proceso en el que los metales que se encuentran en el agua, suelo o plantas pasan a animales y humanos mediante la cadena alimenticia. Estos elementos alcanzan mayores cantidades a medida que avanzan en la cadena, por ejemplo, depredadores marinos como los tiburones pueden absorber y acumular grandes cantidades de mercurio cuando comen muchos peces que tienen este metal en su organismo.
El derrame de 2018
El primer evento de contaminación registrado en Valles Centrales fue en 2018. Las lluvias del 8 octubre provocaron que la piscina de colección del sistema de drenaje superficial de la Compañía Minera Cuzcatlán derramara sus aguas en el arroyo Coyote.
En este mapa puede verse la minera y el polígono en donde se han reportado altos niveles de metales en agua. De igual forma se pueden ver los puntos afectados por dos eventos de presunta contaminación en 2018 y 2020. Fuente: Elaboración propia.
Las autoridades y habitantes de Magdalena de Ocotlán recuerdan que el agua contaminada bajó por el paraje y siguió su cauce por el arroyo hasta alcanzar el pozo de agua potable que abastece a toda la comunidad. La mayoría de pobladores compraron agua embotellada por algunos meses pero volvieron a beber del pozo contaminado cuando se quedaron sin dinero. El 49,3 % de la población del municipio vive en pobreza moderada y 23,7 % en pobreza extrema.
La piscina que derramó los residuos mineros es una de las 75 obras irregulares —de 81 que tiene la minera— que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el organismo responsable de la preservación del ambiente, ha detectado desde 2018.
Mongabay Latam buscó la versión de Luiz Camargo, director país de la Compañía Minera Cuzcatlán, pero no concedió entrevista. En su lugar, el área de Comunicaciones respondió a varias preguntas por escrito, donde señalan que las irregularidades no generan impactos ambientales adversos.
La empresa detalla que los jales o residuos generados en la presa son evaluados para mantener características de no toxicidad y no generar lixiviados, que son los líquidos que circulan entre los residuos. Además, aseguran que cada año invierten aproximadamente 60 millones de pesos (cerca de 3 millones de dólares) en reforestación, manejo responsable de residuos mineros y tratamiento de agua.
Este medio también solicitó información a Profepa sobre las irregularidades detectadas y la entidad admitió que se hicieron 16 visitas, entre 2009 y 2020, a las instalaciones de la minera Cuzcatlán. Una de ellas tuvo que ver con presuntas emisiones a la atmósfera, dos por posible mal manejo de residuos peligrosos, dos por contaminación de suelos, nueve por impacto ambiental y dos en materia forestal.
En cinco de las visitas se encontraron irregularidades, no obstante, la entidad no compartió información detallada sobre los hallazgos. A la fecha, los cinco procedimientos concluyeron y en todos ellos se impusieron sanciones económicas que suman poco más de 3.2 millones de pesos (unos 162 356 dólares).
Profepa no especifica si la empresa cumplió con las sanciones pero la minera reportó un pago de 128 990 dólares en multas dentro de su informe de sustentabilidad de 2019.
“El mecanismo de resarcir el daño con dinero está muy lejos de cualquier proceso de compensación para restituir un ambiente que ya no se recuperará”, dice Miguel Ángel Mijangos Leal, integrante de REMA.
De hecho, el 9 de octubre de 2018, un día después del derrame, Totora recuerda que el agua del arroyo estaba blanca como si tuviera cal y que despedía un olor a azufre. Según dice, las plantas tenían un color grisáceo que duró meses y algunas se marchitaron.
Conagua hizo un estudio —del que Mongabay Latam tiene una copia otorgada por una red de habitantes de Valles Centrales— donde se indica que el aluminio, bario, cromo, hierro, manganeso y plomo superaron los niveles permitidos para agua de consumo humano en tres puntos del arroyo Coyote y el níquel excedió el límite para el agua potable establecido en los criterios ecológicos del gobierno mexicano.
La minera también tomó muestras del arroyo en la misma zona pero sus resultados fueron distintos: los niveles de metales estaban dentro de lo permitido.
Conagua impuso una multa de 806 000 pesos (40 538 dólares) a la compañía por arrojar de manera fortuita contaminantes al arroyo Coyote. La empresa pagó la multa el 5 de abril de 2019.
