- Temas como la construcción de una hidrovía en la Amazonía, la modificación de leyes para actividades extractivas y los delitos ambientales son algunos de los retos para el Perú en este nuevo año.
- También se espera el establecimiento de una nueva área protegida en el mar que permitirá avanzar al país hacia la meta de conservar su océano.
Cada nuevo año trae consigo diferentes desafíos. Mongabay Latam escogió cinco temas que estarán en el centro del debate ambiental durante 2019 en Perú.
1.- Hidrovía Amazónica: la oposición de los pueblos indígenas
El 22 de diciembre de 2018, el Consorcio Cohidro —integrado por una empresa peruana y una china y responsable de la ejecución del proyecto de la Hidrovía Amazónica— presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de esta obra que abarcará más de 2600 kilómetros de los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas.
La propuesta fue cuestionada principalmente por organizaciones indígenas de la zona de influencia del proyecto, así como por investigadores científicos que advierten sobre posibles afectaciones al medio ambiente.
De acuerdo con el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) —institución estatal que analiza los estudios ambientales— en la primera semana de enero se definirá si lo que presentó la empresa procede para evaluación. De pasar esta etapa, el EIA será analizado en los 145 días siguientes.
Pero Francisco Rivasplata, coordinador del programa Derechos y Amazonia de la ONG Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), considera que se “presentará un panorama complicado para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) —responsable del proyecto— si se aprueba el EIA antes de que se solucionen los reclamos de las organizaciones indígenas”.
Rivasplata recordó que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) han presentado una demanda ante el Poder Judicial para que se realice el proceso de consulta previa del estudio ambiental. “Las comunidades se van a oponer a un EIA que se apruebe sin un proceso de consulta previa”, asegura.
“Se ha paralizado el diálogo. Las federaciones han resuelto retirarse del Grupo de Trabajo Multisectorial”, señala Lizardo Cauper, presidente de Aidesep, sobre la decisión de las organizaciones indígenas de renunciar a esta plataforma que reúne a la Presidencia del Consejo de Ministros, diez ministerios, los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali y tres federaciones indígenas (Orpio; Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo, Corpi-SL; y Organización Regional Aidesep Ucayali, Orau).
Este grupo tiene entre sus objetivos elaborar un programa de inversiones para atender las necesidades de estas comunidades. Sin embargo, en el comunicado del 3 de diciembre, las federaciones indígenas presentan una serie de demandas que —según indican— no se estarían cumpliendo.
Los cuestionamientos también llegan desde la ciencia. Un estudio sobre el río Huallaga realizado por el Centro de Investigación y Tecnología del Agua (CITA) de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, señala —entre sus conclusiones— que el dragado o extracción de sedimentos en los lechos de los ríos podría afectar diversos hábitats de la Amazonía peruana, puesto que la dinámica de estos cuerpos de agua influye en todos los procesos relevantes para la formación de ecosistemas, además, podría perjudicar las condiciones de vida de especies migratorias como el dorado, un pez emblemático de los ríos amazónicos.
Jorge Abad, director del CITA, dice que en este proyecto “se están haciendo las cosas al revés”. El experto cuestiona que el Estudio de Ingeniería (EDI) —que ofrece detalles de la obra— se termine luego del estudio de impacto ambiental. “En cualquier parte del mundo, primero se hace el estudio detallado y, luego, con esos resultados se evalúa el potencial impacto de cualquier obra”.
“El proyecto debe eliminar el componente de dragado por la imposibilidad de medir el impacto sobre los ecosistemas acuáticos”, dice Paola Naccarato, especialista sénior en infraestructura de Wildlife Conservation Society (WCS), quien agrega que el EIA no puede brindar información sobre los impactos de mediano y largo plazo.
Por su parte, Mariana Montoya, directora de WCS en Perú, cuestiona que se entregue el proyecto a un consorcio chino “que ocuparía nuestros ríos por 20 años, con una serie de consecuencias que desconocemos y que son difíciles de evaluar, por tanto, de evitar o mitigar”. La directora de WCS considera que el Estado debe fortalecer las instituciones existentes, para que se encarguen de mejorar el transporte fluvial amazónico e implementar políticas de desarrollo acordes con estas regiones.
El panorama se presenta complicado para esta megaobra cuyo presupuesto supera los 94 millones de dólares. Según el cronograma, la aprobación del EIA debería estar resuelta para mayo de 2019 y el estudio de ingeniería tendría que estar listo en julio del próximo año.
En anteriores oportunidades, el MTC ha manifestado que este proyecto respetará el ecosistema y a las comunidades aledañas a los cauces de los ríos Marañón, Huallaga, Amazonas y Ucayali. Mongabay Latam buscó ahora su opinión, pero no respondió a nuestra solicitud.
