- En el duodécimo año de la megasequía que azota al país, expertos temen que la prórroga a la actual ley de riego, que está siendo discutida en el Congreso, perpetúe un modelo de expansión agrícola agravando la crisis hídrica.
- En temas de descarbonización, aunque el país avanza en el cierre de termoeléctricas, se mantiene en deuda con la descontaminación de las zonas donde han operado estas plantas.
- El 2021 acabó nuevamente sin Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, un proyecto clave —opinan los expertos— para resguardar las áreas protegidas, y científicos temen que la ley que buscaba someter a evaluación de impacto ambiental a las plantaciones forestales quede en nada.
El 2021 fue el duodécimo año de lo que se ha llamado la “megasequía” en Chile y que afecta a toda la zona central del país. En las comunidades más afectadas las personas viven apenas con 20 litros de agua diarios.
Las razones provienen de diferentes frentes. Uno de ellos es el cambio climático y en ese sentido el país ha avanzado en términos de descarbonización cerrando algunas plantas generadoras de energía a carbón y estableciendo un calendario para migrar hacia una matriz energética limpia. Aunque se trata de una buena noticia, la posibilidad de que las plantas a carbón puedan reactivarse, considerando que no hay un plan de desmantelamiento de las unidades, ha generado desconfianza en la población frente al proceso en el que Chile se ha embarcado para contribuir a detener el calentamiento global del planeta.
El segundo frente está relacionado a la seguridad hídrica, puntualmente, al consumo de agua por parte de la agroindustria. Aquí también el 2021 termina con algunos progresos, como la reforma al código de aguas y fallos de la Corte Suprema que reconocen el derecho humano al agua. Sin embargo, en términos prácticos, las comunidades siguen sin ver mejoras y la discusión en el Congreso que busca prorrogar una cuestionada ley de riego por 12 años más, aparece como un obstáculo —opinan los expertos— que amenaza con perpetuar un modelo que, según investigaciones periodísticas y estudios de organizaciones de la sociedad civil, no solo han perjudicado a los pequeños agricultores sino que han agravado la sequía.
Mongabay Latam analiza en este balance los principales temas que marcaron la agenda medioambiental de Chile este 2021, el último año del segundo período presidencial de Sebastián Piñera, sacudido, además, por el escándalo de conflictos de intereses entre el presidente y el polémico proyecto minero y portuario Dominga.
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Lo malo: el avance de la frontera agrícola y la sequía
Actualmente el 50 % de las comunas del país y el 45 % de la población se rigen bajo el decreto de Escasez Hídrica. Nunca antes se declararon tantos decretos de este tipo, aseguró la Dirección General de Aguas. Las razones, dicen los expertos, son principalmente tres: la falta de precipitaciones debido a efectos del cambio climático, ciclos naturales propios del clima semiárido que caracteriza a la zona y una sobredemanda de agua principalmente desde el sector agrícola.
En ese contexto, el Senado aprobó en general un proyecto que prorroga la vigencia de la ley de riego por 12 años más. Dicha ley, que entrega bonificaciones (entendidas como subsidios de parte del Estado) a obras de riego ya sea para la construcción de embalses como para riego tecnificado y drenaje, ha sido altamente cuestionada por conservacionistas, científicos y agricultores, por beneficiar a grandes productores agrícolas en lugar de a los pequeños como era la intención, promoviendo la expansión de la superficie agrícola y agravando los problemas de sequía.
La doctora en ecología, Fernanda Salinas, quien ha expuesto en calidad de experta ante el Congreso en la discusión de este proyecto, asegura que, además, “varios de quienes han sido beneficiados con estas millonarias bonificaciones han previamente utilizado los planes de manejo para cambio de uso de suelo que la contraloría declaró ilegales”. En otras palabras, “quienes han destruido ecosistemas naturales, talado el bosque nativo reemplazándolo por monocultivos agrícolas para la exportación, han sido los beneficiarios de estos fondos”, acusa Salinas, quien es también consejera de la Sociedad de Ecología ante el Consejo de Política Forestal.
