- Mientras que el gobierno de Bolsonaro culpa a las altas temperaturas por los incendios en la Amazonia, otros no están de acuerdo. Señalan el vínculo entre los incendios y su uso para despejar ilegalmente la selva tropical por los especuladores de la tierra, alentados por las políticas laxas de Bolsonaro.
- Los datos preliminares muestran que la deforestación está aumentando bajo el régimen de Bolsonaro. La tasa en junio de 2019 fue 88 % más alta que en junio de 2018; la deforestación se disparó un 278 % en julio de 2019 en comparación con julio de 2018.
El viernes por la noche, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, apareció en la televisión nacional expresando su “profundo amor” por la Amazonía y diciendo que su gobierno tenía “tolerancia cero” a los delitos ambientales. También se comprometió a enviar a las fuerzas armadas para poner fin a la quema ilegal de la selva amazónica.
Bolsonaro leyó su discurso —lo cual es inusual para él— justo en el momento en que los líderes mundiales se reunían en el resort francés de Biarritz antes de la cumbre del G7. Algunos, incluido el presidente francés Emmanuel Macron, pidieron una respuesta internacional para obligar a Brasil a tomar medidas decisivas para proteger la selva tropical. El Taoiseach irlandés (jefe de gobierno de Irlanda), Leo Varadkar, dijo el viernes que la UE debería repensar si ratificará el enorme acuerdo comercial que acaba de concluir con el área de libre comercio sudamericana, Mercosur, y dijo que el intento de Bolsonaro de culpar por los incendios a las ONG y los grupos ambientalistas fue algo “orwelliano”.
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La posibilidad de que se acabe el acuerdo comercial, que tardó 20 años en negociarse, y que Brasil enfrente un boicot comercial, ha alarmado enormemente a algunos en el sector agroindustrial brasileño, incluido el exministro de agricultura, Blairo Maggi, quien pidió al gobierno que cambie las políticas, advirtiendo que las exportaciones agrícolas de Brasil son “reemplazables” en el mercado mundial.
Bolsonaro dijo que “los incendios forestales, desafortunadamente, ocurren cada año” y que el número de incendios fue “dentro del promedio de los últimos 15 años”, una cifra proporcionada por la NASA. Pero, como señalaron los analistas, esta cifra, aunque cierta, es engañosa. En 2004 y 2005, años en que la deforestación de la Amazonía estaba en su punto máximo, también hubo un aumento alarmante en los incendios anuales, que superaron los 70 000. Después de eso, gracias a los impresionantes esfuerzos de las autoridades, el número de incendios en general disminuyó a 24 000 en 2017 y menos de 16 000 en 2018.
Lo que alarma a los observadores es el resurgimiento de este año: 41 858 incendios en la Amazonía para el 24 de agosto, según el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), que utiliza imágenes de la NASA. El vecino Cerrado ha visto 23 000 incendios (frente a los 20 000 del año pasado).
Estos incendios enviaron “ríos de humo” al sur urbano de Brasil la semana pasada, haciendo que los cielos de São Paulo, la ciudad más grande del país, situada a 2000 kilómetros de la Amazonía, se vuelvan inusualmente oscuros. Fue solo entonces que los incendios de la Amazonía de este año se convirtieron en una gran noticia para la prensa brasileña y para el resto del mundo.
Sin embargo, para entonces, todos los estados amazónicos, excepto Amapá en el norte, habían estado sintiendo los efectos de los infiernos durante varias semanas; algunos desde julio. “Las consecuencias para la población [local] son inmensas. La contaminación del aire enferma a las personas y el impacto económico puede ser alto”, dijo Paulo Moutinho, investigador principal del IPAM (Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía), una organización sin fines de lucro.
Esos impactos se sienten mucho más allá de las fronteras de Brasil, ya que los miles de incendios arrojan grandes cantidades de carbono a la atmósfera, intensificando la crisis climática global.
A partir del sábado, se informó que las primeras tropas brasileñas se desplegaron apresuradamente para combatir las llamas de la Amazonía, mientras que el lunes, las naciones del G7 prometieron USD 20 millones en ayuda de emergencia para ayudar a los países amazónicos a combatir incendios forestales y lanzar una iniciativa global a largo plazo para proteger la selva. Bolsonaro aún no ha aceptado la ayuda.
