- Los gobiernos se están acercando al sector privado para que ayude a pagar por el manejo de áreas protegidas en las llamadas "asociaciones públicas-privadas" (PPP).
- Los que las apoyan dicen que las PPP no sólo dan fondos necesarios para las áreas protegidas, sino que pueden mejorar su manejo y conservación.
- Sin embargo, sus críticos dicen que las PPP pueden dar mucho control a los intereses privados y arriesgar tareas sensibles como la seguridad y los esfuerzos anticaza furtiva.
El manejo de los parques nacionales y las áreas de conservación es costoso. El pago de salarios, el mantenimiento de edificios, el manejo de los suelos, y la conservación de especies: ninguna de estas cosas resulta barata.
Tradicionalmente los gobiernos han tenido que pagar por todo por sí mismos, pero cuando las economías sufren y desaparecen los fondos públicos, las áreas protegidas a menudo sufren por ello. Tanto los gobiernos ricos como los pobres están cada vez más interesados en acercarse al sector privado para ayudar a llenar este crónico vacío de fondos. Sin embargo, algunos críticos argumentan que esto también tiene un precio.
El gasto actual en conservación y manejo de áreas protegidas es mucho menor de lo que los expertos piensan que es necesario, particularmente en países en desarrollo. Por el momento, alrededor de un 14 por ciento de los territorios está designado como alguna clase de área protegida, y para el 2020, esta cifra podría crecer hasta el 17 por ciento, como se decidió en la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica del 2014.
“Sin embargo, aun con el 14 por ciento bajo protección, muchas de las áreas no son manejadas y reciben muy pocos fondos, así que están siendo degradadas”, dijo Tom Dillon, el vicepresidente de bosques y aguas dulces del Fondo Mundial para la Vida Silvestre (World Wide Fund for Nature or WWF). Dillon ha estado muy involucrado con un proyecto de WWF para establecer un acuerdo entre una coalición de organizaciones privadas y el gobierno brasileño para proteger grandes extensiones de la Amazonía.
“A veces, las áreas protegidas están perdiendo su estátus oficial por no tener esta clase de recursos”, le dijo Dillon a Mongabay. “También están teniendo que enfrentarse a intereses mineros ─la minería del oro, en particular─ o a la agricultura industrial o local, entre otras cosas”.
Por todo ello, el manejo de los parques está viendo cada vez más presión para formar conexiones con el sector privado. Las generalmente llamadas asociaciones públicas-privadas (PPP) funcionan bajo la simple idea de que se usen fondos privados para los parques nacionales y otras áreas protegidas. Algunos acuerdos hasta llegan a comercializar estas áreas para pagar por los servicios vitales necesarios para proteger la biodiversidad que se encuentra dentro de ellos.
Aquella biodiversidad tampoco es insignificante. “El manejo de estas áreas es un tema bastante urgente… Porque la mayoría de la biodiversidad más importante en el mundo se encuentra dentro de estas ─incluyendo en los territorios─ con alrededor de un 80 por ciento de las especies terrestres”, dijo Dillon.
No obstante, al mencionar la privatización de los parques y las áreas protegidas, resulta típico escuchar una reacción visceral. Muchas personas se sienten muy apasionadas por los parques y temen que las ganancias lleguen antes que la conservación. ¿Acaso este es realmente un problema, o existe una manera de que las PPP sean equilibradas para que todo el mundo, y especialmente el medioambiente, puedan ver los beneficios?
El financiamiento y la experiencia
Las asociaciones públicas-privadas vienen de muchas formas diferentes, dependiendo de cuanto manejo y control se le entregue al sector privado. Del lado de “más gobierno, menos negocio” de la escala se encuentran organizaciones como SANParks, la agencia de parques de Suráfrica, la cual maneja parques pero alquila cabañas y restaurantes dentro de los parques a compañías privadas.
Del otro lado de la escala están organizaciones como la ONG con sede en Suráfrica, African Parks, la cual toma el control de parques enteros en varios países africanos y los maneja de arriba a abajo.