En una comunicación escrita, el Consorcio Cohidro manifestó que este 2019 cumplirá con los plazos establecidos en el contrato de concesión con relación a los estudios que se deben presentar. En cuanto a las crítcas, Cohidro señaló que “no ha recibido directamente aportes o cuestionamientos científicos del proyecto”. En cuanto a los conflictos con las organizaciones indígenas, Cohidro aseguró que están desarrollando una serie de actividades de diálogo y coordinación con estas federaciones. “Seguimos planificando actividades que nos permitan mantener ese canal de diálogo durante todo el proyecto”.
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2.- Ley de hidrocarburos y la ausencia de energías limpias
En más de una oportunidad, el proyecto para modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos estuvo a punto de discutirse en el Congreso de la República durante el 2018. Esta norma, cuestionada por diversos sectores, finalmente fue enviada de regreso a la Comisión de Energía y Minas en noviembre del año pasado, para que se discuta nuevamente y se incorporen los cambios solicitados, principalmente, por el Ministerio del Ambiente, pero también por el Ministerio de Cultura, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Economía y Finanzas.
La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz se ha pronunciado sobre el artículo que generó más controversia, es decir, el que facultaba al Ministerio de Energía y Minas a emitir opinión vinculante sobre las decisiones de su sector. Ambos ministerios llegaron a un consenso con respecto a este tema.
Sobre lo que aún no hay consenso es sobre el pedido de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) para que este proyecto de ley se someta a consulta previa. La Defensoría del Pueblo apoyó este requerimiento debido a que las actividades de hidrocarburos los afecta directamente, ya que muchas de ellas se realizan sobre territorio indígena. “La Comisión de Energía y Minas debe levantar todas las observaciones y atender el pedido de los pueblos indígenas para que se concrete la consulta previa”, precisa Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de esta institución.
La congresista Tania Pariona, quien integra la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología, concuerda también con la Defensoría del Pueblo y con Aidesep, ya que existen experiencias similares como lo ocurrido con la Ley Forestal y la Ley de Educación Intercultural Bilingüe que fueron sometidas a la consulta previa.
“Rechazamos esta ley porque no estamos dispuestos a aceptar que continúen actividades que utilizan tantos productos químicos”, agrega Lizardo Cauper, presidente de Aidesep. “Han sido suficiente los 40 años de explotación petrolera a la que ha estado expuesta la selva”, finaliza.
Vanessa Cueto, directora de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, menciona que también se debe retirar el artículo que permite realizar la exploración sísmica con solo una declaración de impacto ambiental y revisar la propuesta de ampliar los contratos por hasta 60 años, medida que perjudica a los pueblos indígenas en cuyos territorios se han instalado concesiones de hidrocarburos. Cueto también espera que en el 2019 se discuta el cambio de matriz energética en Perú. “Debemos discutir sobre otras formas de generación de energía. Creo que ese es un pendiente en el país”.
Cauper, de Aidesep, también cuestionó la posibilidad de que esta norma abra la puerta al uso del fracking en Perú —técnica que facilita la extracción de gas y petróleo del subsuelo. Al respecto, la directora de DAR señaló que, si bien la norma no es explícita, existe un artículo que se permite el uso de técnicas no convencionales para la explotación de hidrocarburos. “En algunos casos la única forma de aprovechar estos recursos es mediante el fracking y la norma no lo prohíbe”.
La congresista Pariona, espera que en el 2019 el debate sobre esta ley se amplíe hacia la comisión que ve los temas ambientales e indígenas y no se quede solo en la que promueve asuntos energéticos. “Que esta ley no se apruebe al caballazo como se intentó en el 2018”, comenta y agrega que se debería hacerse un análisis profundo de nuestra matriz energética. “Tenemos que contar con una legislación que nos permita tener un mayor control y una mejor gestión de los recursos”, comenta con relación a la necesidad de apostar por energías limpias como la eólica.
La congresista del Frente Amplio, María Elena Foronda, es más radical en su posición pues para ella se trata de un proyecto que debería enviarse al archivo. “Las observaciones plantean la reformulación de un proyecto que está mal concebido desde el inicio. Esta ley flexibiliza los estándares ambientales”, comenta. Foronda considera que se debería discutir el ordenamiento territorial del país para determinar dónde se pueden desarrollar las actividades de hidrocarburo y dónde deberían prohibirse.
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3.- ¿Habrá Reserva Nacional Mar Tropical de Grau?
En octubre de 2018, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, manifestó su total confianza en que la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau —en el norte de Perú— se concretaría en el 2019. “Creo que hacia marzo tendremos lista la propuesta final consensuada con todos los sectores para presentarla ante el Consejo de Ministros”, afirmó a Mongabay Latam.
