- Mientras que el Estado ha hecho todo para impulsar la producción y la exportación palmicultora, no se ha preocupado por regular o controlar los efectos ambientales y sociales que este cultivo provoca. Una radiografía del cuarto sector industrial con más territorio agrícola del país.
- La empresa Energy & Palma que opera en la provincia de Esmeraldas tiene constantes conflictos con comunas en situación de pobreza. El año pasado demandaron a líderes de Barranquilla y la justicia ecuatoriana condenó a estas personas a pagar 151 mil dólares a la compañía.
Pese a todo, bañarse es un juego. El niño se enjabona dentro del río y se enjuaga rápido para seguir chapoteando con sus amigos. Ríen con el bosque macizo como fondo. La madre le grita desde afuera. “Estás con el calzoncillo sucio de tierra, lávate”. Para él, el agua no es algo que sale del grifo o de la ducha solo con girar una llave. Tan fácil. Para él, el agua es ese líquido turbio y amarillento al que su familia le llama río. Cuando tiene sed, debe beberse eso; cuando está sucio, debe bañarse con eso, y todo lo que come es preparado con eso. Ese es el diario vivir en San Juan de Chillaví, una pequeña comuna de la parroquia de San Javier de Cachaví, en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas.
Sus habitantes cuentan que el río no siempre fue así, que era cristalino. Pero eso fue hace más de 20 años, aseguran, justo antes de que llegaran los cultivos de palma de aceite de la empresa Energy & Palma. “Cuando se instaló la empresa, llegó la contaminación”, dice José Mina, el presidente de la comuna, y señala enseguida hacia el río donde los niños juegan. Asegura que el agua era clara y los peces sanos. “Tomábamos agua de ahí y no pasaba nada. Ahora los niños se bañan y les salen un poco de granos, les da picazón en el cuerpo. Los pescados llegan muertos acá”, dice.
Entre los habitantes de la zona existen los recuerdos de cuando iban a cazar venados donde ahora solo hay palma; o de esos animales cafés parecidos a los cuyes a los que llamaban ratones de monte pero que desaparecieron para siempre del territorio. En San Juan de Chillaví sostienen que cuando la empresa llegó a talar el bosque, se fueron hasta los pericos que vivían en los árboles. Todo cambió.
Sería simple decir que lo que pasa en San Juan de Chillaví es un caso extraño o aislado, pero se repite en otras comunidades, en otras provincias. Según Nathalia Bonilla, coordinadora de la campaña por la defensa de los bosques de la organización Acción Ecológica, esta es “la muestra perfecta de un Estado de doble rostro que, por un lado, ha promovido legal y económicamente a la industria palmicultora; pero, por el otro, es incapaz de demostrar que se preocupa o que, al menos, cumple su trabajo de controlar los efectos ambientales y sociales que esa industria provoca”.
La empresa Energy & Palma forma parte del análisis realizado por el equipo de investigación de la alianza periodística Tras las huellas de la palma. Este trabajo reúne 231 casos de empresas y personas naturales vinculadas al negocio de la palma en Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras que en los últimos 11 años han sido sancionadas, multadas o investigadas por violar las normas ambientales. En Ecuador, buscamos información a través de 15 pedidos de información a entidades estatales y lo más tangible fue la respuesta del Ministerio del Ambiente, que reportó tres casos con sanciones; dos de los cuales corresponden a Energy & Palma, con multas pagadas que suman 35 400 dólares.
Estos son algunos de los datos y cifras más relevantes sobre Ecuador, obtenidos en la base de datos
Años de oposición y denuncias
San Javier de Cachaví es una pequeña parroquia de 120 familias negras en la zona fronteriza con Colombia, en el cantón San Lorenzo. Completamente rodeada por la palmicultora Energy & Palma, su única vía de acceso es una pequeña calle de tierra y piedras, con plantaciones de palma y montañas de bagazo a ambos lados del camino. A lo largo de la vía comunas o pequeñas poblaciones rurales van apareciendo una tras otra: Nueva Esperanza, Guabina, Barranquilla, Chillaví del Ceibo y San Juan de Chillaví. Sus casitas son de madera o bloque visto, con hamacas y techo de zinc, como suelen ser las casas de las zonas alejadas de la costa ecuatoriana.
