- Un conflicto legal sucinto en relación al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco al oeste de Panamá concluyó el pasado mes con el triunfo excepcional de las comunidades indígenas que vienen oponiéndose a la construcción de la presa durante una década.
- Sin embargo, la presa se encuentra hoy en total funcionamiento y su embalse ha anegado la tierra de tres comunidades Ngäbe-Buglé.
Un conflicto legal sucinto en relación al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco al oeste de Panamá concluyó el pasado mes con el triunfo excepcional de las comunidades indígenas que vienen oponiéndose a la construcción de la presa desde hace una década.
Situado a lo largo del río Tabasará, Barro Blanco se ha convertido en el centro de un conflicto intenso de derechos humanos y medioambientales que ha provocado numerosas protestas de los oriundos de Ngäbe-Buglé ante la inundación de sus tierras. La presa también ha conllevado grandes fisuras entre el órgano rector de la «comarca» —una región indígena semiautónoma situada río arriba de la presa.
El proyecto, financiado en parte por dos bancos de desarrollo europeos, ha sido también condenado por varias ONG nacionales e internacionales al no solicitar el consentimiento libre, previo e informado a los lugareños de Ngäbe-Buglé antes de su construcción. Este conflicto ha enfrentado a las comunidades locales con la compañía constructora, Generadora del Istmo S.A. (GENISA), y contra los consecutivos gobiernos panameños.
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La reciente acción judicial fue llevada ante el juzgado del distrito en la provincia de Chiriquí el 18 de agosto. GENISA acusó a los tres líderes de Ngäbe-Buglé de inducir a retrasos en el proyecto y provocar pérdidas económicas durante las protestas ante la entrada de Barro Blanco en julio de 2015. El 20 de septiembre, el juez absolvió a los tres acusados, Manolo Miranda, Toribio García y Clementina Pérez de cualquier infracción.
«Esta decisión fue completamente acorde con la justicia y el derecho», comentó Miranda, vecino de la comunidad de Kiad, que tiene gran parte de tierra de la orilla y cultivos anegada por la reserva de la presa.
Según Miranda, la empresa no presentó pruebas concretas durante el proceso judicial que demostrasen que él o cualquiera de los otros 60 manifestantes habían invadido la propiedad de GENISA e impedido trabajar a sus empleados.
Miranda y su grupo de oposición, M10 (Movimiento 10 de abril) han insistido continuamente para que se cancelara la construcción de la presa. Explica que GENISA intentó «penalizar su causa» en este reciente proceso judicial.
«Ellos nos demandaron, y con apoyo del gobierno nacional». Explicó Miranda. «Esta sentencia reflejó la veracidad de las pruebas de que sus tierras, cultivos y viviendas estaban siendo anegadas en el momento, y que nuestra protestas [de 2015] eran para acabar con estos hechos», añadió el mismo.
GENISA no respondió a las incesantes llamadas e emails que Mongabay le requirió para contar esta historia.
El gobierno permite la inundación a pesar de la oposición local
El mismo año en que Miranda protestaba ante las puertas de Barro Blanco, la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá suspendió la construcción de la presa, aduciendo incumplimiento por parte de GENISA con sus estándares para la evaluación del impacto ambiental previos y una «escasa definición de los acuerdos con las comunidades y aquellos afectados».
Sin embargo, en agosto de 2016, el gobierno alcanzó un acuerdo «definitivo» de gran difusión con los principales líderes de Comarca para completar la construcción de la presa de Barro Blanco y llenar su reserva. Durante el acto de la firma, el acuerdo fue rechazado con firmeza por los miembros de las comunidades afectadas, que reclamaban que no se les había consultado adecuadamente. Un mes después, se rechazó el documento durante la sesión extraordinaria del Congreso General Ngäbe-Buglé, el principal órgano decisorio de la comarca.
Durante la misma sesión, el Congreso General destituyó a su líder, Cacica Silvia Carrera, por haber firmado el acuerdo sin informar previamente al órgano decisorio indígena.
La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), ha permitido a GENISA llevar a cabo «una prueba de inundación» de la reserva de Barro Blanco tan solo unos días después de que el documento inicial fuese firmado en agosto. A pesar de la negativa del Congreso General en septiembre, la inundación no se interrumpió en las tres comunidades cercanas a Ngäbe —Kiad, Nuevo Palomar, y Quebrada Caña— que comenzaron a ver anegadas sus tierras, viviendas y cultivos ante la crecida del río en los meses siguientes.
En marzo de este mismo año, el Administrador de ASEP, Roberto Meana, dijo a Mongabay que Barro Blanco tenía permiso para continuar inundando la reserva ya que el Congreso General indígena no había proporcionado al gobierno la documentación necesaria precisando su oposición al acuerdo.
Recientemente Mongabay comprobó junto con Meana que la presa de 28 megavatios había comenzado desde entonces su operación comercial a pleno rendimiento. Esta cantidad de electricidad, junto con los datos del gobierno, abastecerá de electricidad a 67 000 hogares del país.
Un acuerdo controvertido, una comunidad dividida
Mientras tanto, según el periódico local La Estrella de Panama, el gobierno intentó sin éxito aprobar el acuerdo fallido de agosto a través del Congreso General Ngäbe-Buglé en dos ocasiones distintas —la última fue el 8 de abril de este año.
