- A partir del golpe de Estado de 2009, Honduras se convirtió en un laboratorio político perfecto para destruir la institucionalidades, dice Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), iniciativa que trabaja en reivindicar los derechos culturales, políticos y territoriales del pueblo garífuna.
- Por su trabajo en la defensa de los derechos del pueblo garífuna, la OFRANEH recibió el Premio Letelier-Moffitt de Derechos Humanos del Instituto de Estudios Políticos (IPS).
- El territorio del pueblo garífuna en Honduras enfrenta la expansión de las plantaciones de palma, desarrollos turísticos, la minería, el tráfico de drogas y el proyecto gubernamental conocido como las Zonas de Desarrollo Económico (ZEDE).
Miriam Miranda creció en una familia garífuna que migró de su comunidad en Santa Fe, Colón, para vivir y trabajar en un campo bananero. En esas plantaciones miró cómo a la gente se le trataba como esclavos: llegaba el fin de mes y a los trabajadores no se les pagaba casi nada, porque buena parte de su sueldo lo debían a las tiendas que pertenecían a la misma empresa que los contrataba.
Fue en esas plantaciones donde comenzó a revelarse lo que hoy es Miriam Miranda: una mujer que desde adolescente participó en movimientos estudiantiles y sociales; una lectora apasionada que formó parte del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla y que se involucró en la lucha de los pueblos indígenas y negros. Fue así como llegó a ser una de las fundadoras de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) y la actual coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
Miriam Miranda —premio de Derechos Humanos de la Fundación Friedrich Ebert en 2019— ha sido una de las voces que han alertado sobre lo que sucede en Honduras: el despojo de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y lo que ella considera como el genocidio del pueblo garífuna.
Tan solo en los últimos cinco años, más de 50 garífunas han sido asesinados; 30 han sido encarcelados y 32 tienen una orden judicial, al ser perseguidos por supuesta usurpación de sus propios territorios ancestrales.
Además, en varias comunidades garífunas se registra un desplazamiento forzado. Una de ellas es Triunfo de la Cruz, donde 400 familias abandonaron la comunidad en 2019 y en julio de 2020, durante un operativo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), cuatro jóvenes, entre ellos el presidente de su patronato, fueron secuestrados y hasta ahora se encuentran desaparecidos.
La OFRANEH ha denunciado la situación que vive el pueblo garífuna de Honduras ante varias instancias. En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad de Honduras por la violación del derecho de propiedad colectiva en prejuicio de comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Hasta ahora, el Estado hondureño no ha cumplido con las sentencias.
Por su trabajo en la defensa del pueblo garífuna, la OFRANEH recibió en estos días de octubre el Premio Letelier-Moffitt de Derechos Humanos del Instituto de Estudios Políticos (IPS), organización con sede en Washington D.C. que desde hace casi seis décadas realiza investigaciones y apoya movimientos sociales y líderes progresistas.
En entrevista con Mongabay Latam, Miriam Miranda destaca que el premio a la OFRANEH llega en un momento en el que aumentan las presiones del gobierno hondureño para despojar de sus territorios a los pueblos indígenas y negros; un momento en el que se vive una crisis humanitaria que está llevando a que “todo mundo se quiera ir de este país”.
OFRANEH nació a finales de la década de los setenta; en ese entonces concentró su lucha en contra del racismo que sufría la población negra que trabajaba en las plantaciones bananeras en Honduras, ¿cómo ha sido su evolución?
OFRANEH surge en 1979 y a partir de entonces ha ido mutando. En los últimos 15 años, por lo menos, hemos luchado por reivindicar los derechos culturales, políticos, espirituales y territoriales de nuestro pueblo garífuna. Somos un pueblo que surge de una mixtura, de una composición indígena —de los arahuacos del caribe— con negros africanos. Somos un pueblo que tiene una cultura, una identidad y por eso, inclusive, nuestra lengua, música y danza se declararon Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
¿Qué momento vive hoy Honduras?