Esta propuesta, que ya lleva varios años a la espera de que se haga realidad, depende de “la voluntad política”, asegura Alicia Kuroiwa, jefa de Campaña de Áreas Marinas Protegidas de Oceana Perú. “Sabemos que existe oposición y basta que uno de los sectores no esté de acuerdo para que la propuesta no se concrete”, comenta Kuroiwa.
Alexander More, director de Naturaleza y Cultura Internacional (NCI) Perú, también muestra su preocupación sobre el establecimiento de esta área reservada. More menciona los cuestionamientos que han surgido por parte del Instituto del Mar del Perú (Imarpe). “El Imarpe ha puesto en duda la validez de los datos de otras instituciones que sustentan la creación del Mar Tropical de Grau. Incluso han cuestionado la selección de los cuatro espacios marinos que formarían la reserva”.
Mongabay Latam consultó con el Instituto del Mar del Perú sobre las observaciones que ha realizado al expediente y los riesgos de que dichos reparos paralicen la creación de esta área. En una comunicación escrita, Imarpe respondió que para la creación de la reserva se viene trabajando de manera conjunta con una retroalimentación permanente. “Dentro de ese contexto, Sernanp solicita opiniones al Imarpe. Se está trabajando en forma coordinada y la información estará consolidada cuando se culmine el referido proceso”.
La creación de esta área protegida marina también ha tenido críticas por parte de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. En una conversación con Mongabay Latam, su presidente, Felipe Cantuarias, dijo que es necesario revisar la Ley de Areas Naturales Protegidas, ya que la norma vigente no permite la coexistencia de explotación de hidrocarburos con zonas reservadas. Cantuarias señala que la nueva reserva afectaría las inversiones de las empresas que ya cuentan con concesiones de hidrocarburos en el mar del norte. “Se debe encontrar una fórmula que permita la aprobación de la reserva y que a la vez se promueva la inversión privada. Se ha conformado una Mesa Ejecutiva Minero Energético en la que esperamos llegar a consensos sobre este tema”.
La investigadora de Oceana recuerda que el Perú tiene un gran déficit en la protección de áreas marinas pues apenas alcanza el 0.4 % de su extensión oceánica y requiere llegar al 10 % para el 2020 si espera cumplir con sus compromisos internacionales.
Con la creación de esta reserva se avanzaría en 0.1 % hacia la meta, dice Kuroiwa. Es decir, que aún estaría pendiente un más de un 90 % de lo que se necesita proteger. Para ello, la bióloga propone que se consolide la creación de las áreas protegidas que incluya montes y cañones submarinos.
Según un estudio del Instituto del Mar del Perú, 17 cañones submarinos han sido identificados en las costas de Perú. Una de ellos es la cordillera submarina dorsal de Nazca, explica Kuroiwa, áreas oceánicas con las que Perú si podría cubrir su cuota marina bajo protección.
Sin embargo, la demora en la creación de la reserva marina del norte peruano no despierta muchas esperanzas para que el proceso de protección del mar avance rápidamente. El 2019 será un año decisivo para determinar hacia dónde avanzará el país en estos temas.
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4.- Delitos ambientales: en busca de la justicia efectiva
“En el Perú existen por lo menos 23 000 denuncias ambientales en investigación”, explica el Procurador público especializado en delitos ambientales, Julio César Guzmán Mendoza. La cifra representa los casos acumulados de los últimos cinco años.
La acumulación —señala Guzmán— se debe a la falta de personal en las procuradurías y a las demoras en la entrega de información por parte de otras instituciones estatales durante el tiempo que duran las investigaciones.
El Procurador señala que para el 2019 se espera poner en marcha un proyecto que permita discriminar los procesos administrativos de los delitos penales, de tal forma que se pueda liberar la carga procesal que actualmente agobia a las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA).
En ese contexto, algunos casos emblemáticos esperan solución. Uno de ellos es el del Yacukallpa, un cargamento de madera ilegal que fue incautado en el año 2015 y que tenía como destino México y Estados Unidos. Sobre este proceso, Guzmán asegura que en los primeros tres meses del 2019 se tendrán resultados. “Las investigaciones están a punto de concluir y se cuenta con alrededor de 50 expedientes que pasarán a juicio oral. En este proceso están involucrados regentes, concesionarios, exportadores, por lo menos 150 personas”, explica con relación al caso más sonado de tráfico de madera de los últimos años.
Otro caso importante que podría resolverse el 2019 es el del buque Damanzaihao, embarcación que tenía como destino China y que fue detenida en Chimbote por realizar actividades pesqueras sin la autorización correspondiente, extraer recursos no autorizados y trasbordar pesca sin previa autorización antes de llegar a puerto. Según el Procurador, este caso podría tener sentencia en este nuevo año.
