- El consorcio Norte Energia —grupo de empresas que construyó la presa de Belo Monte— firmó un acuerdo con el gobierno brasileño en 2011 para pagar mil millones de dólares a los residentes de Altamira, incluida la población indígena, en compensación por los impactos de la presa. Pero los pescadores tradicionales se quejan de que no han sido compensados adecuadamente.
- Los pescadores tradicionales dicen que la presa del Amazonas impactó negativamente en la calidad del agua y de los peces que desovan en el río Xingú y ha reducido dramáticamente la zona en la que podían pescar. Belo Monte también les privó de los mercados donde vendían su pesca —las comunidades arrasadas por la presa—.
- La construcción de Belo Monte también les forzó a mudarse de los pueblos rurales a una comunidad urbana de reasentamiento en la ciudad de Altamira con pocos servicios. Los pescadores tampoco pueden ya vivir en el río y, por lo tanto, deben desplazarse al cauce del río para seguir su pesca de subsistencia.
- Las protestas de los pescadores resultaron en la creación de una nueva condición para la licencia de explotación de Belo Monte a finales de 2015. Norte Energia ha sido obligado a empezar un proyecto de asistencia técnica centrado en mejorar las condiciones de pesca en el río Xingú. IBAMA, la agencia de medio ambiente de Brasil, también está estudiando la pérdida de ingresos, junto con la pérdida de identidad y prácticas tradicionales para redactar un plan de compensación.
“Pesco algo. He vivido de la pesca desde que tengo uso de razón. He estado pescando toda mi vida”, dice Aureo da Silva Gomes. Tiene 33 años, bajo de estatura y serio, y su garaje parece como una cancha de voleibol surrealista, por todas las redes de pesca están colgadas de un lado a otro para ser reparadas.
Ahora vive en la Comunidad Urbana de Reasentamiento de Jatobá en la ciudad de Altamira, Brasil, cerca de la cuarta presa hidroeléctrica más grande del mundo, conocida como Belo Monte.
“La situación pesquera empeoró debido a esta presa, tanto en términos de la pesca como de venta”, dice. “La ciudad se desmoronó después de que [la empresa constructora] se fuese. Traemos pesca, pero los precios están mal y no hay a quien vender. La situación es realmente difícil”.
Aquí, la historia de Da Silva es habitual. Hay cinco reasentamientos urbanos para gente como él, que fueron desplazados de sus hogares y sus medios de subsistencia a lo largo del río Xingú por la presa cuando entró en funcionamiento a principios de año.
En un acuerdo vinculante en 2011 con el gobierno federal brasileño, el consorcio Norte Energia —grupo de empresas que construyó la presa—, acordó pagar mil millones de dólares a los residentes de Altamira en compensación por los impactos de Belo Monte, pero hasta la fecha se ha pagado poco, dice el Instituto SocioAmbiental (ISA) ONG que actúa como grupo de control. Y parece que, sobre todo, los pescadores tradicionales como da Silva Gomes han quedado al margen de la compensación, aunque Norte Energia afirma estar cumpliendo sus compromisos.
No es sorprendente que la situación de la compensación sea complicada. El Estudio de Impacto Ambiental (RIMA) de Norte Energia estimaba que 16 420 personas en la ciudad del Altamira se verían afectados por la presa, además de otros 2822 de las zonas rurales. Sin embargo, el Movimiento de Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués), pone la cifra, aproximadamente, en el doble: 40 000. La ciudad de Altamira admite que no tiene en cuenta a los residentes de las comunidades de reasentamientos. Pero dice que hay 4277 casas nuevas, mientras que el departamento de planificación de la ciudad calcula cinco personas por vivienda, lo que podría situar la cifra de personas reasentadas en 21 385.
Los pescadores tradicionales se enfrentan a tiempos duros
El impacto de la presa de Belo Monte sobre la población indígena que vive a lo largo del río Xingú fue una de las razones por las que recibió la atención internacional —y críticas—. Pero el área impactada por la presa también era el hogar de pueblos tradicionales que normalmente vivían en tierras comunitarias y se apoyaban entre ellos con agricultura, pesca y caza a pequeña escala. Los investigadores han descubierto que tales prácticas sostenibles tienden a garantizar que las selvas del Amazonas sean preservadas mejor en comparación con áreas donde la coexistencia humana está excluida.
El Instituto SocioAmbiental informa que la población no indígena en la región data de, al menos, finales del siglo XIX, cuando el caucho se aprovechó allí por primera vez. Mientras algunos de aquellos que llevaban un estilo de vida tradicional migraron de otras partes de Brasil, otros, como da Silva, vienen de familias que prosperaron aquí durante generaciones.
Los pueblos tradicionales, como los grupos indígenas, están protegidos por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que requiere el consentimiento libre, previo e informado cuando proyectos como la presa de Belo Monte están programados para sus tierras. Sin embargo, los grupos tradicionales no están específicamente protegidos por la constitución brasileña de la forma en la que están las primeras naciones o Quilombolas, comunidades establecidas por esclavos.
