- Venezuela ha invitado a empresas extranjeras a desempeñar un papel principal en el desarrollo del Arco Minero del Orinoco, el cual potencialmente abriría el 12 % del país a la minería, poniendo en riesgo a bosques, ríos, parques nacionales y tierras indígenas en el extremo sudeste de la nación.
- La apertura de estas tierras a la minería sucede mientras la nación continúa su declive económico debido a la caída de los precios del petróleo. El gobierno de Maduro —que está luchando por su vida política en medio de la escasez de alimentos y medicinas, y un gran malestar social— espera que la minería sustituya al petróleo como una fuente de ingresos para el Estado.
- Se piensa que el sudeste de Venezuela es extremadamente rico en coltán (vital para dispositivos electrónicos), oro, cobre y diamantes. Pero también es rico en bosques, ríos y vida silvestre.
- El desarrollo del Arco Minero del Orinoco pondría en peligro el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, que abarca 30 000 kilómetros cuadrados (12 000 millas cuadradas). También pondría en peligro otras áreas protegidas y territorios indígenas.
El precio del petróleo controla gran parte de lo que ocurre en Venezuela, determinando la salud económica, las normas y la política de la nación. En 1995, cuando el precio se redujo a tan solo 16 dólares por barril, la moneda nacional se devaluó mientras que la pobreza y la inflación se dispararon. A partir de 2008-2010, los bajos precios del petróleo causados por la crisis económica mundial, llevaron al presidente socialista Hugo Chávez a anunciar la salvación de la nación: la cual yacía en las reservas ocultas de un mineral metálico negro, vitales para el mundo y valoradas en $100 mil millones.
El impulso, dijo Chávez, llegó en la forma de coltán, abreviatura de columbita-tantalio, ampliamente utilizado en los condensadores de tantalio de última generación, que son ubicuos en los teléfonos celulares, sistema de posicionamiento global, satélites, misiles guiados, y todos los artefactos electrónicos.
Esta estupenda riqueza —junto con riquezas de oro, diamantes, hierro y cobre— iba a ser encontrada en el distante sudeste venezolano, en lo que Chávez más tarde denominó como el «Arco Minero del Orinoco», una parte del país que hasta entonces era conocida principalmente por sus bosques prístinos, abundante vida silvestre, parques y áreas indígenas.
En el 2016, con el precio caído del petróleo por cuarto año consecutivo, el sucesor de Chávez, el presidente Nicolás Maduro, de nuevo promovió el Arco Minero del Orinoco, y lo describió como una tierra venezolana prometida, brillante y segura de las fluctuaciones económicas del precio del petróleo mundial.
La administración de Maduro —que está luchando por su vida política en medio de la escasez de alimentos y medicamentos, y un gran malestar social— anunció a finales de este verano la apertura de grandes extensiones de naturaleza prístina del país y la firma de contratos con las empresas mineras transnacionales y nacionales.
En el interior del Arco Minero del Orinoco
El Arco Minero del Orinoco es una vasta región. Esta cubre 111 844 kilómetros cuadrados (43 183 millas cuadradas), y es equivalente a 12.2 % del territorio venezolano.
La región se encuentra al sur del río Orinoco, en los estados Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y en la disputada frontera con Guyana. La región rica en minerales también se encuentra al sur de la «Franja Petrolífera del Orinoco», una zona igualmente grande, donde empresas extranjeras son muy activas en la extracción de combustibles fósiles.
A finales de este verano, Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela, invitó a 150 empresas de 35 países a explorar en busca de oro, cobre, diamantes, coltán, hierro y bauxita en el interior del nuevo arco de Minería.
Además de la proyectada ganancia de $100 mil millones en coltán, las autoridades venezolanas estiman con optimismo que hasta 7000 toneladas de oro podrían ser certificadas dentro del Arco Minero del Orinoco, lo que la haría la segunda reserva de oro más grande en el mundo, valorada en $200 mil millones, calculada en una precio de $1200 por onza.
Asimismo, el gobierno estima que hay tres mil millones de quilates en diamantes en la región, y por lo menos 300 mil toneladas métricas de elementos terrestres poco comunes: cerio, lantano, neodimio y torio.