Como seguimiento a lo ocurrido, el 25 y 26 de febrero de 2019 Conagua tomó muestras de ocho pozos de abastecimiento de agua en ocho comunidades de Valles Centrales. En dos de ellas encontró aluminio en concentraciones de hasta 1.794 miligramos por litro, nueve veces el máximo permitido para el agua de consumo humano. Además, en otro punto se identificaron 1.22 miligramos de hierro por litro, cuatro veces el máximo permitido.
En la información entregada para este reportaje, Conagua omitió los nombres de las comunidades donde se localizan los pozos contaminados. Solo enlistó los municipios y agencias, o subdivisiones municipales, donde tomó muestras: Monte del Toro, Praxedis de Guerrero, Magdalena Ocotlán, San Martín Los Cansecos, San Pedro Apóstol, Santa Catarina Minas, Santa Lucía Ocotlán, Ocotlán de Morelos y un pequeño estanque que utilizan como fuente de abastecimiento en San José del Progreso.
Sin embargo, una base de datos de la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua (Renameca), con información actualizada hasta 2019, muestra que dos comunidades de la lista de Conagua tienen pozos que incumplen normas por sus niveles de hierro y nitrato: Monte del Toro, una agencia del municipio Ejutla de Crespo a tres kilómetros de la minera, y Praxedis de Guerrero, una agencia de Ocotlán de Morelos a ocho kilómetros de la compañía. Según la información, esos dos pozos no son aptos como fuente de abastecimiento de agua potable. Además, un pozo de San José supera los límites permitidos de manganeso.
Conagua asegura que los resultados de los estudios que hizo en 2019 fueron entregados a la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario de los Servicios de Salud de Oaxaca para que realizara las acciones que considerara pertinentes. Esta última entidad se negó a una entrevista en marzo de 2021 porque dice, después de dos años, que la investigación sigue sin una resolución administrativa y la información está reservada.
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Un arroyo llamado Coyote
Diversos estudios de las autoridades, a lo largo de los años, han confirmado que el arroyo Coyote tiene niveles altos de metales en diferentes tramos. Su nombre no aparece en mapas oficiales del gobierno mexicano, pero sí en los análisis de Conagua en los que se usan coordenadas exactas para ubicar los lugares del cauce donde se tomaron muestras.
Para este reportaje se cruzaron las coordenadas de Conagua con el mapa de Hidrografía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De esta manera se identificó que el arroyo comienza en un terreno elevado de San José del Progreso, poco antes de las instalaciones de la empresa, luego entra a la mina, atraviesa la presa de jales y sigue su recorrido hasta el municipio de Magdalena.
La minera también lo confirma con imágenes de la misma zona en la última Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que entregó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).Aunque tampoco menciona el nombre del arroyo, en este documento especifica que una “corriente intermitente” atraviesa la presa de jales, y luego es entubada.
Esa agua entubada es conducida a una piscina, donde la empresa asegura monitorea su calidad antes de que siga su cauce natural afuera de las instalaciones. Según los estudios de Conagua, después del derrame de 2018, el punto de muestreo más cercano entre el arroyo y la minera contenía aluminio, cromo, hierro, manganeso y plomo arriba de los límites para agua de consumo humano. El hierro y el aluminio también superaban los máximos permisibles para riego agrícola y uso pecuario.
El mapa del Inegi muestra que el arroyo Coyote llega hasta Magdalena, pero los habitantes de la región aseguran que también pasa por San Pedro Apóstol, San Matías Chilazoa, San Felipe Apóstol y Tejas de Morelos. Es decir, por lo menos cuatro comunidades más estarían expuestas a los metales que lleva en sus aguas.
De hecho, el aviso más reciente sobre presencia de metales fue en San Pedro Apóstol, en los últimos meses de 2020. Los habitantes de este municipio encontraron peces y una tortuga muerta en la presa cercana a su unidad deportiva y vieron agua verde en un tramo del arroyo Coyote que está al lado de la comunidad. Las autoridades del municipio, por su cuenta, hicieron un estudio en septiembre, el cual confirmó que el aluminio y el hierro superaban los niveles permitidos para agua de consumo humano.
En sus respuestas por escrito, la Compañía Minera Cuzcatlán afirma que se esfuerzan para que los impactos en el medio ambiente sean mínimos. También explican que monitorean trimestralmente los líquidos de sus operaciones en las comunidades aledañas para asegurarse de no generar daños en la calidad del agua superficial y subterránea.
