- Un estudio, llevado a cabo por investigadores en Colombia, encontró que la tala de bosques vinculadas a operaciones mineras legales ha aumentado drásticamente en los últimos años.
- La investigación muestra que solo el 1 % de las 8600 concesiones mineras legales en el país son responsables del 60 % de la deforestación asociada al sector. Si se continúan otorgando títulos mineros a las tasas actuales, Colombia podría perder 400 000 hectáreas de bosque durante las próximas dos décadas.
Según un reciente estudio, la minería legal en Colombia es un motor significativo de la deforestación, el cual contribuyó a la destrucción de 121 819 hectáreas de bosque entre 2001 y 2018. Durante ese tiempo, la pérdida de bosque por minería legal ha ido en aumento, llegando a representar el 5,6 % de la deforestación total del país en 2017.
Los investigadores encontraron que de las 8600 concesiones mineras con permisos otorgados por el gobierno colombiano en esas casi dos décadas, solo 100 de ellas contribuyeron a la mayor parte de la deforestación. Al menos 400 hectáreas de bosque fueron taladas en cada una de estas concesiones, un área mayor a 500 canchas de fútbol.
No solo esto, solo el 1 % de las concesiones contribuyó al 60 % de la deforestación derivada de la minería legal; aunque no está claro por qué, dado que la minería no requiere la tala masiva de bosques.
Estos son algunos de los hallazgos clave de un estudio publicado el 26 de mayo en la revista Environmental Research Letters por los investigadores Andrés González, Nicola Clerici y Benjamín Quesada, de la Universidad del Rosario, en Bogotá.
Según el documento, la minería legal ha sido históricamente ignorada como un impulsor de la deforestación, aun cuando los autores muestran que la pérdida de bosque aumentó después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y que 2017 fue el peor año de deforestación derivada de la minería, con 22 000 hectáreas de bosques talados.
“En 2019, Clerici y yo estábamos analizando las cifras de deforestación en Colombia proporcionadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), y nos dimos cuenta de que solo se mencionaban causas tradicionales como impulsoras de la deforestación, como la apertura de pastos para ganado y cultivos ilícitos, pero en ninguna parte se cuantificó el impacto de la minería, por lo que decidimos analizar este factor”, le explicó Quesada, experto en Ciencias Climáticas y Ambientales, a Mongabay, durante una entrevista telefónica.
Según Quesada, él y sus colegas analizaron cómo los bosques colombianos se habían transformado en áreas donde funcionaban concesiones mineras, que incluían explotación de oro, plata, platino, esmeraldas, metales no preciosos, materiales de construcción y carbón. Para ello utilizaron imágenes de satélite del programa Landsat de la NASA, con una resolución de 30×30 metros. “Los satélites no mienten cuando se trata de observar cambios extensos en el bosque”, afirma Quesada.
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Bosques perdidos por cuenta de la minas
La investigación estimó que, por cada kilogramo de oro extraído legalmente en Colombia, se talan 20 árboles, y que, por cada 1000 toneladas de carbón, se talan 10. La mayor parte de esta deforestación se concentra en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Norte de Santander.
El estudio encontró, por ejemplo, que el 23 % de la deforestación reciente en Antioquia —un importante productor de oro— tiene lugar en concesiones mineras legales.
“De las 10 principales concesiones legales megadeforestadoras podemos decir varias cosas: cada uno de estos polígonos tiene una deforestación de más de 1600 hectáreas y 5 de las 10 concesiones más deforestadas están en el municipio de Remedios [en Antioquia], una ciudad de 20 000 habitantes”, dice Quesada.
Aunque el estudio no nombra directamente a los concesionarios responsables de la deforestación, Mongabay obtuvo la información de los investigadores. Según estos datos, las tasas de deforestación más altas en concesiones mineras legales se encontraron en Carbones del Cerrejón LLC (4710 hectáreas en el departamento de La Guajira), Midrae Gold SAS (2765 hectáreas en Antioquia) y Cerro Matoso SA (2654 hectáreas en Antioquia y Córdoba).
En respuesta a las preguntas de Mongabay sobre las conclusiones del estudio, Carbones del Cerrejón, una de las empresas mineras más grandes de Colombia, dijo que la información no presenta un panorama completo porque omite los trabajos de reforestación realizados.
