Estas actividades, sumadas al comercio ilegal de madera y el aumento de cultivos ilícitos de coca en la zona fronteriza con Perú, han puesto en riesgo no sólo los ecosistemas, sino también la salud y las formas de vida de las comunidades indígenas que viven entre Colombia, Perú y Brasil.

En voz de un exfuncionario de PNN e investigador de la Alianza, los guardaparques no solo cumplían la función de protección y vigilancia ambiental en el territorio, sino también una labor social. “Cuando el guardaparque se va, también se le quita esa especie de referente a los niños que solo ven al narcotraficante o al minero como un modelo a seguir”.

Actualmente, para los funcionarios de Parques Nacionales es imposible acceder a la parte norte del parque, considerando las constantes amenazas y la presencia de actores armados que exigen que nadie use en el territorio uniformes o el logo de la entidad que vela por el área protegida, como lo relataron investigadores en terreno que pidieron por seguridad la protección de sus nombres.

Amacayacu cuenta con tres cabañas o puestos de control y vigilancia de PNN, más la sede operativa ubicada en Leticia. Sin embargo, solo una continúa operando con toda su capacidad. La primera, Lorena, ubicada sobre el río Cotuhé, no cuenta con funcionarios debido a la presencia de grupos armados y, según entrevistas hechas en terreno a fuentes locales, es usada incluso por estas agrupaciones ilegales en algunas ocasiones.

La segunda cabaña, Yewae, que es el centro de visitantes al parque, también está inactiva aunque una pequeña área es utilizada para actividades investigativas y recibir a visitantes. La tercera, Matamata Amacayacu, una pequeña cabaña blanca con tejas verdes desgastadas, que ven los turistas al pasar en las pequeñas embarcaciones para llegar a las comunidades de  Mocagua, Palmeras y San Martín. La cabaña es usada como puesto de control y es el sitio más cercano que tienen los indígenas para contactarse con los funcionarios de parques.

Hasta el 2019, eran 33 los funcionarios a cargo de la protección del parque. Hoy esta área protegida sólo cuenta con 18 personas para encargarse de las 267 240 hectáreas, confirmó PNN a Mongabay Latam y Rutas del Conflicto.

Desde que la presencia de Parques Nacionales se vio reducida, según una alerta emitida por la Defensoría del Pueblo este año, las comunidades del Resguardo indígena río Cotuhé-Putumayo, que se encuentran cercanos al caserío de Tarapacá y que son vecinas del PNN Amacayacu por el lado norte, quedaron a merced del crimen organizado.

La biodiversidad de Amacayacu es única. Entre los prímates de la zona están el mono churuco (Lagothrix lagotricha), al mono ardilla (Saimiri sciureus) y el tití cobrizo (Callicebus cupreus). Crédito de fotos: Juan Carlos Contreras.

Fronteras porosas

La triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia se ha convertido en un punto que atrae a mineros ilegales que operan con total impunidad, aseguran expertos. “La Armada hace operativos para sacar a las mafias y combatir la minería. Se hace el operativo, pero cuando se acaba salen nuevamente los mineros y todo queda como si no hubiera pasado nada”, manifestó una fuente entrevistada en terreno a la que protegemos por seguridad.

La dificultad para combatir este delito se debe, en parte, a que la minería que existe en la zona es fundamentalmente fluvial, realizada por dragas instaladas sobre embarcaciones que se van desplazando a lo largo y ancho de los ríos. Rastrear y detener estas dragas que se esconden con facilidad en los caños de los ríos y que rápidamente penetran en las fronteras de otro país es un reto difícil de sortear. “Hay una violación de frontera de lado a lado. Es como jugar al gato y al ratón. Si se hace un operativo en el lado brasilero, los mineros se pasan al costado colombiano. Si se hace en el lado peruano, se pasan a Colombia y viceversa”, afirmó la vocería de la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro.

El coronel retirado Miguel Tunjano y analista de políticas públicas explica que la minería y las economías ilegales presentes en el trapecio amazónico se deben principalmente a que los grupos armados e ilegales pueden movilizarse con cierta libertad por el territorio dada la debilidad institucional y al acceso “sencillo” a tres países por vías fluviales poco vigiladas. Según un estudio hecho por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), en junio de 2023, la mayor actividad minera se presentaba en el río Purité, al límite oriental del PNN Amacayacu.

Así pudo comprobarlo también la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro cuando hizo un sobrevuelo a comienzos de julio de este año en el que registró alrededor de 200 dragas en la frontera del departamento de Amazonas con Brasil. De estas, 13 se encontraban en el río Purité que nace en el PNN Amacayacu. Además, pudo comprobar la presencia de tres dragas en la frontera de Perú y Colombia en el río Cotuhé. El problema, insiste la vocería de la Alianza, es que si “hay un operativo en cualquiera de los dos países, (para los mineros ilegales) es solo prender el motor y pasarse al otro”.

Juan Felipe Guhl, coordinador del programa de investigación dinámicas socioambientales del Instituto Sinchi, dependiente del Estado, concuerda en que “la frontera es porosa, lo que hace que los operativos sean muy complejos de hacer” y el problema, sostiene, es que  “no hay una coordinación entre los tres países”.

