- Ecuador está a la espera de la sentencia de tres jueces de la Corte provincial de Sucumbíos. Se puede estar ante un fallo histórico en caso que ratifiquen y amplíen lo dicho por el juez del Cantón Gonzalo-Pizarro que suspendió 52 concesiones (20 vigentes y 32 en trámite) por violar el derecho a la consulta previa, libre e informada.
- El Ministerio del Ambiente y de Minas ha dicho que las actividades mineras eran ilegales pues se empezaron sin tener las licencias, pero que las concesiones son legales pues estas, presuntamente, no están en suelos de los indígenas Cofán de Sinangoe.
El 12 de enero de este año, los indígenas Cofán de Sinangoe vieron por primera vez varias máquinas realizando minería en el cauce del río Aguarico, muy cerca del Parque Nacional Cayambe Coca. Esto los tomó por sorpresa pues nunca fueron consultados sobre proyectos mineros en su territorio. De hecho, su sorpresa fue aún mayor cuando se enteraron de que 20 concesiones mineras habían sido otorgadas y que 32 más se encontraban en trámite.
Fue en ese momento cuando comenzó su lucha, tal como lo reportó Mongabay Latam en el pasado mes de mayo. Desde ese momento muchas cosas han pasado. “La concesión de Puerto Libre fue donde hubo más actividad minera. En esa zona se talaron 15 hectáreas de bosque, se construyeron 2 kilómetros de carretera y 7 sitios de diferentes tamaños donde construyeron piscinas e instalaron campamentos”, cuenta Nicolás Mainville, coordinador del Programa de Monitoreo Ambiental de Amazon Frontlines, una de las organizaciones que más apoyo le ha brindado a los Cofán en su lucha contra la minería. Según dice, los principales daños fueron al agua, se causaron problemas de erosión y mucha contaminación. Sin embargo, asegura que ninguna autoridad fue a medir los niveles de contaminación y no se sabe qué cantidad de cianuro fue utilizada. Esto a pesar de que “los cofanes denunciaron y pidieron estas mediciones muchas veces, argumentando que se podía ver una cambio en el color del agua”.
Los indígenas Cofán de Sinangoe decidieron denunciar la vulneración de su territorio, argumentando no solo afectación al medio ambiente sino también vulneración de su derecho al agua, a la alimentación y a la salud. Alex Lucitante, líder de la comunidad, le aseguró a Mongabay Latam que todos estos derechos fueron violentados pues la contaminación de esta minería ilegal contamina el agua que toman y los peces de los que se alimentan ─pues son una comunidad pescadora─. Además, ciudades como Lago Agrio y otras poblaciones cercanas se abastecen del agua del río Aguarico. En total son 90 000 personas las que dependen de este afluente.
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Un triunfo histórico
Autoridades como el Ministerio del Ambiente (MAE) aseguraron que la minería era ilegal pues, a pesar de que se otorgaron las concesiones, no contaban con las licencias ambientales para empezar la explotación. Mientras todas las instituciones evadían sus responsabilidades, a finales de julio una buena noticia llegó: en una decisión histórica el 27 de julio de 2018, el juez del Cantón Gonzalo-Pizarro falló a favor de Sinangoe y la Defensoría del Pueblo y contra los ministerios de Minas y del Ambiente y de las agencias de Regulación y Control Minero (ARCOM) y de la Secretaría del Agua (SENAGUA), declarando la vulneración al derecho de la consulta previa libre e informada y disponiendo la inmediata suspensión de todas las concesiones mineras otorgadas o en trámites.
Sin embargo, dicha sentencia fue inmediatamente apelada por las autoridades. La audiencia de apelación tuvo lugar el pasado 5 de septiembre y hasta ese momento las instituciones no habían mostrado ningún argumento. Pero ya en la reunión indicaron que, para ellos no hubo vulneración a la consulta previa libre e informada pues no era necesario hacerla pues supuestamente la actividad minera no está dentro del territorio Cofán de Sinangoe ni afecta sus intereses o derechos. “Ahí hay un claro desconocimiento y una actuación de mala fe por parte de los ministerios”, comenta María Espinosa, coordinadora del programa legal de Amazon Frontlines y abogada de los Cofán de Sinangoe.