Sin embargo, para el defensor de los bienes del Estado lo prioritario en el 2019 deberían ser los delitos ambientales en los que están involucrados funcionarios públicos. “Tenemos que enfrentar la corrupción desde el mismo Estado”. En ese sentido, casos como los que involucran a exfuncionarios de la región Loreto y de Ucayali, así como la reciente detención del director de la Dirección Regional Agraria de Ucayali y otro servidor público por una acusación de tráfico de tierras deberán estar en el centro de atención durante este nuevo año.
Desde el Ministerio del Ambiente también se han anunciado medidas para enfrentar los delitos ambientales. La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, ha anunciado la implementación de cuatro ejes orientados a reducir la deforestación en el Perú, uno de los problemas más álgidos del país.
Uno de esos ejes, está dedicado a la lucha contra las actividades económicas ilegales, principalmente en Madre de Dios, donde, en los tres primeros meses del año, se elaborará un diagnóstico integral sobre la minería informal e ilegal y, posteriormente, en un plazo de seis meses se presentará una propuesta integral para contar con un catastro integrado respecto a la minería informal. Además, se conformará un comité especial para el manejo sostenible de recursos naturales.
Para Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, una tarea importante para el 2019 es instalar el Observatorio de Justicia Ambiental, plataforma que deberá contener información integrada de todos los casos ambientales que ingresen al Poder Judicial, así como de aquellos que se resuelvan tanto en los tribunales como en las vías administrativas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor).
Castro también considera que otras tareas pendientes son la ratificación del Acuerdo de Escazú, un compromiso internacional para asegurar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental que debe ser refrendado por el Congreso de la República. La creación de más juzgados ambientales, sobre todo en las regiones con mayor carga procesal; así como mejorar la fiscalización ambiental.
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5.- ¿Qué pasará con Bahuaja Sonene y las áreas protegidas?
Durante el 2018, Mongabay Latam informó sobre las amenazas que afectan al Parque Nacional Bahuaja Sonene. Un último reportaje publicado a fines de diciembre daba cuenta de cómo han avanzado los cultivos ilegales de hoja de coca destinados al narcotráfico y cómo estos se encuentran dentro del área protegida.
Alertas de deforestación registradas entre julio y setiembre del 2018 demuestran el avance de esta actividad ilegal. Según informes de inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú no solo se trata de cultivos que rodean al parque, sino que en la zona se procesa cocaína, existen laboratorios de pasta básica y pistas de aterrizaje clandestinas.
La situación de peligro en Bahuaja Sonene no es única. Otras áreas naturales protegidas también están siendo cercadas por actividades delictivas. Un sobrevuelo sobre el río Malinowski, en noviembre de 2018, evidenció el retorno de la minería ilegal a la Reserva Nacional Tambopata. Esta actividad ilícita causó la deforestación de 350 hectáreas en el año 2016 y pese a los esfuerzos del gobierno por erradicarla completamente de la zona reservada, la minería ilegal sigue presente en esta área protegida.
La lucha contra estas amenazas va más allá de la gestión ambiental. Abanto, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, considera que este problema necesita acciones desde el gobierno y en coordinación con países aliados. “No es un trabajo solo de la Fiscalía, la Policía y las Fuerzas Armadas, sino que el gobierno debe tener la capacidad de luchar contra estas organizaciones criminales. Este 2019 debería haber un fortalecimiento de la lucha contra estas actividades ilegales”.
El coronel Ricardo Trujillo, director de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, señala solo con un trabajo coordinado se puede enfrentar estos delitos. En el caso de la presencia de narcotráfico, como ocurre en Bahuaja Sonene, corresponde a la Dirección Antidrogas enfrentar el problema como crimen organizado.
Trujillo considera que además del trabajo de inteligencia y de interdicción que se debe realizar en la zona, es necesario elaborar estrategias para que se preste mayor atención al tema ambiental. “Los problemas ambientales se han dejado de lado y es importante sensibilizar a la gente”.
Para Lorenzo Vallejos, experto en Asuntos Ambientales para Perú y Ecuador de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC) problemas como el de Bahuaja Sonene tienen que ver con el avance de la agricultura migratoria y con una falta de ordenamiento territorial en Perú. “Si el estado no tiene una política clara sobre el territorio será muy difícil salir del status quo en el que se encuentra actualmente”.
Para Vallejos, corresponde al Ministerio del Ambiente convertirse en un articulador con las demás instituciones nacionales y con los gobiernos regionales y locales para promover la lucha contra este problema.
