- La lucha contra la deforestación y la protección de los líderes ambientales, sociales e indígenas son desafíos que están presentes en este 2023, como lo han estado en años anteriores. Este 2023 también será escenario para el análisis de muchos de los cambios que ha propuesto el nuevo gobierno de Gustavo Petro.
- Entre los retos más apremiantes para Colombia están el establecer la hoja de ruta para la transición energética, hacer una gestión efectiva de sus áreas protegidas, brindar mayores espacios de participación en la ruralidad para atacar delitos ambientales y definir qué va a pasar con los pasivos ambientales que han sido ignorados durante años.
Colombia escogió un nuevo gobierno en el segundo semestre de 2022 y ha sido testigo de cambios en las formas de abordar las problemáticas ambientales del país. Así que a lo largo del 2023 se comenzará a saber si los cambios en la lucha contra la deforestación están dando frutos, si se logra brindar protección a los líderes ambientales, sociales e indígenas y qué tan preparado está el país para abrir mayores espacios de participación a las comunidades indígenas y emprender el camino a la transición energética.
La cifra de deforestación del 2022 servirá como punto de partida para analizar qué tan bien está resultando el cambio de estrategia, de lo militar hacia los diálogos y acuerdos con sectores campesinos, sobre todo en las zonas de la Amazonía que tienen las cifras más altas de pérdida de bosque.
¿Qué pasará con la descarbonización de la economía, con el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, con la ley para los pasivos ambientales y con las garantías de participación y decisión de las comunidades cuando hay proyectos extractivos que quieren entrar en sus territorios?
Estos son algunos de los principales desafíos que Colombia deberá enfrentar este 2023.
1. Ordenamiento de tierras y trazabilidad ganadera para frenar la deforestación
Cifras oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indicaron que en el 2021 se perdieron 174 103 hectáreas de bosque, lo que representó un incremento de 1,5 % comparado con el 2020 (171 685 hectáreas) y en ese último año, comparado con el 2019, la pérdida de bosques aumentó un 8 %.
A pesar de estos datos, el exministro de Ambiente Carlos Eduardo Correa, funcionario del gobierno del entonces presidente Iván Duque, expresó que el incremento de la deforestación había sido tan bajo que el fenómeno mostraba una tendencia a la estabilidad, y que la cifra seguía siendo muy inferior al récord alcanzado en el 2017, año en que el país reportó la deforestación más alta desde que hace mediciones. Estas declaraciones causaron malestar en los sectores ambientales.
Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, aseguró que “decir que se tuvo mucho éxito, cuando lo que se hizo fue estacionar la deforestación entre 170 000 y 180 000 hectáreas anuales, es un fracaso rotundo. Con ese desempeño es imposible llegar a la meta de cero deforestación en el año 2030”.
Es por eso que uno de los principales desafíos que tiene el gobierno de Gustavo Petro en el 2023 es revertir esa situación y, como prometió en campaña, cambiar la estrategia militar de la Operación Artemisa con la que se venía combatiendo la pérdida de bosques en el país.
Los expertos consideran que buena parte de los esfuerzos deben ir al ordenamiento de tierras y a tener una trazabilidad ganadera, pues la falta de información y claridad en estos dos puntos han disparado la deforestación para el acaparamiento de tierras.
Edwin Novoa, investigador de la Asociación Ambiente y Sociedad, comenta que ordenar y conocer cuántos y cuáles baldíos tiene la nación es uno de los pasos prioritarios para tener herramientas adecuadas que permitan combatir la deforestación. “Desde el punto de vista jurídico no tenemos cómo probar y enfrentar el acaparamiento de tierras, porque la mayoría de esas tierras son baldías y Colombia en su historia nunca ha tenido un inventario de tierras baldías. No se sabe a ciencia cierta cuántas y cuáles son. No hay información catastral ni registral”, asegura con preocupación.
Uno de los problemas es que hacer el catastro resulta demasiado costoso, por lo que el esquema de financiación ha sido el de una especie de bolsa en donde los municipios, la cooperación internacional y el gobierno nacional aportan recursos. “¿Qué municipios están interesados en hacer eso? A los que les interesa recaudar plata en impuesto predial con el catastro. Sin embargo, en los municipios de alta deforestación como La Macarena, Meta, en donde hay gran parte del territorio dentro de áreas protegidas, pues no es de interés porque un parque nacional no paga impuestos. Por ahora no hay buenas expectativas sobre el catastro multipropósito como una forma de atacar la deforestación”, comenta Novoa.
Otro de los grandes problemas asociado a la deforestación es la ganadería extensiva; es por eso que los expertos urgen por una trazabilidad de las vacas en pie y productos como la carne y la leche.