“Uno de los valores que rigen a nuestra compañía es el respeto que tenemos con todas las comunidades vecinas a nuestra operación, las cuales no se limitan solamente a San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, sino que se extienden con al menos 10 comunidades más”, aseguran.
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Protestar hasta ser escuchados
Desde el 2018, los pobladores exigen a Semarnat que les comparta los expedientes sobre la presencia de metales en ríos y pozos, que haga nuevos estudios y evite que la minera trabaje en la región. Tuvieron que protestar y bloquear carreteras en diciembre de 2020 para ser escuchados, pero aún no hay una solución concreta a los problemas de contaminación.
El 15 de abril de 2021 la titular de Semarnat, María Luisa Albores González, se reunió con representantes de 10 comunidades, articuladas en el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, y juntos firmaron una carta compromiso con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) para que realice estudios de calidad del agua en la región.
Un día después, Daniel Quezada, jefe de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de Semarnat se reunió con autoridades de los municipios de San Pedro Apóstol y Magdalena para informarles que el IMTA realizaría estudios en los lugares que ellos designaran.
Jacinto*, quien forma parte de la red integrada por autoridades de San Pedro Apóstol y otros municipios, asegura que su petición es que se tomen muestras del agua y sedimentos en todo el cauce del arroyo Coyote, desde el municipio San José del Progreso hasta la comunidad Tejas de Morelos. Los pobladores también piden que Profepa y Conagua liberen los expedientes sobre el derrame de 2018 para conocer la evolución de los metales en el agua.
Por su parte, la investigadora Sol Pérez Jiménez, del Instituto de Ecología de la UNAM, recomienda que Semarnat y Conagua realicen un monitoreo ambiental en toda la cuenca hidrográfica cercana a la minera porque sus instalaciones están en un terreno alto conectado al arroyo Coyote y eso, explica, provoca que los metales en el agua bajen por la red de arroyos y ríos y lleguen hasta otros puntos de Valles Centrales.
Pérez añade que este monitoreo tiene que ser completo e incluir estudios constantes en los pozos de agua potable, que los habitantes participen de todo el proceso de evaluación y que luego tengan acceso a los resultados. También propone que las autoridades analicen cómo se encuentra la salud de la gente en la zona.
Mientras tanto, los pobladores están preocupados por la posibilidad de que la empresa minera Cuzcatlán continúe en Oaxaca y se extienda a otras regiones de México. De acuerdo con la última MIA que la compañía entregó en septiembre de 2020, tienen la intención de seguir con sus actividades de extracción de oro y plata en el municipio de San José del Progreso hasta 2029, aunque Semarnat aún no aprueba esta solicitud.
La empresa también quiere explorar proyectos más allá de las 31 concesiones que tiene repartidas en 64 442 hectáreas en Oaxaca. Fortuna Silver Mines y su filial Cuzcatlán firmaron, en enero de 2021, un acuerdo con la compañía canadiense Gold79 Mines para explorar una mina en San Jerónimo Taviche, otro municipio de Valles Centrales. Además, el año pasado Cuzcatlán también comenzó a buscar oro y plata en el proyecto Santa Fe, en el estado de Sinaloa.
Drago*, un habitante de San Antonino Castillo Velasco, otra comunidad cerca de la mina, dice que desconoce la causa exacta de las enfermedades que aquejan a muchos en la región o qué es lo que provoca la muerte de peces y chivos. Sin embargo, tiene claro el momento en que todo cambió.
“No podemos determinar hasta dónde es producto de la presencia de la empresa y hasta dónde no, […] pero sí vemos que desde su llegada todo esto ha aumentado muchísimo, esas nuevas enfermedades o esas nuevas cosas que vemos en nuestro territorio. Ha habido un cambio brusco”.
*Todos los nombres de los habitantes de Valles Centrales se cambiaron por su seguridad.
** Este párrafo fue modificado. Se había comentado que la empresa extraía diariamente 3000 toneladas de oro y plata de una mina subterránea pero su extracción durante el 2020 fue de 6.2 millones de onzas de plata y 37 805 onzas de oro.
***Imagen principal: Los habitantes de Magdalena Ocotlán acusan en sus murales a la minería de matar a los animales y contaminar el medio ambiente. Foto: Roxana Romero.
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