Además, aquello tiene impactos sobre las comunidades que quedan a merced de la minería ilegal, agrega un informe del Instituto Sinchi publicado en 2020. En un inicio, dice el estudio, la minería “fue externa a las comunidades, como producto de la llegada de balseros brasileños y peruanos y después de colombianos que hicieron suya la tecnología. Los líderes y las comunidades aceptaron en un principio la presencia de balseros y se fueron vinculando progresivamente a las actividades de minería ilegal y la convirtieron en fuente de ingresos”. Sin embargo, la llegada masiva de balseros tras la pandemia y la presencia de armados tras la firma del Acuerdo de Paz, crearon condiciones adversas de seguridad para las comunidades indígenas y cambios en su cultura.

Por ejemplo, algunos pobladores indígenas se vuelven trabajadores en las balsas y dragas, asegura Juan Felipe Guhl y “deben enfrentarse a jornadas laborales prolongadas, sin descansos, sacando arena y todo del fondo de los ríos”. Las mujeres, por su parte, encuentran trabajo en la cocina y lavando la ropa de los mineros. Otras quedan embarazadas de mineros que nunca más vuelven a ver y cuando hay operativos y son exitosos, las cocineras también son judicializadas, asegura el investigador. De esa manera, las economías ilegales fragmentan el tejido social de estas comunidades, explica.

Otro de los problemas identificados tanto por la Alianza como por Guhl, son los altos índices de mercurio en los ríos amazónicos. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), una persona expuesta al mercurio no debería tener más de 15 microgramos del metal por litro en la sangre. El problema es que, por lo menos en la cuenca media del río Caquetá que desemboca en el río Puré, ya se comprobó que aquel límite se supera ampliamente. Se encontró que sus habitantes registraron hasta 100 microgramos de mercurio por litro de sangre, más de seis veces el máximo permitido.

Además, el dragado de los ríos que realizan los mineros para obtener el oro hace que aumente la cantidad de sedimentos, afectando a la pesca. Esto ocurre en dos momentos: cuando se remueve el material del suelo y es arrastrado por la corriente. Y cuando el material extraído es lavado en tolvas, un contenedor parecido a un embudo, y el conjunto de partículas que quedaron en el fondo del recipiente se vierte en el agua. En concreto, lo que ocurre es que el incremento de la turbidez impide que el sol llegue a las plantas y microorganismos afectando la vida bajo el agua. Por eso, a las comunidades se les dificulta encontrar grandes peces y si lo hacen seguramente tendrán altos niveles de mercurio, aseguran las investigaciones proporcionadas por el Sinchi.

La coca, otro problema de ilegalidad en la triple frontera

La región del Bajo Amazonas donde está el PNN Amacayacu no solo es afectada por la presencia de grupos armados, la minería ilegal y la imposibilidad de los guardaparques de volver a toda su área. En la región cercana al parque, aunque no directamente dentro de este, hay un aumento de los cultivos de coca, principalmente en el vecino país de Perú. Esta situación también afecta a las comunidades que habitan el trapecio amazónico, como la de Buenos Aires, ubicada sobre el río Cotuhé, que bordea el sector Lorena del parque. Muchos de sus habitantes se han ido a trabajar al lado peruano en los cultivos de uso ilícito, otros se fueron y nunca más se supo de ellos al cruzar la frontera, según varios testimonios recolectados en terreno y entrevistas a expertos de la zona. “Las familias no tienen muy claro qué pasó con su familiar al cruzar la frontera. Los indígenas se enfrentan a jornadas muy largas de trabajo, incomunicados de todo”, manifiesta una de las fuentes.

Además, en la zona los grupos armados han instaurado un toque de queda “por el cual los indígenas no pueden salir a navegar después de las cinco de la tarde, comunidades con vocación pesquera”, asegura la vocería de la Alianza. En otras comunidades como Caña Brava, al borde del río Cotuhé, señala el vocero, las personas no pueden habitar sus casas porque son usadas por los actores armados ilegales.

Los cultivos de coca y el transporte de droga y armas por los ríos están en la región, principalmente en los ríos que bordean al Parque Nacional Amacayacu. Aunque no se ha detectado cultivos de coca dentro del área protegida, según los monitoreos de la ONU y el Ministerio del Interior es una situación que preocupa a las comunidades indígenas e investigadores. Uno de los científicos entrevistados por esta alianza periodística afirmó que para entender lo que ocurre en Amacayacu es necesario tener en cuenta las dinámicas presentes en Perú y Brasil, los países fronterizos, sobre todo dado que los ríos  se conectan. Desde 2021, la Defensoría del Pueblo y organizaciones en el territorio han advertido que los cultivos ilícitos en el lado peruano han aumentado.

El Monitoreo de cultivos de coca 2022 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas Perú (DeVida), resaltó que el Bajo Amazonas es la tercera zona de producción de arbustos de hoja de coca en el país, ya que concentra el 9,2 % del total nacional. Además, el 68% de la superficie con coca de esta zona, que equivale a unas 4144 hectáreas, se concentra en el departamento de Loreto ―que limita con Colombia<―, en la parte no inundable del río Yavarí, que se conecta con el río Amazonas.