Verónica Delgado, especialista en derecho ambiental del agua, detalla que lo que ha permitido la ley es que los beneficiarios de las bonificaciones ahorren agua —mediante la tecnificación de su riego, por ejemplo— y que el agua ahorrada, en lugar de ser devuelta al ecosistema, sea empleada para aumentar la superficie cultivable. “Tuvieron 36 años para lograr que estas bonificaciones financiadas con los impuestos de todos los chilenos fueran a los pequeños agricultores y no lo lograron. Ahora están pidiendo que les demos 12 años más de estos incentivos con la promesa de que ahora sí se los van a dar a los chicos. Yo no soy partidaria”, dice Delgado, quien fue parte de la mesa científica que entregó sugerencias al gobierno chileno sobre los compromisos que se debían y podían adoptar en las contribuciones determinadas a nivel nacional, que son las medidas concretas que cada país se compromete a adoptar para detener el aumento de la temperatura del planeta.
Además, Salinas agrega que “tal como está la ley actualmente no se evita que en zonas que tienen decretos de escasez hídrica o donde los acuíferos están agotados, puedan crearse nuevas superficies de riego”. Con eso, explica la científica, “se profundiza la sequía”.
“Nosotros no estamos en contra de una ley que bonifique el riego, pero que bonifique al pequeño”, precisa Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram. A lo que Salinas añade que lo importante es que este incentivo promueva “la tecnificación de su riego para que sea más eficiente, pero en superficies que ya están cultivadas, no que se expanda la superficie, porque cuando tienes expansión lo que tienes es muchas veces cambio de uso de suelo y eso tiene que ser evaluado ambientalmente”, dice Salinas.
En temas de bosques, precisamente, si bien se avanzó en un proyecto de ley que buscaba que las plantaciones forestales ingresaran al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el 2021 termina con un revés que, en opinión de Salinas, “es completamente desfavorable”.
En Chile, el segundo productor de celulosa en América Latina, existen más de tres millones de hectáreas de monocultivos de pino y eucalipto que abastecen a la industria forestal. A pesar de que los impactos ambientales de esta actividad sobre la disponibilidad de agua, la calidad del suelo y la propagación de incendios han sido ampliamente documentados por la ciencia, los proyectos forestales no son sometidos a evaluación de impacto ambiental cosa que este proyecto de ley busca corregir.
Aunque la propuesta legislativa fue aprobada en la Comisión de Medio Ambiente, cuando esta fue remitida a la Comisión de Agricultura, en mayo de este año, se agregaron indicaciones que permiten, según señalan numerosos científicos, que la industria forestal continúe operando tal como lo hace hoy.
“Lo que se busca es que las plantaciones forestales no sean evaluadas con los instrumentos del SEA y la legislación ambiental sino que tengan que cumplir con una modificación reglamentaria de un decreto de ley que tiene por objeto regular la actividad forestal”, explica Salinas, quien ha participado activamente como científica en las discusiones vinculadas al tema en el Congreso.
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Lo feo: el escándalo Dominga
Aunque el proyecto minero y portuario Dominga lleva años en las noticias y posicionándose como uno de los temas ambientales más importantes del país, puesto que se instalaría en medio de uno de los ecosistemas marinos más biodiversos del continente, este 2021 el escándalo alcanzó nuevas dimensiones luego de que la investigación periodística internacional #PandoraPapers revelara un serio conflicto de intereses entre dicho proyecto y el presidente Sebastián Piñera.