Pero en medio de las minas a tajo abierto y otras formas extremas de desarrollo extractivo hay siete monumentos naturales venezolanos y cinco parques nacionales que se encuentran dispersos en todo el Arco Minero.
El Parque Nacional Canaima cubre 30 000 kilómetros cuadrados (12 000 millas cuadradas), y es un Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ubicado en el estado Bolívar, se caracteriza por extensos bosques, mesetas aplanadas y acantilados fantásticos, y es el hogar de jaguares (Panthera onca), nutrias gigantes (Pteronura brasiliensis) y osos hormigueros (Myrmecophaga tridactyla).
La región destinada para desarrollo minero también incluye la Reserva Forestal de Imataca (3 000 800 hectáreas); las reservas de La Paragua y El Caura (5 134 000 hectáreas combinadas); el Monumento Natural Cerro Guanay; más el río Caroní (que abarca 96 000 kilómetros cuadrados).
La represa Guri también se encuentra aquí; alimenta la planta hidroeléctrica principal en Venezuela, que produce el 60 % de la electricidad del país. El reservorio y la salida eléctrica de esta presa se encontraban en sus niveles históricos más bajos en el 2015, lo que ayudó a perpetuar una serie de apagones y cortes de energía en todo el país. El gobierno afirma que el reciente El Niño fue el responsable de la sequía, pero los expertos dicen que la deforestación causada por la minería y la tala ilegal en América del Sur ha afectado negativamente a las lluvias de la región. De acuerdo con el Global Forest Watch, al menos cinco áreas protegidas en Venezuela ya están siendo deforestadas por las actividades mineras ilegales.
Según Ricardo Menéndez, ministro de Planificación de Venezuela, había 465 pueblos situados dentro del Arco Minero del Orinoco, donde habitan 1.6 millones de personas, o un poco menos del 5 % de la población de Venezuela. Si los planes para el Arco Minero se convierten en realidad muchos tendrían que ser reubicados y concentrados en 27 áreas urbanas ya existentes. Incluidos dentro de ese 5 % sin duda estarían miles de indígenas forzados a salir de sus vidas rurales a zonas urbanas.
Pero de acuerdo con el gobierno, el Arco Minero del Orinoco reemplazaría la muleta económica proporcionada por las exportaciones de petróleo de Venezuela con una economía diversificada alimentada por cambio monetario con los inversores extranjeros mineros. El Arco sería parte de un programa integral de desarrollo nacional diseñado para incluir a las poblaciones indígenas, ofreciendo «el respeto por los seres humanos y el medio ambiente».
«Cuando hablamos del Arco Minero habrá un plan para el desarrollo agrícola e industrial, también [para] transporte, salud, educación y protección de la comunidad», declaró Menéndez. También anunció los resultados de una reunión que tuvo lugar en la comunidad de Los Pijiguaos, donde los grupos indígenas han declarado firmemente áreas «intocables» para la minería, pero en las cuales el país espera crear un nuevo modelo para la vida urbana que conserve y respete la diversidad de cultura indígena.
Dejando atrás los ambientalistas «infantiles»
Rodolfo Sanz, exministro venezolano de Industrias Básicas, ha escrito un largo artículo de opinión en el que acusa a los ecologistas e izquierdistas de «infantilismo» e «inocencia» con respecto a sus críticas abiertas del Arco Minero del Orinoco.
Él sostiene que el medio ambiente de la región ya ha sufrido inmensos daños y el área ha sido «mal explotada» por 80 000 mineros de pequeña escala y artesanales. También afirma que la única manera de pagar por la restauración de la región es a través de la compensación y los impuestos que se derivarían de la industrialización a gran escala de la minería del Arco ahora propuesta por el gobierno.
De hecho, la minería ilegal es un problema grave en el sudeste de Venezuela. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en una serie de artículos relativos al tráfico ilegal de coltán titulado «Venezuela surge como nueva fuente de minerales de ‘conflicto‘», señala que el comercio ilegal entre los corredores internacionales y una red de mineros protegidos por las bandas criminales ya está en marcha con el contrabando que tiene lugar en la frontera de Venezuela con Colombia y Brasil. La serie también establece que los mineros ilegales han utilizado a las fuerzas militares venezolanas como un escudo.
