- El año 2025 pondrá a prueba a las autoridades del sector ambiental que llegaron de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum. Si bien son reconocidas por organizaciones no gubernamentales, tendrán en su contra un presupuesto limitado.
- Uno de los grandes desafíos será frenar el deterioro ambiental que ha sufrido el país.
- Las autoridades del sector deberán restablecer la institucionalidad, combatir la impunidad y evitar que megaproyectos, como el Tren Maya, impulsen aún más la deforestación en la Península de Yucatán.
- Que México comience a implementar el Acuerdo de Escazú es una de las grandes expectativas. En especial, porque la persona que está al frente del sector ambiental impulsó este tratado.
La austeridad que marcó al sector ambiental de México en los últimos seis años seguirá causando estragos durante 2025. Este año, todas las dependencias ambientales deberán ajustarse a presupuestos raquíticos y eso pondrá a prueba la capacidad de las autoridades que llegaron de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo sexenio comenzó en octubre de 2024. En los meses que vienen se mirará si experiencia y conocimiento técnico son suficientes para sortear la carencia de recursos públicos.
Después de seis años de un gobierno que desdeñó el cuidado de los bienes naturales, la posibilidad de que eso cambiaría se avivó con la llegada de Sheinbaum a la Presidencia. Y es que México tiene, por primera vez, una presidenta con formación científica y conocimiento en áreas ambientales: es física y doctora en ingeniería energética; fue secretaría de Medio Ambiente en la Ciudad de México; y formó parte del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).
Entre integrantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), la confianza en que los temas ambientales serían prioridad aumentó al conocer los nombres de secretarios de Estado y otros funcionarios. Entre ellos, Alicia Bárcena, designada al frente de la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Bárcena es bióloga egresada de la UNAM y maestra en administración por la Universidad de Harvard. Fue la primera subsecretaria de Ecología en México (1982), directora del Instituto Nacional de la Pesca (1988), coordinadora del Programa de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe y secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre 2008 y 2022. Desde ahí impulsó el nacimiento del Acuerdo de Escazú, tratado que obliga a los Estados de la región a proteger a las personas defensoras del ambiente, además de garantizar el acceso a la información pública, la participación ciudadana y la justicia ambiental. En todos esos temas, México tiene grandes deudas.
La aprobación del presupuesto de 2025 sacudió las expectativas de que el cuidado de los bienes naturales tendría un lugar preferente en el sexenio de Sheinbaum. Por lo menos eso no sucederá este año. El sector de medio ambiente tendrá recursos públicos mínimos: 39.4 % menos de los que recibió en 2024.
Esto significa que el gobierno mexicano invertirá sólo el 0.1 % de su Producto Interno Bruto (PIB) en la protección del ambiente, de acuerdo con el documento “Cuidar lo que importa: el presupuesto para el cuidado del ambiente y las áreas naturales protegidas”, realizado por las cinco organizaciones que integran la coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA).
“El medio ambiente y los recursos naturales deben ser vistos como temas de seguridad nacional y eso no lo vemos reflejado en el presupuesto”, menciona Gustavo Alanís, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Alanís reconoce que a diferencia de lo que ocurrió durante los seis años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las actuales autoridades ambientales ya comenzaron a tener un acercamiento con las ONGs. Y hay un cambio en el discurso sobre la importancia de cuidar los bienes naturales, pero “no puedes hacer ese trabajo si no tienes el dinero, el personal suficiente y los recursos materiales que se requieren”.
Ese será uno de los mayores desafíos que tendrá México el próximo año: que los pocos recursos públicos que tendrá el sector ambiental permitan frenar y revertir el deterioro ambiental. Especialistas consultados por Mongabay Latam también coinciden en que es urgente tener un fortalecimiento institucional. Y eso, sin un presupuesto adecuado, se mira como una misión más que complicada.
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Reconciliarse con el medio ambiente
En octubre de 2024, el sexenio de Sheinbaum se inauguró con la presentación de sus cien compromisos de gobierno. De ellos, tan solo diez se enfocan en temas ambientales. Por ejemplo, se plantea impulsar las energías renovables, sanear los tres ríos más contaminados, atender la contaminación atmosférica de las tres metrópolis, construir diez plantas recicladoras de basura, reordenar las concesiones de agua y reforestar bosques.