Fuegos ardiendo dentro de áreas protegidas
Uno de los estados amazónicos más afectados es Rondônia, en la parte occidental de la cuenca. El 16 de agosto, un muro de humo obligó a un avión a acercarse a Porto Velho, la capital del estado, para desviarse a Manaus. Un incendio en Rondônia se ha desatado sin control durante tres semanas dentro de la Reserva Ambiental Margarida Alves en Nova União. Se han quemado alrededor de 1000 hectáreas. “Es difícil respirar”, dijo el periodista Evans Fitz. “Rondônia está muriendo, está siendo sofocado”.
El vecino estado de Acre tuvo 366 incendios en julio. Debido al alto nivel de monóxido de carbono en el aire, muy por encima de lo considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud, la secretaría de salud del estado emitió una alerta epidemiológica el 9 de agosto.
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Sin embargo, es Mato Grosso quien ha registrado más incendios que cualquier otro estado; 12 990 del 1 de enero al 15 de agosto. Incluso el municipio de Colniza, en el noroeste del estado, que había logrado preservar gran parte de su biodiversidad y sus bosques, se ha visto gravemente afectado; desde el 15 de julio se detectaron 1049 incendios. Mato Grosso se encuentra a lo largo del llamado “Arco de deforestación”, la línea que diferencia la selva tropical de la invasión de la agroindustria.
El Parque Serra de Ricardo Franco de Mato Grosso, en la frontera con Bolivia, también está ardiendo. Tiene una biodiversidad excepcional, ya que se encuentra en transición entre tres biomas: la Amazonía, el Cerrado y el Pantanal. La sección boliviana del parque está tan valorada que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
En el estado Amazonas, el municipio de Apuí, en la región sur, ha registrado 673 incendios. Es importante destacar que ocho de ellos están dentro de áreas de conservación protegidas por el gobierno federal. Amazonas declaró el estado de emergencia el 9 de agosto, mucho antes de que el resto del mundo despertara con la crisis amazónica.
Fuego, la más grande de las herramientas de deforestación ilegal
En su discurso, Bolsonaro atribuyó el aumento en los incendios a las temperaturas inusualmente altas. Pero no es así como lo ven los científicos, especialmente porque no ha habido una sequía severa en el 2019. “No existen incendios naturales en la Amazonía”, dijo Ane Alencar, directora de ciencias del IPAM. “Lo que sucede es que la gente corta la vegetación y la quema”. Esta ha sido la forma tradicional de despejar la tierra en la Amazonía y, cuando se practica a pequeña escala o en las tierras agrícolas existentes para prepararse para nuevos cultivos, hace poco daño.
Sin embargo, en los últimos meses, la deforestación, y los incendios utilizados para lograrlo, se han disparado a un ritmo alarmantemente alto. La tasa de deforestación en junio de 2019 fue un 88 % más alta que durante el mes correspondiente en 2018, informó el INPE. Según la IPAM, la deforestación aumentó a más del 278 % en julio en comparación con el mismo mes del año anterior.
Gran parte de esta quema, especialmente en tierras federales, dicen los analistas, probablemente sea impulsada por acaparadores de tierras que con frecuencia usan el fuego como medio para talar bosques en preparación para la venta de tierras a ganaderos y agricultores. Ellos reconocen que la administración de Bolsonaro ha desarmado en gran medida a las agencias ambientales del gobierno, que ya no tienen presupuestos para combatir incendios, ni poseen la autoridad para arrestar a los perpetradores.
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Los científicos están especialmente preocupados por la deforestación provocada por incendios este año, ya que los incendios se están extendiendo a sistemas de várzea e igapó, áreas inundadas durante la temporada de lluvias pero dentro de las cuales se pueden encontrar islas de bosques no inundadas. Normalmente, los deforestadores no se aventuran en estas áreas protegidas, pero Carlos Durigan, director de la Wildlife Conservation Society Brasil (WCS), le dijo a Amazônia Real que esto cambió en 2019, con consecuencias angustiantes. “Esta situación ha causado daños irreparables a la biodiversidad acuática, ya que las áreas de bosque no inundado, que sirven como refugio y áreas de alimentación para muchas especies cuando el río está inundado, ya no existen”, explicó.
Según los ambientalistas, una coalición de fuerzas entre agencias federales y estatales, ONG asociadas, comunidades indígenas y tradicionales, académicos y científicos había controlado la deforestación durante los gobiernos anteriores. Esa coalición ahora se ha derrumbado. La implosión del Fondo para la Amazonía a principios de este mes, que había frenado la deforestación y respaldado la sostenibilidad en las comunidades amazónicas durante más de una década, es un ejemplo de la falla administrativa sistémica en curso.