Recientemente el congresista Juan Carlos Losada, junto con las también congresistas Julia Miranda, Olga González y Leyla Rincón, presentó por segunda vez un proyecto de ley para crear mecanismos que permitan rastrear el ganado en Colombia y así evitar que esta actividad siga provocando deforestación.
El proyecto de ley propone que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), encargada del manejo de los terrenos estatales o baldíos, implemente matrículas inmobiliarias para estos, como los que están en los parques naturales nacionales. Las matrículas inmobiliarias y sus certificados de tradición y libertad son documentos que recogen información de los linderos o límites, así como la extensión de un terreno o el historial de transferencias de su titularidad.
Aunque las intenciones de esta ley son buenas, deberá pasar por varios debates en 2023 para ser aprobada y que no termine archivada.
La ley de delitos ambientales, aprobada en 2021, pretendía ayudar en esa tarea. En esta norma, además de incluir a la deforestación, se crearon otros cinco nuevos delitos: promoción y financiación de la deforestación, tráfico de fauna, apropiación ilegal de los baldíos de la nación, financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación y el financiamiento de la invasión de áreas de especial importancia ecológica.
Sin embargo, la ley ha recibido críticas por parte de abogados ambientales. “Termina siendo un poco inocua. Primero, la mayoría de los delitos ya existían en el código penal, lo que se hace es un aumento de las penas e incluir la deforestación. En segundo lugar, el aumento de las penas sin una estructura de base que permita investigaciones sólidas, cargas de prueba e identificar a los perpetradores, lo único que gana es aplausos. Puede ser popular, pero no tiene ningún sustento en la materialidad”, asegura Natalia Escobar, investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).
Por otra parte, a pocos días de acabar el 2022 se conoció que la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los delitos de apropiación y financiación ilegal de los baldíos de la nación. Por eso, los expertos insisten en que, para el 2023, sigue siendo un desafío lograr el fortalecimiento del sistema judicial y la captura de los verdaderos financiadores de la deforestación.
2. Aumentan las áreas protegidas y se necesita más apoyo para su gestión
En el 2022, el gobierno del expresidente Iván Duque celebró que Colombia ya tenía el 34 % de su territorio bajo protección ambiental y reveló que el 37,6 % de las áreas marinas y el 31 % de las áreas terrestres del país estaban bajo protección y conservación, superando así su meta de proteger y conservar el 30 % del territorio antes de finalizar ese año.
Sin embargo, los expertos consideran que estas ampliaciones y nuevas declaratorias de áreas protegidas suelen quedarse en el papel. Para Juan Manuel Díaz, coordinador de programas para Colombia de la Fundación MarViva, es necesario tener un mayor presupuesto y que este se destine en hacer una buena gestión de conservación, la cual es aún más desafiante para las áreas marinas.
“Controlar y vigilar un área marina implica unas aproximaciones diferentes en la relación con las comunidades. El mar tiene la particularidad de que no está titulado y muchos parques se declaran con comunidades que ya viven dentro, o en zonas aledañas, y que hacen uso de esos espacios. Son pescadores, navegantes, etcétera y controlar ese tipo de actividades es sumamente complicado y da origen a conflictos con estas personas. El mar, además, es la autopista de los narcotraficantes y estos utilizan las áreas protegidas porque son zonas en donde vive menos gente y pueden esconderse y cometer delitos”, dice Díaz.
Para el coordinador de programas de Mar Viva, otro reto en las áreas marinas es la gestión del turismo y pone como ejemplo la sobrecarga de visitantes que recibe el parque nacional Corales del Rosario y de San Bernardo que “se ha convertido más en un destino turístico que en un parque nacional”. La gran cantidad de personas que recibe trae problemas de basura y una excesiva demanda de especies como la langosta o el pargo, “que salen de las aguas de un parque nacional que se supone tiene que proteger a las especies que viven ahí. Se vuelve una cosa contradictoria”, comenta.
Carlos Mauricio Herrera, especialista en planeación de áreas protegidas de WWF Colombia, también resalta que uno de los principales retos del gobierno de Gustavo Petro en el 2023 es hacer una asignación adecuada de recursos para que haya una buena gestión de las áreas y que las organizaciones encargadas de su administración en Colombia, como Parques Nacionales y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), mejoren en la planificación y la ejecución de acciones.
