Una fundación obscura, en asociación con la universidad pública del Tolima, registran ventas multimillonarias de bonos de carbono a cambio de la pretendida preservación que ellos hacen de un parque regional y bosques aledaños en el sur de Tolima.Campesinos vecinos de esos territorios por tres generaciones, que son supuestos beneficiarios del proyecto, se enteraron de éste tardíamente y por casualidad. Desde al menos 2018, viene funcionando un proyecto de bonos de carbono cuyo objetivo es conservar 13 727 hectáreas de un bosque altoandino conocido como el Bosque de Galilea, logrando la “reducción de las emisiones de CO2 al evitar la deforestación del bosque” y la “protección de la biodiversidad al ser un bosque de alta riqueza florística y faunística”. El área protegida se extiende por casi todo el municipio de Villarrica, así como en los vecinos municipios de Dolores, Cunday, Cabrera, Prado y Purificación en el suroriente del Tolima, en el centro de Colombia. La lógica tras este mecanismo consiste en que comunidades locales o propietarios que conservan bosques claves para mitigar el cambio climático puedan vender bonos o créditos de carbono a empresas que quieren reducir su huella ambiental. Cada bono equivale a una tonelada de dióxido de carbono que ya no subiría a la atmósfera, producto de ese esfuerzo por evitar la deforestación. Los impulsores del proyecto aseguran en los documentos que lo avalan, que este es “el último relicto de bosque primario del oriente del Tolima” y “uno de los últimos relictos de bosque andino de la cordillera oriental”. Su principal proponente, la Fundación Amé, lo promociona con mayor ímpetu, llamándolo en un video “el pulmón ambiental más grande de Colombia y el bosque andino más grande del mundo”. El proyecto en el Bosque de Galilea está planteado a 30 años, desde el 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2040 (los proyectos de carbono son con frecuencia aprobados con algunos años de retroactividad). Sin embargo, otros documentos posteriores señalan 2017 como año de inicio. Hasta diciembre de 2023 el proyecto de Bosque de Galilea ha vendido más de 450 000 bonos, según una plataforma pública que registra estas transacciones. El valor de venta de estos bonos suele ser confidencial. Pero en este caso, otro de los socios del proyecto, la Universidad del Tolima, como entidad pública, dejó registro accesible de los precios de parte de los bonos vendidos. En mayo de 2023, el equipo directivo de la universidad presentó un informe a su Consejo Superior en el que detalló que un total de 208 000 bonos se habían vendido correspondientes al periodo entre 2010 y 2017, por 2.628 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 775 000 dólares. La mitad de ese monto iría, dice el reporte, para la universidad, pues es la dueña de 60 predios y co-propietaria de otros 14, de los 212 predios ubicados dentro del bosque protegido. Esta suma representó menos del 1 % del presupuesto de gastos e inversiones de la entidad educativa de ese año, según el presupuesto público de la universidad. El mismo informe de la universidad dice que la otra mitad del dinero correspondía a la Fundación Amé, una organización ambiental sin ánimo de lucro fundada en 2016 por dos exfuncionarios de la misma universidad, con el objetivo de hacer paisajismo, silvicultura e investigación, según dice el acta que la creó. Esta fundación figura como la “entidad proponente y responsable del desarrollo del programa”, según se lee en los documentos del proyecto publicados en la plataforma de la certificadora colombiana BioCarbon Registry que lo avaló. Según el documento de diseño del proyecto (o PDD en la jerga del sector), la Fundación Amé también administra otros 124 predios de terceros en Galilea, aunque no revela de quiénes son, y es co-dueña de 14 predios con la universidad, sin que sea claro en qué proporción son propiedad de cada uno ni por qué existe ese esquema compartido en esa tenencia de la tierra. Mapa de la iniciativa Bosque Galilea-Amé que muestra los propietarios de los predios incluidos. En naranja figuran los predios de la Universidad del Tolima, en verde los de la Fundación Amé y en rosado los que comparten ambas. Fuente: Documento de diseño de proyecto disponible en plataforma de BioCarbon Registry. A diciembre de 2023, más de 50 empresas han usado bonos emitidos por el Programa de compensación de emisiones Conservación del Bosque Galilea-Amé. Entre ellas figuran la productora de alimentos Alpina, el almacén de cadena Sodimac Colombia, la energética Siemens Energy, la administradora de pensiones y cesantías Protección, la Bolsa de Valores de Colombia, los bancos Davivienda y el Banco Agrario público, la logística Opperar Colombia y un grupo grande de distribuidoras de gasolina como Terpel, Chevron y Primax, según la plataforma de transacciones de BioCarbon Registry. Los mayores usuarios fueron la gasolinera Puma Energy con casi 212 000 bonos y el Oleoducto Central (Ocensa) con casi 72 000. La historia sería verde transparente, a no ser porque 20 campesinos —que han vivido en esta zona forestal y en sus inmediaciones desde que la colonizaron sus abuelos en los años cincuenta del siglo pasado— dicen haber quedado por fuera del proyecto. Si esos campesinos que habitan allí no se benefician con los bonos de carbono, la lógica misma del proyecto de carbono queda en cuestión. Eso dijeron más de seis lideres y más de 15 colonos de la región con los que habló este equipo periodístico. Y lo reafirmaron el centenar de habitantes locales que asistieron a una audiencia pública convocada por la Contraloría Departamental del Tolima en febrero de 2023, a raíz de las múltiples preguntas y peticiones de información que habían hecho muchos de ellos a la Universidad del Tolima, a varias entidades locales y nacionales. Querían saber, entre otras cosas, por qué en los carteles del Parque Natural Regional Bosque de Galilea que ellos habían ayudado a impulsar para preservar la enorme riqueza del bosque, y que se traslapa con el proyecto de bonos de carbono, se leía que se trataba de una reserva privada y aparecían los logos de la Fundación Amé y la universidad pública. La superposición entre el área protegida regional y el proyecto no es poca, según muestran documentos de la iniciativa de carbono. Un 87 % de la zona incluida dentro el programa de compensación de emisiones forma también parte de este parque regional administrado y protegido por el Estado colombiano a través de la autoridad ambiental departamental, Cortolima, cuyo logo también apareció en esas vallas. Cartel que encontraron los habitantes locales a la entrada del Bosque Galilea en 2018 y que anunciaba que se trataba de una reserva natural privada. Foto: Leidy Villamor / Red de Vigías y Defensores del Bosque de Galilea. ¿Cómo se desarrolló un proyecto de bonos de carbono tan exitoso, sin que un centenar de habitantes campesinos de la zona se enteraran siquiera? ¿De qué forma una fundación ambiental creada por profesores de la universidad terminó de gestora del proyecto y de administradora de cientos de predios, cuando nadie parece conocer sus actividades? Una investigación de Rutas del Conflicto y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) buscó respuestas en decenas de documentos, habló con los involucrados durante meses y descubrió que a este proyecto lo cubre más neblina de la que abunda por los bosques altoandinos que dice estar protegiendo. El trabajo forma parte de la alianza Carbono Opaco, que coordina el CLIP y reúne a 13 medios de ocho países, buscando revelar cómo está funcionando de veras el mercado de carbono en América Latina.