¿Quiénes podrán ahora participar en el proceso de formalización de la minería ilegal?¿Quiénes serán los más beneficiados con los nuevos cambios legales? Durante la campaña presidencial, el entonces candidato ─y ahora presidente─ Pedro Pablo Kucszynki marcó una posición firme al referirse a la lucha contra la pequeña minería ilegal en Perú, una actividad que ha arrasado solo en Madre de Dios con más de 50 000 hectáreas de bosques en los últimos 40 años. Su posición contrastaba frente a la de su contendora, Keiko Fujimori, que había prometido a la Central Nacional de Mineros del Perú (Cenami) derogar los decretos legislativos que sentaron las bases para la fiscalización y el proceso de formalización minera en el 2012. De hecho, esta misma organización y otras más, se reunieron hace un mes con la Ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello y le pidieron “una revisión integral de la normativa vinculada que consideran afecta la actividad de pequeña minería y minería artesanal”. Sin embargo, para las expertos consultados, la nueva legislación promulgada para combatir esta actividad ilegal se puede resumir en una sola palabra: retroceso. El paquete legislativo aprobado hace pocos días deja la puerta abierta para que los mineros inscritos que no finalizaron al proceso de formalización en el gobierno pasado puedan seguir operando hasta el 2020. Minería ilegal en el Río Huepetuhe. Foto de Rhett A. Butler. Especialistas como el exministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, y el exviceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, se preguntan ahora “si el retroceso al que están sometiendo el proceso (de formalización) iniciado el 2012, es resultado de dicho pacto”. Así califican la reunión sostenida hace un mes entre el gobierno y las federaciones mineras. Mongabay Latam buscó a un grupo de expertos para analizar las implicancias de los decretos legislativos publicados en los últimos diez días. La minería ilegal y el proceso de formalización El gobierno pasado abrió un padrón para formalizar a los mineros que hasta ese momento se encontraban realizando actividades de pequeña minería de forma ilegal, es decir, sin ningún permiso del Estado y sobre todo sin resguardar adecuadamente el medio ambiente. Ese padrón se cerró formalmente en abril de 2014. Los mineros que no entraron en esa lista, que tuvo más de 72 000 inscritos, debían ser fiscalizados por el Estado. Pero ese cerrojo se ha vuelto a abrir. El 31 de diciembre último se reabrió la inscripción para el proceso de formalización que comenzará el 6 de febrero y se extenderá hasta finales de julio. La pregunta que se hicieron en ese momento los expertos fue: ¿quiénes podrán participar en este proceso?. El ex Alto Comisionado en asuntos de minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, César Sierra, precisa que tanto los ya inscritos en el primer proceso iniciado en el 2012 como los que no lo hicieron, es decir, los mineros ilegales que prefirieron continuar desarrollando actividades ilícitas sin autorización, tendrán una segunda oportunidad. “Bajo las mismas condiciones de los inscritos, lamentablemente para aquellos que se han inscrito con anterioridad o están en este proceso de formalización, estas personas ilegales (no inscritas) que tienen la oportunidad que a partir del 6 de febrero que se apertura este registro de formalización minera pueden inscribirse siempre y cuando demuestren que han estado haciendo actividades con cinco años de anterioridad”. Los que no lograron llegar a culminar el proceso de formalización iniciado en el 2012 y obtener una autorización de inicio o reinicio de actividades, sostiene Sierra, tendrán tres años más de plazo: “eso significa que las 72 000 personas que no lograron culminar su proceso de formalización y que no lo terminen el 27 de julio, tienen tres años más para poder terminar su proceso”. Ernesto Ráez, ecólogo tropical y miembro de la Fundación ProNaturaleza, que ha estudiado de cerca el tema, califica el nuevo proceso de formalización como “nefasto” y luego agrega que “el registro famoso (de formalización) ofrece patente de corso a los mineros ilegales para que continúen su actividad sin tropiezos, con el cuentazo de que van a formalizarse. En la práctica, no tienen ningún incentivo para hacerlo, porque operan impunemente. Si hoy puedo vender mi oro mal habido, ¿qué me importa la amenaza de que en tres años ya no podré, sobre todo si lo mismo me dijeron hace tres años y aquí sigo, incólume?”