Hasta el 2018, Colombia tenía el 85 % de sus ecosistemas representados dentro de áreas protegidas del orden nacional y regional. “Es importante completar ese porcentaje que hace falta, principalmente ecosistemas de bosques secos y selvas transicionales existentes entre la Orinoquía y la Amazonía; ecosistemas que son remanentes por algunas de sus particularidades ecológicas. Pero más que incluirlos en el sistema nacional de áreas protegidas, hay que generar las condiciones de manejo y los recursos para que sobrevivan en el tiempo”, afirma Herrera.
Para el especialista de WWF Colombia, las áreas protegidas están en territorios en donde vive gente, “por lo tanto las áreas se van a mantener siempre y cuando las comunidades entiendan cuáles son los beneficios que reciben por la existencia de esas áreas. Tenemos que trabajar mucho en generar esa conexión y generar información clara de esos beneficios”.
Los expertos consideran que ya no hay lugares, aparte de algunas zonas marinas o algunas zonas boscosas muy recónditas, en donde se podrían establecer áreas sin usos productivos o sin personas, por lo que es necesario trabajar en hacer acuerdos con la gente para lograr objetivos de conservación, “y entender cómo esos territorios hacen parte de los sistemas de vida de las personas y viceversa”, destaca Herrera.
3. Un cambio radical para brindar protección efectiva a los líderes
El 2022 no fue un buen año para los defensores ambientales, sociales y de derechos humanos en Colombia. Datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) muestran que entre el 1 de enero y el 10 de diciembre fueron asesinados 184 líderes sociales, ambientales y de derechos humanos en Colombia. El informe semestral enero-junio del Programa Somos Defensores registró un total de 439 agresiones en contra de 419 personas en ese periodo del 2022. Además, se presentaron 99 asesinatos. Es por eso que, nuevamente, la protección de los defensores es un enorme desafío para el país.
Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos Defensores, destaca que el nuevo año empieza con el Acuerdo de Escazú ratificado por el Congreso. “Parece que hay una buena disposición a implementar herramientas que contribuyan a que realmente se cumpla con lo que estipula Escazú en materia de participación, del derecho a la información y con el tema de protección a líderes”, comenta.
Sin embargo, Castro asegura que la no implementación del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha sido un factor importante en el aumento de violencia en los territorios.
Además de impulsar el Plan de emergencia para líderes y líderesas, la coordinadora de Somos Defensores señala que se debe trabajar en “sacar adelante la política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales a cargo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que es uno de los mecanismos creados por el Acuerdo de Paz, y buscar la desactivación de todos los eslabones de las cadenas criminales que posibilitan que estas organizaciones armadas existan”.
También considera que “es muy importante el fortalecimiento de las acciones humanitarias en las regiones. Por ejemplo, en el departamento de Putumayo en donde están enfrentando crisis humanitarias graves como consecuencia de la disputa territorial de los actores armados”.
Castro agrega que “no pueden ser las comunidades las que tengan que cargar con la violencia que implica que los actores armados se quieran posicionar, de una u otra manera, frente a las posibles negociaciones con el gobierno”.
Los líderes indígenas aparecen como los más agredidos entre enero y septiembre de 2022, según cifras del programa Somos Defensores, por lo que se necesitan acciones urgentes en 2023.
Para Edwin Mauricio Capaz, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), después de la firma del Acuerdo de Paz han visto una reorganización de los grupos criminales que están en el departamento. “La violencia lo que hizo fue transformarse: nuevos actores, nuevas metodologías, nuevos discursos y nuevos protagonistas. Pero la violencia continúa y lo hace sustentada en economías ilegales poderosas que intentan deslegitimar y desestructurar la organización social indígena”.
A Capaz le preocupa que desde 2017 y hasta 2022 siete líderes indígenas del CRIC han sido asesinados. Las últimas tres víctimas han sido mujeres. En este nuevo año, el consejero asegura que para los indígenas del Cauca es clave que el gobierno reconozca la autoridad territorial ambiental de las comunidades y que es necesario una adecuación institucional alrededor del ejercicio de gobernanza de las autoridades indígenas, pues todo esto les brinda más herramientas para velar por su protección y la de sus territorios.
4. Una verdadera participación de las comunidades en los temas ambientales
El 2022 significó el fin de la Operación Artemisa como estrategia de enfoque militar para frenar la deforestación en la Amazonía, principalmente en parques nacionales y sus zonas circundantes.
Artemisa era la gran apuesta del gobierno del entonces presidente Iván Duque. Nació en abril de 2019 y, entre ese año y el 2021, representó un gasto de poco más de 408 000 dólares. Entre el 2019 y el 2022 se ejecutaron 21 operaciones militares, 20 de ellas en parques nacionales naturales y zonas de reserva forestal de la Amazonía colombiana, principalmente en los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas.