“Además, en lo que respecta a Cerrejón, parece no tener en cuenta que cuando la empresa adquirió las propiedades, eran pastos y pastizales boscosos”, asegura Luis Francisco Madriñán, gerente de Gestión Ambiental de Cerrejón.
Sin embargo, el investigador Nicola Clerici refuta esto diciendo que si hay pastizales boscosos muy densos (alto porcentaje de cobertura arbórea) y transiciona a algo menos denso, puede ser que el algoritmo lo detecte como transición de bosque a no bosque.
Madriñán asegura que la empresa ha plantado más de 2 millones de árboles, los cuales, agrega, son muchos más que los talados y que, además, la compañía tiene un programa para llegar a los 8 millones en los próximos años.
“Todo el aprovechamiento forestal que se ha realizado ha contado con los permisos de las autoridades ambientales correspondientes y, entre 1999 y 2018, Cerrejón rehabilitó 3901 hectáreas que hoy son vegetación secundaria alta y baja, que se va a convertir en bosque en los años siguientes gracias al trabajo de conservación y reforestación de la empresa”, señala Madriñán.
Midrae Gold, la segunda empresa de la lista —está registrada en Medellín, pero apenas aparece en Google y ni siquiera tiene sitio web— y Joaquín Guillermo Ruiz, representante de la empresa, le dijo a Mongabay que la compañía aparece como propietaria de varios títulos mineros pero que no es responsable de la deforestación. “La empresa nunca hizo minería en ninguno de esos títulos. Por lo tanto no ha provocado deforestación, y ningún título llegó a la etapa de explotación”.
En respuesta, Clerici dice que su trabajo no discute la responsabilidad de la empresa con respecto a la deforestación. El estudio simplemente estimó la transformación de tierras forestales a no forestales dentro de sus concesiones mineras. “Entonces, [si no fueron los titulares de la concesión], ¿quién deforestó allí?”, se pregunta el investigador.
Ante esta pregunta, Ruiz responde que los trabajos de minería en esa zona se remontan hacia 20 o 25 años atrás, antes de que le otorgaran sus títulos y cuando los terrenos estaban ocupados por mineros informales.
“La zona estaba deforestada desde antes de que nos dieran los títulos, en 2012. Nosotros ni siquiera llegamos a la fase de exploración, y solo hicimos algunos estudios prospectivos. Posteriormente, mineros ilegales han entrado al lugar, y posiblemente sean ellos los responsables de la deforestación en años recientes”, responde Ruiz.
Cerro Matoso, la tercera empresa, y también una firma muy reconocida en el sector minero colombiano, aseguró que su actividad minera solo afectó 274 hectáreas de bosque entre 2001 y 2018.
“Todas las actividades se llevan a cabo en pleno cumplimiento de las normas de la licencia ambiental de Cerro Matoso y bajo la supervisión de las autoridades locales y nacionales pertinentes”, dijo Ricardo Gaviria, presidente de la empresa, en un correo electrónico. Gaviria añadió que la compañía ha llevado a cabo la “rehabilitación y preservación de los bosques locales en más de 1027 hectáreas, casi cuatro veces el área alterada”.
También afirmó que Cerro Matoso trabaja con las comunidades vecinas en el proceso de reforestación, que incluye el cultivo y siembra de especies arbóreas nativas y el mantenimiento de los bosques. “En 2020 plantamos 62 000 árboles, un aumento del 32 % con respecto a 2019”, agregó Gaviria.
Los autores del estudio, sin embargo, estiman que la reforestación es, en promedio, limitada. “El impacto asociado a los bosques primarios en términos de biodiversidad y servicios ecosistémicos no se compensa en su totalidad con la reforestación, aunque, sin duda, es una tarea fundamental”, asegura Clerici.
Para el desarrollo del artículo científico, los investigadores enviaron una solicitud oficial al Ministerio del Ambiente y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) —encargada de otorgar permisos de minería en Colombia— para conocer los proyectos mineros que habían solicitado permiso de aprovechamiento forestal o tala entre 2001 y 2018.
Según los autores, la información proporcionada por las autoridades muestra que, de los 8600 concesionarios legalmente registrados, solo entre 20 y 30 empresas mineras solicitaron autorizaciones para este tipo de operación. Cerro Matoso y Cerrejón los solicitaron pero Midrae Gold no, pues su representante legal asegura que no ha explotado ninguno de sus títulos mineros.