En 2017, una investigación periodística de radio Biobío ya había revelado que en el 2009 la familia Piñera había invertido en el proyecto Dominga, y que en 2010 había vendido su parte al empresario Carlos Alberto Délano en una millonaria transacción. Lo que precisó #PandoraPapers fue que el grueso de esa operación se realizó en las Islas Vírgenes Británicas, considerado un paraíso fiscal. Además, la investigación confirmó que parte del pago de la venta de Dominga estaba condicionado a que no se declarara como reserva natural la zona donde se pretende instalar el proyecto, una decisión que dependía de decisiones del gobierno de Sebastián Piñera. Tras las revelaciones, el Fiscal Nacional abrió una investigación contra el presidente Sebastián Piñera para determinar si hubo delitos de cohecho, soborno y tributarios.
En medio del escándalo, el Ministerio de Medio Ambiente anunció que presentará una propuesta de polígono que permitirá crear el Área Marina Archipiélago de Humboldt. Sin embargo, por ahora no se ha dado a conocer mayor información sobre cuál es el área específica que se busca proteger. Científicos y conservacionistas temen que “se avance en la declaración de un área que en la práctica no tenga protección alguna”, dijo a Mongabay Latam Liesbeth van der Meer, directora de Oceana.
Lo preocupante: descarbonización a medias y amenazas a defensores ambientales
A pesar de que Chile ha iniciado una carrera contra la descarbonización, existe preocupación entre los habitantes de los territorios donde están ubicadas las centrales generadoras de energía a carbón, debido a que algunas empresas han pedido mantener las plantas en un estado de reserva estratégica, una situación que implica que si bien mantendrían las unidades apagadas, estas podrían volver a operar en caso de ser necesario.
Así fue como en agosto el Coordinador Eléctrico Nacional pidió que la central Ventanas 1 —que había sido desconectada a fines del 2020— volviera a operar “con el objetivo de preservar la seguridad del servicio en el Sistema Eléctrico Nacional” dada la poca disponibilidad de recursos hídricos. Aunque finalmente el gobierno no dio luz verde a este demanda ampliamente cuestionada por la ciudadanía, “surge inseguridad sobre hasta qué punto el cierre es definitivo y genera un problema de desconfianza en el proceso de descarbonización”, asegura Rodrigo Catalán, director de conservación de WWF.
Además, Liberona agrega que “se trata de un tema de mucha preocupación para las comunidades porque si bien hay un cierre, no hay un plan de desmantelamiento (de las plantas a carbón) ni de descontaminación de los sitios donde han estado”.
Por otra parte, la politóloga experta en medio ambiente, Pamela Poo, quien es encargada de políticas públicas e incidencia en la organización Chile Sustentable, critica que más allá de la descarbonización, Chile no ha avanzado hacia un cambio en el modelo productivo y sigue apostando por la minería, uno de los sectores productivos que más energía utiliza. “Si uno analiza la política nacional minera que (el gobierno) planteó al 2050 lo único que ves es extractivismo a destajo”, dice Poo. Chile produce 5,7 millones de toneladas de cobre y espera aumentar su producción a 9 millones de toneladas para el 2050, con una meta intermedia de 7 millones al 2030. Los informes del IPCC (el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) advierten, sin embargo, que “tenemos que cambiar la forma en que producimos y consumimos”, recuerda Liberona.
Catalán, sin embargo, asume que “la minería en Chile va a seguir siendo una actividad importante”, y la solución está en que ella se transforme para que logre operar con bajas emisiones y con bajo impacto en la naturaleza, respetando sus límites.
Las amenazas a defensores ambientales es también un tema de preocupación. En junio, 130 organizaciones socioambientales de todo el país, 28 constituyentes y 5 líderes ambientales denunciaron los amedrentamientos cometidos en contra de Diego Ovalle Valenzuela, vocero del Movimiento Socioambiental Antuko Resiste, quien ha venido denunciando “el avance indiscriminado de las forestales contra el bosque nativo, y de la industria ganadera y lechera que estarían impactando el río Rucúe”, señala el comunicado. Este mismo advierte que las amenazas a líderes y profesionales que velan por el cuidado y la justicia en materia socioambiental es una “cuestión que se viene repitiendo sostenidamente”. Así como Ovalle, al menos otros tres defensores ambientales fueron amedrentados en 2021, entre ellos la defensora del agua Verónica Vilches, quien ya había recibido antes amenazas de muerte.