“La posición del gobierno actual es confrontar los esfuerzos que durante décadas han estado tratando de construir una agenda socioambiental positiva para la Amazonía”, dijo Durigan. “Estos esfuerzos han surgido de la movilización de la sociedad civil, las agencias gubernamentales, las universidades y el sector privado”. Durigan ahora está extremadamente preocupado de que la situación “pueda deteriorarse a un ritmo acelerado”.
Alejandro Fonseca Duarte, profesor de la Universidad Federal de Acre, está de acuerdo: “las políticas públicas han cambiado claramente [desde que Bolsonaro se hizo cargo]. El discurso del gobierno y sus políticas ahora favorecen el levantamiento de la protección sobre las tierras indígenas, la promoción de la minería, la expansión del cultivo de soya de Mato Grosso a Acre, el descrédito de los indicadores de deforestación y el debilitamiento del apoyo internacional para la protección de la Amazonía. Esta es la realidad que estamos viviendo. Y estamos empezando a ver a qué conduce”.
Seis de los nueve gobernadores estatales en la Amazonía son partidarios de Bolsonaro y han respaldado sus políticas; algunos han rechazado el estado de derecho con respecto al medio ambiente. A fines de mayo, Gladson Cameli, gobernador de Acre, alentó abiertamente a los campesinos a no pagar multas resultantes de crímenes ambientales por los cuales fueron declarados culpables. “Si IMAC [el Instituto del Medio Ambiente en Acre] multa a alguien, dígame”, dijo, “y no pague ninguna multa porque ahora estoy a cargo”.
Cameli fue elegido el año pasado después de que el Partido de los Trabajadores, de tendencia izquierdista, que había gobernado Acre durante 20 años, fuera rechazado. Cuando se le preguntó por qué estaba alentando a los ruralistas a quebrantaran la ley, respondió: “Antes, nuestros agricultores estaban traumatizados por las medidas [ambientales] excesivamente duras tomadas por gobiernos anteriores. Fueron más allá de lo requerido por la ley”. Cameli ahora está promoviendo la propagación de las plantaciones de soya en Acre.
Los ruralistas declaran el “Día del Fuego”
Los datos del INPE muestran que, de toda la deforestación ocurrida en la Amazonía entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2019, se estima que el 59 % tuvo lugar en el estado brasileño de Pará. Es importante destacar que la mayoría (71 %) ocurrió en tierras federales. Pará es un epicentro de la lucha entre los conservacionistas amazónicos y los ruralistas que apoyan firmemente la expansión de la agroindustria.
También parece que Bolsonaro está trabajando para inclinar la balanza a favor de los deforestadores en Pará. Aunque el presidente ha estado en el cargo durante casi ocho meses, IBAMA, la agencia ambiental federal, aún no ha designado un superintendente para el estado. En respuesta a las preguntas sobre el fracaso del gobierno federal para combatir el crimen ambiental, Mauro de Almeida, secretario ambiental de Pará, dijo el 16 de agosto que la falta de una cadena de mando de IBAMA está perjudicando los esfuerzos estatales para combatir la deforestación.
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No es sorprendente que los acaparadores de tierras de Pará ahora actúen como si estuvieran por encima de la ley. Una prueba de ello llegó el 5 de agosto en Novo Progresso, un municipio en la carretera BR-163 dominada por ruralistas. Ese día anunciaron en A Folha de Novo Progresso, el periódico local que controlan, que celebrarían un “Día del Fuego” el 10 de agosto. Llamaron a todos los que habían talado el bosque en 2019 para comenzar incendios al mismo tiempo. El llamado también llegó a Altamira, el distrito municipal más grande de Brasil.
El 10 de agosto, se registraron más de 120 incendios en Novo Progresso, el número más alto de este año. Pero ese récord no se mantuvo; al día siguiente hubo aún más: 203 incendios. Nadie fue arrestado ni multado. Altamira registró 194 incendios, un aumento del 743 % respecto al día anterior, que luego aumentó a 237 al día siguiente. Según el Programa Queimadas, dirigido por el INPE, Novo Progresso y Altamira fueron campeones nacionales de incendios forestales durante ese fin de semana.