Cuando Mongabay le preguntó a la ANLA si estaba al tanto de la deforestación en áreas mineras legales, la entidad afirmó que es la encargada de evaluar, otorgar y monitorear las licencias ambientales, entre las cuales se encuentran instrumentos como las licencias de uso y explotación de los recursos naturales. “El Permiso de Explotación Forestal vincula medidas para asegurar la renovabilidad de los recursos en áreas donde, con base en estudios técnicos, se demuestra una mejor aptitud para el uso de terrenos distintos al bosque, o cuando existen razones de utilidad pública e interés social”, señaló la ANLA en un correo electrónico.
“Es pertinente aclarar que las acciones que contribuyen a la deforestación no están aprobadas en el marco del licenciamiento ambiental, sino que en el marco del uso y aprovechamiento de los recursos naturales se imponen medidas orientadas a la no pérdida neta de biodiversidad y la jerarquía de la mitigación. En ese sentido, considerar los proyectos mineros como impulsores de la deforestación implicaría que no se están cumpliendo esos principios”, enfatizó la entidad.
De acuerdo con Benjamín Quesada hay otro actor ambiental importante que debe tomar cartas en el asunto: las Corporaciones Autónomas Regionales, las cuales tienen poder para sancionar en estos casos pero, según dice, no están evaluando el impacto de las empresas mineras en los bosques, “sino que se están enfocando en temas como la seguridad social de los mineros, los posibles derrames químicos y el uso del agua en las minas”.
Los investigadores comentan que las concesiones funcionan en terrenos seguros, porque las actividades que se desarrollan en ellas son legales, pero “las autoridades no van allí a hacer la debida vigilancia”, agrega el investigador.
Daños colaterales
Según los autores del estudio ‘Contribución creciente de la minería a la deforestación colombiana’, si se siguen otorgando todas las solicitudes de minería pendientes al ritmo actual, y no se detiene la deforestación causada por la minería legal, Colombia podría perder 400 000 hectáreas adicionales de bosque en las próximas dos décadas. Esto tendría implicaciones catastróficas en términos de pérdida de hábitat para uno de los países con mayor biodiversidad del mundo.
El artículo científico indica que, para febrero de 2019, según cifras de la Agencia Nacional de Minería (ANM), las solicitudes mineras representaban el 8,56 % del territorio colombiano.
Los investigadores también señalan que la deforestación por minería contribuye significativamente al fracaso en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector minero en Colombia.
“Estimamos que la pérdida de carbono por tala de bosques en minas legales colombianas equivale a 34,3 MtCO2 [millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente]. Es decir, se agregaría un 30 % más de huella de carbono al sector de la industria minera”, dice Quesada.
Según la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, en 2012 el sector minero energético emitió 25,88 MtCO2, lo que representó el 10 % de las emisiones de Colombia. Y de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, la meta, al año 2030, es reducir en 11,2 millones de toneladas las emisiones. Esto equivale al 17 % de la meta del país (66,5 millones de toneladas).
A pesar de que los datos son preocupantes, el estudio también muestra que hay razones para ser optimistas, pues encontró que alrededor de la mitad de las concesiones mineras legales en Colombia deforestan menos de una hectárea y que unas 2500 concesiones apenas registraron pérdidas forestales —es decir, menos de 0,09 hectáreas taladas—.
“Esto quiere decir que hay buenas prácticas en el sector y que puede haber minería sin deforestar. Este argumento se puede potenciar para que el sector se comprometa a que cada concesión deforeste menos de una hectárea. También podría haber monitoreo activo con la ayuda del IDEAM y las autoridades ambientales. Así se reduciría en un 90 % la huella de carbono del sector”, apunta Quesada.
Los autores del artículo dicen que no están adoptando una postura a favor o en contra de la minería y que simplemente presentan una información que puede ayudar a mejorar el monitoreo, prevenir tasas irracionales de deforestación y contribuir a la autorregulación y sanción del sector.
REFERENCIA
González-González, A., Clerici, N., & Quesada, B. (2021). Growing mining contribution to Colombian deforestation. Environmental Research Letters, 16(6), 064046.
*Imagen principal: Algunos pobladores del páramo de Pisba trabajan en minería de carbón. Foto: Daniel Reina Romero-Semana Sostenible.
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