“El número de conflictos socioambientales ha aumentado mucho en los últimos años y, por lo tanto, hay más gente que puede ser amenazada”, explica Liberona. Al mismo tiempo, la directora ejecutiva de la organización Terram agrega que “hoy día cada vez que se amenaza a un defensor ambiental hay una acción mucho más concertada desde los movimientos sociales, las organizaciones territoriales, las ONG para denunciar esto como una forma de proteger a esos defensores, entonces también (las amenazas) se ven más”.
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Lo pendiente: el servicio de biodiversidad
El año pasado expertos ligados a asuntos ambientales confiaban en que este 2021 finalmente pudiera aprobarse el proyecto de ley para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que se presentó en 2014 al Congreso. Sin embargo, el año llegó a su fin sin que este pudiera ver la luz. En opinión unánime de los expertos consultados por Mongabay Latam, esto hubiera significado un paso adelante en la conservación efectiva de las áreas naturales protegidas terrestres, marinas y dulceacuícolas de Chile.
Actualmente son diversos los organismos que tienen a su cargo la gestión para proteger y conservar dichas áreas, por lo que este nuevo organismo vendría a homogeneizar mejor las decisiones sobre qué se puede llevar a cabo en cada lugar.
Además, actualmente la conservación de las áreas protegidas está a cargo de los mismos organismos que tienen como principal misión el fomento de explotaciones económicas de bosques y pesquerías: las áreas terrestres dependen de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), encargada de administrar la política forestal chilena, y las marinas dependen del Servicio Nacional de Pesca, dependiente del Ministerio de Economía, encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas pesqueras y de acuicultura. En ese sentido, “no hay ningún servicio que defienda la conservación de la biodiversidad y ese rol es tremendamente importante”, dice Salinas. Por lo mismo, “las áreas protegidas están super poco resguardadas y podríamos tener actividades extractivas dentro de ellas”, agrega Catalán.
A Liberona, sin embargo, le preocupa que “este proyecto es muy ambicioso para el presupuesto que tiene”. Chile es uno de los 10 países que invierten menos fondos en la conservación de su biodiversidad a nivel global, según un estudio científico publicado en 2013, y el presupuesto del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que depende CONAF y que ya es “insuficiente”, dice Liberona, “es el grueso del presupuesto del proyecto”.
Lo bueno: avances en la descarbonización y la reforma al código de aguas
El 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero corresponden al sector energético por lo que es fundamental la descarbonización a partir del cierre de las termoeléctricas —las plantas que generan energía a partir de la combustión de carbón.
La buena noticia es que en los últimos días del 2020 dejaron de operar las termoeléctricas Bocamina 1 y Ventanas 1, sumándose así a las ya cerradas plantas a carbón Tocopilla 12 y 13 y Patache. Además, a inicios del 2022 deberían cerrar también Tocopilla 14 y 15. En total, son 18 las termoeléctricas que estarán fuera del sistema de generación de energía de aquí al 2025, aseguró el Ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet.
Aunque el cierre del resto de las centrales a carbón se planteó para el 2040, organizaciones de la sociedad civil aseguran que es necesario adelantar ese proceso al 2030. Esto quiere decir que se necesita acelerar el ritmo de los cierres, pero también incrementar la generación de energía renovable y resolver problemas en la distribución.
En ese contexto, otra buena noticia fue la inauguración de Cerro Denominador, la primera planta termosolar de América Latina ubicada en pleno desierto de Atacama. “Es una tremenda contribución, una tecnología muy de vanguardia en la región y en el mundo”, señaló Rodrigo Catalán, director de conservación de WWF.
En cuanto a la crisis hídrica, la Corte Suprema reconoció en dos fallos el derecho humano al agua y obligó a las autoridades locales a proveer de 100 litros de agua por persona a las comunidades de Petorca, La Ligua y Cabildo. El derecho humano al agua en Chile no está reconocido en la constitución actual del país —cosa que la asamblea constituyente espera cambiar en la redacción de la nueva constitución— por lo que lo dictado por la Corte Suprema “sin duda es un logro”, señala Delgado.