Desde que se anunció que estaría al frente de la Semarnat, Alicia Bárcena hizo énfasis en que “tenemos que aprender a reconciliarnos con el medio ambiente… Ir a un modelo de país que tenga más cautela con los bienes públicos… El desarrollo, el crecimiento, el empleo, el bienestar del pueblo sólo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales”.
El pasado 13 de diciembre, Bárcena también enumeró otras de sus metas: la remediación del río Sonora-Bacanuchi; poner en marcha un Programa Nacional de Restauración Ambiental, que contemple a los manglares como ecosistemas críticos para mitigar el cambio climático, y proteger las costas. Además, anunció que existirá un programa de reforestación y conservación de bosques y selvas.
En ese mensaje, Bárcena señaló que ante los recortes presupuestales se propiciará una mayor coordinación de todas las dependencias del sector ambiental y con otras secretarías. Y planteó cuál será su estrategia para complementar el presupuesto: se buscarán recursos de la cooperación internacional.
Sobre esa estrategia, Alanís señala que no está mal, pero “que te quiten casi el 40 % de tu presupuesto es algo muy considerable. El hueco es muy grande. Y por más recursos internacionales que logren bajar, va a ser difícil cubrir ese faltante”.
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Áreas naturales que sí sean protegidas
México llega a 2025 con 232 Áreas Naturales Protegidas (ANPs). Al menos, 20 fueron decretadas en 2024. Este número no se tomó en cuenta para incrementar los recursos públicos destinados a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Todo lo contrario. Para los próximos 12 meses, la dependencia contará con el menor presupuesto de los últimos 18 años.
En 2025, la Conanp tendrá 1001 millones de pesos (poco más de 49 millones de dólares), 2.4 % menos de lo que tuvo en 2024. Con esos recursos, a cada una de las poco más de 98 millones de hectáreas con alguna categoría de protección solo le tocará 10.2 pesos (51 centavos de dólar), de acuerdo con el estudio “Cuidar lo que importa: el presupuesto para el cuidado del ambiente y las áreas naturales protegidas”.
Será en la protección de las ANPs en donde los recursos internacionales se usarán como un salvavidas. Para 2025 comenzará el proyecto Mex30x30 que contará con donativos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).
“Bienvenidos los fondos internacionales, pero eso no exime la obligación del Estado mexicano de garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Y eso implica la progresividad de los recursos que se le asignan a ese tema para cumplir con ese derecho”, señala Gina Chacón, directora de política pública de Wildlands Network México, organización que forma parte de NOSSA.
La especialista recuerda que uno de los grandes desafíos para la Conanp será avanzar en la creación de los programas de manejo de, al menos, 106 ANPs que no cuentan con este documento esencial para delinear las estrategias de conservación.
En la construcción de los programas, destaca, será necesario contemplar la participación de las comunidades que viven dentro de las ANPs, “solo así se podrá tener una mejor gobernanza de esos sitios”.
Recuperar la gobernanza en territorios forestales
Poco más del 70 % del territorio nacional alberga algún ecosistema forestal. Eso no ha sido un motivo suficiente para colocar el cuidado de los bosques en el centro de la política ambiental. Hoy la tala ilegal “se ha convertido en un problema creciente y generalizado”, como señalan los autores del capítulo dedicado a las regiones forestales incluído en la Agenda Socioambiental 2024.
Revertir esa tendencia será una de las tareas que tendrán las nuevas autoridades de la Semarnat, de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
A finales de 2024 se dieron algunas señales de que hay intenciones de atacar la impunidad en temas ambientales.
Los días 10 y 11 de diciembre, la Profepa coordinó un operativo simultáneo en 14 estados del país en “zonas críticas forestales”. Como resultado se clausuraron 20 predios, de los 21 que fueron inspeccionados, y en donde se detectaron cambios de uso de suelo ilegal para extraer material pétreo, realizar actividades agropecuarias, construir desarrollos urbanos, abrir caminos, vender terrenos, entre otras actividades.