El Foro Brasileño de Seguridad, organización no gubernamental dedicada a contribuir con las transparencia de información en temas de seguridad, advierte que “el déficit en la gobernabilidad y estructura del aparato de seguridad pública, especialmente en la capacidad de investigación de los delitos cometidos en la región”, permitieron que el trapecio amazónico quedara en manos de las dinámicas de los grupos armados y su influencia en delitos ambientales.

Según relataron investigadores en terreno y fuentes de la zona, “el oro, la coca, armas y todo tipo de mercados ilegales se mueve en las mismas balsas, esquivando puestos de control y violando las fronteras”. Y es que según explica el coronel Tunjano, la diversificación de los mercados ilegales, en la que los actores combinan mercados de droga con minería ilegal o tráfico de especies silvestres, “ofrece a las organizaciones criminales nuevas y valiosas fuentes de ingresos”.

Toda esta oscura actividad ocurre con total impunidad porque “quién hable es tildado de sapo”, afirma uno de los investigadores de las organizaciones que trabajan en la zona. Además, “al ser comunidades tan pequeñas es muy fácil identificar quién habló”, agrega. Según datos de la Unidad de Víctimas referidos por la organización civil Parques Cómo Vamos, de 1985 a 2022, se tiene registro de 1500 víctimas de desplazamiento forzado en áreas cercanas al PNN Amacayacu.

De acuerdo con testimonios recolectados en terreno por esta alianza periodística y por investigadores en la zona, los actores armados buscan un culpable cuando ocurren operativos porque consideran que la comunidad los delató con las autoridades. Por eso, cuando se realizan operativos y hay incautaciones, las comunidades indígenas se dispersan, se desplazan forzosamente y se aíslan, asegura un experto que trabaja en la zona. También los actores armados emplean a los pobladores indígenas como guías en terreno para saber cómo orientarse en los ríos y en la selva y evitar los puestos de control.

La minería ilegal, los cultivos de uso ilícito, la presencia y disputa de grupos armados permiten en cierta parte que otros delitos ambientales queden en la sombra, como lo es la deforestación, según la vocería de la Alianza. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Parque Nacional Amacayacu registra como el área protegida de menor deforestación con 304 hectáreas de 2013 a 2022, sin embargo, existen 2690 alertas de deforestación entre el 1 de enero al 15 de septiembre de 2023, según Global Forest Watch. La mayor concentración de las alertas se da en la parte noreste, cerca al resguardo Río Cotuhé-Putumayo, y en la parte sur del área protegida, colindando con el río Amazonas y la frontera con Perú.

Las comunidades indígenas le apuestan a la conservación

Mientras que la parte norte de Amacayacu sigue resistiendo el actuar del crimen organizado, la contaminación por mercurio, la tala, el control social de las comunidades al borde del río Cotuhé, las comunidades tikuna al sur esperan estar preparadas en caso lleguen los problemas a esta zona.

“Nosotros hemos fortalecido nuestra guardia indígena y nuestra guardia ambiental, porque desde hace un tiempo se nos han acercado para hacer minería ilegal al territorio. Estamos pendientes de quién está llegando y con qué intenciones”, afirmó Orlando Noriega, autoridad del resguardo de San Martín, que se solapa con PNN Amacayacu.  Los tikuna realizan mayor vigilancia en los distintos cuerpos de agua, recorren su resguardo varias veces al día, están alertas cuando llegan turistas a su territorio.

Alertas de deforestación en color rosado en el parque nacional entre enero y septiembre de 2023.

Al estar ubicada la parte sur del PNN Amacayacu entre los dos municipios del Amazonas, Leticia y Puerto Nariño,  hay una mayor presencia del Estado y de un  trabajo colectivo entre los funcionarios de PNN, que sí pueden acceder a esta parte del área protegida, y las comunidades. De hecho, las tres comunidades tikuna que se ubican en esta zona adaptaron parte de su territorio para recibir a visitantes, mostrarles su cultura y la manigua como llaman ellos a la selva. Rutas del Conflicto y Mongabay Latam visitaron dos de esas comunidades:  San Martín de Amacayacu y Mocagua, donde conocieron de primera mano las actividades de conservación y ecoturismo.

Desde 2017 firmaron un acuerdo entre PNN y las comunidades de los resguardos San Martín y Mocagua, en cinco puntos para trabajar de manera conjunta en el territorio, el gobierno propio, la cultura, el turismo, la salud y educación. Durante el proyecto se dieron cuenta de que el acuerdo o el Plan de Manejo tenía los mismos propósitos que el Plan de Vida de las comunidades. Donde no es solo cuidar la selva, sino también protegerla de los “extraños”, que pueden traer los negocios ilegales que vive la parte norte del Parque.

Imagen principal: Tres dragas explotan el río Purité en busca de oro en imágenes capturadas durante un sobrevuelo de julio de 2023. Crédito: Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro.

Este reportaje es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto de Colombia

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*Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

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