- Resumiendo el proceso de la ZEE, Killeen señala que el grupo con mayor perfil público respecto al tema son los pueblos indígenas, que se han organizado exitosamente para hacer valer sus derechos territoriales y formalizar sus reclamos sobre sus territorios ancestrales.
- En este camino, dichas comunidades compiten con otros interesados con poder económico, demográfico y político. Entre ellos destacan el sector ganadero, agricultor y maderero. En esta competencia por la tierra incluyen los intereses de las empresas mineras y la industria del petróleo y el gas.
- A grandes rasgos, aún quedan importantes áreas de tierras fiscales que esperan ser asignadas como áreas protegidas, reservas indígenas o abiertas a algún tipo de desarrollo sostenible.
- Por ello, es importante comprender que la tierra insegura e incierta está directamente relacionada con la crisis de deforestación. Los acaparadores y colonos se apropian de tierras fiscales debido al carácter incompleto de los registros de tierras.
Uno de los objetivos del proceso ZEE fue ayudar a los países de la región panamazónica a repartir sus tierras fiscales entre diferentes distritos electorales y grupos de interés. El grupo con mayor perfil público, al menos en los últimos años, son los pueblos indígenas que se han organizado exitosamente para hacer valer sus derechos territoriales y formalizar sus reclamos sobre sus territorios ancestrales. En esa búsqueda de derechos sobre la tierra se unen decenas de miles de comunidades locales, conocidas como caboclos, ribereñas, quilombolas, cimarrones, siringueros y castañeros, que también dependen de los bosques y hábitats acuáticos para su subsistencia.
Ellos compiten por la tierra con otros grupos sociales que tienen poder económico, demográfico y político, incluido el sector ganadero, los grandes y pequeños agricultores y la industria maderera. En esta competencia por la tierra, de igual forma, incluyen los intereses de las empresas mineras y la industria del petróleo y el gas, que tienen derechos separados sobre los recursos subterráneos, pero les preocupa que el acceso a esos recursos naturales pueda verse limitado por quien controle los derechos de superficie.
La campaña de varias décadas para preparar las ZEE y designar formalmente los límites físicos precisos de las tierras fiscales ha logrado limitar la expansión de la agricultura especialmente en Brasil y Ecuador, y en menor medida en Bolivia y Perú. Los nítidos límites forestales entre los territorios indígenas y las zonas agrícolas adyacentes, con varias excepciones notables, demuestran que los colonos y acaparadores de tierras no ocuparán territorios que finalmente no puedan reclamar como propiedad privada. La actual disputa por la tierra se produce en gran medida en áreas que han sido tácitamente identificadas como zonas de expansión y corredores de carreteras, a muchos de las cuales se les asignó una categoría de uso de la tierra en una ZEE que es deliberadamente poco clara.
Los defensores del medio ambiente están en lo cierto cuando afirman que la deforestación en estas zonas es ilegal y acusan a las personas involucradas de apropiarse indebidamente de tierras fiscales. En cualquier caso, quienes han sido elegidos por el voto y los funcionarios administrativos gubernamentales, ya sea por acción o por inacción, facilitan el asentamiento en estas áreas que han sido divididas en zonas para el desarrollo. Se da por sentado que estas tierras serán ocupadas por alguien utilizando algún tipo de mecanismo legal o extralegal. Por lo tanto, los bosques fiscales deben ser designados y gestionados formalmente, o pasarán al sector privado, lo que aumenta la probabilidad de que sean talados o degradados.
¿Cuánta tierra sin ser titulada queda en la Panamazonía?
Las agencias gubernamentales mantienen un recuento actualizado compilando las diversas categorías de tenencia que gestionan. No obstante, esas estimaciones son imprecisas debido a las deficiencias en los registros de tenencia y la continua apropiación de tierras fiscales. Además, lo que se percibe como tierra fiscal varía, particularmente cuando se trata de territorio indígena o comunal, que puede o no considerarse un área protegida. Asimismo, el grado de protección difiere según el tipo de actividad económica, que puede estar permitida o no, y en algunas áreas protegidas coexisten con explotaciones privadas.