“Antes de la llegada de la presa, durante el verano, la buena estación, era capaz de pescar 100 kilos [220 libras] de pescado en una semana. Ya no consigo coger esa cantidad”, se lamenta da Silva Gomes mientras se sienta en una banqueta en su cocina en Jatobá, la comunidad urbana de reasentamiento (RUC). Antes de la llegada de la presa, era el propietario de tres viviendas cerca del río Xingú, en Altamira, que alquilaba para complementar sus ingresos de la pesca, mientras el residía, principalmente, en una zona cerca del río llamada, Vasão dos Padres.
Sus propiedades urbanas alquiladas en Altamira también fueron arrasadas por la presa y da Silva fue desplazado de Vasão dos Padres a un barrio urbano laberíntico a unos cuatro kilómetros (2,5 millas) aproximadamente del río. Hay pocos servicios donde vive ahora: las calles no tienen carteles con sus nombres; no hay transporte público; y hay pocos, si es que hay, árboles.
“No solíamos pagar casi nada por envío, transporte, ir y venir [cuando vivíamos al lado del río]. Cuando fui transferido a esta zona, ¿qué pasó? Ahora gasto 100 reales a la semana para ir, traer mis [redes de pesca y otro material] al río y volver. Estos 100 reales, no los tenía como un gasto [antes]. Ahora estamos perdiendo nuestros barcos. Yo mismo perdí un barco valorado en unos 12 000 reales porque no tenía el dinero, 200 reales, para traerlo de un lado para otro [a la ciudad] cada semana. Así que lo deje en la ribera del río y lo robaron”.
Tampoco hay poco trabajo para él en la urbana Altamira. Da Silva Gomes dice que tiene algunas habilidades, que puede “trabajar las cifras”, pero “no tengo muchos estudios, [e] incluso si los tuviera, no conseguiría un trabajo. Tengo sobrinas y sobrinos que han acabado el colegio y no encuentran trabajo. Están fregando platos”.
Como resultado, tanto él como sus compañeros siguen comprometidos con la pesca, incluso cuando se enfrentan a graves desafíos. La construcción de Belo Monte destrozó los tejidos sociales; rompió lazos de parentesco, amistad y empresariales: “La presa llegó y se deshizo de la clientela en la zona donde vendíamos el pescado”, dice —comunidades que han sido durante mucho tiempo mercados de pescado fueron destruidos para dejar sitio al embalse—.
Al mismo tiempo, los impactos medioambientales de la presa redujeron la captura diaria. La calidad del agua se deterioró y arruinó las zonas de desove. La muerte de peces se ha vuelto cada vez más habitual. Más de dieciséis toneladas de peces murieron cuando la presa inicialmente empezó a operar, lo que conllevó una multa de 8 millones de reales al consorcio.
Así que los pescadores tradicionales siguen luchando —desarraigados de sus hogares y medios de vida, trasplantados de un entorno rural ribereño a la arenosa Altamira—.
Los pueblos tradicionales olvidados
Según la abogada del ISA, Carolina Reis, estos impactos fueron ignorados desde el principio del proyecto por el gobierno brasileño y por Norte Energia. “Los pescadores, que son un grupo tradicional, viven en esta [íntima] relación con el río, tienen una forma de vida cultural y económica que está unida al río, fueron invisibilizados durante el proceso de autorización de Belo Monte. Los impactos sobre los pescadores, sobre la pesca, cómo se reflejaría en la vida de las personas, esto no fue identificado, medido o cualificado antes de que las licencias fuesen emitidas para que se pudiera crear un programa de compensación para esas familias”.
Dice que el hecho de que IBAMA, la agencia medioambiental brasileña, dependa de informes de Norte Energia para monitorizar las condiciones de vida en la zona impactada de Belo Monte, complica las cosas.
Higor Pessoa, fiscal de la oficina que se centra en asuntos medioambientales, revela que el Ministerio Público Federal (MPF) en Altamira está pendiente de completar un estudio para finales de año para determinar la magnitud de los efectos sobre los pescadores tradicionales.
“El MPF ya ha recogido evidencias de la destrucción de las zonas de pesca que, tradicionalmente, eran usadas por pescadores antes de que construyesen la presa Belo Monte”, le dijo Pessoa a Mongabay. “Debido al proyecto, [esas partes del río] fueron suprimidas [en su flujo], o prohibidas [para su uso], o rellenadas. Y, hasta ahora, no han sido reparadas, devueltas a su estado previo”.
Tanto Pessoa como da Silva Gomes enfatizan que la cantidad y la variedad de peces en el río se ha visto reducida dramáticamente desde que empezó el proyecto de la presa. No solo eso, la parte del río en la que se les permitía pescar a los pescadores tradicionales ha sido restringida severamente, lo que provocó la congestión de la zona y la pesca excesiva, explica de Silva Gomes. “La zona que nos dieron, que la presa Belo Monte nos dio, es realmente pequeña. Río arriba hay zonas indígenas donde nadie puede pescar. Río abajo hay zonas indígenas y está la presa. Creo que tenemos entre 300 y 500 pescadores tradicionales [hacinados] en esta zona”.