Los resultados de estas operaciones, según el gobierno de Duque, se vieron reflejados en la cantidad de territorio arrebatado a los grupos ilegales, como lo anunció en junio del 2022 el entonces ministro del ambiente, Carlos Eduardo Correa, cuando habló de “la recuperación de 27 046 hectáreas a través de la campaña Artemisa”.
Diversas voces del sector ambiental colombiano coinciden en que no se logró lo más importante: frenar la deforestación y dar con los responsables. Y las cifras del Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (IDEAM) mostraron que esas 27 000 hectáreas recuperadas palidecen ante los números de la pérdida de bosque del 2020 (171 685 hectáreas) y el 2021 (174 102 hectáreas).
Con la llegada del gobierno de Gustavo Petro el 7 de agosto de 2022, el Ministerio de Ambiente aseguró que Artemisa sería reformada estructuralmente, dejando las acciones militares en un segundo plano y privilegiando los diálogos y acuerdos con sectores indígenas, afro y, principalmente, campesinos.
El Ministerio de Ambiente informó a Mongabay Latam que durante 2022 realizaron diálogos exploratorios con líderes en el arco noroccidental de deforestación amazónica, para construir conjuntamente un acuerdo social y una hoja de ruta para contener la deforestación.
Además, de acuerdo con el Ministerio, se viene desarrollando una estrategia integral que incluye cinco puntos clave: “Acuerdos sociales con comunidades locales para hacer frente a la deforestación, la construcción de la paz total en los territorios, la investigación criminal a los determinadores de la deforestación, la contención con la fuerza pública en grandes bloques vinculados al acaparamiento de tierras y economías ilícitas donde ya se activó la flota aérea Guacamayas para la protección de la selva que, entre otros, trabajará de la mano de las comunidades, y el fortalecimiento de las autoridades ambientales y locales”.
Luz Mery Panche, lideresa indígena nasa de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, considera que el 2023 debe ser el año en donde se escuche la voz de las comunidades y les permitan participar de las acciones y estrategias que quieren implementar en sus territorios.
“El Gobierno debe priorizar la legalización de territorios colectivos, especialmente las zonas de reserva campesina y ampliación de resguardos indígenas”, comenta Panche y agrega que uno de los principales desafíos sobre la participación de los pueblos indígenas es garantizar la realización de la consulta previa pues, según dice, muchos proyectos extractivos la han ignorado y las comunidades solo se enteran de afectaciones en sus territorios cuando las obras empiezan.
Edwin Mauricio Capaz, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), pide una participación efectiva de las comunidades étnicas en la creación del Plan Nacional de Desarrollo —la base de las políticas gubernamentales de los presidentes de Colombia—. “Los cambios estructurales deben contener algún nivel de participación amplia de las comunidades”, señala el líder indígena.
Carlos Castaño, exdirector de Parques Nacionales Naturales de Colombia y director científico de la Fundación Herencia Ambiental Caribe, comenta que históricamente el Estado ha tenido un “mal entendimiento de la participación en el denominado modelo desarrollo” y asegura que es necesario tener en cuenta el conocimiento ancestral y las iniciativas que vienen de las comunidades étnicas.
Castaño destaca, por ejemplo, el plan de conectividad ecológica para la conservación de espacios sagrados y estratégicos para el jaguar en la Sierra Nevada de Santa Marta, que se realizó entre la empresa privada (Grupo Isa), la Fundación Herencia Ambiental Caribe y el pueblo indígena arhuaco. “Los procesos de transformación son muy acelerados en la Sierra y las poblaciones de felinos están seriamente amenazadas. Era muy difícil que esas poblaciones de jaguares se mantuvieran si no se planteaba una estrategia como esta, apoyada en el entendimiento y las acciones de las propias comunidades indígenas”, asegura.
5. Claridad sobre cómo hacer la transición energética y qué pasará con los pasivos ambientales
Irene Vélez, desde su posesión como ministra de Minas y Energía en el gobierno de Gustavo Petro, ha manifestado constantemente su intención de que Colombia avance rápidamente en el camino de la transición energética.
En la cuarta edición del Congreso Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales, realizado a finales de octubre de 2022 en la Universidad del Valle, en Cali, Vélez aseguró que cuando va al Congreso y defiende la perspectiva de que se debe reducir o descarbonizar la economía, le dicen que la producción de gases de efecto invernadero en Colombia es menos del 1 %.