Mientras tanto, un informe del 2016, «El crimen organizado y el oro ilegalmente extraído en América Latina«, publicado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Transnacional Organizada informa que el 91 % del oro exportado desde Venezuela (16 toneladas por año) es producido y exportado ilegalmente.
La minería de oro ilegal, que utiliza mercurio tóxico en su producción, contamina los ríos y envenena a las poblaciones locales. El sudeste de Venezuela ya está sufriendo una «tormenta perfecta» de ilegalidad, deforestación y mafias, mientras que hay reportes regulares de ataques contra mineros y pueblos indígenas de la Amazonía venezolana de gran riqueza biológica.
Sanz y el gobierno afirman que el Arco Minero es la solución al problema, que las prácticas extractivas ilegales comunes entre los mineros artesanales serán reemplazadas por modernas técnicas de minería, y que el Arco Minero del Orinoco se convertirá en una región privilegiada que se beneficiaría de un rápido desarrollo socioeconómico. El exministro de gobierno también sostiene que el elemento criminal que ahora controla la minería será sustituido por empresas transnacionales y empresarios mineros nacionales respetuosos con la ley.
Un artículo en el sitio web oficial de la Misión Verdad, explica cómo el Arco Minero del Orinoco complementará la «Faja petrolífera del Orinoco» a través de las inversiones financieras internacionales. La minería, dice la página web, tendrá «un impacto mínimo en la capa superior del suelo» y utilizará tecnologías avanzadas que solo afectan a los subsuelos. El sitio web también argumenta que la Iniciativa Arco beneficiará al país mediante el mantenimiento de una estricta soberanía nacional sobre las nuevas operaciones mineras, en lugar de dar a las empresas extranjeras demasiado control como ocurrió con la producción de petróleo en el pasado.
Pero, según los críticos, estas promesas del gobierno se exageran enormemente. La explotación de oro, diamantes, hierro y elementos terrestres poco comunes requerirán métodos altamente disruptivos de minería a tajo abierto, lo que resulta en la eliminación de la capa superior del suelo y la del subsuelo. Además, la implementación del Arco Minero del Orinoco violaría varias leyes nacionales y los tratados internacionales, incluyendo posiblemente el reciente Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.
Los críticos señalan la existencia de normas constitucionales que requieren consulta pública antes de que las compañías mineras internacionales puedan moverse en una región, incluyendo la participación de los pueblos indígenas en el proceso de decisión. El Arco también requiere la aprobación de la legislatura nacional. También serán necesarios estudios de impacto sociocultural y ambiental en las empresas mineras propuestas antes de empezar el desarrollo.
Allanando el camino para el Arco Minero del Orinoco
En 2015-16, Venezuela vio los precios del petróleo desplomarse por el cuarto año consecutivo, cayendo desde un máximo de $112 por barril a un promedio de $40. El 30 de diciembre 2015, la Asamblea Nacional respondió a la crisis con la aprobación de la Ley para el Desarrollo Productivo Minero 2016-2018. Esta legislación establece las bases para la minería a gran escala en toda Venezuela a través de la legitimación de las empresas conjuntas públicas-privadas (con participación estatal del 55 %).
En enero de 2016, una legislatura recién elegida acordó ignorar el decreto que habría permitido al gobierno seguir adelante con el Arco Minero del Orinoco, y también reformó la Ley de minería de oro. Pero esa decisión legislativa fue luego anulada por el Tribunal Supremo de Venezuela, en una lucha de poder que ha agravado la crisis política e institucional en curso en el país sudamericano. Y de nuevo, el Arco de Minero estaba de vuelta en el juego.
Una nueva estructura institucional ha sido inaugurada desde ese entonces, lo que dará un paso más allá de las previas redes existentes formadas por los ministerios estatales de petróleo y las industrias básicas. Lo más importante, una nueva compañía militar dará a las fuerzas armadas de Venezuela el poder de exploración, producción y venta de petróleo y minerales —manteniendo los beneficios. Una disposición similar en Egipto ha creado un poderoso ejército allí que no solo ejerce el poder a través de su armamento incontestable, sino también a través de su influencia monopolista corporativa.