El viceministro de Panamá de asuntos exteriores indígenas, Feliciano Jiménez, contó a Mongabay que durante la última sesión del Congreso General, que se celebró sin el quórum requerido, se decidió ratificar el acuerdo basado en una normativa interna.
La declaración, sin embargo, ha sido fuertemente rechazada por Weny Bagama, delegada del Congreso General Ngäbe-Buglé y líder del M10.
«Hasta este momento no ha habido acuerdo ni negociaciones futuras con el gobierno», afirmo a Mongabay. Explicó que el gobierno «ha dividido a los delegados congresistas» al negociar con su anterior presidente, Demesio Casés, a pesar de haber sido destituido en marzo de este año.
«Los delegados [del Congreso General] han nombrado a un nuevo presidente, pero el gobierno ha mantenido a Demesio por conveniencia», afirmó Bagama. Además, añadió que el gobierno también continúa reconocimiento a la destituida cacica, Silvia Carrera, como líder por las mismas razones a pesar de su cese el año pasado.
«Pero el Congreso está dividido», dijo, refiriéndose al asunto de la posición de Casés. Añadió que el Congreso General estaba organizando una sesión extraordinaria para resolver quién debería ocupar el puesto controvertido de presidente.
El viceministro Jiménez, de origen Ngäbe, confirmó que el gobierno estaba al tanto de la división y buscaba activamente la unidad en el asunto para implementar totalmente el acuerdo.
Desde que comenzaron las pruebas de inundación, el M10 y miembros de las tres comunidades afectadas han pedido que se reduzca el agua de la presa a los límites de la comarca. Jiménez afirmó que no se puede garantizar esta petición ya que se estaría inutilizando [la capacidad] de la presa.
«El gobierno ha aceptado con responsabilidad muchos fallos de anteriores ejecutivos. Tenemos que solucionarlo de otra forma, no simplemente cancelando en su totalidad el proyecto, porque el Estado habría invertido millones», dijo.
Presión legal mientras las inundaciones continúan
Todos los vaivenes burocráticos y las divisiones que están aumentando de forma aparente dentro del liderazgo de la comarca, han dejado a tres comunidades afectadas en una situación precaria.
Según Manolo Miranda, la reserva ha causado un profundo impacto psicológico en las comunidades. Les ha obstaculizado el poder desplazarse, ha inundado sus cosechas, y propiciado las plagas de mosquitos que han transmitido enfermedades entre la población anciana y niños.
Además, la última acción legal de la comunidad dentro de Panamá para desafiar la existencia de la presa fue rechazada por la Corte Suprema en diciembre del año pasado. Como no se pueden recurrir estas decisiones, las comunidades confían ahora únicamente en los procesos internacionales. Se ha presentado una petición de medidas cautelares por parte de la ONG local Alianza para la Conservación y Desarrollo (ACD) junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para intentar proteger a las comunidades afectadas. La comisión puede «solicitar que el Estado adopte» medidas cautelares para proteger los derechos fundamentales de los individuos, organizaciones o comunidades y evitar un «daño irreparable».
Sin embargo, la naturaleza de este último proceso legal contra Manolo Miranda y los otros dos líderes ha incrementado las preocupaciones dentro de la ACD, que viene apoyando a las comunidades durante años.
Susana Serracín, presidenta de la ACD, dijo que aunque este último fallo judicial asienta un importante precedente para los activistas medioambientales en lucha legal contra compañías, la persecución de los mismos por todo el país es una realidad inquietante.
«Al igual que los ecologistas, nosotros vemos el fallo correcto y único, porque cada día observamos una tendencia preocupante de persecución de activistas del ámbito social y medioambiental por parte de las compañías», dijo a Mongabay.
Serracín explicó que este tipo «de crimen y persecución» es reciente porque los activistas comienzan ahora a tener un mayor impacto en ciertos intereses, especialmente en los «megaproyectos».
«Estas son tácticas de intimidación, aunque en otros países se han dado otras situaciones más graves», afirmó, poniendo como ejemplo, la activista hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016 por su oposición a la presa hidroeléctrica.
«Aquí no hemos llegado a esos extremos, pero no existe un mecanismo estatal que defienda a los activistas», añadió Serracín.
Este panorama nacional desolador ofrecido por Serracín para cualquiera que se oponga a los planes de desarrollo desde los orígenes de los proyectos hasta la construcción de viviendas, no lo comparte el viceministro Feliciano Jiménez.
«Una falacia. Es totalmente falso», dijo. Como viceministro, hemos sido capaces de acercarnos y trabajar con todas las autoridades tradicionales y con los líderes para dirigir este tipo de proyectos».
Si esta última acción legal contra él es parte de esta tendencia o no, Manolo Miranda afirma que el proceso solo ha conseguido que su comunidad siga adelante.
«Estamos contentos del fallo del juez. Estamos analizando cómo seguir adelante con nuestra lucha, pero deja claro que la verdad no ha estado nunca del lado de la compañía sino del nuestro, lo que nos da fuerza para continuar con la causa» dijo.
Imagen del encabezado: Manolo Miranda, líder indígena actualmente absuelto en el juicio llevado a cabo por la compañía constructora de la presa de Barro Blanco, en una protesta en agosto 2016. Foto de Camilo Mejía Giraldo para Mongabay.
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