Los residentes dijeron que se sentían “apoyados por las palabras de Jair Bolsonaro” y estaban entusiasmados, como le dijeron al periódico local, “de mostrarle al presidente que queremos trabajar“. Tienen pocas razones para temer represalias. Normalmente, durante la estación seca, IBAMA abre una base en Novo Progresso para frenar los delitos ambientales pero este año, Helder Barbalho, el gobernador del estado de Pará, se negó a autorizar la participación de la Policía Militar en las operaciones de IBAMA. Sin la ayuda de la Policía Militar, o la Fuerza Nacional (una agencia de aplicación de la ley dirigida por el Ministerio de Justicia), el equipo de IBAMA se habría visto desprotegido frente a represalias violentas, por lo que canceló su operación Novo Progresso 2019.
Ahora, sin más dinero para el monitoreo ambiental de IBAMA proveniente de Noruega a través del Fondo para la Amazonía, la posibilidad de que las actividades de control de deforestación de la agencia se reinicien es cada vez más remota.
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La frontera de la agroindustria continúa avanzando rápidamente en el suroeste de Pará, y ese avance ocurre a pasos bastante predecibles. Primero, los madereros extraen la madera más valiosa, luego los especuladores de tierras envían trabajadores locales, comúnmente mantenidos en condiciones de esclavitud, para talar y quemar el bosque restante. Los deforestadores, que en muchos casos son ricos especuladores de la tierra, no cultivan la tierra ellos mismos, sino que venden la tierra forestal despejada a los ganaderos a precios elevados. En la extraña economía de la frontera amazónica, los especuladores generalmente obtienen 100, o incluso 200 veces, más dinero por un acre de tierra despejada, desprovista de su exuberante vegetación nativa y su vibrante vida silvestre, de lo que obtendrían por ese mismo acre si estuviera intacto. Finalmente, cuando el ganado deforesta aún más la tierra, se revende para su conversión a soya u otros cultivos comerciales para exportación.
El Bosque Nacional Jamanxim es una de las áreas que los madereros y especuladores están atacando más agresivamente cerca de Novo Progresso. De todas las áreas protegidas de Brasil, es la más devastada este año. La reserva perdió el 3 % de su cubierta forestal , 44 800 hectáreas, solo en mayo. Ahora los madereros han pagado por la construcción de un puente ilegal sobre el río Jamanxim, lo que facilitará el transporte de madera al puerto de Itaituba en el río Tapajós. Cuando el puente esté terminado, probablemente en octubre, se espera un aumento triple en el tráfico. En este momento, los camiones de tala deben de ser transportados por gabarra (embarcación pequeña) para atravesar el río. Si Bolsonaro es sincero acerca de su promesa de enviar un gran número de tropas para salvar la Amazonía, este podría ser un lugar para comenzar.
Después de que un grupo de litigantes públicos independientes del Ministerio Público Federal (MPF) del estado de Pará viajó a Novo Progresso para investigar el “Día del Fuego”, publicaron una declaración expresando alarma por la incapacidad de IBAMA para llevar a cabo su función legal allí. “Enfrentar la deforestación ilegal es una política estatal”, impuesta bajo la Constitución brasileña, dijo el MPF. “El Poder Público no tiene derecho a decidir si implementa o no esta política ¡Es su deber!”.
La mayoría de los brasileños parecen estar de acuerdo con los fiscales. Una encuesta reciente mostró que el 96 % de la población, incluidos muchos partidarios de Bolsonaro, respaldaron parcial o completamente la declaración de que “el presidente Bolsonaro y el gobierno federal deberían aumentar la vigilancia para evitar la deforestación ilegal en la Amazonía”.
A juzgar por el discurso del viernes pasado y el despliegue del ejército, el presidente parecía estar escuchando. Sin embargo, para muchas personas que viven en la Amazonía, una mejor medida del compromiso de Bolsonaro sería la reconstrucción de los organismos reguladores desmantelados, particularmente IBAMA, como un medio para proteger sus hogares y los medios de vida de los bosques de la creciente ilegalidad, los conflictos y la violencia.
Mientras tanto, la estación seca de Brasil está en curso y la Amazonía continúa ardiendo.
*Imagen principal: Foto referencial. El presidente de Brasil Jair Bolsonaro con representantes indígenas en el Palácio do Planalto en abril del 2019. Foto: Carolina Antunes/PR – https://www.flickr.com/photos/palaciodoplanalto/47580649942/, CC BY 2.0
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Esta historia fue publicada por primera vez en la web en inglés el 26 de agosto de 2019.
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