También recientemente se estableció un nuevo Ministerio para Desarrollo Minero Ecológico, así como una oficina de auditoría e inspección minera para «controlar el riesgo medio ambiental, geológico, social y laboral» en el Arco.
Además, el estado emitió una ley que prohíbe el uso de mercurio en la minería, así como el requisito de instalar plantas de tratamiento de cianuro en todas las minas. El mercurio es utilizado habitualmente por los mineros artesanales y de pequeña escala para procesar el oro.
En contra del Arco
Esteban Emilio Mosonyi, destacado lingüista y antropólogo venezolano, y fundador de la Universidad Indígena de Venezuela y miembro de la Comisión Presidencial por la Diversidad Cultural de Venezuela, no ve sus puntos de vista como «infantiles» o «inocentes» y rechaza la «crítica» ideada por el gobierno en defensa de la minería del Arco.
En mayo de 2016, Mosonyi participó en un foro en la Universidad Central de Venezuela para discutir los decretos del gobierno del Arco Minero del Orinoco. Él no podía creer lo que estaba escuchando del presidente Maduro, señalando que el Arco «es un proyecto en una escala que ningún país [nunca] se ha atrevido a realizar», probablemente resultando en miles de indígenas desplazados que se verán obligados a convertirse en «subproletariado suburbano».
El evento de la Universidad recibió otros portavoces izquierdistas disidentes, quienes atacaron a la propuesta minera como un ejemplo de «explotación neoliberal y extractivismo corporativo», y como un asalto a los movimientos sociales populares.
Se pidió a Ana Elisa Osorio, exministra de Medio Ambiente, revisar los contratos mineros del gobierno y declaró su sorpresa por el patrocinio de las medidas masivas de extracción del presidente Maduro. En una entrevista realizada en marzo de 2016 para la página web oficial Aporrea.org, Osorio rechazó la creación del Ministerio para Desarrollo Minero Ecológico. «No hay ninguna posibilidad de que la minería a tajo abierto pueda ser respetuosa con el medio ambiente», dijo Osorio. «Con el uso de cianuro [como parte del proceso de extracción],… el daño será, efectivamente, irreversible.»
El economista Víctor Álvarez también se ha sumado a las críticas, diciendo que el «modelo extractivista-rentista» a gran escala elimina la posibilidad de que se desarrollen otras actividades económicas sostenibles en la región, como el turismo, la energía limpia o la agroecología. Sostuvo que el gobierno ha abandonado su previa postura ecosocialista y ha adoptado la minería a gran escala para compensar la pérdida de divisas una vez llevadas por el petróleo, y con el fin de mantener y pagar por un alto volumen de las importaciones.
La Academia Nacional de Ciencias Naturales también se ha manifestado en contra del plan del Arco Minero del Orinoco. Mongabay habló con el profesor Antonio Machado-Allison, el secretario académico, que ha publicado y colaborado durante 50 años en varios estudios que documentan el daño ambiental causado por la minería en las cuencas del sur de Venezuela.
Machado-Allison citó un informe pasado de la Asamblea Nacional la cual rechazó la minería a tajo abierto, ya que fue prohibido en varios países debido a «los accidentes graves y pasivos ambientales.»
Machado-Allison dijo que el Arco Minero del Orinoco daría lugar a la deforestación extrema, junto con problemas desastrosos de salud para los habitantes locales. También le resulta difícil creer que el gobierno será capaz de hacer frente eficazmente a los mineros artesanales y de pequeña escala de la región que han formado bandas criminales y son respaldados por las guerrillas y unidades paramilitares de la región. Se pregunta si las empresas extranjeras podrían simplemente contratar a estos criminales para hacer realizar su minería.
Él argumenta en contra de la explotación a gran escala de las empresas mineras internacionales y nacionales, y en su lugar propone un enfoque más mesurado y sostenible para hacer crecer la economía de Venezuela que integra la calidad de vida y la protección del medio ambiente para las generaciones futuras.
