- ¿De qué manera la invasión afecta al ecosistema protegido por ‘El Gran Simacache’?
- ¿Qué está pasando para que los pobladores estén a punto de devolverle la concesión al Estado?
Todo comenzó en abril del 2013 cuando pobladores de la Asociación de Agricultores para la Protección de los Bosques Naturales del Gran Simacache se encontraban colocando los hitos de demarcación alrededor de la concesión ubicada en la región de San Martín, en la zona nororiental de Perú. Ya oscurecía en el bosque y de pronto un grupo de personas los acorraló.
“Decían ser de una organización llamada ‘Semache’ que, supuestamente, también tenían un título de propiedad en la zona. Era ridículo. Nosotros ya lo habíamos adquirido del propio Gobierno Regional de San Martín en 2012. Nos rodearon y no nos querían dejar salir, ellos nos acusaban incluso de haber invadido su propiedad. Al final nos dejaron ir, pero con amenazas incluso de muerte”, relata a Mongabay Latam, Juana López, quien ocupa el cargo de fiscal administradora en la asociación de agricultores del Gran Simacache.
La concesión ocupa más de 41 000 hectáreas y abarca los distritos de Alto Saposoa, Saposoa, Huicungo y Pachiza, los dos primeros ubicados en la provincia de Huallaga y los dos restantes en la provincia de Mariscal Cáceres.
Al comienzo, narra López, fueron 19 personas las que ingresaron y se asentaron en la concesión amazónica, pero hoy el número es mucho mayor. “Ahora son como 46 personas. Son invasores que se dedican al cultivo cafetalero y de otros productos, así como taladores ilegales y traficantes de terrenos. Por supuesto, para todas estas actividades tienen que deforestar”, contó. Juana López calcula que se han perdido entre 60 y 80 hectáreas de bosque entre en un lapso de poco más de 3 años.
De acuerdo a Bruno Monteferri, director de Conservamos por Naturaleza, quien conoce el caso de El Gran Simacache, la deforestación afecta al ecosistema amazónico de múltiples formas. “Por supuesto, hay invasiones que están reduciendo los bosques, esto es preocupante porque el bosque es hogar para muchas especies, así como fuente de agua para la población local. Recordemos que una concesión para la conservación es un título que entrega el Estado a un particular, como una persona u asociación, para su protección solo en zonas boscosas, en su mayoría amazónicas, como es el Gran Simacache. Se ha demostrado incluso que dentro de este tipo de concesiones existe menor deforestación que fuera”.
Para comprender mejor la definición de una concesión para conservación, el Manual de Legislación Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) señala lo siguiente: “Las concesiones para conservación tienen como finalidad el desarrollo de proyectos de conservación de la diversidad biológica, y en donde pueden desarrollarse actividades de ecoturismo, investigación, educación, protección, entre otras”.
Es ese el objetivo por el que Juana López y el resto de sus compañeros fundaron El Gran Simacache, incluso antes de la deforestación, tenían diversos planes para la concesión de conservación amazónica. “Teníamos proyectado incluso aperturar el espacio a investigadores con el fin de que haya más estudios sobre el potencial de biodiversidad en El Gran Simacache, pero ya no se puede hacer nada”, dice López.
Hogar de especies amenazadas
El Gran Simacache es hogar de varias especies de primates en estado de amenaza, explicó Noga Shanee, directora de proyectos para la ONG Neotropical Primate Conservation. El mono tocón (Callicebus oenanthe), y el maquisapa frente amarilla (Ateles belzebuth) viven en los bosques de la concesión, así como el machín negro (Cebus Apella), el mono nocturno cabecinegro (Aotus nigriceps), el coto mono (Alouatta seniculus) y los monos leoncillos. De los cuales dos especies están en una amenaza extrema según la clasificación nacional de especies amenazadas del Estado peruano (Decreto Supremo 004-2014): el mono tití andino está En Peligro Crítico y el maquisapa frente amarilla En Peligro.
Juana López suma a la lista otras especies como el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), la sachavaca (Tapirus terrestris), el gallito de las rocas (Rupicola peruviana) y el otorongo (Panthera onca). “El hogar de todas estas especies está en peligro debido a la deforestación ocasionada por los traficantes y taladores”, dijo Juana López.