A partir del golpe de Estado de 2009, Honduras se convirtió en un laboratorio político perfecto para destruir las institucionalidades. En Honduras, realmente, se han dado tres golpes de Estado: en 2009, 2012 y el golpe electoral de 2017. Esos tres golpes permitieron crear un país que hoy está sumido en una de las crisis más profundas que puedan existir en la era moderna.
Honduras tiene varias crisis: las caravanas (de migrantes); es el país más violento e inseguro para las defensoras y defensores de derechos humanos; es el país que se convirtió en un narcogobierno, en donde tenemos a un hermano del presidente juzgado y sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico; el país en donde no existen garantías constitucionales o institucionales para los que defendemos la vida. Eso es producto de toda esa estrategia para destruir la institucionalidad.
Es un país en donde, incluso, hoy se puede instalar este proyecto maquiavélico llamado Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), estados pequeños dentro de un estado (un proyecto del gobierno para crear áreas sujetas a un régimen especial, en donde los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de seguridad y resolución de conflictos). En realidad son monarquías, porque estamos hablando de que se entregan los territorios a la gente que tiene dinero.
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¿Cómo afecta el proyecto de las ZEDE al pueblo garífuna?
En los últimos años estamos enfrentando una presión tan fuerte. Esto de las “Ciudades Modelo” (como también se ha llamado a las ZEDE) se convierte en el golpe mortal para hacernos desaparecer como pueblo. Eso nos ha llevado a impulsar varios casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tenemos que resguardarnos, porque si desplazan a las comunidades del pueblo garífuna, estas va a desaparecer. Y ese es el objetivo de este gobierno.
Uno de los grandes efectos sobre el pueblo garífuna es el desplazamiento forzado, pero también la violación de los derechos humanos, porque nosotros tenemos a compañeras criminalizadas en la Bahía de Trujillo. En los últimos cinco años, 30 garífunas han sido encarcelados o criminalizados; 32 tienen una orden judicial. Están siendo perseguidos por supuestamente usurpación de sus propios territorios ancestrales.
En Honduras se ha dado un impulso importante al cultivo de palma africana y a desarrollos turísticos; al mismo tiempo, es un país que ya padece las consecuencias de la crisis climática…
Hoy, más que nunca, tenemos que entender que este modelo de consumo, que este modelo de “desarrollo” está destruyendo los recursos naturales y todo el tejido de la vida. Es un modelo que está provocando una gran presión en los territorios donde aún quedan recursos naturales. Todos esos conflictos en nuestros territorios son por el control de los pocos recursos que quedan.
Vemos cómo hay inversionistas nacionales que quieren ser socios de los inversionistas extranjeros y ejercen presión hacia los territorios de nuestros pueblos; ellos tienen el apoyo absoluto del sistema de justicia de nuestros países. Prueba de ello es lo que pasa con los hermanos de Guapinol (ocho defensores del río Guapinol, al norte de Honduras, que se encuentran en la cárcel desde agosto de 2019, después de que fueron detenidos en una protesta contra actividades mineras de una empresa hondureña); no es posible que gente que defiende el agua tenga más de dos años privados de libertad, cuando tenemos a diputados que no van a ser sancionados por la malversación de fondos.
Lo que estamos enfrentando es una maquinaria en contra de los pueblos, porque estamos en la lucha y en la defensa de los recursos, de la vida. Tenemos un sistema que responde a una lógica de muerte, a través de un “desarrollo” que está enfermando y matando al planeta.
Nosotros estamos ahí luchando, mientras este sistema ha creado las condiciones para que toda su estructura esté en contra de las defensoras y defensores. Y no solo en Honduras, estamos hablando de todas partes del mundo. Por eso se convierte en delito que nosotros luchemos por el agua, que nosotros luchemos por el bosque, que nosotros luchemos por la naturaleza; se convierte en delito, porque hay una clase política y económica que está luchando para quedarse con los pocos recursos que existen hoy en día.
¿Y tienes esperanza de que este panorama cambie?