. ¿Qué efecto tiene esta medida para el medio ambiente? ¿Qué significa que los mineros tengan una nueva oportunidad de tres años? Según un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) y la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), en los últimos cuatro años la minería ilegal deforestó 12 503 hectáreas de bosques en el sur de la Amazonía, principalmente en Madre de Dios, pero registrándose un impacto importante también en Cusco y Puno. La mitad de esos bosques deforestados están ubicados en las zonas de amortiguamiento de tres áreas naturales protegidas: la Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri. Draga usada en minería ilegal en la Reserva Nacional de Tambopata en la región de Madre de Dios. Fotografía de Rhett Butler/Mongabay. Son muchas las voces que se han pronunciado sobre este cambio en las reglas de juego. Una es la del exministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, para quien estas nuevas normas forman parte “de un paquete legislativo que de por sí es muy peligroso. Para empezar, el Decreto Legislativo 1293 ha vuelto a abrir la posibilidad de tener nuevos sujetos que ingresan a un proceso de formalización, lo único que han hecho es cambiar de nombre pero han vuelto a abrir nuevamente la puerta, es decir, de los 70 000 que había, ahora tendremos equis más y eso me parece que es poco apropiado porque a su vez no se están fortaleciendo las acciones de interdicción, (…) más bien se han debilitado y la minería ilegal está creciendo”. Pulgar-Vidal agrega que “una de las cosas peligrosas de esta nueva ley es que según las normas del 2012, la autorización de inicio o reinicio (otorgada tras culminar el proceso de formalización) de actividades la daba el gobierno regional con una opinión previa del Minem (Ministerio de Energía y Minas). Con la nueva legislación, esto será potestad solo del gobierno regional. Estoy seguro que habiendo algunos gobiernos bastante corruptos o alineados a la minería ilegal van a otorgar estos (permisos de reinicio) como si fueran rifas”. El exministro del Ambiente cita como ejemplo al cuestionado gobernador de Madre de Dios, Luis Otsuka, a quien imagina “dando autorizaciones de inicio y reinicio sin ningún control”. Tanto el ex Alto Comisionado en asuntos de minería como el exviceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, consideran que el proceso de formalización funcionará si el Estado asesora y fiscaliza a los gobiernos regionales para que guíen a los inscritos y logren que estos no abandonen los compromisos asumidos. “Hay que fortalecer el proceso de formalización, proveer asistencia técnica, orientar y fiscalizar a los gobiernos regionales para que cumplan su tarea, pero este proceso tiene tres ejes, como la lucha con los cultivos ilegales, el eje de la formalización, el eje de la interdicción (operativos policiales contra la minería ilegal) y el eje de economía alternativa, esos tres ejes deben darse con claridad y con eficacia”, explica Castro. Cambio en las reglas de juego En cuanto a los cambios en la aplicación de las penas por el delito de minería ilegal, la nueva legislación señala que serán sancionados quienes desarrollen la actividad de exploración, extracción, explotación u otro similar sin contar con autorización, y que correrán la misma suerte quienes se encuentren fuera del proceso de formalización. Esta modificación sería adecuada si no fuera porque al final ─al abrir una excepción─ los mineros ilegales vuelven a obtener un salvavidas. Al final del decreto legislativo dice que “el agente de los delitos de minería ilegal, que se inserte en el Registro Integral de Formalización Minera” y quien no logre obtener la autorización final de inicio o reinicio de operaciones mineras por culpa de un funcionario a cargo del proceso de formalización, no será sancionados por el delito de minería ilegal. El área donde se practica la minería ilegal se