Quienes apoyan a las PPP insisten que el sector privado puede ofrecer los fondos necesarios para pagar por el manejo efectivo de los parques. También argumentan que pueden proveer la experiencia que a menudo falta en las agencias gubernamentales. En el caso de las operaciones, por ejemplo, los que apoyan a las PPP dicen que los gobiernos pueden ser muy ineficientes. Así lo explica Warren Meyer, presidente del Manejo de los Recursos de Recreación (Recreation Resource Management o RRM), una compañía privada de Arizona que trabaja conjuntamente con el Servicio de Bosques de los Estados Unidos (U.S. Forest Service) y otras agencias públicas para manejar muchos parques públicos por todo el país.
De acuerdo a Meyer, un defensor de las PPP en los Estados Unidos, muchas personas se unen al Servicio de Bosques para trabajar en temas de medio ambiente y de especies salvajes, no para limpiar baños y vender entradas. Por ello, explica Meyer, a menudo estos trabajadores están insatisfechos con la labor de mantenimiento que les toca hacer. Además, Meyer le dijo a Mongabay que se ha dado cuenta de que los empleados civiles pueden ser menos flexibles que los empleados que no trabajan para el gobierno, rehusándo trabajar los fines de semana o trabajar por temporadas. Esto hace que muchos empleados del gobierno no sean buenos para el lado de operación del manejo de parques, y además, resultan más caros.
Meyer dijo que RRM puede dirigir parques a un costo de más o menos la mitad de lo que le cuesta al gobierno. “Tenemos suficientes ejemplos de parques que son idénticos ─uno que operamos nosotros y el otro operado por el gobierno─ para darnos cuenta con mucha seguridad de que manejamos los parques a un menor costo y por la misma calidad”, dijo Meyer. RRM luego le entrega una porción de sus ganancias a las agencias del gobierno.
Algunos defensores de las PPP pueden llegar a cumplir las metas de conservación que resultan tan evasivas bajo el manejo gubernamental. Por ejemplo, el año pasado se vieron leones en Ruanda luego de una ausencia de 15 años, cuando fueron introducidos nuevamente en el Parque Nacional Akagera.
“Eso no hubiera sucedido sin nosotros”, dijo Peter Fearnhead, CEO de African Parks, la cual maneja Akagera.
“Cuando hablamos de cosas como la reintroducción de especies que se habían extinguido a nivel local, sabemos que se extinguieron por falta de manejo y de dinero”, dijo Fearnhead. “Por ello, y para traerlas nuevamente, y asegurarse de que no se extingan a nivel local una vez más, debemos asegurarnos de tener la experiencia de manejo adecuada y un conocimiento de sistemas, así como los fondos para hacerlo ─y eso es lo que ofrece African Parks”.
Sin embargo, para el gobierno, este servicio tiene un costo elevado. Cuando African Parks (AP) se encarga de un parque, la ONG requiere de un mandato oficial para manejarlo, incluyendo todas las ganancias. En vez de darle una porción al gobierno, como lo hace RRM, AP pone el dinero de vuelta en el parque. Fearnhead enfatiza, sin embargo, que los gobiernos aún se benefician hasta cierto punto, gracias a los impuestos a salarios, a los impuestos de importación por los equipos, los costos por el uso de combustibles y otros gastos parecidos.
Fearnhead dice que la reinversión de las ganancias en los parques es necesaria para que el parque pueda volverse sostenible. Para empezar, la razón por la cual estas áreas se encuentran amenazadas es porque tienen valor ─así sea de 60.000 dólares por un kilogramo de cuerno de rinoceronte, o 2000 dólares por un kilogramo de marfil. Al monetizar el ecosistema a través del ecoturismo en vez de la venta ilegal de productos de especies salvajes, AP argumenta que se pueden compartir estas ganancias con la comunidad local a través de los trabajos mientras al mismo tiempo se protege el medio ambiente. A pesar de ello, AP actualmente no es un negocio sostenible. El año pasado la compañía perdió un medio millón de dólares.