Sí, tengo una esperanza y va en el sentido de que la tierra no va a aguantar. El planeta no está aguantando y eso también puede llamar la atención. Me parece grave que, aún con este escenario, todavía se piense en resolver el tema de la crisis (climática) a través del dinero o de falsas soluciones. Dicen: “vamos a invertir aquí, vamos a invertir acá”, pero no quieren invertir en cambios de comportamiento, en cambios de modelos de consumo, en dejar que la tierra descanse. Nosotros, como pueblo indígena, tenemos el sistema de barbecho; no usamos agrotóxicos para producir la yuca; dejamos que la tierra descanse.
Hoy la crisis climática se refleja no solo en Latinoamérica, también la están viendo en el norte, en Alemania, en Estados Unidos. Tengo la esperanza de que eso ayude a que las cosas cambien.
Es necesario relacionar las industrias extractivistas con todo esto que está pasando (con el clima); hay que relacionarlo con un modelo que no está funcionando, que está poniendo en riesgo a la humanidad, porque la tierra se regenera, pero los humanos nos vamos a ir todos. Y nadie quiere entender.
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¿Cómo impactó el asesinato de Berta Cáceres, en marzo de 2016, en el trabajo de las defensoras de ambiente y territorio en Honduras?
El asesinato de Berta nos mostró que en este país no estás segura ni en tu propia casa. El hecho de que llegaran a matarla hasta su casa fue un mensaje muy claro para las defensoras, fue para decirte: “ni en tu casa estás segura”.
Pero eso no impidió que exigiéramos justicia. Nosotras, junto con la Red de Defensoras y otras organizaciones, montamos el Campamento Feminista “Viva Berta” durante tres meses y medio (en el juicio en contra de David Castillo, a quien se señaló como coautor del asesinato de Berta Cáceres), frente a la Corte Suprema de Justicia. Se demostró, y se sigue demostrando, que las mujeres tenemos muchísima inventiva y capacidad de hacer, de acuerparnos en nuestras luchas.
También se demostró que la presión internacional, que el acompañamiento permanente, que el insistir es importante para un juicio como el que se dio; no se hubiese llegado hasta donde se llegó si no hubiera existido la presión internacional. El problema es que los que dieron la orden (del asesinato de Berta) aún no han sido enjuiciados.
El asesinato de Berta no detuvo a las defensoras en Honduras…
El legado de Berta es muy grande. Los niños de los campos, la gente de cualquier parte dice: “Berta, Berta”. Ese estribillo de Berta se multiplicó, está presente, la conoce mucha gente. Es una mujer que asesinaron, pero no pudieron callarla.
Es por eso que, en 2019, cuando se cumplió una década del golpe de Estado, en el territorio garífuna se realizó la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, donde se reunieron más de 1500 mujeres y más de 300 niñas y niños. Ese fue un evento en el que dijimos: las mujeres tenemos que hablar y tomar la palabra, pero también tenemos que darnos la oportunidad para cambiar este país, para ir construyendo otras cosas. Asistieron representantes de 16 de los 18 departamentos que hay en Honduras; eso nos da mucha esperanza de que las mujeres podemos juntar la palabra y juntar la acción. Hemos podido mantener viva la memoria de Berta en cada uno de los rincones. Su palabra sigue caminando.
Con Berta yo pasé 25 años de mi vida; haciendo la pensada juntas sobre qué podíamos hacer por este país, por el futuro de nuestras hijas e hijos. Porque luchar es pensar en tus hijas y tus hijos, los propios y los de otros.
Las mujeres no solo parimos hijas e hijos, también parimos ideas, pensamientos, construcciones y tenemos que ser tan hábiles e inteligentes para no construir y perpetuar lo mismo que, durante siglos, han venido haciendo los hombres. Tenemos que ser capaces de trascender eso; tenemos que ser capaces de construir otra cosa. Y necesitamos construirla desde nuestra pasión, desde nuestro corazón, desde nuestra identidad. Tenemos que estar convencidas de que ese granito de arena que estamos poniendo está construyendo toda una montaña de arena que va a ser fuerte.
En el pueblo garífuna, las mujeres tienen un papel protagónico…
El pueblo garífuna es un pueblo matrilineal. El poder de las mujeres es grande, es parte de la cultura y la identidad. En las comunidades garífunas, las mujeres pueden quedarse solas y siempre va a seguir funcionando la comunidad.