Todas comparten una historia: tras ser reconocidas como comunas por el desaparecido Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, recibieron sus títulos de propiedad en 1997, reconociendo a sus habitantes como propietarios de tierras ancestrales. Sin embargo, un par de años después, un vacío legal permitió que algunos comuneros recibieran, de manera individual, otros títulos de propiedad sobre las mismas tierras y se los vendieran después a la compañía Energy & Palma. Es decir, legalmente estas tierras les pertenecen a las comunas pero también le pertenecen a la palmicultora. Una disputa que la justicia sigue sin aclarar.
¿Qué vino después? Muchas épocas de bonanza para la empresa, que es parte del grupo La Fabril, de gran músculo financiero en Ecuador. Al mismo tiempo llegaron épocas de despojo, contaminación de ríos y mucha resignación, como han narrado pobladores de algunas de estas comunidades. Esa resignación duró hasta finales del 2019, cuando la comuna Barranquilla organizó una protesta que duró tres meses: armaron carpas y se instalaron en la vía principal de acceso a la palmicultora.
“Queríamos ser un poco más visibles”, dice Néstor Caicedo, el presidente de la comuna, con otro de los ríos amarillentos a sus espaldas. “Como sus plantaciones están en nuestros territorios y por ahí tenían que pasar sus jefes, nos pusimos ahí para que la empresa nos viera”. Por eso permanecieron ahí, con sus niños y sus ancianos, cocinando plátano verde, jugando bingo o naipes para hacerse notar. Llegaban a las seis de la mañana y se quedaban hasta las cinco o seis de la tarde, y volvían a sus casas.
Según Caicedo, ellos pedían tres cosas: que la empresa reconozca que había ocupado ilegalmente su territorio con cultivos de palma, que dejaran de contaminar sus ríos —una situación que ha sido denunciada durante años por la organización ambiental Acción Ecológica— y que la compañía hiciera obras para la comunidad, como medida de compensación social.
Algunos de los vecinos que acompañan a Caicedo dicen que una de esas obras podría ser una vía hacia el cementerio, que les facilite visitar a sus muertos, pues ahora tienen que hacerlo a través de un puente en muy malas condiciones. Sin embargo, cuentan que la empresa nunca quiso reunirse con toda la comunidad y solo recibían a unos pocos dirigentes, a los que, dicen, les ofrecieron dinero a cambio de su silencio.
“Siempre el arma de ellos ha sido el dinero. A mí me ofrecieron 8000 dólares pero yo no acepté —recuerda Caicedo desde la sala de su casa—. Y luego agrega con ironía: “dije que si voy a vender mi consciencia, que sea por algo que me arregle la vida o me la desgracie de una vez, porque tengo un pueblo atrás que quiere respuestas”.
La situación empeoró aún más para las comunidades. El 10 de septiembre de 2020, la empresa denunció a siete dirigentes de Barranquilla por daños y perjuicios, aduciendo pérdidas de más de 320 000 dólares por los tres meses de cierre de la vía. Quería que le devolvieran ese dinero.
Intentamos por vía telefónica y correo electrónico obtener una declaración de la empresa Energy & Palma o de la Asociación Nacional de Productores de Palma (Ancupa), pero no hubo respuesta.
Producción, extracción y contaminación
El paisaje es imponente. Las altas palmeras, sus hojas largas saliendo en todas las direcciones y en la cima del tronco unos racimos enormes con cientos de frutos color naranja de donde se extrae el aceite. De la palma se obtiene, principalmente, el aceite de cocina, pero también se usa para fabricar otros productos, desde caucho y cosméticos, hasta ropa. Para Ecuador no representa un tema menor. Hasta el año pasado, había más de 260 000 hectáreas sembradas de palma aceitera, según cifras del Ministerio de Agricultura. Casi siete veces la superficie de Quito.
