Las causas de esta sobreexplotación son múltiples. Una de ellas es la pesca ilegal que, en los últimos años, ha duplicado y hasta triplicado sus volúmenes de extracción.

La pesca ilegal es la actividad pesquera más lucrativa en el mundo. En Chile, genera 300 millones de dólares al año, según datos del Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), la entidad de gobierno encargada de controlar la extracción pesquera. Ese dinero se traduce en unas 320 mil toneladas anuales de recursos marinos extraídos de manera ilegal. Si bien la clandestinidad de la actividad dificulta la capacidad de determinar, con exactitud, su alcance, el organismo reconoce que, por ejemplo, la merluza común, el producto más vulnerable, es extraído en volúmenes que llegan a cuadriplicar las cuotas de extracción autorizadas.

Tanto artesanales como industriales participan de la extracción ilícita. En el caso de la pesca artesanal, Valesca Montes, coordinadora de Pesquerías de World Wildlife Fund Chile (WWF), explica que el desembarque ilícito de merluza llega a ser, en ciertas regiones, hasta de 4,5 veces la cuota legal.

En cuanto al sector industrial, distintas son las tácticas empleadas para blanquear el origen ilegal de los recursos utilizados en la fabricación de harina de pescado. Durante el primer semestre de este año, el Servicio Nacional de Pesca detectó declaraciones falsas de desembarques de jibia. Las plantas de harina de pescado, que supuestamente se abastecían de este producto, blanqueaban mediante desembarcos fantasmas, la producción de harina que se había realizado con sardina y anchoveta ilegal.

Pero esta no es historia nueva. En septiembre del 2015, se decomisaron 5.602 toneladas de harina de pescado proveniente de la pesca ilegal de 31.000 ton. de sardinas y anchovetas. Los stocks se encontraron en las bodegas de “Salmones Chile Alimentos S.A” y “Pesquera Coronel”. Dos de las más grandes compañías pesqueras de Chile. Estos cargamentos valorados en 7.800 millones de dólares, ya habían sido comprados por la transnacional noruega EWOS, una productora de alimento para salmones.

Además, la corrupción al interior de los organismos estatales que gestionan la pesca en Chile contribuye al ilícito. Así, por ejemplo, la sardina austral fue pescada durante años, en el sur de Chile, a pesar de que su captura estaba sancionada con multas. Ello se hizo bajo la forma de pesca con fines de investigación, autorizado por el Estado. Así lo reconoce un informe técnico de la Subsecretaría de Pesca elaborado en 2012 que señala que “bajo el alero de la pesca de investigación, este recurso pasó a formar parte de la matriz de recursos destinados a harina de pescado, constituyendo (…) uno de los principales recursos que sustentan la industria local de este producto. La actividad durante el período ha generado rentas anuales por un monto entre 5-8 millones de US$”.

Para combatir la pesca ilegal, las medida más frecuentes han sido declarar vedas y realizar fiscalizaciones las que en 2017, fueron más de 200 mil. Sin embargo estas medidas no han logrado solucionar el problema. Stefan Gelcich, biólogo marino que ha investigado acerca de la problemática, opina que «para combatir la pesca ilegal a nivel artesanal, no basta con cuantificarla, sino que es necesario entender cuáles son los determinantes que la causan». Las investigaciones realizadas por el científico han permitido observar, por ejemplo, que la ilegalidad, en la captura de la merluza, no se presenta en épocas de veda reproductiva, sino en las épocas del año en que el precio de la meluza está bajo. Para Gelcich “entender qué es lo que va gatillando alguna de estas decisiones – de operar ilegalmente – nos permite ponernos más creativos en las medidas que adoptamos. Porque combatir la pesca ilegal sólo con la ley del garrote es muy difícil”.

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Industrias en conflicto

 

Cinco son las zonas que en Chile, debido a la contaminación provocada por la actividad industrial, han sido destinadas al sacrificio y declaradas como tal: “zonas de sacrificio”. Todas están ubicadas en la costa: Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví-Quintero y Coronel. Lugares “olvidados por los sucesivos gobiernos que han seguido permitiendo la instalación de nuevas industrias contaminantes, aun cuando el impacto sobre la salud de las personas y el medio ambiente ha sido inmenso” señala la ong Oceana. Termoeléctricas, plantas de refinería y fundición de cobre, de hierro, de hidrocarburos, de productos químicos, relaves o pasivos, acopios de carbón, puertos donde se embarcan y desembarcan productos contaminantes. De toda esta industria emanan anhídrido sulfuroso, material particulado de carbón y de petcoke (combustible compuesto por la mezcla de petróleo refinado de carbón), metales pesados como níquel y vanadio, que recaen en los habitantes, en sus casas, en sus ciudades, y también en el mar. Continuos derrames de petróleo y varamientos de carbón han empeorado, a través de los años, el panorama devastador de estos lugares desde donde los pescadores han debido migrar.