En la práctica el pueblo garífuna sí ejerce y trabaja bajo un lema que ahora hemos acuñando: “Tú para mí, yo para ti”. El tema de la comunalidad.
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¿Y esa lucha de OFRANEH la están materializando en Vallecito? ¿Cómo nace este proyecto y en qué consiste?
Vallecito es un proyecto de vida: una propuesta de autonomía, de soberanía alimentaria, de construcción de poder local y poder real. En el sentido de que nosotros podamos, como comunidad, tomar nuestras propias decisiones, proteger nuestro territorio, pero también construir vida para el futuro. Porque uno no puede estar solo gritando: “no quiero esto, no quiero lo otro”. También tenemos que construir procesos emancipatorios de a poquito, sabiendo que son procesos a largo plazo.
Vallecito se constituye pensando en eso, en ese proyecto de vida, en la construcción de algo diferente.
La recuperación de este territorio comenzó en 1991, pero después fue tomado por narcotraficantes durante diez años. Y en 2011 es cuando comenzamos a hacer la nueva reocupación. Hoy tiene como 1200 hectáreas y ahí viven unas 30 a 50 familias garífunas. Es un territorio comunal. Un territorio que podría recibir a los desplazados ambientales.
Vallecito es una zona en donde hemos luchado contra el narcotráfico; estamos rodeados de crimen organizado. Sin embargo, ahí estamos impulsando un proyecto de vida y soberanía alimentaria. Estamos buscando tener una producción de cocoteros para reconstruir la dieta alimenticia del pueblo garífuna. El próximo año queremos poner a funcionar la fábrica para sacar productos del coco.
Además, tenemos la esperanza de que ahí se pueda instalar la primer universidad indígena desde la construcción holística, en donde vamos a trabajar el tema de salud, de alimentación, de todo lo que tiene que ver con generar bienestar.
Con la pandemia nos dimos cuenta que tenemos que trabajar, más que nunca, el tema de salud y verlo de una manera integral. La pandemia nos ha develado cuál enfermos y enfermas estamos a partir de lo que comemos, a partir de lo que respiramos, a partir de lo que tomamos.
Por eso, en el 2020, la OFRANEH impulsó las casas ancestrales de salud para poder trabajar en el fortalecimiento del sistema inmunológico de las personas, porque sabíamos que con un sistema de salud tan paupérrimo, como el que tenemos en Honduras, teníamos que buscar la forma de salvar vidas. Y la única forma era trabajar con las comunidades.
¿Qué representa este premio que OFRANEH recibe del Instituto de Estudios Políticos?
Este premio llega cuando el estado Hondureño no quiere cumplir las sentencias condenatorias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ha intensificado la criminalización, la represión, la judicialización contra el pueblo garífuna. Se han asesinado a defensoras y defensores y nos han desaparecido a cuatro jóvenes.
Ante la falta de aplicación de justicia en el país, creamos el Comité Garífuna de Investigación Forzada de los Jóvenes. En OFRANEH estamos impulsando ese comité como un espacio que nos permita dar con la verdad, exigir justicia sobre la desaparición de nuestros jóvenes. Es muy importante este espacio, aunque el Estado no lo quiere reconocer.
Es un momento en el que el Estado tiene muy claro que va a hacer todo lo posible por despojar a la comunidad garífuna de su territorio para entregárselo a inversionistas. Por eso reafirmamos que hay un plan genocida contra el pueblo garífuna.
Y por eso es que estamos haciendo un llamado para que se vea lo que ocurre en Honduras. La gente ha salido en masa del país y sigue saliendo. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dice “no vengan”; sin embargo, Estados Unidos sigue apoyando a gobiernos corruptos como este, gobiernos que son violatorios de derechos humanos.
Todos tenemos derecho a migrar, pero también tenemos derecho a quedarnos en el país y vivir en bienestar. Porque este es un país donde podríamos vivir en bienestar, sólo que está capturado por una mafia que no nos deja vivir.
*Imagen principal: Miriam Miranda, defensora de ambiente y territorio del pueblo garífuna. Foto: César Fuentes.
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