vuelve un desierto. Fotografía: Rhett Butler/Mongabay. Esto quiero decir que los mineros ilegales que han estado operando por los últimos años y que se acojan al proceso, no serán sancionados por los daños causados. Además, los inscritos en el proceso de formalización que no lleguen a obtener su autorización para iniciar sus operaciones legalmente pueden encontrar una salida si llegan a probar que los funcionarios a cargo del proceso no actuaron correctamente. No hay que perder de vista que el plazo para formalizarse vence en el 2020. Para el asesor del Ministerio de Justicia, Gilmar Andía, sin esta modificación “aquel minero ilegal que se registre sí o sí tendría que ser sancionado penalmente”. Para el funcionario se trata de un incentivo para conseguir que participen en el proceso de formalización, y así atraer a los mineros ilegales que siguen operando y que temen ser sancionados. Sin embargo, para Pulgar-Vidal estos cambios beneficiarán a aquellos que no forman parte del proceso de formalización y que operan en zonas no prohibidas, pero que causan serios daños al medio ambiente como el caso de la minería practicada en la zona de El Toro en La Libertad, que ha devastado la geografía del lugar con socavones y donde existen docenas de pozas de cianuro. Además, sostienen Pulgar-Vidal y el exviceministro Mariano Castro que al “flexibilizar y perdonar el delito de base, es decir la minería ilegal, se estaría quitando base al delito de lavado de activos proveniente de dicha actividad, en caso que el operador se acoja al nuevo Registro”. Un punto más que no puede perderse de vista y que se incluye en el nuevo paquete legislativo, es que se autoriza que la pequeña minería y la minería artesanal utilice en sus actividades “cargador frontal, retroexcavadora, volquete, compresoras y perforadoras neumáticas, camión cisterna que proveen combustible o agua”. Solo basta usar la imaginación para visualizar el impacto de esta maquinaria pesada en el medio ambiente. Para el ex ministro del Ambiente “lo que queda claro es que están desnaturalizando el principio de lo que constituye minería artesanal y minería de pequeña escala, y están permitiendo que esta maquinaria ingrese, con lo cual en la medida que no sea un área protegida, van a destrozar el país con este tipo de maquinaria bajo la supuesta calificación de pequeños mineros”. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Mongabay Latam solicitó la versión del Ministerio de Justicia sobre los cambios en las sanciones al delito de minería ilegal y Gilmar Andía, asesor ministerial, sustentó y justificó cada uno de los cambios. Para el funcionario la nueva legislación no abre las puertas a la minera ilegal, sino que establece los pasos para que esta pueda formalizarse. Por ejemplo, sobre la opción de que la persona inscrita no logre culminar con el proceso y logre sustentar que fue por culpa de un funcionario, Andía sostiene que decidieron agregar ese punto porque “hay muchos casos en los que la formalización no se va a dar o no se da por desidia de las autoridades que están a cargo. En el derecho penal hay algo que se llama responsabilidad por hecho de terceros, si yo estoy incurso en un delito no porque yo haya querido estar en el delito ─estamos hablando de aquel que esté en el proceso de formalización─ sino porque la autoridad que debería ayudarme a hacer el proceso simplemente no cumple los plazos, no respeta los procesos, etcétera, no tiene porque trasladarme la responsabilidad ese funcionario a mí”. Ante la posibilidad de que este recurso se convierta en una puerta de escape para los inscritos que no estén realmente interesados en finalizar el proceso, Andía se defiende diciendo que “la valla va a ser muy alta” y además que “los medios probatorios tendrán que ser muy expresos para que puedan probar de que no está formalizado por culpa del funcionario”. Sobre los cambios ingresados el proceso de formalización, nos comunicamos en más de tres oportunidades con el área de prensa del Ministerio de Energía y Minas, y a pesar que indicaron que nos pondrían en contacto con un especialista, hasta el cierre de este artículo no recibimos respuesta alguna. Foto de Portada: Rhett Butler/Mongabay.