Este fue el tercer operativo realizado desde octubre de 2024. Los dos anteriores se concentraron en inspeccionar aserraderos en 13 estados y transporte de materiales forestales en 16 entidades.
Sin embargo, mientras se realizaban esos operativos, la Cámara de Diputados aprobó que para 2025 la Profepa recibiera 10.1 % menos de recursos en comparación con 2024. La Conafor también tendrá un recorte a su presupuesto: 6.6 % menos, de acuerdo con ¿A dónde se va el presupuesto?, herramienta desarrollada por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y que permite comparar el presupuesto federal.
“Sin el presupuesto necesario será aún más difícil avanzar en uno de los desafíos que tiene México en el tema ambiental: el fortalecimiento de las instituciones del sector”, insiste Alanís.
Iván Zúñiga, gerente de Paisajes Forestales del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), añade: “Va a ser muy difícil retomar una agenda forestal sin recursos suficientes”, pese a que en el actual gobierno hay personas con mucha experiencia y capacidad en el sector forestal, “pero la pregunta es si van a tener un respaldo político suficiente”.
La respuesta a esa pregunta se tendrá en los próximos meses, cuando se publique el Plan Nacional Forestal. Zúñiga también destaca que será necesario implementar una estrategia de recuperación de la gobernanza en zonas forestales, donde las comunidades están padeciendo delitos como la extorsión.
Para varios especialistas, uno de los riesgos que existe es que en el sexenio de Sheinbaum la agenda forestal se siga sustituyendo por Sembrando Vida, un programa de seguridad alimentaria y combate a la pobreza que no atiende plagas y enfermedades forestales, no reduce los incendios forestales ni restaura bosques y selvas.
“Sembrando Vida es un programa que contribuye a resolver muchos problemas en el campo, pero no resuelve la agenda ambiental”, resalta Zúñiga.
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Frenar el deterioro ambiental en la Península de Yucatán
A principios de octubre de 2024, poco más de 20 comunidades y más de 30 colectivos decidieron declarar como “zona de emergencia ambiental” a la Península de Yucatán, territorio en donde se encuentra buena parte de la Selva Maya. Este ecosistema es considerado, después de la Amazonía, como el segundo bosque tropical más extenso del continente americano.
Jorge Fernández Mendiburu, director del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, explica que la declaratoria se origina ante los daños provocados por la expansión de los desarrollos inmobiliarios, la agroindustria, las granjas porcícolas y la construcción del Tren Maya.
Los daños ambientales, explica, se reflejan en el aumento de la deforestación en este territorio. Tan solo entre 2019 y 2023, al menos 285 580 hectáreas dejaron de ser terrenos forestales en la región, de acuerdo con datos del Sistema de Información de Cambios de la Cobertura Forestal en la Península de Yucatán, plataforma creada por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), bajo la dirección del doctor Edward Ellis.
Además, la tasa anual de pérdida de cobertura forestal en la Península de Yucatán es de 0.4 %, “la más alta en las últimas décadas y contrasta con la pérdida nacional de 0.1%”, destaca el informe que acompaña a la plataforma.
Las comunidades que impulsaron la declaratoria simbólica de la Península de Yucatán como “zona de emergencia ambiental” exigen que se detenga la expansión de la agroindustria, se prohíba la comercialización de varios agroquímicos, se revoquen permisos de operaciones de granjas porcícolas y avícolas, que no se otorguen más autorizaciones para megaproyectos y que se establezca un programa de reforestación y restauración, en cuyo diseño participen científicos y comunidades.
Además, solicitan la cancelación de los Polos de Desarrollo asociados al Tren Maya. “El Tren Maya es solo la primera fase de un megaproyecto aún más grande que incluye la construcción de polos de desarrollo, que ahora llaman ‘ciudades sustentables’. Esa es la fase que puede ser más peligrosa en términos socioambientales, por lo que hacemos un llamado para revaluar esta fase del proyecto y de toda la infraestructura que va a estar alrededor del Tren Maya”, explica Fernández.
Hasta finales de diciembre, no había una respuesta oficial a la solicitud de comunidades y organizaciones. “Más allá de la respuesta de la administración, las comunidades se están organizando para construir alternativas desde sus autonomías”, comenta Fernández.