Algunas, dice, “nos preguntan: ¿para qué la descarbonización en el sector minero energético, si realmente ahí no se produce el impacto? Entonces la respuesta que ofrecemos es, por un lado, porque es un compromiso moral y aquí importa algo más que la economía, tenemos otros principios que también son importantes, pero también porque para nosotros las industrias extractivas han generado daños, no solo respecto a la emisión de gases de efecto invernadero, sino también a las relaciones desiguales que se crean en el territorio”.
Este tipo de declaraciones han creado fuertes polémicas y críticas por parte de sectores opositores al gobierno en Colombia, en especial cuando la viceministra de Minas y Energía dijo que no se promoverán nuevas exploraciones de petróleo. Poco después, el mismo presidente Petro tuvo que salir públicamente a decir que los contratos de explotación petrolera, carbonera y gasifica continúan.
“No se trata simplemente de cambiar combustible fósil por renovables, se necesita hacer una transformación en el consumo de energía, o sea, en la forma en cómo cada persona, cada empresa, cada centro urbano, consume esa energía”, asegura Jessica Arias, investigadora de la organización Transforma, centro de pensamiento colombiano que promueve la acción climática y las transiciones ecológicas.
Arias también menciona que hacer una transición completa a las energías renovables tomará bastante tiempo pues, aunque Colombia viene avanzando mucho en temas de generación de energía solar y eólica, esta oferta todavía está lejos de ser suficiente para suplir la demanda del país.
“Es necesario que el gobierno le informe a los colombianos cuál es el criterio para tomar la decisión de suspender o continuar las exploraciones y explotaciones de petróleo y gas. ¿Cuál es el plan para el sector transporte que funciona en un 99 % con combustible fósil? ¿Hasta qué fecha vamos a necesitar petróleo? Tenemos que tener clara cuál es la meta y cuál es la fecha para lograr hacer esa transición”, comenta Arias.
La investigadora coincide con la ministra Vélez en que el hecho de que las emisiones de Colombia sean pocas no debe ser excusa para retrasar la transición energética. “Esas afirmaciones están muy alejadas de lo que dice la ciencia y creo que ya hay bastante consenso en que ya sea una tonelada o media, toda reducción nos acerca a evitar ese 1,5 grados centígrados en el aumento de la temperatura. Colombia no tiene por qué ser responsable de la reducción de emisiones de otros países, pero es responsable de sus propias emisiones”, comenta y añade que si todos los países siguieran el argumento de que emiten muy poco, nadie daría el primer paso para actuar.
Por otra parte, Arias considera que hoy en día las fuentes de energía renovables son las formas más económicas de generar energía y a largo plazo eso favorecerá a la economía del país. “Lo que pasa es que estamos acostumbrados a tener los combustibles fósiles subsidiados, creemos que son más baratos, pero en realidad ese costo lo está pagando el Estado y el costo ambiental también es enorme”.
En el 2023 Colombia también tiene el desafío de tener una reglamentación clara para sus pasivos ambientales, es decir, para los daños a ecosistemas y comunidades que se encuentran abandonados tras el cierre de los proyectos mineros, extractivos, entre otros. El año pasado empezó el trámite en el Congreso un proyecto de ley que busca crearlos y definirlos legalmente en el país. Ya fue aprobado en dos de los cuatro debates, por los que debe pasar. Así que 2023 será clave para saber si finalmente se convertirá en una ley de la nación.
Entre otras cosas, el proyecto pretende crear el Registro Nacional de Pasivos Ambientales (REPA), un comité de seguimiento y establecer que estos daños sólo caduquen 20 años después de que se descubra su efecto negativo. “Este proyecto cuenta con 11 artículos, a través de los cuales se busca saldar una enorme deuda histórica con el patrimonio ecológico del país”, asegura la congresista y exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Julia Miranda.
Para Edwin Novoa, investigador de la Asociación Ambiente y Sociedad, los pasivos ambientales también provienen de delitos como la deforestación y no solo deben ser vistos desde el punto de vista ambiental, sino que deben considerar la reparación de las comunidades que habitan en los territorios impactados.
“La estrategia del gobierno se ha enfocado en lo penal, en capturar a los perpetradores de los delitos ambientales, y sabemos que muchas de esas capturas en realidad no corresponden a los grandes financiadores. El derecho penal debe ser la última instancia, a la que recurrimos cuando todo lo demás fracasó. Y es que todavía nos queda algo pendiente: ¿qué pasa con las comunidades indígenas que conservan los bosques y resultaron afectadas? De eso nunca se habló ni se ha planteado nada al respecto”, afirma Novoa.
* Imagen principal: Los niños y niñas indígenas disfrutan de las quebradas que hay en su territorio. Foto: Edilma Prada Céspedes.
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