El pasado 3 de agosto un nuevo derrame de carbón afectó las playas de Ventanas en el sector de Puchuncaví Quintero. Uno más de los 300 eventos de este tipo registrados en esta localidad, según el Consejero Regional Manuel Millones.

Por otra parte, los cultivos de salmones y sus impactos medioambientales ha acaparado la atención de las discusiones en el último tiempo. La industria salmonera, ubicada principalmente en el sur del país, está ansiosa por ampliarse hacia otras regiones. Pero las intensiones de la industria no han tenido buena recepción entre la población. Según explica un informe elaborado por Fundación Terram, tanto el alimento no ingerido así como las fecas del que sí fue ingerido por los salmones, se acumula en el fondo provocando un agotamiento del oxígeno en el agua. Fenómeno conocido como eutrofización y que hace inviable la existencia de la mayoría de las especies que previamente formaban el ecosistema. Con las aguas eutrofizadas, las jaulas de salmones deben buscar otros lugares donde instalarse avanzando en el territorio.

Otros impactos asociados a las grandes cantidades de antibióticos suministrados a los salmones y a la depredación de la fauna nativa, al ser especies introducidas y carnívoras, están en el centro de la discusión.

Por último, proyectos mineros y portuarios que, aunque aún no son una realidad, están en la mira de científicos, comunitarios y ambientalistas al ser considerados amenazas para la biodiversidad marina. Se trata particularmente del proyecto minero y portuario Dominga y del Puerto Cruz Grande. Ambos están ubicados a unos treinta kilómetros de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y de las reservas marinas Isla Choros y Damas. Estos proyectos representan, según la opinión científica, una amenaza a una de las zonas de mayor biodiversidad marina del país y de toda América del Sur.

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La amenaza plástica

 

El municipio de El Tabo, ubicado en la costa central de Chile, invierte entre 75.000 y 90.000 dólares mensuales en limpiar sus playas. Gran parte de lo que es recogido es plástico en diferentes formas.

A pesar de ese esfuerzo, una cantidad incalculable de residuos plásticos llegan al mar. El científico Martin Thiel, investigador de basura marina, explicó a Mongabay Latam que, a la altura del Ecuador, “la Corriente de Humbodt, que va de sur a norte, dobla hacia el oeste provocando una gran corriente circular, contra el sentido del reloj, que gira al alrededor de todo el Pacífico Sur”. En este gran giro, la basura arrojada, desde la costa chilena, termina concentrada en una enorme extensión de 2,5 millones de km2, muy cerca de la Isla de Pascua.

Con el tiempo, la basura que flota en la superficie del mar se vuelve frágil debido a la radiación y comienza a fragmentarse en microplásticos. “Eso es lo que encontramos en muy altas concentraciones cerca de la Isla de Pascua” explica Thiel. Provocando grandes impactos en aves y peces. A modo de ejemplo, cinco son las especies de tortugas presentes en las costas de Chile y todas están impactadas por la basura plástica, ya sea por ingestión y/o por enredo.

Los puntos rojos representan los microplásticos. Cerca de Isla de Pascua se observan densidades muy altas de microplásticos. Hasta más de 100 mil por kilómetro cuadrado.

Para Thiel las buenas noticias son que, según los estudios realizados, “en chile básicamente toda la basura viene de fuentes locales. Es nuestra. No viene de otros países flotando en el mar. Eso significa que es un problema que nosotros mismos podemos resolver”. Según explica el científico, el éxito de la conservación de las reservas marinas depende en gran medida de que este problema se resuelva. Ello debido a que, tarde o temprano, toda la basura que está en la calle, con la lluvia y a través de los ríos, llega al mar incluyendo las áreas protegidas y “no existen equipos para limpiar océanos. Esas son fake news (noticias falsas)” dice.