El diablo se encuentra en los detalles
Cuando una organización gana el control absoluto del manejo de un parque, ¿qué es exactamente lo que los limita en hacer lo que quieran? Mientras que las agencias gubernamentales ceden algunas ─o todas─ las responsabilidades a estos grupos privados, en la mayoría de los casos, aún mantienen la autoridad en términos generales.
Sin embargo, esto no siempre sucede, especialmente en naciones donde los gobiernos son débiles. Por ejemplo, en una de las reservas mejor cuidadas de Colombia, el Parque Nacional Natural Tayrona, no sólo el 90 por ciento del territorio se encuentra en manos de individuos privados de dudosa legalidad, sino que la compañía que opera las concesiones turísticas ha sido acusada de apoderarse de tierras y de proyectos controversiales de desarrollo dentro del parque. Los países que se unen a una PPP necesitan de “gobernabilidad muy transparente, de leyes claras sobre estas asociaciones” dijo Arturo Mora, el oficial superior de programas para Suramérica del IUCN.
“En la legislación peruana, por ejemplo, esto es posible, pero en otros países como Ecuador, esta legislación resultaría más complicada”, dijo Mora, quien ayudó a definir el rol del sector privado en dos proyectos suramericanos: el Fondo Agua Somos en Colombia y el Parque Nacional Cordillera Azul en Perú.
Es crítico determinar el control que debe tener el sector privado sobre un área protegida, como lo observó Mora al principio del proceso de la PPP en el Parque Nacional Cordillera Azul en Perú.
“En cierto momento, el gobierno sintió que perdía el control del área protegida”, explicó, “en particular, tenía miedo de perder el control de los guardaparques y de la seguridad”. Eventualmente, el gobierno y el sector privado tuvieron que crear reglas más explícitas sobre cuáles serían sus roles exactos.
Sin embargo, los gobiernos que firman contratos de PPP también deben rendir cuentas.
Junto a WWF, Dillon ayudó a que se diera una de las PPP más grandes hasta ahora, el Programa de Áreas Protegidas de la Región Amazónica (ARPA). Dillon dijo que WWF logró unir a compañías privadas, a individuos filantrópicos, y al gobierno de Brasil para crear un fondo de mil millones de dólares para preservar más de 100 áreas en la cuenca del Amazonas.
El sector privado contribuye capital para el fondo, pero el dinero se entrega sólo si el gobierno cumple con su parte del contrato, compensando con fondos públicos y con manejo. WWF actúa del lado del sector privado al firmar el contrato con el gobierno, mientras que ofrece consejos sobre qué áreas se deben proteger y cómo se pueden manejar las nuevas reservas.
“Tuvimos que diseñar reglas muy claras sobre cómo se usarían los fondos”, dijo Dillon, “así que hay muchos criterios que el gobierno debe seguir, y los cuales debe mejorar al pasar del tiempo. Si eso no sucede, se acaban los fondos, al menos hasta que se vean mejoras otra vez”.
El gobierno también firmó un acuerdo para que se incrementen los montos públicos cada año en los próximos 25 años. Desde el 2003, el ARPA ha protegido 128 millones de hectáreas, acercándose a la meta de proteger 150 millones de hectáreas en la Amazonía.
La realidad es que muchos gobiernos simplemente no tienen el dinero para hacerlo solos, lo que significa que las reservas necesitan fondos privados para poder ser conservadas. Sólo se sabrá con el paso del tiempo si las PPP realmente podrán cuidar la biodiversidad tan importante que se encuentra dentro de los parques del mundo ─lo que podría tomar años, o hasta décadas, para entender cómo funcionan.
Por su parte, Mora de IUCN cree que mientras las PPP pueden traer beneficios, tampoco son la única solución al problema. “No existe una sola forma de hacer esto. Hay muchas, muchas opciones para colaborar y proteger estas áreas”, dijo.
Citaciones
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Hatchwell, M. (2014). Public–private partnerships as a management option for protected areas. Animal Conservation 17: 3-4.
Créditos