En ese sentido, Gustavo Alanís destaca que México no tiene pretexto para demorar la implementación del Acuerdo de Escazú. “La promotora del tratado ahora está al frente de la Semarnat”. En especial, se tendrá que asegurar que el artículo 9, que habla de los defensores ambientales, se lleve a la práctica de manera adecuada.
“Eso implica que los defensores puedan hacer su trabajo en contextos seguros y libres de amenazas e intimidaciones. También implica que los Estados tienen que investigar y sancionar las agresiones, situación que ahora no se da en México. En el país hay una impunidad brutal”, remarca Alanís.
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Recuperar las poblaciones pesqueras
En 2025, el sector ambiental no fue el único golpeado con los recortes al presupuesto. Para este año, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) tendrá casi 12.9 % menos de recursos si se compara con 2024. Esto hará difícil avanzar en acciones urgentes como el combate a la pesca ilegal y recuperación de poblaciones pesqueras.
“Uno de los grandes retos es recuperar a las poblaciones pesqueras que han sufrido los efectos de los cambios en el clima, la sobreexplotación y el deterioro de los ecosistemas”, señala Esteban García-Peña Valenzuela, coordinador de políticas públicas de la oficina en México de Oceana.
El desafío es mayor. El especialista comenta que unas 300 especies de importancia comercial ya sufren las consecuencias de la pesca ilegal y la sobreexplotación.
A principios de diciembre, Oceana presentó un decálogo para transformar al sector pesquero hacia un modelo social y ambientalmente justo. Las acciones que se proponen son combatir la pesca ilegal, recuperar pesquerías en deterioro, implementar el ordenamiento pesquero, fortalecer la investigación pesquera, activar los Consejos Nacional y Estatales de Pesca y Acuacultura, robustecer los refugios pesqueros, integrar la pesca en la seguridad alimentaria y elaborar el reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. La publicación de este documento se ha postergado durante 17 años.
Una de las necesidades que plantea es aprobar el proyecto de la Norma Oficial Mexicana de Trazabilidad para Pescados y Mariscos que garantice el rastreo de productos pesqueros del barco al plato.
La disminución de las poblaciones pesqueras es sólo uno de los síntomas que muestran la situación de los mares mexicanos. Otro es el blanqueamiento de corales que comenzó a registrar el Corredor Arrecifal del Sureste de México desde 2023. De este ecosistema dependen 16 000 familias de pescadores, destaca Loni Hensler, integrante de TerraVida, organización que acompaña a comunidades de la costa de Veracruz.
Hensler destaca que los científicos preveían que el blanqueamiento de los corales del corredor se presentaría dentro de 30 años, pero “el fenómeno se está acelerando y en forma grave”.
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Atender a comunidades afectadas por erosión costera
En noviembre de 2024, las familias de pescadores que vivían en El Bosque se convirtieron en los primeros desplazados climáticos de México en ser reubicados. En 2019 se aceleró la erosión costera que ha ido borrando del mapa a esta comunidad de Tabasco. Sus habitantes miraron cómo en tan sólo cinco años, al menos 70 viviendas fueron derribadas por la fuerza del oleaje.
El caso de El Bosque evidenció que hay información científica que alerta sobre la vulnerabilidad de las comunidades ante fenómenos como la erosión costera y el cambio climático, pero “no se está dando esa información a las comunidades ni trabajando con ellas para que puedan enfrentar y adaptarse a las nuevas situaciones. Tampoco hay protocolos de atención”, destaca Hensler.
Científicos como la doctora Lilia Gama han documentado que en Tabasco hay al menos 76 localidades que podrían quedar bajo el agua. Otros investigadores también han alertado sobre los efectos de la erosión costera en Yucatán. En una respuesta a una solicitud de información, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) señaló que lo mismo sucede en lugares de Oaxaca y Sonora. Y organizaciones como TerraVida han documentado casos en Veracruz.
Si bien el cambio climático provoca un incremento en el nivel del mar, no es el único culpable de la erosión costera. Este fenómeno tiene entre sus causas el mal manejo costero.