Sin embargo, la experta precisó que “es un logro a medias”, porque “se ha obligado a los gobiernos locales a proveer esa agua a costa de sus presupuestos y sin tocar los derechos de agua de la agroindustria y la minería”. Además, la Corte de Apelaciones de Valparaíso admitió un recurso de protección presentado por la defensora del agua, Verónica Vilches, en contra de la Gobernación Provincial de Petorca y de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, en el que denuncia que los vecinos del sector de San José, en Cabildo, solo reciben 20 litros de agua al día a pesar del fallo dictado por la Corte Suprema.
Un segundo avance en temas de seguridad hídrica es la reforma al código de aguas, que se espera sea aprobada antes de fin de año. “No es muy ambiciosa, no está con los tiempos, pero avanza un poco”, dice Delgado. Lo primero a destacar en la reforma es que “se está hablando del agua para consumo humano y saneamiento como primer uso prioritario. También se está hablando del uso ecosistémico y luego del uso productivo”, señala la abogada.
Otro punto relevante dentro del nuevo código es que se podrá pedir derechos de agua para conservación. “Eso no existía”, precisa Delgado. Es más, el código de aguas actual obliga al titular de un derecho de agua a pagar una patente si no hace uso del recurso hídrico, que sería la categoría en la que encajaría un proyecto para conservación. “Es un incentivo perverso que la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) nos criticó”, dice Delgado. En concreto, la existencia de esa patente perjudica a quien quiere cuidar el recurso, porque tiene que pagar a pesar de conservar, y beneficia al empresario que no la utiliza, pues “te quedas con ella, pagas un poquito de patente, especulas lo que quieres… y te sale negocio redondo”, explica la experta.
La reforma al código permite tener un derecho de aprovechamiento para la conservación sin tener que pagar esa patente por el no uso, que en este caso implica cuidar el recurso. “Es algo bueno”, dice Delgado, aunque precisa que no es suficiente “porque sigue existiendo el mercado de agua que no tiene control alguno”.
Otro aspecto positivo de la reforma al código de agua es que contempla la realización de aquí a 10 años de planes estratégicos de recursos hídricos por cada una de las 101 cuencas que existen en el país. Esos planes, que también están incluidos en la ley marco de cambio climático que se encuentra en discusión en el Congreso, implican que “cuando los gobiernos regionales tengan que planificar el territorio urbano y rural sea obligatorio que miren cuánta agua hay, qué calidad tiene y cómo va a ser esa agua de aquí al 2030 o el 2050”, explica Delgado.
Según la experta, 10 planes fueron ya licitados en 2020 y otros 10 en 2021 “por lo tanto esto ya está avanzando”, dice.
Algunos fallos de la Corte Suprema también han sido esperanzadores para la conservación de los bosques. Uno de los más relevantes ocurrió en febrero de 2021, cuando la Corte ratificó el dictamen de contraloría que determinó que los planes de manejo que la Corporación Nacional Forestal (CONAF) autorizaba a los agricultores para sustituir el bosque nativo por plantaciones agrícolas eran ilegales. Cinco meses después, la Corte Suprema falló a favor de los habitantes de Pichidegua que habían denunciado la tala ilegal de bosque nativo por parte de empresas que estaban instalando, en su lugar, plantaciones de paltas y cítricos. La Corte ordenó a las empresas dueñas de las plantaciones paralizar los trabajos y presentar una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental para que este determine si los proyectos deben someterse o no a evaluación. El fallo sentó un precedente mientras en el Congreso se tramita un proyecto de ley para que los grandes proyectos agrícolas sean sometidos a evaluación de impacto ambiental.
*Imagen principal: Pingüinos de Humboldt. Foto: César Villarroel
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