Cada vez que Paola Gareca responde el teléfono, el sonido de las aves se entremezcla con su voz. Ella vive en el corazón de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, y cuenta con orgullo que allí nació, creció y que vive ahora con sus hijos. Cuando le preguntan qué es lo que más le gusta del lugar en el que vive es inevitable percibir cierta emoción al describir las bondades de su territorio: “Esta reserva tiene mucha flora, fauna, animales silvestres, tiene agua pura, ríos, todos los ríos son de agua dulce, no son de agua contaminada”.

Gareca vive en la Comunidad de San José —provincia de Arce, departamento de Tarija en Bolivia— y asegura que no necesita nada más para sobrevivir, que bastante suerte tienen con las fuentes de agua dulce y la tierra fértil que poseen. “Es una tierra productiva, es una tierra que todavía no necesita abonos químicos, es una tierra bien orgánica que todo lo que uno pone en la tierra todo da, así trabajamos nosotros, criamos ganado”.

La historia en 1 minuto. Video: Mongabay Latam.

Pero esta tranquilidad que tanto valora Gareca se ha visto interrumpida. El problema comenzó cuando el Gobierno aprobó en abril de 2018 tres contratos de exploración y extracción de hidrocarburos en las áreas de San Telmo Norte y Astillero, y el conflicto escaló cuando en febrero de este año un grupo de trabajadores de la empresa brasilera Petrobras —que opera en sociedad con dos subsidiarias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)— intentó ingresar para empezar los trabajos de exploración en la zona de San Telmo Norte, dentro de la reserva.

De inmediato comuneros de Chiquiacá bloquearon la vía de acceso y no se movieron de la zona por tres días, entre el 6 y el 8 de febrero. Aunque la acción fue suspendida tras el retroceso de los operarios de la empresa, los habitantes que se oponen a la actividad petrolera en su territorio han prometido que no se quedarán con los brazos cruzados.

“Si ellos vuelven a entrar vamos a tomar otras medidas”, sentencia Barbarita Meza, dirigente del Comité de Defensa del Cantón de Chiquiacá, en una entrevista con Mongabay Latam. Y eso es lo que pasó ayer, un grupo de trabajadores logró finalmente ingresar a la reserva aprovechando que la vía fue liberada. ¿Qué pasará ahora?

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En defensa del área protegida

El problema en Tariquía, como en otras reservas del país, comenzó con la aprobación de una norma polémica, en mayo de 2015, que desató una ola de críticas y reacciones que continúa hasta ahora. Y es que el Decreto Supremo No. 2366 le abrió las puertas a las actividades hidrocarburíferas dentro de las áreas protegidas de Bolivia.

Al leer la norma, saltan a la vista de inmediato frases como “interés público para el desarrollo del país” y “reducción de la extrema pobreza”, palabras que buscan justificar la decisión tomada por el Gobierno de Morales.

Las comunidades y expertos que se oponen a este decreto no han parado de decirlo, en todas las maneras posibles, que las áreas protegidas están bajo amenaza.

Marco Gandarillas, investigador del Centro de Documentación e información de Bolivia (Cedib), sostiene que la norma ha generado que las áreas de conservación se transformen paulatinamente en  “áreas de explotación intensiva”.

El experto confiesa que la decisión tomada por el Estado no los tomó por sorpresa, pues asegura que es el resultado de una “política agresiva” del Gobierno de Morales para compensar la disminución de sus reservas y atraer la inversión extranjera flexibilizando la fiscalización ambiental.

“Era como una condición que ponían muchas petroleras para invertir: que se levanten los obstáculos medioambientales, se criticaba mucho la tardanza en los permisos, en las licencias, en la aprobación de la evaluación de los estudios de impacto ambiental y también en la consulta previa”, precisa Gandarillas.

En este escenario, la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía se presenta como uno de los potenciales territorios para incrementar las reservas de Bolivia. Pero los planes del Gobierno se han visto de pronto interrumpidos por un gran muro:  las comunidades campesinas que se oponen a la actividad petrolera en sus hogares.

“Tariquia es una zona importante en el tema del agua, es casi una fábrica de agua toda la región y quienes se han sentido más perjudicados, con la apertura de la reserva, han sido comunidades campesinas”, sostiene Gandarillas.

Alex Villca, vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas (Conadetiocap), señala que el problema es que se ha querido imponer la exploración y extracción sin el consentimiento de las comunidades.

“Se quiere hacer creer a la gente, a los indígenas, en este caso a los hermanos campesinos, que esa socialización de estos proyectos ya es tomado como consulta previa, libre e informada, cosa que no es cierto”, indica Villca.

La consulta previa es, precisamente, la manzana de la discordia.