“Se requiere un plan costero integral que tenga en cuenta la complejidad de los ecosistemas”, menciona Hensler. Y, sobre todo, es necesario que ese plan escuche a los científicos que han alertado sobre la urgencia de proteger y restaurar dunas y manglares. También hay quienes plantean la necesidad de quitar o modificar algunas obras (desde hoteles o puertos) que se construyeron en las costas y que han ocasionado un aumento en la erosión costera.
En ese plan también se tendría que considerar a poblaciones que, como El Bosque, deberán ser reubicadas.
La urgencia de atender la erosión costera y adaptarse al cambio climático tampoco se refleja en el presupuesto. Para 2025, se aprobaron 15 % menos recursos que en 2024 para el anexo dedicado a mitigación y adaptación al cambio climático. Aunado a ello, algunas de las acciones etiquetadas en este presupuesto están alejadas de lo que debería ser su objetivo. Por ejemplo, parte de esos recursos se destinarán al transporte de gas natural y al Tren Maya.
Tener una Ley General de Agua
Cuando comenzó el sexenio de López Obrador, en diciembre de 2018, diversos colectivos esperaban que, por fin, se lograra la aprobación de una nueva Ley General de Agua que, entre otras cosas, garantizara los derechos al agua y al saneamiento, cerrara las puertas al mercado negro de concesiones y reconociera a los sistemas comunitarios de agua. Nada de eso sucedió.
Y por ello, para este 2025, uno de los desafíos postergados sigue siendo el tener una Ley General de Aguas que permita “sentar las bases para el acceso equitativo y sustentable con participación comunitaria y ciudadana”, señalan los especialistas que participaron en el capítulo sobre agua en la Agenda Socioambiental 2024.
Nathalie Seguin, coordinadora de la Red Mexicana de Acción por el Agua, enumera que la nueva ley deberá contemplar una revisión de las concesiones, la forma en que se han dado y los periodos en que se otorgan, así como incluir sanciones que lleven a la cancelación de concesiones cuando no se cumpla con la regulación. Eso permitiría evitar casos como el de Grupo México que “sigue gozando de agua, pese a que generó una de las mayores catástrofes de contaminación en el Río Sonora”.
Para Seguin, la nueva ley también debe tener un capítulo sobre sistemas comunitarios de agua, que permita mecanismos de apoyo financiero para su fortalecimiento.
En México, hablar de los sistemas comunitarios del agua no es asunto menor. Seguin explica que alrededor de 80 000 organizaciones comunitarias proveen servicios de agua, por lo menos, a 25 millones de personas.
Mónica Olvera, directora de Estrategias de la organización Cántaro Azul, explica que, antes de terminar su mandato, López Obrador envió una reforma constitucional que reconocía la gestión comunitaria del agua y señalaba que los municipios estaban obligados a reconocerla y fortalecerla. Sin embargo, durante la sesión parlamentaria en donde se discutió la iniciativa, se presentó una reserva que, “sin considerar a las organizaciones comunitarias del agua, distorsiona el reconocimiento jurídico”.
La reforma constitucional que se aprobó en lo general señala que será el municipio el que vigilará y autorizará el manejo comunitario del agua. Aún falta que esa reforma se apruebe en lo particular. Las organizaciones esperan que antes de que eso suceda se pueda corregir la redacción original para que los sistemas comunitarios puedan ser realmente reconocidos.
Organizaciones de 16 estados del país solicitaron una audiencia con la presidenta de la República. Quieren que Sheinbaum escuche por qué es necesario que se reconozca en la Constitución la gestión comunitaria del agua.
Por lo pronto, una de las primeras acciones del gobierno de Sheinbaum fue concretar con distritos de riego y usuarios industriales un Acuerdo por el Derecho al Agua y Sustentabilidad que, de acuerdo con lo difundido, busca “dejar atrás la visión mercantilista del agua para reconocerla como derecho y bien estratégico”.
En 2025 se mirará si ese Acuerdo no lleva a que una vez más se postergue el tener una Ley General de Agua.
Imagen principal: Puerto de Acapulco sufrió los efectos del huracán Otis, considerado como uno de los más devastadores de los últimos años. Foto: Óscar Guerrero / Amapola Periodismo.
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