La cantidad de tierra que queda por designar formalmente proporciona una estimación aproximada de la tierra disponible para conservación y desarrollo. Así, el ejercicio matemático utilizado para hacer esa estimación también proporciona una fotografía de la distribución existente de la tierra entre los principales grupos interesados. Esto puede resumirse de la siguiente manera:
Las Privadas, que denota grandes y pequeñas propiedades registradas en un catastro nacional (Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador) o áreas zonificadas para actividades agrícolas (Colombia, Guyana, Surinam, Guayana Francesa). Incluye propiedades forestales de gran escala (Amazonas y Acre) comprendidas en el Catastro Nacional de Propiedades Privadas (SNCR), pero excluye las propiedades forestales en el Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Las Comunales, que indica tierras privadas con título comunal y tierras fiscales cuya tenencia o el derecho de uso permanente ha sido cedido a comunidades no étnicas en Brasil, Bolivia y Perú. Esto incluye: (a) asentamientos patrocinados por el INCRA que benefician a las comunidades que habitan en bosques (tipo PAAD); (b) agricultores pioneros (tipo PA) en Brasil; (c) comunidades forestales castañeras en el norte de Bolivia y campesino/agricultores pioneros interculturales en Santa Cruz, Beni y La Paz; y (d) comunidades ribereñas en Perú.
La Indígena, que designa propiedades comunales cedidas a comunidades específicas, así como tierras fiscales donde se han otorgado derechos de uso permanente por ley o decreto a uno o más pueblos indígenas. Estas pueden ser pequeñas o grandes extensiones, pero son específicas para grupos indígenas con un patrimonio étnico específico. Incluye áreas protegidas que gozan de una doble condición de reserva indígena y las creadas para proteger a grupos indígenas que viven en aislamiento voluntario.
Las de Protección, que indica áreas protegidas nacionales y regionales establecidas con el objetivo principal de conservar la biodiversidad y los ecosistemas naturales, normalmente denominadas de uso indirecto (Categorías I, II y II de la UICN). Se excluyen aquellos con doble estatus como territorio indígena para evitar una doble contabilidad.
Las de Uso Sostenible, que se refiere a tierras fiscales asignadas para el manejo sostenible de recursos maderables y no maderables e incluye áreas protegidas nacionales y regionales, así como concesiones forestales en Perú, Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam. Se excluyen de esta categoría las áreas protegidas de uso múltiple con propiedades privadas (por ejemplo, Áreas Naturales de Manejo Integrado y Áreas de Proteção Ambientais) y propiedades comunales dedicadas a la gestión sostenible.
Otras, denota áreas urbanas y terrenos fiscales que han sido registrados en catastros. Incluyen propiedades militares, infraestructura y sus derechos de paso asociados, ríos, lagos, vías fluviales y áreas urbanas.
Las Gravadas, que son tierras supuestamente estatales en áreas con tenencia de la tierra no resuelta. Muchas, quizás la mayoría, están ocupadas por un poseedor cuyo título aún no ha sido validado e inscrito en algún catastro nacional. Estas se identificaron restando el área total de las propiedades registradas en catastros del área total dentro de los polígonos definidos como ‘Paisajes Modificados por el Humano’.
Las no designadas, que reúne a todas las demás tierras fiscales luego de restar las categorías anteriores del área total de cada jurisdicción definida por criterios administrativos (Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela) o por la línea aproximada de árboles en la vertiente oriental de los Andes (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú).
Este recuento a gran escala muestra que aún quedan importantes áreas de tierras fiscales que esperan ser asignadas como áreas protegidas, reservas indígenas o abiertas a algún tipo de desarrollo sostenible. También destaca la dimensión de los desafíos a resolver en zonas fronterizas, puesto que la tenencia de la tierra insegura e incierta está directamente relacionada con la crisis de deforestación. La capacidad de los acaparadores y colonos para apropiarse de tierras fiscales es posible gracias al carácter incompleto de los registros de tierras. La frontera forestal sólo se cerrará cuando todas las propiedades legales gocen de títulos totalmente certificados y todas las tierras fiscales estén claramente delimitadas y se les asigne una categoría de manejo.
Imagen destacada: La Amazonía boliviana ha sido afectada por la minería ilegal y la incursión petrolera. Crédito: Iván Paredes.
“Una tormenta perfecta en la Amazonía” es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
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