Lo que las autoridades argumentaron en la audiencia de principios de septiembre es que la a comunidad no tiene un título de propiedad y que si bien hay un convenio firmado entre ellos y el MAE por 15 000 hectáreas, estas no estarían, ni siquiera, enfrentadas a las concesiones otorgadas. Argumento que Espinosa rechaza categóricamente. “Uno, los Cofán son un pueblo ancestral y esto quiere decir que ya tenían un ejercicio de autogobernanza y dominio de ese territorio. Segundo, ese ejercicio de dominio va muchísimo más allá de 15 000 hectáreas y ellos han demostrado que su relación para la pervivencia física y cultural es con un área muchísimo más grande que sí se cruzaría con las concesiones”.
En medio de las tensiones propias de la reunión, los tres jueces de la corte provincial de Sucumbíos donde se desarrolla la apelación, decidieron aplazar la audiencia hasta después de visitar la zona para comprobar los daños y analizar los argumentos dados por las partes.
Además de su dominio territorial, Alex Lucitante hace un fuerte reclamo. “La cabecera del río Aguarico rodea el Parque Cayambe Coca que está encima de territorio Cofán. Le pedimos al MAE que establezca el área de amortiguamiento que debió crearse desde la fundación del Parque. Si lo hace quedaría evidenciado que esa zona de amortiguamiento quedaría justo donde se ubican las concesiones mineras”. Lucitante, en representación de su pueblo, también pretende que el Estado declare la cabecera del río Aguarico como de importancia hídrica para la provincia de Sucumbíos.
Aunque podría pensarse que la comunidad Cofán de Sinangoe ganó en el fallo de primera instancia, ellos también decidieron apelar la decisión, pues, según Lucitante, esta solo se refirió a la consulta previa pero no dijo nada de la vulneración de los derechos al agua, ambiente sano, alimentación y salud.
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¿Qué viene ahora?
Si los jueces fallan a favor de la comunidad significaría que todas las concesiones serán suspendidas. “Debe empezar el proceso de consulta previa, pero seguramente la comunidad no aceptará ninguna concesión, pues así ya lo han manifestado”, dice Nicolás Mainville.
Después de la visita que los jueces piensan hacer a la zona, deberán convocar nuevamente a audiencia y ahí se dará lectura de la sentencia definitiva pues ya se habrían agotado todas las instancias. “Si ganamos se confirmará la sentencia de primera instancia y si perdemos no nos queda más que un recurso ante la Corte Constitucional que se llama extraordinario de revisión, el cual es bastante largo y bastante complejo”, asegura la abogada María Espinosa.
Pero independientemente de la decisión a la que lleguen los jueces, la comunidad Cofán de Sinangoe se seguirá negando a la minería en su territorio. “Si se llega a fallar en contra por alguna razón, nosotros seguiremos en la lucha y por más consulta que quieran hacer, pues la comunidad Sinangoe decidió, desde un principio, decirle no a las actividades extractivas. Queremos vivir en nuestro territorio tal como soñaron nuestros abuelos: en paz y sin contaminaciones”, le afirmó Alex Lucitante a Mongabay Latam.
El líder y defensor de Derechos Humanos añade que “muchas veces los gobiernos están para vulnerar derechos y si nosotros no los defendemos pues siempre vamos a ser víctimas”. De hecho, en un comunicado, que la comunidad emitió el pasado 6 de septiembre, cuestionan duramente al MAE y al Ministerio de Minas, pues dicen que el abogado del Ministerio de Minas, en presencia del viceministro Henry Troya Figueroa, acusó a la Guardia Indígena de Sinangoe sin ninguna prueba de haber sido “cómplices” en los daños ambientales de las empresas mineras y además los llamó “una guardia civil armada que incumple con su deber de hacer respetar su espacio.
Por el lado del MAE, los Cofán de Sinangoe aseguran que contrario a toda la evidencia que han recaudado en su investigación y las declaraciones de varios funcionarios de la misma entidad estatal, la institución manifestó que no había ningún daño ambiental por la actividad minera. Además, insistió en considerar innecesaria la constitución de una zona de amortiguamiento en el área norte y oriente del Parque Nacional Cayambe Coca que colinda con el río Aguarico, “además nuevamente desconoció nuestro derecho al territorio ancestral y colectivo indicando que el mismo nos ha sido entregado por el MAE como si se tratara de un acto generoso de esa cartera de Estado”.
La comunidad indígena Cofán de Sinangoe ya cuenta con el apoyo de 53 organizaciones que se han unido a su causa. Ya lograron un fallo histórico y si logran la confirmación en segunda instancia, lo que muchos aseguran es que se convertirán en una comunidad que hará historia en Ecuador. La espera para conocer esta decisión final puede tardar entre 20 días y un mes más.