Machado-Allison resalta la agricultura sostenible, la industria y los éxitos del desarrollo del turismo en otros países. «Hay, en Amazonas y Bolívar, un gran número de especies de árboles con frutas desconocidas para otras partes de nuestro país que podrían servir como alimento para nuestro pueblo —estas son frutas que se recolectan con éxito en países vecinos, y ya forman parte de la industria alimenticia», dijo Machado-Allison. También argumentó sobre las posibilidades económicas que ofrecen los bosques del sudeste de Venezuela para la investigación farmacéutica y el desarrollo, el turismo o la cría de animales de caza y la exportación.
Por su parte, la ONG Phynatura, dirigido por el exasesor de la minería Luis Jiménez, ha mostrado una estrategia sostenible. La ONG ha firmado acuerdos de conservación para el uso sostenible de 156 000 hectáreas de bosque protegido con las comunidades indígenas, incluyendo Piapoco, Hibi y Sanemá, situados en la cuenca del Cauca. Phynatura plantará cacao orgánico y orquídeas (para producir vainilla natural), y producirá esencias de alto valor para la industria de la perfumería mundial (utilizando granos de tonka y copaiba). Este modelo de negocio ecológico emplea métodos agroforestales mejorados que preservan la calidad de los suelos sin necesidad de cortar o quemar los árboles como ocurre con tantos otros cultivos.
El Arco del Orinoco Minería podría añadir a las emisiones de carbón
Juan Carlos Sánchez, coganador del Premio Nobel de la Paz como parte del Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (IPCC), está de acuerdo con Machado-Allison y rechaza la obsesión del gobierno con la minería a gran escala. En una conversación con Mongabay, esbozó las consecuencias ambientales potencialmente desastrosas del Arco Minero del Orinoco, incluyendo la acidificación de los ríos; el aumento de la turbidez y sedimentación de los cursos de agua; y la contaminación de 10-100 metros cúbicos de agua por tonelada de mineral procesado. A esto se añade el polvo, ruido y el daño a la infraestructura causada por las frecuentes detonaciones de explosivos de mina y por el incesante tráfico de camiones.
Sánchez descarta el concepto de la minería ecológica del gobierno como una fantasía. La extracción, de oro y diamantes requiere la deforestación y la eliminación del suelo en grandes áreas causando «daños irreversibles», junto con los impactos en cascada: incluyendo la destrucción de hábitat de la fauna y la pérdida de gran riqueza biológica, continúa Sánchez.
«Recuerden que la fragilidad de la zona llevó originalmente a la creación del Parque Nacional Canaima,» dijo Sánchez. «En la región del Arco Minero, aun sin ser suficientemente estudiada, [sabemos que hay] por lo menos 225 especies de reptiles, 180 especies de anfibios y 1200 especies de aves.»
Sánchez señala que como participante en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, Venezuela se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % para el 2030, pero que el inventario de emisiones nacionales del país no ha sido actualizado desde el año 2000, ni ha desarrollado un plan de mitigación por sus emisiones, ni un plan para adaptar el país a las consecuencias del cambio climático.
La pérdida significativa de los bosques ocurrida por la implementación del Arco Minero, tiene el doble efecto de reducir la futura capacidad de sumidero de carbono del país, y al mismo tiempo liberar a la atmósfera cantidades significativas de carbono de los árboles cortados, dijo Sánchez.
Impactos en las poblaciones indígenas
Gregorio Mirabal, coordinador general de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), una vez aliado del presidente Chávez, rechazó el Arco Minero del Orinoco cuando Chávez lo propuso por primera vez, y ahora rechaza su reactivación.
«Nos afecta porque estamos hablando sobre de la minería, el extractivismo y la búsqueda de recursos a un costo muy alto para [los indígenas], ya que se traduce en la destrucción de los bosques y las cuencas de los ríos más importantes de la Amazonía venezolana», dijo Mirabal a la ONG Provea en marzo de este año.
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía (COIAM) también ha rechazado la Iniciativa Arco. En un comunicado, sus 15 grupos dijeron que no fueron consultados por el gobierno y que los «matices capitalistas pronunciados» del proyecto son «contrarios a nuestra concepción de la vida y el bienestar de la madre naturaleza como para [proporcionar] el bienestar colectivo de la vida».