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Los desafíos después de las declaraciones de conservación

 

Chile ha pasado de tener un 4% del mar protegido a tener el 40% de su área marina bajo algún sistema de protección. Actualmente son doce las áreas protegidas en Chile donde, si bien se resguardan hábitats, se permite una explotación con medios sustentables. Además, el país cuenta con cinco reservas más ocho parques marinos donde la protección es completa y se prohíbe toda actividad extractiva. Estos alcances, en materia de conservación, posicionan a Chile entre los cinco países con más áreas marinas protegidas del mundo junto a Estados Unidos, Australia, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda.

Los beneficios de estas áreas están asociadas al combate de la sobrepesca y por lo tanto a la conservación de los ecosistemas marinos y la recuperación de las pesquerías, según explica una propuesta para pesca responsable elaborada por Oceana. El desafío para Chile, según concuerdan distintos científicos, ahora que se han declarado las nuevas áreas protegidas, es la gestión. En efecto, la declaración de estas zonas no viene acompañada de planes de manejo ni presupuestos asociados. Según el científico Stefan Gelcich la falta de recursos se traduce en poca o nula vigilancia, monitoreo y cuidado. “El hecho de hacer un área protegida implica que vas a determinar algún grado de protección y vas a excluir otros usos por esencia. Eso significa que hay una responsabilidad social de contarle a los excluidos lo que está pasando ahí. Eso significa monitorear. Pero eso no lo veo tan claro hoy”.

Por otro lado, a pesar de los reconocidos avances en conservación, sólo el 3% del área marina costera se encuentra protegida. El biólogo Yerko Vilina explica que es importante hacer esa distinción puesto que las primeras millas, de la costa hacia el mar, son las más ricas en biodiversidad. Ello debido a las altas concentraciones de oxígeno y nutrientes que caracterizan a la Corriente de Humboldt. “La zona marina, donde se han declarado la mayoría de las áreas protegidas, está fuera de la rica franja de Humboldt que es también la de mayor conflicto de intereses económicos”.

 

 

Políticas públicas

 

En mayo de este año, el Congreso chileno aprobó la ley que prohibe las bolsas plásticas en todo el comercio a lo largo del territorio nacional. De esta manera, Chile se convirtió en la primera nación latinoamericana en tener una restricción de este tipo.

El objetivo de esta ley es la protección del medio ambiente, especialmente del océano.

Martin Thiel, si bien coincide en que la prohibición de los plásticos es un buen inicio, asegura que se trata sólo de un paso. “Estamos rodeados de productos plásticos desechables: botellas, envoltorios de comida rápida, etc. Esa cultura de los plásticos desechables tenemos que eliminarla si realmente queremos lograr, de manera eficiente, minimizar las cantidades de plásticos que llegan al medio ambiente”.

Actualmente se están revisando la ley de pesca, la ley concesiones marítimas y la modernización del Servicio Nacional de Pesca, que dotará al organismo de mayores recursos para fiscalizar las actividades ilegales. En ese mismo objetivo, la organización de conservación marina Oceana, en conjunto con Future of Fish y Capital Azul, presentaron a la Subsecretaría de Pesca una propuesta complementaria. Ella incluye, entre otras cosas, tecnología que permite monitorear y vigilar en tiempo real el cumplimiento de las cuotas de pesca, acciones para la protección a la pesca artesanal y un sistema para monitorear electrónicamente la flota industrial.

 

 

Controlar la pesca ilegal permitiría en parte reducir la sobreexplotación de recursos aunque “hay consenso en que el problema fundamental radica en fallas de gobernanza, lo que enfatiza la necesidad de integrar a los usuarios y a los tomadores de decisiones en el manejo de los recursos” señala Stefan Gelcich en una propuesta para políticas públicas. Rodrigo Guijón, Coordinador de Programa de Conservación Marina de Wildlife Conservation Society Chile, coincide con Gelcich asegurando que “el gran desafío sigue siendo que los diferentes actores que participan de la gestión pesquera y de conservacón: pesca, Ministerio de Medio Ambiente, Armada, turismo, etc comuniquen mejor”.

El panorama marino de Chile está en movimiento aunque actores del sector público, de las ciencias marinas y de la sociedad civil coinciden en que los pendientes, en el compromiso de proteger los oceanos, continúan siendo muchos.

Foto principal: Oceana-Chile

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Artículo publicado por michelle
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