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¿Consulta previa para todos?

Comuneros como Paola Gareca, que ha asumido la dirigencia de la Subcentral de Tariquía, se sienten bendecidos con lo que les da el área protegida y eso es lo que temen perder.

“Tenemos para tener recurso, ganaditos, vacas, ovejas, chanchos, gallinas, todo. Después sembramos maní, papa, maíz, arveja, yuca, camotes, todo lo que uno siembra produce y muchas personas tienen cajas de miel, es una miel pura, ecológica, que sale de Tariquía”, cuenta Gareca.

Por eso cuando las empresas llegan a las comunidades para hablarles de nuevos puestos de trabajo, de un cambio de vida, de más ingresos, las ofertas siempre caen en saco roto.

“Nosotros que estamos en la defensa de Tariquía no le llamamos trabajo a lo que ellos ofertan, que va a haber desarrollo, que van a ganar plata, que todo eso, simplemente va a ser un mes, dos meses que les van a dar un triste empleo a algunas personas, no a todos. El trabajo que nosotros tenemos es lo que trabajamos años produciendo la tierra”, explica.

Esa es la razón por la que denuncia que la consulta previa no se ha hecho como lo manda la Constitución Política del Estado de Bolivia. “No ha habido, eso es falso, eso que dicen que ha habido consulta previa, para nosotros no es válido de que ellos vengan a algunos dirigentes a hacer esa consulta. Si es que la han hecho, la han hecho a ocultas”, sentencia Gareca, quien sostiene que solo se ha recogido la opinión de algunos dirigentes campesinos que sí aprueban el ingreso de la empresa.

A Barbarita Meza de la comunidad de Pampa Gorda le ha tocado vivir lo mismo que a Gareca. La dirigente del Comité de Defensa del cantón de Chiquiacá, que también vive dentro de la reserva, cuenta que algunos de sus compañeros fueron engañados.

“Le habían hecho firmar a la gente por un plato de comida y usted sabe que nosotros somos campesinos, a veces no sabemos leer, y donde ellos les han hecho firmar en un papel en blanco, pero era para la comida, no era para dar visto bueno a que entren las empresas”, narra Meza, quien recuerda que eso pasó cuando estuvieron en la zona trabajadores del Ministerio de Hidrocarburos.

Mongabay Latam se comunicó con la oficina de prensa del Ministerio de Hidrocarburos para preguntarle sobre este tema y sobre los pasos que seguirán para solucionar el problema, pero hasta el cierre de este artículo no recibimos una respuesta.

Barbarita Meza participó en los bloqueos en la carretera de Chiquiacá para impedir el ingreso de los trabajadores de Petrobras. Durante el encuentro con este grupo, narra la dirigente que esta fue la respuesta que les dieron: “Tenemos todo legal, la ficha ambiental, tenemos todo legal y ustedes no nos van a parar a nosotros porque tenemos todos los papeles al día. El petróleo es del Estado, ustedes no pueden hacer nada”.

Meza y sus compañeros, todos asentados en la zona núcleo, se reafirman en que nadie les consultó si podían entrar a su territorio. Hoy esperan que el Gobierno los busque para iniciar un diálogo.

Cuando le preguntamos a Meza si ellos habían tratado de dar el primer paso, contestó que esa tarea no le corresponde a las comunidades: “El gobierno no nos ha convocado a ninguna reunión, ni el ministerio, ni nada. Nosotros no lo hemos solicitado porque no somos nosotros el que está buscando el problema, es el Gobierno, el Ministerio de Hidrocarburos, ellos nos tendrían que buscar soluciones a nosotros”.

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¿Cambios en las reglas?

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) se encarga de recordarles a quienes visitan su página por qué fue creada la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía: para conservar la biodiversidad del ecosistema de yungas andinas y las funciones ecológicas como la producción y purificación de agua de los ríos Bermejo y Grande de Tarija.

En el mismo espacio resaltan la increíble biodiversidad que posee Tariquía dentro de sus 246 870 hectáreas: 609 especies de plantas y 867 especies de fauna, entre las que resaltan 62 mamíferos, 242 aves, 19 reptiles, 28 anfibios y 64 peces. Además, Tariquía forma parte de un corredor biológico binacional que conecta el sur de Bolivia con el norte de Argentina.

En una nota publicada por Mongabay Latam en junio de 2017, el ambientalista y biólogo Gonzálo Torrez, además de resaltar la gran capacidad generadora de agua de la reserva de Tariquía, precisa que los principales impactos de la actividad hidrocarburífera en un área protegida son la deforestación y apertura de caminos. “Pocas cosas deben ser más contaminantes que la explotación petrolera. La exploración sísmica consiste en hacer unos transectos que consisten en pelar un poco de bosque para introducir maquinaria. La fragmentación del ambiente, que consiste en dividir el bosque, partirlo en dos y crear el efecto ‘borde del bosque’”, este efecto, según Torrez, pone en riesgo la vida de muchas especies y puede significar la muerte para muchas de ellas.