No hay presencia del Estado
Representantes de la asociación de El Gran Simacache han presentado tres denuncias ante la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de San Martín pero también en el fuero penal, señalando las actividades de deforestación, las amenazas de muerte e incluso el secuestro, a raíz de la detención que sufrieron algunos integrantes de la asociación en abril del 2013 por parte de los invasores. “Sin embargo, solo han venido una vez en 2014 para una revisión ocular los de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) en donde comprobaron la invasión, pero no se ha hecho más. La verdad es que pensamos en devolver la concesión porque el Estado no nos apoya”, manifiesta López.
Bruno Monteferri de Conservamos por Naturaleza explicó que si bien es una concesión que debe ser administrada exclusivamente por los titulares, es decir, por la Asociación de Agricultores El Gran Simacache, debe existir también un apoyo del Estado por la situación peculiar que están viviendo. “Es cierto que el titular debe mostrar garantías al Estado peruano para comprobar que pueden administrar correctamente la concesión para la conservación, pero el caso de El Gran Simacache es especial. Hay delitos de por medio de unos traficantes de terrenos. Hay que ser realistas. Ellos necesitan apoyo ya”, dijo Monteferri.
Sin embargo, para que esto ocurra se necesita una mayor inversión en el sistema fiscalizador ambiental, aclaró Monteferri. “No creo que pase por un tema de desinterés de los funcionarios fiscalizadores, sino de falta de logística. En el caso de la región de San Martín solo hay una fiscalía ambiental localizada en Moyobamba (capital de la región). Se necesitan por lo menos dos más en ciudades importantes como Tarapoto y Juanjuí. Además, que la Policía Ambiental solo tiene 18 efectivos para toda la región y solo una movilidad, imagínate”. Precisamente, la ciudad más cercana a la concesión El Gran Simacache es Juanjuí, una de las ciudades que no cuenta con una fiscalía ambiental.
“El tráfico de tierra es un problema socioambiental muy grave que no recibe ninguna respuesta eficiente en Perú. Esta actividad ilegal se basa en la usurpación, apropiación y/o comercio de tierras, lo cual facilita la migración a zonas de bosque fronterizos. Los vacíos legales en la ley peruana, así como las ineficiencias institucionales, no permiten que las autoridades respondan de manera eficiente a este problema. En lugar de parar el tráfico de tierras, las acciones e inacciones del Estado por el contrario lo promueven. Creo que no hay manera de luchar eficazmente contra la deforestación en el Perú sin un adecuado y sincero enfrentamiento de este asunto social y las ineficiencias políticas, institucionales y legales que lo facilitan”, dice a Mongabay Latam, Noga Shanee, directora de proyectos de la ONG Neotropical Primate Conservation, quien ha acompañado en la denuncia a los miembros de la Asociación de Agricultores de El Gran Simacache.
Mongabay Latam se comunicó con Marita Lozano de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) del Gobierno Regional de San Martín, funcionaria que ha visto el caso de El Gran Simacache. “No tengo las facultades para responderle, por favor, comuníquese con el señor Rafael Linares Vela, es director ejecutivo de Recursos Naturales del ARA. Él tiene la potestad de pronunciarse sobre el caso”, dijo a Mongabay Latam. Tratamos de contactar a Linares Vela por teléfono y vía correo electrónico, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta alguna.
Se sienten abandonados
De acuerdo a Juana López, si la situación continúa así, devolverán la concesión de conservación y continuarán con sus vidas. “Cada miembro de la asociación tiene una vida (…) una familia que mantener. Yo, por ejemplo, trabajo en el mercado vendiendo comida. Más gano ahí que cuidando un bosque con una montaña, que supuestamente beneficia a todos, pero a nadie parece interesarle”, dice López.
Noga Shanee no entiende cómo el Estado no puede apoyar a un grupo de pobladores que está ofreciendo su tiempo y energías para conservar un espacio natural “que el Estado falló en conservar”, apuntó. Shanee conoce la experiencia desde hace más de seis años, “los asociados son gente humilde, campesinos que en su mayoría son agricultores, están haciendo un valiente esfuerzo para conservar un área de extrema importancia ambiental que el estado falló en conservar, ellos están invirtiendo su tiempo, energía y pocos recursos y sufriendo cientos de amenazas de muerte y hasta un secuestro. Empecé a trabajar con este grupo en 2010 y veo que cada día están más deprimidos, el sistema en vez de agradecerles y apoyarles está matando sus ánimos, es realmente indignante”, finaliza.
Foto de portada: Noga Shanee.