El hacinamiento conduce al conflicto. “La gente de la región, a veces de Victoria de Xingú, acaba incluso robando los peces de las zonas indígenas”, declara da Silva Gomes. Ha habido casos de embarcaciones rotas, de pescadores arrestados porque, [ahora pescadores tradicionales] tienden a arriesgar entrar en las zona indígenas, donde no tienen permiso, pero van porque [ellos] necesitan pescar”. El ISA informa que los pescadores tradicionales de otras partes del río también entran en estos puntos de pesca locales, lo que crea otra capa de conflicto.
Reis le dijo a Mongabay que la resistencia de los pescadores tradicionales tuvo como consecuencia la creación de una nueva condición para la licencia de explotación de Belo Monte para finales de 2015. “IBAMA obligó a Norte Energia… a empezar un proyecto de asistencia técnica centrado en la pesca durante al menos tres años en toda la zona que sufrió alteraciones [por parte de la presa], ya sea como resultado de un [nuevo] embalse o la reducción del flujo del agua [en el principal cauce del río que fue, en gran medida, dejado de lado por la construcción de Belo Monte].”
Reis espera que se establezca un sistema de compensación que reconozca no solo la pérdida de ingresos de los pescadores tradicionales, pero también la pérdida de identidad y las prácticas tradicionales.
“El conocimiento tradicional de los pescadores del río Xingú está íntimamente unido al paisaje”, explica Reis. “Hay un riesgo de perder la transferencia de conocimiento de estos métodos de pesca tradicionales, de todo este valioso conocimiento inmaterial que siempre ha ido pasando de generación en generación —de abuelos a padres a hijos— porque los pescadores están, ahora, más lejos del río. Y los que están en el río encuentran un río que ha cambiado y [se están encontrando] muchas dificultades para pescar de la forma en la que lo hacían antes”.
Algunos, como Valda Josefalda Silva da Conceição, se niegan a renunciar a sus antiguos hogares. Vivía en una isla cerca del pueblo ribereño de Vasão dos Padres. “Nací y crecí a la orilla del río. Soy una pescadora”, explica. Silva da Conceição es de constitución fuerte con piel oscura, su camiseta está sucia de realizar las labores del hogar. Su hija pequeña se sube a su regazo durante la entrevista. Describe los orígenes humildes que ella y su marido compartieron en las orillas del río Xingú y habla de su conexión con el entorno local.
“Mi marido no sabe leer. Solo sabe pescar”, dice.
Toda la familia fue desplazada por Belo Monte —Silva da Conceição, su marido, su hija, su sobrina y el bebé de su sobrina—. Ahora viven en Jatobá, la misma comunidad de reasentamiento donde reside da Silva Gomes. Ahí ella cría gallinas y cultiva hierbas y unas pocas verduras en la estrecha franja de tierra entre su casa y la valla a su alrededor. Sus perros, aunque sean pequeños, ayudan a evitar que le roben las gallinas y otros objetos de valor. Aun así, Silva da Conceição no deja su hogar desatendido por miedo a los ladrones.
Norte Energia le ofreció 3200 reales (unos 1000 dólares) en compensación por su casa en la isla que ella dice la empresa quemó. Le dijo a Mongabay que la empresa también le ofreció un lugar para pescar, pero ella lo rechazó, a la espera de volver a su propiedad en la isla. Norte Energia no respondió a la petición de Mongabay de pronunciarse sobre el caso de Silva da Conceição.
Antonia Melo es una de las aliadas más importantes de Silva da Conceição. Melo dirige Xingú Vivo, una ONG con sede en Altamira que se centra en la gente y el entorno del río Xingú. Es una de las principales activistas de la presa de la zona y le ofrecieron seguridad personal debido a las amenazas que recibió cuando el conflicto de la construcción de la presa Belo Monte estaba en su punto álgido.
“Estamos [apoyando] a las familias ribereñas que sufrieron un atentado contra sus vidas por parte de Norte Energia y Belo Monte”, le contó Melo a Mongabay. “Les expulsaron de sus hogares y quemaron sus casas. Vinieron a la ciudad sin saber [a donde les llevaban], muchos sin compensación y están pasando hambre”.
Melo menciona a Silva da Conceição y su familia como un ejemplo de las muchas familias que intentan volver al río. El Ministerio Público Federal, la Oficina Defensora del Público e IBAMA están trabajando en esto con Xingú Vivo, dice Melo. “Hay un proceso para ayudar a la gente a volver a las islas a intentar reconstruir sus estilos de vida, lo que va a ser realmente difícil sin la tierra que conforma su suelo”.
Esto es el punto crucial para Silva da Conceição. Hace ocho meses presentó una demanda para poder volver a su casa en la isla. El caso no ha sido resuelto todavía, pero ella está decidida a conseguir su objetivo: “Quiero que me devuelvan mi tierra”.
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