Vladimir Aguilar, abogado, politólogo y director del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), dijo a Mongabay que el gobierno debe abandonar el esquema de la minería y en su lugar confiar en la demarcación de las tierras indígenas para propósitos de ecoturismo a través de «protección natural y el desarrollo cultural de los parques nacionales y monumentos naturales con criterios de sostenibilidad para impulsar la economía de la región».
Él rechaza el supuesto modelo económico progresivo del gobierno de Maduro y lo ve como un mero intercambio de un capitalismo a base de petróleo por un capitalismo basado en la minería, y etiquetó el enfoque de Maduro como «izquierdismo desarrollista» alineado con el «neoextractivismo».
Admite que los grupos indígenas están algo divididos sobre el tema debido a la «cooptación política» por el actual gobierno; sin embargo, dice que los que viven en el sudeste de Venezuela rechazan las «intenciones del capital transnacional [que trabaje] con el gobierno». Aguilar percibe el Arco Minero del Orinoco como «una aberración y antinomia jurídica» —una contradicción de los valores progresistas y un asalto en contra de los derechos ambientales y territoriales de los criollos y los indígenas venezolanos.
Las empresas transnacionales se movilizan para la explotación del Arco
Una de las empresas que potencialmente se ha comprometido a entrar en el Arco Minero del Orinoco es Gold Reserve Inc. de Canadá, una empresa que en el 2014 ganó un arreglo de arbitraje internacional de $740 millones de Venezuela después de que el estado socialista revocara la concesión de oro de la empresa Las Brisas en el 2009. De acuerdo con Reuters, Venezuela debe pagar $600 millones para el 31 de octubre y el resto antes del final del año como compensación.
Mientras tanto, la empresa canadiense supuestamente ya ha aprobado un plan de inversión de dos mil millones de dólares para el Arco Minero del Orinoco. Curiosamente, el presidente Maduro anunció ese compromiso el febrero pasado, pero cuatro meses después, la compañía aseguró a los medios que este acuerdo todavía no se había materializado.
Chávez, en el 2009, expulsó a las compañías mineras extranjeras incluyendo Crystallex y Rusoro (que ganó un arbitraje de $1200 millones), acusándolos de contaminar los ríos de Venezuela con mercurio. También suspendió la extracción de carbón en La Guajira, en la frontera con Colombia, alegando que prefería conservar el agua y los bosques. Maduro, en un giro aparentemente a favor de los intereses internacionales, ha decretado la reapertura de estas minas.
Otras compañías mineras, como la corporación venezolana FAOZ, solo muestran una página web vacía respecto a la participación en el Arco; mientras que las oficinas de Afridiam en el Congo, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido, no respondieron a las llamadas telefónicas o mensajes de correo electrónico de los medios de comunicación. Mongabay también fue incapaz de obtener una respuesta.
El presidente Maduro también ha anunciado que la compañía China CAMC Engineering Company, una sucursal de China National Machinery Industry Corporation, certificará las reservas mineras del Arco Minero del Orinoco, pero esta compañía está deshabilitada actualmente como contratista en Venezuela, tal como se especifica en la lista del Registro Nacional de Contratistas. A pesar de esta prohibición, Roberto Mirabal, ministro para el Desarrollo Minero Ecológico de Venezuela, anunció el inicio de la «exploración científica» para certificar la cantidad de reservas minerales en el inicio de septiembre. Compañías de China, Angola y Namibia están por llevar a cabo los estudios para la certificación de las reservas.
El audaz anuncio del gobierno de Maduro sobre el Arco Minero del Orinoco, lejos de ser visto como la salvación económica de Venezuela, se ha encontrado con un tsunami de oposición social, política, económica y ambiental. A partir del 2013, la minería representaba menos del 0.4 % del Producto Nacional Bruto de Venezuela. Un aumento significativo de este porcentaje podría resultar en la destrucción de una de las regiones de mayor biodiversidad del planeta, y poner los recursos hídricos y energéticos de la nación, y las poblaciones indígenas en situación de riesgo.
Esta historia fue publicada por primera vez en la web en inglés el 31 de octubre de 2016.
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