El Ministerio de Hidrocarburos no piensa lo mismo y repite que el impacto será mínimo, que no afectará el corazón de la reserva. “Las áreas de influencia de los proyectos [San Telmo y Astillero], los medioambientalistas no saben dónde será el pozo, si se les pregunta en qué coordenadas será el pozo no lo saben, ellos asumen que es dentro del corazón de Tariquía (…). Pero le voy a dar la primicia; están a la orilla y otra está fuera del área, pero son coordenadas, ellos tergiversan la información, no saben la ubicación”, dijo el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, en una entrevista concedida a ANF.

Sin embargo, el Cedib denunció a fines del año pasado que el Sernap aprobó un nuevo plan de manejo de la reserva Tariquía para que el proyecto de perforación de pozos no calce con la zona núcleo del área protegida.

“Fue cambiado [el plan de manejo] unilateralmente por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Como este contrato involucra el área núcleo del parque, se modificó, ya no existe esa área núcleo y se pueden realizar indistintamente actividades extractivas intensivas. Eso estaba antes prohibido por el plan de manejo”, precisa Gandarillas.

Mongabay Latam solicitó la versión del Sernap sobre este tema y también sobre si tienen planeado reunirse con las comunidades que se oponen a la exploración y extracción en la reserva, pero hasta el cierre de este artículo no recibimos una respuesta.

El Gobierno ha insistido en que la mayoría de la población situada en la zona de influencia de los proyectos está de acuerdo con la operación de las empresas. Pero las comunidades dicen lo contrario.

Gandarillas y Villca sostienen que lo que ha hecho el Estado es generar una división dentro de las bases de las organizaciones campesinas para tranzar con un sector que los respalda.

“Lo que hace [el Estado] es generar una organización paralela de gente afín al Gobierno con algunos indígenas, originarios, campesinos, para decir que tiene el respaldo, el aval”, explica Villca.

Gandarillas agrega que el Gobierno ha buscado un acuerdo con un sector minoritario de Tariquía. “Las comunidades lo que reclaman es que el Estado los dividió, generó un acuerdo con una parte minoritaria de las comunidades que no habitan esa zona, habitan una zona muy lejana, para ofrecerles obras a cambio de su consentimiento”, precisa.

Sin embargo, algunos de los dirigentes que apoyan la exploración en la reserva no piensan lo mismo. Robert Castrillo, secretario general del Sindicato Comunal de Chiquiacá Norte, sostiene que apoyan los proyectos porque son de interés nacional. Reconoce que puede haber un impacto ambiental en la reserva pero que este podrá mitigarse en parte, como les explicaron las autoridades. Además está convencido de que la actividad petrolera les traerá beneficios.

“La institución [Sernap] que está a cargo de apoyar ese cuidado [de la reserva] no tiene con qué moverse, no tiene para el combustible, entonces menos va a tener para algunos proyectos y ejecutarlos en las comunidades. Qué podríamos pedir a continuación, a dónde vamos a ir a pedir, a dónde vamos a ir mendigar por algo que necesitamos, y si es que se sabe que hay algo bajo la tierra que puede explotarse, no hay otra vuelta que darle”, argumenta así su posición Castrillo y pide que se diga en el artículo que ellos no son los que hicieron las gestiones para que el proyecto sea posible.

Finalmente, le preguntamos al dirigente si ya tienen en mente lo que quieren pedirle al Estado y a la empresa, y contestó: “Queremos un sistema de agua que podamos captar de otras fuentes, de otros lugares que están lejanos a esta actividad, para que tengamos abastecimiento nosotros”. El pedido obedece a la preocupación de Castrillo por la contaminación de sus fuentes de agua con las operaciones, por eso lo primero que quieren hacer es asegurar que tendrán un agua limpia para su comunidad.

Por ahora para los expertos consultados lo que tiene que hacer el Gobierno es tender puentes, establecer un diálogo, porque de lo contrario el conflicto escalará. “Temo yo que se puedan producir situaciones indeseables, por eso apelamos a que el Estado de todas maneras promueva el diálogo, que trate de entender los planteamientos de las comunidades”, concluye Gandarillas.

Ayer trabajadores de Petrobras volvieron a la zona y esta vez lograron entrar. Las comunidades de Chiquiacá han retomado el bloqueo y no se sabe que otras acciones tomarán en las próximas horas.

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Alexa Editor/a

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